(ABI y agencias).- El Presidente Evo Morales promulgó la Ley 339 de Delimitación Territorial que tiene el objetivo de zanjar históricos conflictos limítrofes entre municipios y departamentos del país mediante referendo público. En la actualidad el Ministerio de Autonomías atiende 84 procesos por conflicto de límites, que involucran a 164 municipios del país.

La ministra de Autonomías Claudia Peña informó que en la actualidad su despacho atiende 84 procesos por conflicto de límites, que involucran a 164 municipios del país. De los 339 municipios que tiene Bolivia, 314 carecen de una delimitación definida.

El Presidente Morales dijo que la principal causa de los conflictos limítrofes en el país se debe a que autoridades de la época colonial aprobaron la creación de municipios sin conocer la geografía, la convivencia social y la historia de los pueblos indígenas. “Aprobaron por aprobar o crearon por crear municipios sin conocimientos de nuestros territorios, el territorio milenario de los pueblos campesinos de Bolivia”, aseguró.

Morales recordó que esos conflictos empeoraron con la Ley de Participación Popular, implantada en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que permitió la creación de Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s), medida que, a su juicio, intentó sustituir a los Ayllus, Markas y sindicatos naturales.

En ese marco, la Ley 339 promulgada hoy tiene la finalidad de establecer los procedimientos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georeferenciados, además de los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales. El procedimiento de conciliación administrativa es un medio de solución concertada, pacífica e inmediata a las solicitudes de delimitación interdepartamentales o intradepartamentales.

La nueva norma establece que en los conflictos de límites interdepartamentales, el Ministerio de Autonomías es la autoridad responsable y competente para conocer y tramitar el procedimiento de conciliación administrativa y delimitar la unidades territoriales; en cambio para los conflictos intradepartamentales o municipales la autoridad competente es el gobernador.

El Referendo es el mecanismo constitucional de democracia directa y participativa por el cual los ciudadanos que habitan en el área de conflicto, mediante sufragio, deciden sobre su delimitación, una vez concluido el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación.

La ministra Peña informó que, según la Ley de Delimitación Territorial, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá aprobar una ley de convocatoria a referendo para cada conflicto limítrofe, que precise de ese mecanismo para su resolución. “Para llegar a un referéndum, digamos cuando es entre municipios y no se concilia, se pasa a referendo y lo que hace el Órgano Electoral es convoca a un referéndum, pero esa Ley de convocatoria la trabaja la Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó.

Asimismo, la Ley de Delimitación Territorial establece que “no pueden celebrar referendos ni seis meses antes, ni seis meses después de un proceso eleccionario, local, nacional o regional, porque luego las campañas políticas, a veces, se alimentan de los conflictos de límites para adquirir relevancia”, precisó Peña.

Toda delimitación de unidades territoriales será aprobada mediante ley por la ALP. Las leyes deben emerger de procedimientos administrativos de conciliación, de resultados del referéndum o de fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia en la delimitación de unidades territoriales y obligatoriamente deben fijarse los límites de la unidad territorial fijados y demarcados por el Instituto Geográfico Militar (IGM).

“Estoy seguro hermanas y hermanos de esta promulgación de una ley para acabar con los conflictos de límites va a ser histórico desde el momento en que empecemos a aplicar”, dijo Morales en un acto realizado en Palacio Quemado en La Paz. En ese sentido, pidió a las autoridades de los diferentes municipios conciliar y resolver los conflictos limítrofes y en caso de no encontrarse una alternativa de solución optar por un referéndum.

“Hay que terminar (ese problema) y por eso ahora la convocatoria es que vayan conciliando y resolviendo (los temas limítrofes) y si no, se somete al referéndum, para que nunca más entre hermanos y familiares estemos enfrentados con temas de límites”, dijo el Presidente.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Senadores Gabriela Montaño pidió a las autoridades municipales y departamentales, como también nacionales, facilitar la resolución de los conflictos limítrofes en el país y no convertirse en “la piedra en el zapato” en los procesos de conciliación que se vayan a realizar.

Según el diputado del Movimiento sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic, la Ley de Límites no resolverá los conflictos que existen entre municipios y departamentos porque mantiene el esquema de la Ley de Unidades Político Administrativas (UPAS), aprobada hace varios años atrás.

“El gobierno está insistiendo en un modelo ya fracasado, de la vieja Ley UPAS, estableciendo que las gobernaciones se hagan cargo de los conflictos entre municipios y que el Ministerio de Autonomías solucione los conflictos entre departamentos; eso ya no funciona”, explicó Yaksic luego de calificar como irresponsable el contenido del proyecto de Ley gubernamental.

El diputado del MSM anticipó que la iniciativa legislativa del Ministerio de Autonomías será un fracaso porque se pretende que autoridades electas como los gobernadores se conviertan en “jueces dirimidores” y no “tendrán disponibilidad política” para asumir la resolución de conflictos de límites entre municipios.

Yaksic lamentó que el gobierno no haya considerado un proyecto elaborado por él y que plantea la creación del Instituto Nacional de Unidades Territoriales, una entidad autárquica e independiente del gobierno, para que sea la única instancia encargada de solucionar los conflictos de límites sobre la base de criterios legales, técnicos y legales, y no a partir de cálculos políticos circunstanciales.

El diputado del MSM consideró que “el Instituto Nacional de Unidades Territoriales debería haber sido un estrado judicial independiente, autónomo, institucionalmente capaz de darle credibilidad y condición técnica para encarar todos los conflictos de límites en el país”.