Santiago de Chile, (PL).- La batalla contra el lucro en la educación chilena ganó fuerza en los últimos dos años y devino eje del llamado de diversos sectores en el país para salvar la enseñanza pública. El estudiantado chileno libró en 2012 otra ofensiva contra el negocio educativo, fenómeno que al final del año se hizo más evidente con un sonado caso de corrupción en altos niveles del sistema de enseñanza.

Organizaciones estudiantiles universitarias y secundarias dieron continuidad en 2012 a las marchas que en 2011 encabezaron la emblemática Camila Vallejo y otros dirigentes juveniles, en reclamo de una educación pública, gratuita y de calidad. La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios unieron sus fuerzas en ese empeño, y remecieron calles de Santiago de Chile y otras ciudades con llamados al gobierno a dar respuesta a sus demandas.

En las marchas, las organizaciones juveniles recibieron el apoyo de profesores y otros trabajadores de la educación, de la salud, agrupaciones de padres y otros gremios. 2En 2012 ganamos en aprendizaje, que nos va a permitir una mejor conducción en 2013, pero siempre con una vocación para incidir en la política nacional”, declaró a Prensa Latina Andrés Fielbaum, el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).

Fielbaum, quien también asumió como vocero de la Confech, que agrupa a más de una treintena de federaciones estudiantiles de universidades públicas y privadas, consideró clave la alianza de la organización con otras agrupaciones sociales, en particular la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la cual a mediados de este año también adquirió una nueva conducción, con la comunista Bárbara Figueroa.

De acuerdo con el joven, se impone procurar que el Estado garantice los derechos para todos los chilenos, aunque en particular los gremios estudiantiles en sus demandas reclaman con más fuerza el tema de la educación, pero no se reduce a ello. “Abogamos por fortalecer la educación pública, avanzar hacia una educación gratuita, fin efectivo a lucro, y en general la democratización de la enseñanza, con acceso por igual para todos”, subrayó Fielbaum.

En las manifestaciones del año pasado los estudiantes insistieron en la necesidad de una profunda reforma al sistema educativo actual, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El régimen golpista redujo a menos de la mitad las erogaciones públicas a la educación e incentivó los colegios privados. Con esa fórmula, las reformas establecieron en Chile uno de los sistemas educativos más desiguales y costosos del orbe, según un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

La OCDE dictaminó desde 2004 que “la educación chilena está influida por una ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, el intervencionismo activo del centro está limitado por mecanismos de mercado”. La política de Pinochet en el sector provocó que solo un 40% de los estudiantes de secundaria en el país austral asista a colegios públicos gratuitos. Tal facilidad sigue siendo un anhelo en la enseñanza universitaria. (1)

A fines de septiembre de 2012, el gobierno de Sebastián Piñera presentó al Congreso los montos principales del proyecto de presupuesto del Estado para 2013, entre ellos un aumento de 1.200 millones de dólares en el capítulo de educación. La partida total destinada a esa esfera será de 12.800 millones de dólares, la cual incluye los recursos generados por la reforma tributaria, iniciativa que fue blanco de críticas de agrupaciones sociales, al considerarla un incentivo a los colegios privados subvencionados, y no a los públicos.

El entonces vocero de la Confech Boric insistió en que el debate sobre el presupuesto nacional no es de carácter técnico, reservado a economistas o políticos profesionales, ya que es una discusión donde se definen las prioridades de un país, y reclamó como organización ser parte de la misma. “Es hora de cambiar las lógicas, no se puede seguir entregando dinero a un saco roto, el Gobierno anuncia fondos estrambóticos para educación, pero aplicando la misma receta de hace 30 años”, expresó el joven.

Boric remarcó que a la sociedad no le interesan solamente las cantidades, sino la manera cómo se invierte y distribuye. “Es un imperativo que no se siga entregando dinero a instituciones, donde muchos de sus dueños se llevan el dinero para la casa”, enfatizó.

