Managua y Bogotá, (PL).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya respaldó el reclamo pacífico de Nicaragua en el diferendo marítimo que mantiene con Colombia en torno a los límites marítimos de los dos países y la soberanía de los cayos que forman parte del archipiélago de San Andrés. Nicaragua demandó delimitar los espacios marítimos por considerar incompleto el fallo emitido antes sobre el caso por el ente con sede en Holanda.

En 1928, Colombia y Nicaragua, entonces ocupada por Estados Unidos, firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, que asigna a la primera las aguas e islas ubicadas a partir del meridiano 82 hacia el este; acuerdo que la Junta Sandinista anuló en 1980. Nicaragua demandó en 2001 a Colombia ante la CIJ y reclamó su soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, al tiempo que pidió una nueva delimitación de la frontera.

El 13 de diciembre de 2007 la CIJ estableció que el meridiano 82 no constituye la frontera marítima entre los dos países, como trata de sustentar Colombia. La instancia orientada a solucionar las diferencias entre las naciones de forma pacífica reconoció en esa ocasión la soberanía del Estado colombiano sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, situadas dentro de la zona en litigio, pero dejó sin definir el estatus de los cayos Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranía.

Estos últimos constituyen bancos de arena, cayos y rocas pertenecientes a las formaciones geológicas de la plataforma continental nicaragüense, que comienza en el mar Caribe, según expertos. Los especialistas sustentan sus planteamientos en las normas del Derecho Internacional, en virtud de las cuales la nación centroamericana está avalada para reclamar el ejercicio de su soberanía sobre 200 millas náuticas de zona económica exclusiva y sobre la prolongación de su territorio bajo el mar.

El 24 de abril de este año Nicaragua presentó ante la CIJ en La Haya documentos y mapas que prueban sus auténticos espacios marítimos de los cuales Colombia reclama derechos sobre más de 100 mil kilómetros cuadrados que mantiene bajo ocupación. El embajador nicaragüense en Holanda Carlos Argüello, nombrado agente principal de la delegación de su país en el caso, abogó por la nulidad del Tratado Bárcenas-Esguerra, pues Nicaragua estaba bajo ocupación política y militar de Estados Unidos (1927-1933).

Colombia pretende dejar a Nicaragua solo la tercera parte de lo que le corresponde de esos espacios marítimos, quiere encerrarla en menos de 100 mil kilómetros cuadrados y quedarse ella con más de 200 mil, afirmó el Embajador. Además, denunció en el tribunal ubicado en la ciudad holandesa los abusos cometidos por la Fuerza Naval colombiana en el territorio que exige pues prohíbe el ingreso de cualquier embarcación nicaragüense y actúa con amenazas, o persecución e incluso captura.

Nicaragua no ha podido siquiera asomarse porque no vamos a entrar en un conflicto bélico o permitir que maten a nuestros pescadores o científicos, pero la Marina de Guerra de Colombia impide desde hace décadas a cualquier objeto de Nicaragua cruzar el meridiano 82 hacia el este, refirió.

Lo más importante para Nicaragua en disputa territorial con Colombia es la delimitación del espacio marítimo en seis mil kilómetros cuadrados de plataforma continental, aseguró el embajador Argüello. Los seis mil kilómetros cuadrados constituyen un área de pesca marítima para Nicaragua.

“Independientemente de quien sea dueño de cuatro piedras que haya en el Caribe, lo importante es que la costa de Nicaragua domina todo ese territorio” y que su plataforma continental “se extiende más allá del mar Caribe; es una plataforma muy especial, muy extensa y muy rica”, indicó el doctor Argüello.

Colombia, refirió, pretende adueñarse de un espacio marítimo enorme al plantear como frontera el Meridiano 82: las autoridades de esa nación suramericana irrespetan la sentencia emitida por la CIJ en 2007, cuando precisó que el referido meridiano no constituía frontera entre los dos países, sino únicamente punto de referencia para precisar la extensión del archipiélago de San Andrés.

La resolución de la CIJ leída este lunes por el presidente de la Corte, el juez Peter Tomker, versó sobre esos dos puntos. En la demarcación de esos límites, la Corte extendió la jurisdicción de Nicaragua al este del meridiano 82 hasta donde Colombia la ejerce actualmente, para compensar de esa manera a Managua por lo que consideró una disparidad importante que beneficia a Bogotá.

