Sucre y La Paz (ABI y Bolpress).- La justicia de Estados Unidos declinó la solicitud de extradición del ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y de sus colaboradores Joaquín Berindoague y Carlos Sánchez Berzaín, argumentando que las acusaciones están determinadas dentro de las leyes bolivianas y no existen normas comparables en la legislación estadounidense, confirmó el magistrado de la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Jorge Von Borries. Según la diputada del MSM Marcela Revollo, el gobierno boliviano cometió graves errores de procedimiento.

Washington acogió a Sánchez de Lozada y también a sus ministros Sánchez Berzaín y Berindoague, luego de que dimitió el 17 de octubre de 2003 presionado por la insurrección popular. Goni había ordenado a la fuerza pública reprimir a las masas insurrectas en las ciudades de La Paz y El Alto, que rechazaban su decisión de exportar gas por y para Chile, hecho que saldo con 67 muertos.

El 19 de noviembre de 2012 la magistrada del TSJ Maritza Suntura informó que la Sala Penal Segunda remitió los exhortos suplicatorios a Estados Unidos para requerir y encausar al ex presidente Sánchez de Lozada y al ex ministro de Minería e Hidrocarburos Jorge Berinduague, dentro del proceso investigativo denominado “petrocontratos”. La Fiscalía General del Estado había solicitado a ese Órgano Judicial la emisión de exhortos suplicatorios al lugar de residencia de ests dos ex autoridades para que comparezcan ante la justicia ordinaria de Bolivia.

“Esta resolución fue notificada a todas las partes y al Ministerio Público. Por secretaría se realizarán los recaudos de ley y se emitirán los exhortos suplicatorios para que puedan ser citados las ex autoridades de Estado”, sostuvo Suntura y aseguró que la Fiscalía General se encargaría de las demás acciones.

De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, otras vías para el cumplimiento de los exhortos podríanser planteados por la Cancillería del Estado Plurinacional y también con una apelación a la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorios. “En base a estas dos normativas, tanto nacional e internacional, el Ministerio Público realizará las gestiones correspondientes para que proceda a materializar los exhortos emitidos por la Sala Penal Segunda”, explicó la magistrada.

Asimismo, Suntura informó que también fueron emitidos memoriales suplicatorios a los ex viceministros del área de hidrocarburos a Carlos Alberto López y Carlos Alberto Contreras,del gobierno de Sánchez de Lozada. “La Sala Penal Segunda también se pronunció con relación a esta solicitud de edictos y determinó que estando en la etapa investigativa es el Ministerio Público quien tiene la direcciónde la investigación de acuerdo al Código de Procedimiento Penal y por esta razón esta instancia es la encargada de realizar las gestiones correspondientes para notificar a través de edictos a Carlos Alberto López y Carlos Alberto Contreras”, precisó.

El gobierno boliviano esperaba una respuesta positiva de su par norteamericano, a fin de que las ex autoridades comparezcan ante la justicia ordinaria. La ministra de Comunicación Amanda Dávila pidió al gobierno de Estados Unidos que haga una “reflexión” sobre el Tratado de Extradición entre ambos países, firmado en el gobierno de Sánchez de Lozada (2002-03), que limita las posibilidades de entregar a ciudadanos que tienen cuentas pendientes con la justicia boliviana.

EE.UU. protege a Goni

El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó por escrito a la Cancillería de Bolivia que no extraditará a Sánchez de Lozada ni a sus colaboradores, alegando que la acusación contra las ex autoridades no se ajusta a la normativa norteamericana.

El magistrado Jorge Von Borries detalló que los acusados en el caso Octubre Negro enfrentan cargos por genocidio, homicidio, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad, vejaciones y tortura, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilios y dependencias con las circunstancias agravantes de ser funcionarios públicos y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes. Sin embargo, en la justicia de Estados Unidos no existen leyes comparables a la justicia de Bolivia, por lo que no cumple con el requisito de doble criminalidad.

No obstante, afirmó el magistrado, el gobierno norteamericano está consciente de la importancia que el Estado Plurinacional de Bolivia otorga a este caso, así como el profundo significado en la historia boliviana. Por esa razón, y comprendiendo esta situación, el gobierno norteamericano prometió que los departamentos de Justicia y de Estado darán pronta consideración a la extradición de las tres ex autoridades bolivianas una vez que reciban evidencias suficientes que apoyen una determinación de causa probable de delitos, cumpliendo con el requisito de doble criminalidad.

“La Presidencia del TSJ derivó la nota diplomática enviada por el Canciller David Choquehuanca a la Sala Penal Primera, y esta instancia está devolviendo esta nota diplomática a la Presidencia de este Órgano Judicial para que sea sometida a Sala Plena, porque sólo la Sala Plena del TSJ tiene atribuciones y competencia para conocer la extradición; sea la extradición pasiva o positiva, es decir, que la extradición la pida otro país al nuestro o que nuestro país pida a otro país”, dijo Von Borries.

