El abogado Denis Efraín Rodas Limachi, al que la justicia ordinaria investiga por supuestos cargos de corrupción y extorsión, fue apoderado del entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti Soliz, en el caso de cuatro peruanos que fueron apresados con cargos, nunca demostrados, de terrorismo y asociación delictuosa (de narcotráfico se dijo sin que se formalice esa imputación). Ese funcionario, en una parodia de audiencia de medidas cautelares, dijo que el gobierno había decidido la expulsión de tres de los cuatro peruanos (y un niño de un año y cuatro meses) por “seguridad” del Estado boliviano y para “colaborar” con el gobierno de Perú.

En el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, correspondiente a 2011[1], se dice que el Estado boliviano cooperó con el país del norte en su lucha contra el terrorismo, documento que se refiere expresamente a la expulsión de los ciudadanos peruanos, dispuesta por las autoridades bolivianas.

Según la querella presentada por el Ministerio de Gobierno boliviano, por asociación delictuosa y terrorismo, fueron detenidos los peruanos Hugo Walter Minaya Romero, William Antonio Minaya Romero y José Antonio Cantoral Benavides. Horas después fue apresada Blanca Riveros Alarcón, con su hijo de un año y cuatro meses[2], según esos presuntos cargos.

Los dos primeros (hermanos Minaya) pidieron asilo en La Paz y esperaron la respuesta hasta el día de su detención. Nunca conocieron oficialmente la respuesta, pero extraoficialmente y por lo que ocurrió después se conoce que aquélla era un no infundado porque la condición de perseguidos políticos, de los ciudadanos peruanos, debió determinar una pronta aprobación del asilo para ellos por el Consejo Nacional de Refugio (CONARE).

Los peruanos vivían en La Paz, con domicilio registrado en CONARE, su estadía no era clandestina y merecían el asilo que habían solicitado. Blanca Riveros Alarcón, mamá del menor y esposa de William Antonio Minaya Romero, no pidió asilo en el entendido de que no lo requería para vivir con su hijo al que amamantaba.

José Antonio Cantoral Benavides tiene refugio político en este país[3], aquí vive 19 años y es conocido por su comportamiento correcto, particularmente, en medios universitarios, sindicales y de los defensores de los derechos humanos. En la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) estudió sociología. Asimismo, dirigía el centro privado “Isaac Newton”, donde se impartían clases de refuerzo, en matemáticas, para bachilleres.

El Ministro de Gobierno de ese momento, en conferencia de prensa, denunció que los peruanos Hugo Walter Minaya Romero, William Antonio Minaya Romero, Blanca Riveros Alarcón son cómplices, en actividades narcotraficantes, del peruano Ulser Pillpa, militante de Sendero Luminoso. Empero, esa denuncia nunca fue formalizada por escrito y por tanto no fue parte de la querella.

A José Antonio Cantoral Benavides, antes de las audiencias que debieron ser para la adopción de medidas cautelares, se le amenazó con revocar el refugio político que le fue concedido (incluso se le dijo que ese beneficio se le suspedió), por el Estado boliviano, sin que haya fundamento legal ni legítimo.

Inmediatamente después del apresamiento de los tres peruanos (varones), éstos fueron maltratados física y psicológicamente. Hubo tortura incluso, según consta en el informe del médico forense Juan Reynaldo Gálvez Claros/MPG-990 MCMB 0414.

El viceministro de Seguridad Interior y Policía, Marco Farfán, informó, entre otros al diario gubernamental Cambio, que el gobierno boliviano pidió antecedentes de los detenidos peruanos al gobierno de su país, antes de que se ordenara su detención en La Paz. “Al momento de la detención y por tratarse de súbditos peruanos, el Gobierno boliviano pide un informe de antecedentes a Perú y nos remiten los mandamientos de aprehensión que cursan en contra de estas personas por delitos vinculados con el terrorismo”, explicó Farfán en una conferencia de prensa[4].

“Nosotros acabamos de recibir información del Perú, son tres mandamientos de aprehensión en contra de los hermanos (Minaya) y de la mujer (Blanca Riveros), eran buscados por los delitos de terrorismo”, informó a su vez el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti para el diario Cambio el 3 de agosto, es decir, después de que los ciudadanos peruanos fueron detenidos.

