(Agencias).- La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional encomiaron la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de remitir a la justicia ordinaria el caso del subteniente Grover Beto Poma Guanto, fallecido el 7 de febrero de 2011 durante un entrenamiento militar.

El subteniente Poma de 26 años murió en febrero de 2011, dos días después de sufrir una golpiza propinada por siete instructores durante un entrenamiento militar en la Escuela de Cóndores de Bolivia (ESCOBOL), en Sanandita, departamento de Tarija.

Según un boletín institucional, el TCP decidió dirimir a favor de la justicia ordinaria el caso del subteniente Poma, fallecido como consecuencia de los golpes recibidos por varios camaradas, presuntamente incitados por sus instructores. El tribunal penal militar se había rehusado a ceder la jurisdicción sobre el caso, desoyendo las decisiones dictadas por los órganos de la justicia ordinaria.

“Esta decisión se enmarca plenamente en la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y constituye un paso significativo con el fin de garantizar el acceso a un tribunal independiente a las víctimas en casos semejantes. Esta sentencia permitiría además asegurar el derecho de todas y todos a un recurso efectivo y a una justa reparación. La Oficina estima que este caso está contribuyendo a la vez a la consolidación de la independencia judicial”, reseña un boletín institucional de la ONU citado por la agencia estatal ABI.

El TCP exhortó además a la Asamblea Legislativa Plurinacional a sustituir las normas penales militares aprobadas por Decreto Ley 13321 de 22 de enero de 1976, para adecuarlas a los estándares contenidos en la Constitución y los tratados de derecho internacional de derechos humanos que obligan a Bolivia a excluir del fuero militar casos de violaciones de derechos humanos.

Tras la muerte del subteniente Poma, el Ministerio de Defensa emitió una resolución que prohíbe las actividades que pudieran poner en riesgo la vida y la seguridad de los militares, además dispuso otras medidas para fomentar activamente el respeto de los derechos humanos dentro de la institución castrense.

“Para consolidar estas valiosas medidas del Ministerio, la Oficina (de la ONU)se une a la exhortación del Tribunal Constitucional Plurinacional a la ALP en el sentido de adecuar todas las normas militares, aprobadas hace varias décadas, a los principios y valores de la actual Constitución Política del Estado y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, se pronunció la oficina de la ONU en Bolivia.

La ONU consideró que la sentencia del TCP representa un reconocimiento al constante e insistente reclamo de los familiares del subteniente Poma, que exigían acceso a una justicia pronta, efectiva e imparcial. Al respecto, la organización internacional instó a las autoridades judiciales competentes y al Ministerio Público para que implementen sin más demora todas las medidas necesarias a fin de identificar, juzgar y sancionar las personas responsables de la muerte del militar.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) manifestó que la decisión del TCP de enviar a la justicia ordinaria el caso del subteniente Grover Poma “es un paso positivo para la protección de los derechos humanos en Bolivia”. “La sentencia en el caso Poma envía una señal muy positiva que Bolivia está aplicando estándares internacionales en casos de violaciones a los derechos humanos,” declaró Maria José Eva, investigadora sobre Bolivia de AI.

AI ha manifestado en distintas oportunidades ante autoridades de Bolivia y de otros países, su preocupación por la reiterada utilización de la justicia militar para casos que involucran a civiles, siendo que esta debiese restringirse solo a casos de delitos militares. “En el pasado se ha demostrado que en los juicios militares hay un trato partidista de las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y la policía, es por eso que estos crímenes deben resolverse en las cortes civiles,” comentó Maria José Eva.

“Esperamos que esta decisión asegure una pronta resolución del caso, que la familia del Subteniente Poma reciba finalmente justicia por la muerte de su ser querido y que este crimen no quede en la impunidad”, declaró AI e hizo un llamado a las autoridades legislativas de Bolivia para que, en línea con lo requerido por la sentencia del TCP y con los compromisos internacionales de Bolivia en materia de derechos humanos, se reformen las leyes castrenses para ajustarlas a derecho.