En Bolivia ha surgido el criterio de que el año que se inicia será un año marcado por las tendencias políticas y sociales que se orienten directamente hacia el proceso de las elecciones generales previstas para diciembre de 2014 y que el oficialismo, con su indiscutible Jefe Plurinacional y Presidente del Estado Evo Morales Ayma, utilizará todo el aparato de gobierno en esa perspectiva y que la oposición dividida avanzará en su estrategia de posicionarse y conquistar a la ciudadanía para convertirse en una alternativa al gobierno que se reclama de la “revolución democrática y cultural”.

Al parecer en este momento y con las tendencias previstas para esta gestión, la potencia, candidatura, características y bases de sustento social, regional y político del oficialismo están medianamente definidas, pero ¿qué se sabe de la oposición u oposiciones en relación a su fuerza, sus líderes y candidatos y sus posibilidades electorales?, ¿quiénes son oposición y que intereses representan? o, planteado directamente, ¿existe oposición en Bolivia?

Sin descartar que la política en Bolivia es muy dinámica y activa y se pueden presentar sorpresas, las tendencias en la correlación de fuerzas en los ámbitos social, político y electoral no parecen haber generado cambios bruscos en el pasado año y las proyecciones no son muy diferentes, a pesar de las variaciones que se presentaron entre los resultados de las elecciones generales (2009) y las elecciones municipales y para gobernaciones (2010).

Antecedentes

La rebelión popular de octubre del 2003 marcó el nuevo escenario de la política boliviana, de las nuevas fuerzas protagónicas, de las tendencias emergentes y decadentes y de las orientaciones potenciales y en el periodo de transición. De 2003 a 2005, el MNR, ADN, NFR y MIR prácticamente fueron expulsados del escenario quedando sólo resabios regionales que cambiaron de nombre. La polaridad entre el nuevo oficialismo y las nuevas oposiciones generadas a raíz del ascenso electoral y político del MAS estuvo claramente marcada por el partido de gobierno y sus aliados enfrentando a las oligarquías locales, organizaciones cívicas y políticas tradicionales de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y Tarija, apoyadas éstas por los sectores empresariales y corporativos más importantes en hidrocarburos (las transnacionales), minería, banca y finanzas, construcción, comercio y agroindustria que se consideraban amenazados por las políticas de nacionalización y fortalecimiento económico del Estado del flamante gobierno.

Las Autonomías Departamentales frente al centralismo abrieron el campo de enfrentamiento. Este choque se manifestó en los antagonismos de los Prefectos (hoy Gobernadores) de los Departamentos del oriente y el sur con el Gobierno Central; se traslado luego a la Asamblea Constituyente (2006-2008) y luego a varias regiones, ciudades, caminos, plazas y cabildos, lugares donde se produjeron enfrentamientos violentos, particularmente los casos de Santa Cruz y Sucre. Esta tensión tuvo en los enfrentamientos armados de Porvenir y Santa Cruz, con muertos y heridos, y en el amago de enfrentamiento entre los grupos paramilitares de Santa Cruz con los grupos movilizados de los movimientos sociales. Una de las respuestas del gobierno fue la expulsión del embajador de Estados Unidos, Phillip Golberg, acusado de apoyar el movimiento conspirativo.

Esta oposición fue borrada tanto por su derrota electoral, social y política, como por las acciones emprendidas desde el Estado, Fiscalía, Ministerios, Organo Judicial, etc. contra dirigentes opositores que tenían cuentas pendientes de sus gestiones ante la justicia, alcanzando a los Prefectos Leopoldo Fernandez de Pando y Manfred Reyes Villa de Cochabamba, para luego caer sobre los Gobernadores Mario Cossio de Tarija y Ernesto Suarez de Beni elegidos el 2010.

Si bien las elecciones generales del 2009 mostraron un respaldo a Evo Morales del 64 por ciento de los votantes, dejando en situación lamentable a la oposición electoral; las elecciones municipales y de gobernaciones del 2010 significaron un retroceso de la votación oficialista, aunque no se posicionó una fuerza opositora unificada sino varias fracciones sobretodo con carácter regional. La suma de su votación alcanzó cerca a un millón de votantes distribuidos en sus parcialidades: Verdes de Rubén Costas con casi 500.000 votos, MSM de Juan del Granado, que ya había roto con el MAS, con mas de 250.000, CC de Mario Cossio con 100.000, Primero de Ernesto Suarez con 60.000 y otros con menor cantidad de votos.