Otro ex directivo de la Confech, Noam Titellman, precisó a Prensa Latina que un estudiante en Chile debe pagar anualmente por su carrera unos tres millones de pesos (más de seis mil dólares). “Y si se tiene en cuenta que varias carreras en el país pueden durar entre seis y siete años, estamos hablando de 21 millones de pesos (más de 44 mil dólares), que comparado con el salario promedio, son los aranceles más caros del mundo”, valoró Titellman, quien presidía la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.

Casi al finalizar 2012, un escándalo de corrupción puso mucho más en evidencia una de las formas en que se lucra con la educación en Chile. El ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) del Ministerio de Educación Luis Eugenio Díaz, junto a los ex rectores de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Angel Maulén, respectivamente, fueron detenidos por la Policía de Investigaciones y presentados en una audiencia preliminar, acusados de los delitos de cohecho y negociación incompatible. (2)

Aunque los tres quedaron en libertad con medidas cautelares durante los seis meses que durará la investigación, sobre las autoridades académicas pesan cargos por presuntos sobornos a Díaz, con el fin de conseguir la calificación de sus respectivas universidades, requisito necesario para recibir los presupuestos del Estado.

Guerra contra el lucro educativo

En entrevista con Prensa Latina, la emblemática líder estudiantil Camila Vallejo recordó que “la ley en Chile prohíbe que las universidades privadas lucren, pero eso evidentemente no se cumple”. Las instituciones privadas, mediante el cobro de aranceles a los estudiantes, tanto en matrículas como en otras formas, lo que hacen es recaudar un fondo que en un porcentaje significativo no se destina o reinvierte en el proceso educativo.

Ese dinero no se dirige a pagar remuneraciones, infraestructura, laboratorios o bibliotecas; ese dinero se guarda en los bolsillos de los dueños de las instituciones. Las utilidades tienen como epílogo el enriquecimiento personal, y se traducen en la compra de casas o yates en algunas partes de Chile o del mundo. “Ese objetivo lucrativo atenta incluso contra la calidad de la educación, porque obliga a los sostenedores a aumentar las ganancias y disminuir los costos, y para disminuir los costos se merma la capacidad cualitativa que tenga la institución”, comentó la dirigente, quien encabezó las grandes movilizaciones en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad.

Según la joven, con la finalidad de hacer crecer las utilidades, los dueños realizan recortes presupuestarios, despiden personas, o disminuyen la inversión en programas de fortalecimiento educativo, pero aumentan los cobros de aranceles. “Eso nada tiene que ver con un proyecto educativo, pero sí con un proyecto de negocio”, reflexionó.

La carismática líder calificó de totalmente falso el argumento gubernamental de que no promueve la educación pública gratuita, ya que beneficiaría a los más ricos de la sociedad, quienes tendrían la posibilidad de enviar sus hijos a escuelas sin costo alguno, pese a tener recursos financieros para pagar.

“En la actualidad a una familia de ingresos altos le resulta más barato pagarle a su hijo la matrícula en una universidad privada que pagar impuestos, como corresponde”, comentó la vicepresidenta de la Confech. En su opinión, la petición de los estudiantes y otros sectores sociales va en una dirección contraria: “Lo que estamos planteando es que exista una educación pública gratuita para todos y todas, que nos permita integrarnos, y que sea financiada a través de una reforma tributaria, de carácter progresivo”.

Debe facilitar -enfatizó- que realmente los más ricos de este país contribuyan más a través del aporte que hacen al Estado a una educación para todos. “¿Qué es lo que pasa realmente en Chile hoy y que no se modificó a propósito de la última propuesta del Gobierno de reforma tributaria?”, se preguntó.

De acuerdo con su análisis, lo que ocurre es que las grandes empresas hacen elusión tributaria, que es una evasión de impuestos legal, permitida en el país. Dicha evasión se expresa a través de un mecanismo con el que cuentan las compañías, que se denomina el fondo de utilidad tributaria, a través del cual no declaran las utilidades que generan, las reserva en un fondo y no reconocen impuestos. “Y eso es una merma para la capacidad que debiese tener el Estado, de financiar derechos básicos como la educación y la salud”, explicó Vallejo.