Según el magistrado, “para realizar el trámite de extradición de Sánchez de Lozada,Joaquín Berindoague y Carlos Sánchez Berzaín, el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos (sugirió que) lo que tendríamos que hacer es adecuar los hechos y la tipicidad con la tipicidad de Estados Unidos, para volver a repetir nuestra solicitud de extradición”.

“La Sala Plena necesita para aprobar una nueva solicitud de exhorto que la Fiscalía General del Estado pueda hacer el requerimiento correspondiente, con el detalle de los delitos con el que se someterá a este tratado de extracción por Estados Unidos”, agregó Von Borries.

Por su parte, la ministra Dávila expresó la preocupación del gobierno boliviano por la ratificación de su par de Estados Unidos de no extraditar al ex presidente. “Esa noticia conmueve profundamente al gobierno y además le preocupa porque continuamos con esa línea en Estados Unidos de proteger a personas que están involucradas en temas de la justicia que deberían venir a defenderse acá”, fundamentó.

“Lo que se firmó con Estados Unidos es un tratado impuesto que no respetó muchos de los códigos internacionales que deben estar vigentes y quizá es necesario adecuarlo y creo que la Embajada de Estados Unidos ha expresado su intereses en poder hacer un Tratado de Extradición nuevo, en el marco de nuevas relaciones”, afirmó Dávila.

La ministra insistió en que se debe trabajar en un nuevo acuerdo de extradición entre Bolivia y Estados Unidos para facilitar la repatriación de personas acusadas de hechos ilícitos.

El MSM critica al Canciller

El 11 de septiembre diputados del Movimiento sin Miedo (MSM) solicitaron al canciller David Choquehuanca que informe si los delitos señalados en la acusación contra el ex presidente Sánchez de Lozada se encuentran tipificados en las legislaciones de Estados Unidos y Bolivia, un requisito indispensable para dar cuso al pedido.

“Queremos saber cómo se ha procesado el pedido de extradición, sobre todo si se ha basado en el artículo II del Tratado de Extradición que habla de la compatibilidad en las legislaciones de ambos países, de tipificación de delitos que se habrían cometido para que la solicitud tenga éxito”, declaró la diputada del MSM Marcela Revollo.

Citando publicaciones de prensa, Revollo alertó que el gobierno boliviano habría cometido un grave error de procedimiento al pedir la extradición por delitos que no están tipificados como tales en la legislación de Estados Unidos, como es el caso de los delitos contra la Constitución y contra la libertad de prensa. En ese marco, la diputada Revollo exigió al Canciller que explique cómo se corregirán los errores cometidos para reencausar el trámite diplomático y jurídico ante el gobierno norteamericano

La diputada Revollo presentó una Petición de Informe Oral al Canciller que consta de siete interrogantes:

1. Informe de manera detallada todo el proceso que su despacho ha realizado para lograr la extradición del ex Presidente Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Joaquín Berindoague Alcocer; y proporcione a la diputada peticionaria toda la documentación correspondiente al trámite y proceso seguido por el Estado boliviano ante el gobierno de los Estados Unidos.

2. Informe, de acuerdo al Artículo II del Tratado de Extradición que tiene suscrito el Estado boliviano con los Estados Unidos de Norte América, cuáles fueron los delitos tipificados por los cuales se solicitó la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada.

3. Informe, siempre de acuerdo con el Tratado de Extradición con Estados Unidos, si en el pedido oficial de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada se incluyó los delitos tipificados en la legislación boliviana, de “Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes” y “Delitos en contra de la libertad de prensa”.

4. De ser la respuesta afirmativa, señor Ministro explique las razones para dicha inclusión de tales delitos, sabiendo, siempre de acuerdo al Tratado de Extradición, que es condición ineludible para la procedencia del pedido de extradición que la tipicidad penal de los delitos por los que se solicita la extradición tiene que establecerse, necesariamente, en las legislaciones penales de los dos países.

5. Informe en consecuencia el señor Ministro, si la falta de tipicidad penal en la legislación Norteamericana de estos dos delitos, fue una de las causas o razones por la que Estados Unidos negó la extradición solicitada.

6. Informe qué trámites Diplomático-jurídicos inmediatos se efectuarán para subsanar éste y otros errores, y así reencausar el trámite de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada ante el gobierno de los Estados Unidos.

7. Entregue a la diputada peticionaria el texto completo de la comunicación oficial que el gobierno de Estados Unidos remitió al gobierno noliviano, en la que se informa de la decisión de ese país de rechazar la solicitud de extradición de Sánchez de Lozada, Sánchez Berzain y Berindoague Alcocer. Especifique la fecha de esa comunicación oficial.

Choquehuanca no emitió ninguna declaración sobre el tema desde que se informó del rechazo a la solicitud de extradición. Luego de que el Presidente Morales confirmó la decisión, el ministro de Gobierno Carlos Romero se refirió a una estrategia para revertir la determinación, mientras que el vicecanciller Juan Carlos Alurralde dijo que la argumentación para la extradición en realidad le correspondió a la defensa de las víctimas de la masacre y a la Fiscalía.