Sin embargo, funcionarios de menor jerarquía de ese Ministerio, luego de la detención de los ciudadanos citados y del intento de la primera audiencia (que debió fijar las medidas cautelares), avisaron que autoridades peruanas pidieron practicar la detención[5].

Tanto la contradicción referida, como esa omisión de las autoridades gubernamentales, revelan el comportamiento político asumido durante el seguimiento a los ciudadanos peruanos, cuando imparten la orden de apresamiento, al presentar la querella, en la actuación suya ante las audiencias, con la orden de expulsión de los peruanos y con la “custodia”, en realidad detención ilegal de José Antonio Cantoral Benavides, en dependencias de inmigración paceña.

El 5 de agosto de 2011, en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, se realizó la tercera audiencia después de dos intentos frustrados, supuestamente, para que el juez competente dicte las medidas cautelares contra los ciudadanos citados.

Los tres querellados peruanos concurrieron “enmanillados” o “engrillados” a la audiencia, en tanto que Blanca Riveros A., junto a su hijo, permaneció sin esposas allí, lo que le permitía mantener al menor en sus brazos el que, sin embargo, era apartado de ella por una mujer policía el momento en el que se autorizaba a los medios de difusión tomar fotos de los detenidos.

Se impidió el ingreso de periodistas a la audiencia, no obstante su carácter público. Y la custodia policial estuvo integrada por “7 efectivos policiales de narcóticos fuertemente armadas con ametralladoras y rostros cubiertos, 14 efectivos policiales antimotines, 6 efectivos de migración, 6 efectivos de la FELCC de El Alto”[6]. Además, alrededor de aquel recinto judicial, había un grupo desproporcionado de efectivos policiales vestidos de uniforme y de civil, a la espera de la conclusión de la audiencia para trasladar a los peruanos y al niño hacia Desaguadero, ciudad peruana próxima de la frontera boliviana.

El fiscal José Ángel Ponce Rivas[7], con funcionarios bajo su mando, ejecutó la orden impartida por la jueza del Juzgado de Instrucción Cautelar de ciudad de La Paz, del 31 de julio (2011). En esa dirección, el lunes 1 de agoto fue allanado el centro “Isaac Newton” y el domicilio de los peruanos Minaya y Riveros, ubicado en zona Los Andes, calle 25 de Mayo, Nº 1244, El Alto. Al parecer, el propósito principal fue “encontrar sustancias controladas” allí; sin embargo, en el informe correspondiente no se reporta la existencia de lo que podría haber sido presentado como “cuerpo del delito”. En el primer allanamiento —de acuerdo al informe del fiscal, los tres peruanos, los hermanos Minaya y Cantoral — al principio “opusieron resistencia”. Sin embargo, luego de que los funcionarios encargados del allanamiento mostraron “la orden de allanamiento al señor Cantoral, se practicó aquella acción”. Básicamente, fueron encontrados en el lugar libros y otros materiales de trabajo para las clases que allí se impartían.

“En el segundo allanamiento (de la calle 25 a Mayo de El Alto) apresaron a la señora Riveros juntamente con su hijo…”. En ese último tampoco se encontraron sustancias controladas.

El Fiscal de materia “expuso ante el juez (y en la audiencia) libros, folletos, agendas, panfletos, fotografías con personas vestidas con ropa camuflada”. Esas publicaciones y esa ropa, según ese funcionario, prueban acciones terroristas perpetradas por los ciudadanos peruanos.

De acuerdo a ese Fiscal, José Antonio Cantoral Benavides es acusado por el Consejo de Guerra de la Marina de Perú por el delito de terrorismo. Presentó un informe de INTERPOL de Perú, que confirmaría la imputación por terrorismo. Hizo referencia, asimismo, a la DINCOTE (policía política de Perú) y exhibió fotocopias sobre el caso. Añadió que Cantoral tiene estatus de refugiado político en Bolivia desde 1997.

Ese Fiscal, además, presentó otro informe de INTERPOL de Perú, el que inserta una resolución del Fiscal de Ayacucho contra los hermanos Minaya Romero y Blanca Riveros, en la que a éstos se los culpa de terrorismo y se afirma que los tres son de Sendero Luminoso (SL).

