Washington, Ginebra y Moscú (PL y Bolpress).- Sharmeka Moffit, una afroestadounidense de 20 años, lucha por su vida después de ser agredida por tres supuestos militantes del grupo racista Ku Klux Klan (KKK), quienes quemaron más de la mitad de su cuerpo, en Winnsboro, Louisiana.

Moffitt hacía ejercicios en una ruta de senderismo en un parque de la ciudad en Winnsboro, cuando tres hombres encapuchados la atacaron, le rociaron un líquido inflamable y le prendieron fuego, lo que le provocó quemaduras de tercer grado, según el diario The Telegraph.

La víctima llamó a la policía y denunció el ataque de los tres hombres con la cabeza cubierta con la tradicional capucha blanca del grupo racista Ku Klux Klan (KKK). La joven agredida permanece en estado crítico en el Centro de Quemados del Hospital Regional en LSU Shreveport.

La hermana de la víctima declaró a medios locales que los atacantes pintaron con aerosol las tres letras K que identifican al clan racista sobre el capó del auto de Moffitt. El nombre de Ku Klux Klan fue adoptado por algunas organizaciones de extrema derecha en Estados Unidos, creadas en el siglo XIX después de la Guerra de Secesión. La cruz ardiente es uno de los símbolos del KKK que promueve, principalmente, la xenofobia, así como la supremacía de la raza blanca, racismo, homofobia, el antisemitismo, anticomunismo y el anticatolicismo.

La senadora Mary Landrieu calificó de cobardes a los agresores de Moffitt. “El ataque atroz de una mujer en un parque de Winnsboro es completamente inaceptable en una sociedad civilizada. Este fue un crimen cometido por personas cobardes y sin corazón, y creo que sus autores deben ser rápida y seguramente conducidos ante la justicia”, dijo la senadora.

La teniente Julie Lewis, portavoz de la Policía Estatal de Louisiana, aseguró que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está averiguando el ataque como un posible crimen de odio. Otis Chisley, presidente de la sección local de la National Association for the Advancement of Colored People, uno de los grupos antiracistas más activos de Estados Unidos, aseguró que “el racismo y las actividades del KKK son una triste realidad en Louisiana”.

El pasado 5 de abril cinco ex policías de Nueva Orleáns fueron condenados a penas de entre 38 y 65 años de prisión por asesinar a varias personas tras el paso del huracán Katrina en 2005. Un tribunal federal inculpó a cuatro agentes implicados directamente en el tiroteo, mientras que impuso seis años de reclusión a un sargento de policía que se encargaba de investigar el hecho y en su lugar accionó para ocultar y distorsionar lo ocurrido, reportó el sitio digital Christian Broadcasting Network.

Menos de una semana después del paso del devastador meteoro que asoló la costa meridional del país, agentes dispararon en el puente Danziger contra ciudadanos de la cosmopolita urbe sureña y mataron a dos de ellos. Una investigación en el estado de Louisiana sobre la conducta policial en los días anteriores y posteriores al paso de Katrina confirmó el encubrimiento y mala conducta que dio lugar a acusaciones contra 20 funcionarios actuales o anteriores.

El proceso investigativo generó frustración dentro de la comunidad sobre las prácticas en el departamento de policía y las condenas injustas. En muchos de los casos las sentencias apenas alcanzaron un tercio del periodo de prisión recomendado por el gobierno y en otros impusieron algo más del mínimo obligatorio requerido por el código penal para este tipo de delito.

Antes de emitir el fallo, el juez Kurt D. Engelhardt, de la Corte Federal de Distrito Este de Louisiana, condenó las sentencias acordadas por los fiscales y alegó estar “sorprendido y profundamente perturbado” por las presiones ejercidas contra los testigos. Se refirió a un “aire de la mentira” que primó en el proceso y señaló que los acuerdos de declaración de culpabilidad ataron las manos del tribunal, representan una afrenta a la corte y hacen un flaco servicio a la comunidad.

