La XI Conferencia de partes de la Convención de Diversidad Biológica (CDB) celebrada hace poco en la ciudad de Hyderabad, India, avanzó en el diseño de nuevos mecanismos e instrumentos para “valorizar” y “mercantilizar” los recursos de la biodiversidad, incluidos sus “servicios ambientales”. Los delegados de Bolivia rechazaron una vez más la mercantilización de la vida, pero aclararon que no están en contra “de la comercialización de productos y bienes derivados de la naturaleza y de la biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental”.

La diversidad biológica o biodiversidad es la amplia variedad de seres vivos que habita la Tierra, fruto de millones de años de evolución. Los científicos consideran que la incesante sobre explotación de los recursos naturales, la deforestación, la contaminación ambiental y el cambio climático aceleran el ritmo de extinción de las especies vivas. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, corren peligro de desaparecer el 41% de los anfibios, el 33% de los corales marinos, el 25% de los mamíferos, el 13% de aves y hasta el 30% de las plantas coníferas.

En ese marco, la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra) de Río de Janeiro en 1992 instituyó la Convención de Diversidad Biológica (CDB), que entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, con el objetivo de promover la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y el reparto justo y equitativo de los beneficios procedentes de la explotación de los recursos genéticos.

Con la lógica de que solo se protege lo que “cuesta”, en 2008 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanzó la “Iniciativa de Economía Verde” para incentivar las “inversiones” en ecosistemas y “servicios ambientales” derivados de la diversidad biológica, como por ejemplo la fotosíntesis, la polinización y el secuestro de carbono, considerados desde entonces una “nueva generación de activos”.

El PNUMA y otros impulsores del denominado “capitalismo verde” lograron sus objetivos en la X Conferencia de partes (COP10) de la CDB celebrada en octubre de 2010 en Nagoya, Japón, donde representantes de 193 naciones se comprometieron a “intensificar” la valoración económica de todos los bienes naturales, incluidos los genes y los conocimientos indígenas, a fin de proteger el 17% de las áreas terrestres y el 10% de las áreas marinas hasta el año 2020.

El acuerdo adoptado en Nagoya será recordado como “uno de los más importantes en la historia de la cooperación multilateral y del ecologismo en particular” porque transformará la riqueza natural en un “bien de capital” y dará inicio a un “nuevo orden” económico y ecológico internacional, destacó en la oportunidad el secretario ejecutivo del Convenio sobre Diversidad Ahmed Djoghlaf. (1)

La COP10 del CDB acordó “fomentar la iniciativa de Negocios y Diversidad Biológica como un medio para integrar más la utilización sostenible de la diversidad biológica en el sector privado”, estableciendo “una serie de opciones para la incorporación de la diversidad biológica en las prácticas empresariales”, como por ejemplo mecanismos financieros e incentivos tales como el Pago y compensación de servicios ambientales (PSE) y esquemas de certificación ecológica, entre otros instrumentos.

Se consensuó además un Protocolo sobre el uso y distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos (ABS en inglés), que incluye el “material hereditario contenido en las especies” y los “conocimientos tradicionales con valor económico, científico o social”. También fue creada la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios del Ecosistema (IPBES en inglés), un órgano equivalente al Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) encargado de fortalecer la interfaz científico-normativa sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas.

El 28 de abril de 2012, representantes de más de 90 países reunidos en la ciudad de Panamá consensuaron el diseño operativo final de la IPBES, integrada por representantes de Estados, expertos, empresarios y organismos financieros, informó el PNUMA. Se definió que el IPBES controlará la aplicación de la CDB hasta el año 2020, priorizando “el interés y las capacidades del sector privado… sobre la utilización sustentable de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas como fuente y condición de nuevas posibilidades comerciales…”.

El capitalismo verde avanza

El primer ministro de la India Manmohan Singh inauguró el 8 de octubre de 2012 en la ciudad india de Hyderabad las sesiones de la COP11 de la CDB, con la participación de alrededor de dos mil delegados de 173 países. Los representantes sesionaron hasta el 19 de octubre con el propósito de relanzar el Protocolo de Nagoya. Hasta esa fecha, solo seis países habían ratificado el tratado con carácter vinculante, pero se requería la firma de al menos 50 para que entre en vigor.

La reunión internacional debatió cuatro ejes principales: el plan estratégico y movilización de recursos; biodiversidad y medios de vida; protección de la biodiversidad marina y costera, y ratificación del Protocolo de Nagoya, el cual acordó un plan estratégico hasta 2020 con 20 objetivos orientados a reducir la pérdida de hábitats naturales y explotar racionalmente los recursos genéticos.

Uno de los principales objetivos de la COP11 fue definir instrumentos que permitan generar recursos en un mundo en recesión y crisis económica. Los gastos en la protección de la biodiversidad no debieran verse como costos, sino como “una inversión que se reembolsará con importantes beneficios ambientales, sociales y económicos para todas nuestras sociedades”, afirmó el secretario ejecutivo de la CDB Braulio Ferreira de Souza.