Al detallar el fallo del tribunal, el juez Tomker definió que las nuevas coordenadas extienden hacia el este la soberanía de Nicaragua, pero mantienen una lengua de jurisdicción colombiana a la altura de las islas de San Andrés y Providencia, así como un radio de 12 millas náuticas alrededor de los cayos colombianos de Serrana y Quitasueño, ricos en peces, langostas y caracoles.

Para el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional Jacinto Suárez, Colombia no tiene más que acatar la sentencia porque de lo contrario “estaría en una situación de ilegalidad internacional”. Días atrás, el Ministerio colombiano de Relaciones Exteriores confirmó que la sentencia tiene carácter inapelable y que colombiano el gobierno acatará su cumplimiento.

Sin embargo, este 19 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos consideró que la Corte Internacional de La Haya “ha incurrido en serias equivocaciones” al fijar los límites marítimos con Nicaragua, y no descartó apelar a recursos jurídicos para buscar alternativas y elevar una demanda de aclaración e interpretación de sentencia al máximo órgano judicial de Naciones Unidas.

Según Santos, la CIJ ha incurrido en “omisiones, errores, excesos, inconsistencias que no podemos aceptar”. En una alocución de 17 minutos, rechazó enfáticamente -en representación de su país- ese aspecto del fallo. No vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos”, resaltó el gobernante, en su sede de la Casa de Nariño.

Es evidente, dijo, que existe una contradicción de este fallo con nuestra Carta Fundamental y con varios tratados internacionales vigentes. Como jefe de Estado, agregó, lideraré la defensa de los intereses y derechos de los colombianos, en especial los de los habitantes del archipiélago. Aseguró que tampoco se tuvieron en cuenta circunstancias a las que se ha debido dar peso, tales como consideraciones de seguridad y acceso equitativo a los recursos naturales.

Inexplicablemente, apuntó, después de reconocer la soberanía de Colombia, sobre todo el archipiélago, y de sostener que éste, como una unidad, generaba derechos de plataforma continental y zona económica exclusiva, la Corte ajustó la línea de delimitación dejando los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo separados del resto del archipiélago.

En su fallo, abundó Santos, el tribunal cometió errores graves que nos afectan negativamente. En vez de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el Tratado Esguerra-Bárcenas (de 1928), resolvió extenderla al norte y al sur del archipiélago. No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el Tratado, que ella misma había declarado válido y vigente, subrayó.

En opinión de Santos, al extender la línea demarcadora hacia el oriente hasta 200 millas de la costa nicaragüense, redujo los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas. Agregó, empero, que, al trazar el límite marítimo fronterizo, la Corte advirtió que este solo prescribe derechos específicos a Nicaragua, y no de soberanía. Y “como los derechos específicos son limitados, la Corte también especificó que esta nueva línea no afecta los derechos de navegación” de los colombianos.

De acuerdo con ese concepto, los habitantes de San Andrés tienen derecho de transitar libremente hacia los cayos de Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo y viceversa, y a derivar sustento de la pesca dentro del área reconocida por la Corte.

Santos reiteró que el Estado se compromete a encontrar mecanismos y estrategias concretas, y con resultados -incluso negociando los tratados que sean necesarios-, para que no se desconozcan en ningún momento los derechos raizales de los sandreseranos. Iniciamos ahora un período de trabajo y concertación de los poderes públicos para analizar los efectos del fallo, en particular frente a nuestra Constitución, y obrar en consecuencia, concluyó.

El gobierno colombiano tiene listo un paquete de medidas de choque para afrontar el nuevo límite marítimo fijado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, varios de cuyos aspectos rechaza. En una próxima alocución, el presidente Santos explicará cuáles son esas medidas y a cuáles herramientas jurídicas recurrirá para canalizar su desacuerdo con “determinadas omisiones, errores, excesos e inconsistencias del dictamen”, a la hora de establecer las fronteras en las aguas extraterritoriales de ambas naciones.

La Corte Internacional de La Haya es un órgano judicial y uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas, cuya misión es resolver las controversias jurídicas sometidas a su arbitrio por los Estados miembros que hayan aceptado previamente su competencia. La componen 15 magistrados que representan los principales sistemas jurídicos del mundo, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU durante un período de nueve años.