De igual manera, el 23 de octubre fiscales del estado de Florida desestimaron cargos contra una pareja miembro de un comando paramilitar racista, supuestamente porque “no se hallaron evidencias criminales en un entrenamiento de tiro para matar ciudadanos negros”.

Jennifer y Mark McGowan habían sido acusados de organizar un curso de adiestramiento castrense que incluía combate cuerpo a cuerpo, disparos de larga distancia y lecturas de textos segregacionistas o de supremacía racial blanca. Ambos imputados, junto con Marcus Faella, líder de la banda American Front, resolvieron prepararse desde mayo para una supuesta guerra multiestatal entre grupos étnicos que eventualmente acontecería en Estados Unidos.

Según testigos de la policía, Faella planeaba incitar motines callejeros en las ciudades de Orlando y Melbourne con la ayuda de grupos anarquistas integrados por cabezas rapadas, en protesta por el asesinato de otro jefe del Front llamado David Lynch. Marcus Faella, Patricia Faella y Mark McGowan habían sido instruidos de cargos por proveer adiestramiento militar ilícito a personal civil, explicó en un comunicado el tribunal del condado Orange-Osceola.

Agentes del FBI detectaron que junto a otro grupo racista denominado Confederados Hammerskins, estos sujetos habían establecido un comando central en un rancho ubicado en el área rural de Holopaw, Florida. Los oficiales describieron a estas organizaciones como un peligroso foco de terrorismo doméstico y recordaron que los Faella habían tenido problemas con la justicia cuando en 1993 lideraron la agrupación violenta “skinhead” Hammerskins.

“Solo era un grupo de ciudadanos reunidos para un picnic campestre. La inclusión de armas en ese evento está protegida por la primera enmienda de la Constitución, no hay pruebas corroborativas de delitos”, explicó el abogado defensor Sam Edwards. Y los jueces de Florida le creyeron.

¿Una tierra de libertad o una hacienda de racistas?

El 6 de abril de este año el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de San Francisco, California, nombró una comisión especial para investigar a un juez federal por enviar un correo electrónico con comentarios racistas sobre el presidente Barack Obama. El juez de distrito Richard Cebull envió en febrero un email desde su oficina en el palacio de justicia en Montana, el cual contenía una broma racista y misógina sobre la madre del mandatario.

Bajo el título “La memoria de una madre”, el magistrado escribió: “Mamá, ¿cómo es que soy negro y tú blanca? La madre respondió: ‘Ni andes ahí, Barack! Por lo que recuerdo de esa fiesta, tienes suerte de que no ladres’”. La difusión del texto en los medios provocó un gran revuelo nacional y llamadas de grupos de derechos humanos, líderes de derechos civiles y grupos de vigilancia del gobierno, los cuales exigieron la renuncia de Cebull. El hecho también dio lugar a por lo menos tres quejas contra el juez por mala conducta judicial, destacó el diario USA Today.

Alex Kozinski, juez de la Corte de Apelaciones, nombró una comisión para investigar la situación. Travis McAdam, director de la Red de Derechos Humanos de Montana, una de las organizaciones que presentó una denuncia, manifestó su complacencia por la decisión. El juez Cebull negó ser racista y explicó que envió la broma a sus amigos porque “no es un fan” del jefe de gobierno. Aseguró que al día siguiente escribió a Obama pidiendo disculpas a él y su familia, pero su broma fue una prueba más del racismo que corroe las entrañas de la autoproclamada “tierra de la libertad”.

En abril de este año organizaciones defensoras de los derechos civiles en Estados Unidos denunciaron que los bancos discriminan a hispanos y afroamericanos en procedimientos de viviendas embargadas, términos de mantenimiento y estrategias de mercadotecnia. La presidenta de la Alianza Nacional para la Vivienda Justa (NFHA en inglés) Shanna Smith declaró que de una forma abrumadora, los bancos “registran negligencia y maltrato de manera desproporcionada en las comunidades de color”.