En la COP11 no se definió el monto específico de las aportaciones de los Estados, ni mucho menos un acuerdo marco con estrategias y políticas específicas. Los expertos ni siquiera se pusieron de acuerdo sobre la cifra necesaria, aunque la mayoría coincidió en que ésta fluctúa entre 80 y 100 mil millones de dólares anuales.

En un vago compromiso, los países desarrollados acordaron aumentar sus aportaciones de 5 a 10 billones de dólares anuales a partir de 2015 para cumplir las Metas de Aichi, es decir proteger 17% de las áreas terrestres y aguas continentales y el 10% de las zonas costeras y aguas marinas hasta el año 2020. Además, todos los países se comprometieron a aumentar sus gastos nacionales para la preservación de especies.

Los delegados del Estado Plurinacional de Bolivia advirtieron que la corriente principal en la CDB11 fue “valorizar la biodiversidad y los servicios ambientales con el fin de dar apalancamiento y poder al sector privado y a los mercados en la conservación y uso de la biodiversidad; esto abre una caja de pandora que permite a las fuerzas del capitalismo, mercantilizar todos los aspectos de la naturaleza, poniendo en peligro los medios de subsistencia de las poblaciones indígenas y locales, y de los bienes comunes. Esta visión dota de una nueva forma de colonialismo o ‘colonialismo ambiental’”.

Las objeciones de Bolivia

Los delegados del Estado Plurinacional de Bolivia consideraron importante el avance del Protocolo de Nagoya, pero en base a un mecanismo multilateral de distribución de beneficios fuera del mercado y que garantice que los recursos genéticos no se convertirán en mercancías. Además, enfatizaron que la ratificación del Protocolo de Nagoya no debe ser una condición para que los países en desarrollo accedan a fondos de la ONU para la conservación de la diversidad biológica.

“Un mecanismo multilateral mundial de participación en los beneficios debe basarse en los principios complementarios de los Estados y los pueblos, afuera o lejos de un mercado basado en recursos genéticos, garantizando el acceso y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado a ellos”, plantearon los representantes bolivianos.

Respecto a la consecución de los objetivos de Aichi, Bolivia propuso tener en cuenta en primer lugar los resultados de la Conferencia Río+20, lo que implicaría revisar la “economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza” como la panacea para la conservación de la diversidad biológica, ya que la valoración de la biodiversidad es “sólo una de una parte de la gran variedad de herramientas disponibles para lograr el desarrollo sostenible”. (2)

En la Conferencia de Río+20, el Estado Plurinacional de Bolivia desconoció a la “economía verde” como una herramienta para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y rechazó la mercantilización de las funciones y los ciclos de la naturaleza, y el pago por servicios ambientales.

En la COP11, para evitar el “colonialismo ambiental” en el mundo, la delegación boliviana propuso “reconocer los derechos de la Madre Tierra, que incluye por lo menos los de asegurar la regeneración y la restauración; el derecho a la vida y la diversidad de la vida; reconocer nuevas visiones, enfoques, paradigmas y horizontes culturales alternativos al capitalismo (‘Vivir Bien’…); poner fin a la mercantilización y financiarización de las funciones ambientales de la naturaleza y, en su lugar, fortalecer el papel del Estado y de la acción colectiva en la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus componentes…”. (3)

En este punto, los delegados bolivianos aclararon que el gobierno de Evo Morales está en contra de la mercantilización de las funciones ambientales de la naturaleza, “pero no en contra de la comercialización de productos y bienes derivados de la naturaleza y de la biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental”.

Notas:

1. En enero de este año el ex secretario para la biodiversidad y los bosques del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil Braulio Ferreira de Souza Días fue designado secretario de la Convención, en reemplazo del argelino Ahmed Djoghlaf.

2. Bolivia propuso analizar las Metas de Aichi y los indicadores como parte intrínseca del debate más amplio con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (AGDR), teniendo en cuenta que existen claros vínculos entre las dimensiones sociales, económicas y ambientales en el contexto del desarrollo sostenible. Además, los objetivos, incluyendo los AGDR, deben estar situados en un marco más amplio o paradigma de la sostenibilidad social, económica y del medio ambiente. Por lo tanto, las Metas de Aichi y sus indicadores no pueden analizarse de forma aislada. En ese sentido, el Estado de Bolivia “invitó” a las Partes y a todos los interesados a utilizar el siguiente mensaje en actividades relacionadas con el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (UNDB): “Vivir en armonía con la naturaleza y la Madre Tierra”, (a la luz de la resolución de la ONU 63/278, de 22 de abril de 2009, sobre la designación del Día Internacional de la Madre Tierra).

3. Bolivia solicitó al Secretario Ejecutivo de la Convención un debate acerca de la “Declaración Universal sobre los Derechos de la Madre Tierra”. El reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra es esencial en la implementación de los objetivos del CDB. Esto significa incorporar la comprensión de que la naturaleza es sagrada, es un sistema vivo, y es el hogar sustentable de reproducción de todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad y las personas como una unidad indivisible. “Esta concepción no antropocéntrica de la naturaleza debería permitir el logro de un equilibrio justo entre los intereses económicos, sociales y ambientales en la implementación del objetivo del CDB en todos los países desarrollados y en desarrollo”.