El funcionario del Ministerio Público citado afirmó que el centro “Isaac Newton”, era utilizado para reclutar a jóvenes alteños y a universitarios, a los que se “adoctrinaba” para llevarlos luego a Perú e incorporarlos a SL. Los tres ciudadanos peruanos, citamos al Fiscal, “usan como símbolos la hoz y el martillo; distribuyen panfletos y afiches; publicaciones que tienen el propósito, según él, de generar descontento hacia el gobierno de Evo Morales. “No al gasolinazo/fuera las trasnacionales de Bolivia, socias de Evo”, se leía en una de esos “panfletos” los que, en apariencia, fueron arrancados de los muros alteños y/o paceños.

El mismo Fiscal, en la última audiencia, aseguró que los libros y folletos encontrados en la primera requisa no son de uso universitario-académico sino que son empleados para inducir a los jóvenes universitarios “al delito de terrorismo”.

Afirmó que “No son necesarias las acciones concretas para la materialización de ese delito (de terrorismo), y que las acciones de los peruanos demuestran que tenían la intención de cometer ese delito.

Esos indicios —acotó el Fiscal— se adecuan al tipo penal (terrorismo) descrito en el artículo 133 del Código Penal boliviano. Reiteró que para consumar el delito de terrorismo “no es necesario el daño material” que es “suficiente el fin perseguido, subvertir el orden constitucional” y complementarse con la asociación delictuosa.

A manera de conclusión ese Fiscal anotó: “Esos indicios son motivos suficientes para imputarlos formalmente” a los querellados.

El abogado Denis Efraín Rodas Limachi, con poder concedido por Sacha Sergio Llorenti Soliz, ministro de Gobierno, en la última audiencia a la que nos referimos, informó:

—Que el CONARE, en reunión del 3 de agosto último, determinó revocar el refugio de José Antonio Cantoral Benavides y la “expulsión” de éste de Bolivia. Sin embargo, ante medios de difusión los funcionarios gubernamentales declararon que J. A. Cantoral debe conseguir un país diferente a Bolivia para viajar allí y conseguir el refugio que en Bolivia se le suspendió.

—Que CONARE también resolvió la expulsión de Bolivia, hacia Perú, de los hermanos Minaya y de Blanca Riveros, junto con su niño.

—Ambas decisiones fueron aprobadas por “minoría simple” en el CONARE, dijo.

—Sigue aquel funcionario: El argumento principal de la cancelación del refugio para Cantoral y el no al pedido de asilo de los hermanos Minaya (Blanca Riveros no pidió asilo) fue la “Seguridad nacional y (la) cooperación con el vecino país, de Perú”.

—Asimismo que el Ministerio de Gobierno de Bolivia estableció que existía “contacto y/o enlace entre los ciudadanos peruanos (residentes en Bolivia) con Sendero Luminoso de Perú “para cometer delito de terrorismo”; delito que “no necesita de resultados, que los indicios son suficientes para ser considerado delito” (el terrorismo).

—Que por “seguridad interna”, por necesidad de la “cooperación internacional” y porque sería “lesivo para el Estado boliviano”, los ciudadanos peruanos “no deben ser remitidos a cárceles o penales” de Bolivia.

—La Resolución CONARE 812 —añadió el funcionario del Ministerio de Gobierno— es vinculante (de cumplimiento obligatorio) y que “no amerita recurso posterior alguno”. Asimismo, que en ejercicio de la soberanía nacional se “requiere al juez delegar al Ministerio de Gobierno las acciones para buscar otro país de refugio para el señor Cantoral, dentro 90 días y ordenar la expulsión inmediata de los hermanos Minaya y la señora Riveros juntamente con su hijo”.

El Ministerio de Gobierno oficia de denunciante y querellante (además un delegado suyo es parte del CONARE). Asimismo, ese Ministerio presenta, en la audiencia, la Resolución del CONARE de expulsión del país de los imputados: hermanos Minaya, de Blanca Riveros (de su hijo) y de J. A. Cantoral.

También se valora como suficientes los indicios de convicción (o de culpabilidad) que configuran el “acto subversivo”. Se deja constancia de que los imputados son requeridos por autoridad judicial competente de Perú.

El Ministerio de Gobierno sostiene que los imputados son peligrosos y que perturban el orden público boliviano. Se anota que la expulsión de los imputados es una decisión boliviana soberana y no una sanción.