La ejecutiva de la NFHA destacó que los resultados de una pesquisa reciente permitirá demandar a las compañías financieras ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y ante la justicia federal. La investigación titulada “Los bancos se han recuperado, nuestros vecindarios no”, examinó la situación de 1.036 propiedades embargadas en Atlanta, Washington, Daytona, Miami, Dallas, y Phoenix, entre otras ciudades.

“Los bancos operan para desalentar a compradores potenciales a adquirir propiedades en comunidades de color, limitan oportunidades y bloquean a los propietarios en la obtención de préstamos hipotecarios”, revela el estudio y precisa además que de las propiedades embargadas en comunidades de color, 42% tuvo más probabilidades de presentar más de 15 problemas de mantenimiento que las residencias embargadas en barrios blancos.

Por otro lado, un reciente estudio en el estado de Iowa demostró que entre los años 2004 y 2006 el gobierno estatal aplicó medidas discriminatorias por concepto de raza en la contratación de empleos. El informe emitido por CPS -Servicios de Recursos Humanos-, revela que un número significativamente menor de afroamericanos calificados profesionalmente fueron seleccionados para las entrevistas de trabajo o contratados en las posiciones disponibles.

Según las cifras ofrecidas, el 88% ciento de los candidatos calificados para puestos de trabajo en ese período de tiempo eran blancos, y el 91,33% de todas las personas entrevistadas para ocupar nuevos empleos también era de raza blanca. Los aspirantes de raza negra considerados “idóneos” representaron el 5,97% de los solicitantes, pero sólo se entrevistó al 3,47% de ellos. El informe indicó que las discrepancias entre el éxito de los candidatos blancos sobre los afroamericanos eran tan amplia, que la única posibilidad que puede atribuirse a este fenómeno es a una política de discriminación racial.

Los especialistas citaron además la aplicación del Test de Asociación Implícita (IAT en inglés) para demostrar cómo los prejuicios inconscientes en contra de los afroamericanos pueden influir en el comportamiento de los funcionarios de Iowa respecto a la contratación de empleos y la aplicación de prejuicios raciales.

La discusión sobre la aplicación de medidas discriminatorias en el estado Iowa se intensificó después de que el juez de distrito Robert Blink emitió un fallo desfavorable a una demanda colectiva que afecta a seis mil aspirantes que solicitaron puestos de trabajo desde 2003. El veredicto judicial de Blink frustró los intentos para que el gobierno de Iowa pagara decenas de millones de dólares en salarios perdidos, y cambiara sus políticas de contratación eliminando las disparidades.

Protestas contra el racismo resuenan en EE.UU.

Las tensiones raciales en Estados Unidos se agravaron luego del asesinato del adolescente Trayvon Martin en febrero pasado en la ciudad de Sanford, Florida, y de otros hechos de violencia reportados en los últimos meses en Pasadera, California, y en Chicago.

Miles de miembros de la comunidad afroestadounidense de Chicago se movilizan desde marzo de este año para protestar públicamente por la muerte de una joven negra de 22 años abatida a balazos por un policía en el área de Douglas Park. Rekia Boyd falleció luego que un patrullero disparó contra un sujeto que conversaba a pocos metros de ella y que supuestamente esgrimió una pistola.

Boyd recibió un proyectil directo en la cabeza, mientras que otros transeúntes también quedaron heridos por los 10 disparos del oficial. El hermano de Rekia, Martinez Sutton, denunció que la policía trabajó lento para esclarecer el suceso, y sancionar al uniformado homicida, quien se encontraba en paradero desconocido.

Este hecho de sangre surgió en una etapa de conmoción mediática y cívica por informaciones sobre otros crímenes y delitos relacionados con odio racial en Connecticut, California y Florida. Por ejemplo, el 24 de marzo fue acribillado a balazos el joven afroestadounidense Kendrec McDade en un callejón de California. Los patrulleros involucrados en el asesinato incumplieron ordenanzas elementales del Departamento Policial de Pasadena (DPP), California, admitieron las autoridades.