Si se eliminara ese mecanismo el Estado podría contar con muchísimos más recursos, no solo para financiar la educación pública y gratuita, sino que también una salud pública, de calidad y gratuita para un porcentaje importante de la población. La vicepresidenta de la Confech llamó además la atención sobre la cortina de humo que trata de presentar la derecha en Chile, al llamar a no caer en lo que llaman “un debate ideologizado” sobre la problemática educativa.

“Lo que pasa es que nosotros no somos ingenuos, sabemos perfectamente que es su propuesta la que está sobre-ideologizada, y no lo señalamos solamente nosotros, sino la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)”, recordó la dirigente.

En efecto, un dictamen emitido por la OCDE refleja que “la educación chilena está influida por una ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, el intervencionismo activo del centro, está limitado por mecanismos de mercado”.

“Ese modelo se impuso a la fuerza, y es totalmente ideológico, que no nos vengan a tratar de esconder lo ideológico detrás de sus argumentos técnicos, porque nosotros los conocemos, y lo que estamos pidiendo es precisamente disminuir esa sobre-ideologización del mercado en el modelo educativo chileno”, retrucó Vallejo.

Notas:

1. El 18 de septiembre de 2012, el arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati reconoció el malestar existente entre los chilenos ante la distribución inequitativa de la riqueza, que produce desigualdades escandalosas, falta de oportunidades y hasta exclusiones de los beneficios logrados. En el habitual Te Deum de las Fiestas Patrias, y en presencia del presidente Sebastián Piñera, el prelado expresó que el país atraviesa por una “crisis de confianza”, que tiene su efecto en las relaciones sociales, políticas y familiares. Ezzati, también presidente de la Conferencia Episcopal, consideró que la actuación de los movimientos sociales “que interpelan las formas tradicionales de los partidos” son muestra de una mayor conciencia ciudadana. Referente a la educación, dijo que era una realidad insoslayable la necesidad de un diálogo que permita explorar respuestas positivas a los requerimientos de un mejor sistema educacional para todo el país, en correspondencia con el llamado de los estudiantes.

2. La Universidad del Mar es una institución privada fundada en 1989. Su casa central se encuentra en Viña del Mar, región de Valparaíso, y cuenta con 15 sedes en otras ciudades del país. Según la fiscalía, durante el período 2009-2011 el ex directivo de la CNA recibió alrededor de 300 millones de pesos (unos 620 mil dólares) por concepto de pagos de asesorías realizadas a universidades que buscaban acreditarse. El 29 de octubre de 2012 el Ministerio de Educación solicitó, tras una auditoría, la cancelación de la personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento oficial a la institución. La Contraloría General de la República dictaminó que la Universidad del Mar no estará autorizada a admitir nuevos alumnos en ninguna de sus carreras y deberá cerrar definitivamente sus puertas el 28 de febrero de 2015. El decreto señala que en uno de sus párrafos que “la universidad no cuenta con controles que aseguren un mínimo de calidad en todas sus sedes y carreras”.

Las Universidades investigadas por la fiscalía cerraron algunas carreras para el curso escolar 2013 debido al descenso en las matrículas. La U Pedro de Valdivia debió anular para primer año las carreras de arquitectura, diseño gráfico, publicidad, multimedia y relaciones públicas. En la Universidad Bernardo O‘Higgins se suspendieron las carreras de ingeniería civil industrial, técnico de nivel superior en enfermería, técnico de nivel superior en gastronomía internacional y pedagogía en educación parvularia para alumnos de primero, por falta de matrículas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar, 38% de los alumnos cuentan con un crédito directo del plantel, pero aún no han recibido ningún tipo de compensación o renegociación de sus deudas, por lo que al ingresar a nuevas instituciones educativas llevan consigo los compromisos crediticios. En este contexto, los 18 mil estudiantes de la Universidad del Mar ven amenazado su futuro académico.

*Corresponsal de Prensa Latina en Chile.