Y sobre la base de aquellas consideraciones (resumidas en este informe), se resuelve: Expulsar de Bolivia (devolver a las autoridades peruanas) a los hermanos Minaya, a la señora Riveros y su hijo, es decir, ponerlo en la frontera con Perú (Desaguadero), para lo que se fija un plazo de 24 horas, pero se ejecuta de inmediato, luego de concluida la supuesta audiencia.

A José Antonio Cantoral B. se le suspende su condición de Refugiado, a pedido del Ministerio de Gobierno, el que será enviado de Bolivia hacia otro país en un plazo de 90 días.

Este ciudadano peruano con asilo en Bolivia sigue aquí, en tanto que los otros tres peruanos y el menor, fueron entregados a las autoridades peruanas en Desaguadero, al margen de lo que tendría que haber decidido la autoridad judicial en la supuesta audiencia de medidas cautelares.

El abogado, Denis Efraín Rodas Limachi, ahora en desgracia recibía órdenes superiores para ejecutar las cosas sucias, como la referida en esta nota. Entonces Rodas Limachi contaba con la confianza plena del Ministro de Gobierno, apoyo con el que ejercía el poder político para expulsar, como en este caso, a tres ciudadanos peruanos y a un menor, a pesar de que éste, según la Constitución Política del Estado, debía ser protegido con preferencia.

Notas:

[1] BOLIVIA, Resumen: No hubo incidentes terroristas nacionales o internacionales en Bolivia en 2011, y la amenaza del terrorismo sigue siendo relativamente baja.

Legislación y aplicación de la ley:En septiembre, el gobierno boliviano aprobó una ley que castiga a apoyar o participar en un grupo terrorista con penas de prisión de 15 a 20 años.Bolivia también ha ampliado su emisión de pasaportes biométricos a sus ciudadanos, a pesar de que carece de capacidades biométricas en sus puertos de entrada.

En 2011, hubo dos arrestos reportados de personas vinculadas con el Perú con sede en el grupo terrorista Sendero Luminoso (Sendero Luminoso o SL):

*El 27 de junio, un miembro de SL que se había escapado de la prisión en Perú fue detenido en Antaquilla, Bolivia.Fue capturado con cinco otros peruanos y bolivianos a participar en el tráfico de drogas, todos los cuales estaban disfrazados con uniformes de la policía antinarcóticos.Fue extraditado posteriormente a Perú.

*El 2 de agosto, cuatro personas con presuntos vínculos SL fueron detenidos en El Alto después de distribuir panfletos que supuestamente hablan en contra de Evo Morales y el fomento doctrina marxista militante.Tres de los individuos fueron extraditados a Perú y uno permaneció en Bolivia como refugiado político. Del informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la lucha contra el terrorismo (2011).

[2] William Fidel Minaya Riveros es el nombre del menor de un año y cuatro meses, nacido en Bolivia, según se informó, e hijo de William Antonio Minaya Romero y Blanca Riveros Alarcón.

[3] Según un informe verbal, procedente del CONARE, nunca fue revocado el refugio político de José Antonio Cantoral Benavides que le fue concedido por el Estado boliviano hace 19 años. Sin embargo, en la audiencia de la que se informa en este texto, uno de los voceros del Ministerio de Gobierno fue el que dijo que aquel organismo (CONARE) “revocó” el derecho de asilo que el beneficiario ejercía sin interrupciones.

[4] Diario Cambio (del gobierno boliviano) del 4 de agosto de 2011.

[5] El abogado Boris Villegas hizo tal declaración, entre otros, para la red de radios Erbol.

[6] Para la elaboración de esta nota fueron tomados en cuenta los informes entregados, entre otros, por la presidenta de la APDHLP, María Amparo Carvajal; por el presidente del Movimiento Justicia y Paz de los Franciscanos, P. Carmelo Galdós y por el activista de los derechos humanos, David Inca, de El Alto.

[7] Ahora es Fiscal del Distrito de La Paz, desde el 12 de noviembre de este año. Fue uno de los fiscales que investigó la represión a los indígenas en Chaparina (25-IX-11) y uno de los que excluyó de la lista de investigados al ex ministro de Gobierno, S. Llorenti.

* Periodista, editor del Semanario Aquí.