En un fallo emitido el 20 de septiembre de 2012, la sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional el delito de desacato y la aplicación retroactiva de la Ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz. El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia Denis Racicot consideró que “semejante decisión crea confianza en el sistema judicial”.

Desde los regímenes dictatoriales de la década del 70 del siglo pasado, opinar negativamente sobre el rol de funcionarios públicos o respecto a asuntos de interés público era considerado un delito en Bolivia.

El Código Penal tipifica delitos relativos a la función pública y los divide en delitos cometidos por funcionarios y por personas particulares. La figura del desacato contempla tres tipos penales de orden privado cometidos por personas particulares: calumnia, injuria y difamación. Sin embargo, el delito desacato, al ser de orden público, protege al servidor en función pública.

El artículo 162 del Código Penal establece que el que calumnie, injurie o difame a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, sobre todo si se trata del Presidente o Vicepresidente, ministros de Estado, de la Corte Suprema o representantes del Congreso, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años.

Según el diputado del MAS Rodolfo Choque, se sanciona el desacato para “precautelar y prever” que las personas particulares no acusen falsamente al Presidente del Estado, el Vicepresidente, a los Ministros, diputados, senadores y a otros servidores públicos. “Estos funcionarios pueden ser acusarlos de ladrones, delincuentes o corruptos, y si se excluyera en este momento el Desacato del Código Penal, quedarían en indefensión”, opinó el oficialista meses atrás.

En los hechos, el gobierno de Evo Morales hizo uso del tipo penal de desacato para perseguir y castigar a sus enemigos políticos, como por ejemplo el gobernador de Santa Cruz Rubén Costas, los senadores de Convergencia Nacional (CN) Roger Pinto y Carmen Eva Gonzales, y el ex presidente de la Aduana Nacional César López, entre muchos otros procesados por el delito de desacato.

Para citar solo dos ejemplos, el juez VIII de Instrucción en lo Penal Orlando Rojas enjuicia a César López por haber involucrado al actual ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana en un escandaloso caso de contrabando en la zona fronteriza de Pando. De la misma forma, la senadora Gonzales es procesada por acusar al gobernador de Pando Luis Adolfo Flores de crear de tres empresas fantasmas para la construcción de la carretera Nacebe-Nueva América.

Ganan los opositores

En marzo de este año la senadora de CN Carmen Eva Gonzales reveló que su bancada comenzó a redactar un proyecto de Ley para eliminar del Código Penal la figura del desacato porque vulnera el derecho a la libre expresión, y “ha sido abolida por todos los organismos internacionales que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y solamente está vigente en nuestro país”.

Gonzales hizo el anuncio una semana después de haber sido detenida por orden del Ministerio Público por una denuncia de desacato presentada por el gobernador de Pando (MAS). “Los parlamentarios en el ejercicio de nuestras funciones ya no podemos fiscalizar, ni hacer denuncias sobre hechos de corrupción, un derecho que hemos asumido al momento de ser electos”, se quejó la legisladora.

La senadora opositora informó que presentaría una denuncia formal ante la Organización de Naciones Unidas Mujeres, dirigida por la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, solicitando “que pueda remitir un equipo de investigación al país para que investiguen los atropello, violencia y represión de la cual estamos siendo objeto las mujeres en Bolivia, en los diferentes ámbitos del ejercicio de nuestra función”.

El 5 de marzo, legisladores de oposición presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre un recurso de inconstitucionalidad contra el delito de desacato. “Se ha presentado este recurso a demanda de siete senadores de Convergencia Nacional, quienes están siendo procesados y perseguidos con la figura del desacato”, explicó el representante legal de los perseguidos Luis Ayllón. Algunos de los demandantes son Roger Pinto, Carmen Eva González y Yanine Añez.

El TCP tardó seis meses en analizar el caso y el 20 de septiembre emitió su fallo declarando inconstitucional el artículo 162 del Código Penal, que dispone sanciones a quien calumnie, injurie o difame a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. “Ha sido expulsado el tipo penal de desacato, no se requiere otra acción legislativa u otra acción administrativa; simplemente el fallo, por su carácter vinculante, expulsa del ordenamiento al declarar que el mismo es inconstitucional”, precisó el presidente del TCP Ruddy Flores.

Según Flores, la determinación del TCP implica que “a partir de la fecha ya no existe el delito de desacato, consecuentemente no se podrán iniciar nuevas investigaciones respecto al delito de desacato”. Respecto a los procesos judiciales en curso contra políticos opositores, la autoridad reiteró que el TCP “no se pronuncia sobre casos concretos”, pero consideró que seguirán su curso y los jueces determinarán cómo proceder ante todas las denuncias que existen.

En criterio del diputado del MAS Lucio Marca, el TCP ha establecido que el desacato es inconstitucional y “eso significa que a partir de la fecha será inaplicable, y los casos que han sido enjuiciados por esa figura seguramente serán extinguidos”.

Por su parte, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Denis Racicot consideró que el fallo quedetermina que el desacato es ilegal y anticonstitucional tendrá efectos en los casos del pasado, y “es muy difícil que las personas puedan ser encontradas culpables de un delito semejante”.

¿Independencia de poderes o trabajo en equipo?

Según Racicot, con la despenalización del desacato, Bolivia se suma a otros países de la región que decidieron eliminar ese delito en nombre de la libertad de expresión y pensamiento. “Esas decisiones son fundamentales y muy importantes para la independencia judicial en el país; había mucho escepticismo y creo que semejante decisión crea la confianza en el público, que es necesaria para el sistema judicial”, destacó.

Sin embargo, la diputada opositora de CN Norma Piérola recordó que sentencia del Tribunal respondea una petición expresa de legisladores de su partido. Además, “el Tribunal lo único que ha hecho es simplemente aplicar la Constitución Política del Estado y los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos. Es una interpretación saludable y ahora todos los que tienen procesos en ese sentido deberán plantear incidentes de falta de materia justiciable para pedir la extinción definitiva de esos procesos”.

Cabe recordar que fue el propio Vicepresidente Álvaro García Linera quien dijo que era necesario modificar la figura del desacato en el Código Penal, y sustituirla por una reglamentación democrática que “ponga límite” a las calumnias y mentiras y a la “campaña fascistoide”. “Necesitamos sacar el artículo sobre desacato, pero hay que colocar algún tipo de mecanismo que por lo menos obligue al opositor a pensar cinco segundos antes de hablar”, comentó García.

En ese marco, el Vice García anunció que la ministra Nardi Suxo y su persona desistirían de los procesos instaurados contra opositores. Dicho y hecho, el 1 de junio la ministra Suxo desistió oficialmente a la denuncia de desacato contra el senador Pinto “con el afán de evitar que se utilice la denuncia como sustento de imaginarias persecuciones políticas y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 292 del Procedimiento Penal, sin implicar esto aceptación y mucho menos reconocimiento de ninguna de las manifestaciones que se realizaron en mi contra”.

Por otro lado, el TCP emitió un segundo fallo que limita el alcance de la Ley de lucha contra la corrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, la cual no puede ser aplicada de forma retroactiva cuando el hecho por el cual se está juzgando no hubiera sido delito en su momento. Según el ministro de Trabajo Daniel Santalla, el fallo “estaría tratando de debilitar la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”.

Con información de ABI.