McDade, de 19 años, recibió varios impactos en el pecho y en el momento del incidente solo cargaba un reproductor de audio digital. Trascendió que los patrulleros asesinos, Jeffrey Newlen y Mathew Griffin, nunca activaron el sistema de grabación de video de sus carros en el proceso de detención de McDade.

Newlen y Griffin alegaron que esa noche respondieron a un pedido de auxilio de un sujeto a quien supuestamente dos hombres armados le robaron una computadora. Se trataba de un Código Clave 3, utilizado en robos a mano armada, y el protocolo reglamentario es activar las secuencias de filmación y las sirenas, reconoció el jefe policial del DPP Phillip Sanchez.

Desconocemos la razón por la cual no se cumplieron esos requisitos, agregó el funcionario, pero líderes de la comunidad afroamericana aseguraron que con esa maniobra algunos agentes intentaron cubrir evidencias y rastros de procedimientos inadecuados. Este incidente, en el que dos uniformados blancos disparan contra un adolescente negro, incrementó las tensiones raciales en el sur de Estados Unidos, ya conmovido por el asesinato de Trayvon Martin, en Orlando, el pasado 26 de febrero.

Se conoce que el joven Martin iba desarmado y hablaba por teléfono con su novia a la hora del suceso. Murió por un disparo en el pecho que le propinó el vigilante policial George Zimmerman de 28 años, quien alegó haber actuado en defensa propia y quedó libre.

El guardia de seguridad había argumentado que el muchacho lo persiguió, lo amenazó y finalmente lo golpeó en la cabeza y cara. Sin embargo, la cadena ABC News divulgó un video policial donde Zimmerman aparece completamente sano y sin moretones o huellas de pelea, minutos después de haber matado al chico de 17 años en plena calle. Además, los analistas informáticos Tom Owen y Ed Primeau confirmaron que los gritos de auxilio escuchados en una grabación pública del día del incidente no son precisamente de Zimmerman, y más bien parecen proceder de Martin o de una tercera persona.

Un mes después de asesinar al joven negro, Zimmerman continuaba en libertad y sin cargos en su contra, lo cual destapó fuertes cuestionamientos sobre el racismo prevaleciente en la sociedad estadounidense. El caso dio paso a una ola de movilizaciones de la comunidad afroestadounidense sobre todo en California, Nueva York y Florida.

El asesinato motivó masivas protestas y denuncias públicas de personalidades como el ex candidato presidencial Jesse Jackson, el reverendo Al Sharpton, el cineasta Spike Lee y el congresista demócrata Bobby Rush. Líderes de la Asociación para la Defensa de los Derechos Civiles, la Federación para el Progreso de la Gente de Raza Negra, y el Gremio Nacional de Periodistas Negros demandaron al gobernador Rick Scott y a la Casa Blanca el arresto del atacante.

Nos hemos convertido en una nación desatinadamente violenta. Si un negro mata a un blanco, para el primero es la cárcel rápido. Si un blanco mata a un negro, entonces significa que es tiempo de revueltas, comentó el líder por los derechos civiles Jesse Jackson. Es así que el 3 de abril el FBI inició su propia investigación sobre el asesinato del adolescente Martin y comenzó a interrogar a posibles testigos del asesinato como parte de una “investigación paralela” para determinar si los derechos civiles de Martin fueron violados, reportó la cadena televisiva CBS News.

Cuatro días después, el 7 de abril, jóvenes de varias ciudades sureñas en Estados Unidos iniciaron una marcha de 66 kilómetros hasta la comunidad de Sanford, para promover justicia e igualdad racial en el país. La movilización denunció además las irregularidades judiciales luego del asesinato del joven negro. La magistrada Angela Corey, quien lideraba las investigaciones, explicó que a tenor de la controvertida ley floridana conocida como “dispara primero” sería casi imposible plantear una acusación oficial.