Luego se produjo un vaivén de movimientos políticos y económicos vinculados a decisiones del gobierno, como el llamado “gasolinazo”, las movilizaciones de los sindicatos y la COB por mejores salarios, las marchas de los indígenas del Tipnis, las denuncias de parlamentarios opositores sobre casos de corrupción, narcotráfico, elecciones judiciales digitadas y, últimamente, el caso de extorsión; así como la emergencia de disidentes, apoyados por ONGs, que han formulado críticas muy fuertes al gobierno.

En este panorama general aparece una gama muy amplia de opositores políticos, unos con sigla política o sectorial y otros no, desde Juan Del Granado, Alejandro Almaraz, Raúl Prada, Rafael Quispe, Adolfo Chavez, hasta Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Ruben Costas y otros. Por otra parte la oposición gremial y social se presenta con demandas sectoriales de distinto tipo y fraccionadas y se producen decenas de conflictos entre comunidades, sindicatos, municipios, departamentos, etc.

Perspectivas

El gobierno continuará, aprovechando la fortaleza de Evo Morales, con su campaña de promoción a través de las inauguraciones, obras, caminos, canchas, pozos de agua, aeropuertos, entrega de dinero y materiales por todas las regiones del país lo que, directa o indirectamente, es una campaña para mantener y cautivar a sus votantes. Continuará también en su campaña contra los opositores que pretendan alzar vuelo utilizando sus antecedentes, errores y falencias para descalificarlos o en su caso para alejarlos judicialmente de su pretensión de alzar vuelo hacia las elecciones generales de diciembre de 2014. Por su parte, los dirigentes de oposición que quedaron en actividad buscarán primero capitalizar el millón de votos que consiguieron separados en 2010 e intentarán avanzar sobre los sectores que se han desencantado del “masismo”, tanto de aquellos que se sienten traicionados por no haber tenido mayor radicalidad, como por los que advierten un exceso de concesiones a las transnacionales y las corporaciones empresariales.

En la oposición se pueden encontrar distintos matices, desde los editorialistas, columnistas y analistas de los medios de comunicación que vapulean al gobierno por sus acciones y políticas pero no tienen una directa incidencia en la operación política; hasta los otros, es decir los gobernadores, alcaldes, jefes partidarios, dirigentes, parlamentarios y actores políticos que, utilizando los recursos propios de organizaciones y fuerzas políticas realizan actividades para desarrollar sus practicas. Estas organizaciones políticas, sin embargo, no presentan propuestas alternativas para Bolivia.

Están también algunos dirigentes sociales, gremiales y sindicales que, aprovechando las demandas de sus sectores, desarrollan un discurso crítico contra el gobierno aunque no alcanzan niveles de acción político-partidaria. A estos se suman ahora las acciones de los grupos indígenas de tierras bajas de la CIDOB y de tierras altas de CONAMAQ, los que han conseguido importante apoyo de ONGs financiadas desde Estados Unidos y Europa, y que fueron desplazadas por el gobierno en los últimos años.

Parece muy improbable que los gremios empresariales que en el pasado apoyaron abierta o encubiertamente a las fuerzas contrarias al gobierno de Evo Morales porque defendían sus intereses las sigan apoyando puesto que han encontrado un clima favorable para sus actividades en las políticas del gobierno, sin embargo la Embajada de Estados Unidos con sus diversos mecanismos de acción no dejará de realizar actividades que debiliten y mermen la estabilidad gubernamental.

En síntesis el oficialismo, aprovechando la gestión y el aparato de gobierno y los resultados económicos y financieros, continuará con su campaña de fortalecimiento, en tanto la oposición fragmentada buscará ganar algunos espacios de influencia en las ciudades, en los sectores medios afectados por el gobierno y en las organizaciones indígenas disidentes, en un panorama general poco favorable. 2013 será un año de prueba para verificar la solidez o debilidad del “proceso de cambio” y sus proyecciones y, al mismo tiempo, un examen para observar si se afianza una oposición alternativa para 2014.