Zimmerman fue arrestado y liberado por la policía de Sanford cuando alegó que había actuado en defensa propia, y desde el 23 de abril estuvo en libertad, después de pagar una fianza de 150 mil dólares. El Nuevo Partido Panteras Negras activó una recompensa de 10 mil dólares por la captura de Zimmerman, quien había permanecido encerrado en su vivienda desde finales de febrero. Mikhail Muhammad, líder de la organización radical afroestadounidense, declaró que este será “un evento de ojo por ojo y diente por diente, 10 mil negros se preparan para aprehender a Zimmerman. Si la policía no lo hace, lo haremos nosotros”.

El 11 de abril Zimmerman fue acusado formalmente de homicidio en segundo grado por la fiscal especial Angela Corey, quien previamente confirmó que no presentaría este expediente ante un Gran Jurado, lo que significa que la imputación de asesinato en primer grado jamás era una opción a considerar.

Despiden al alguacil de Stanford

El 15 de mayo el capitán Brian Beckmann, integrante del departamento de Bomberos del condado Miami-Dade, en la Florida, fue degradado por comentar en la red digital Facebook acerca del asesinato de Martin. Beckmann publicó un mensaje el 11 de abril, que motivó la creación de una comisión investigadora disciplinaria, la cual concluyó que el comentario alteraba la reputación del Departamento de Bomberos.

“Yo y mis compañeros de trabajo podríamos rescribir el libro sobre si los jóvenes son víctimas de prejuicios racistas o si son productos de un fallido, ignorante y patético estado de asistencia social para sus padres”, decía el mensaje publicado por el capitán de bomberos. El veredicto concluyó que el mensaje ofrece una imagen negativa, así como “ha traído mala fama a toda nuestra organización como resultado de la referencia a sus compañeros de trabajo”.

Empero, el presidente de la Asociación Internacional de Bomberos Rowan Taylor emitió un comunicado a través de un correo electrónico, reconociendo su desacuerdo con el descenso de categoría de Beckmann. “Como presidente del sindicato, creo que esta medida es excesiva. De inmediato se presentará una apelación ante un árbitro independiente”, comentó.

El 21 de junio, cuatro meses después de la muerte de Trayvon Martin, autoridades policiales en Florida despidieron al alguacil del condado Sanford Bill Lee debido a su cuota de responsabilidad en el asesinato del adolescente negro.

Implementamos una amplia indagación y concluimos que la ciudad de Sanford necesita a un jefe de la seguridad pública en quien pueda confiar y respetar. Estamos ahora en la búsqueda de un nuevo sheriff y durante las próximas tres semanas el vicejefe Richard W. Myers permanecerá en el cargo de forma interina, comunicó el comisionado departamental Norton Bonaparte.

Simultáneamente, el juez del condado Seminole Kenneth Lester ordenó a Zimmerman regresar a la cárcel tras conocer que el inculpado por homicidio en segundo grado había mentido a la justicia en relación con la cantidad de dinero y financiación disponible en su cuenta. Lester confirmó que el guardia de una empresa privada tiene más de 135 mil dólares en el banco, pese a que había alegado bajo juramento y ante la corte que la suya era una familia prácticamente indigente.

El juez a cargo del expediente penal estableció el 5 de julio una nueva fianza de un millón de dólares en contra de Zimmerman, no obstante voceros de la procuraduría aclararon que el reo cumplía si solo pagaba el 10% de esa cuota.

El 17 de julio el vigilante Zimmerman enfrentó una segunda denuncia relacionada con presunto abuso sexual contra una mujer durante una década. La víctima fue identificada por la fiscalía solo como Testigo Nueve y trascendió que es una prima del acusado maltratada desde que tenía siete años.

El fiscal acusador Benjamin Crump aseguró que los nuevos datos son de vital importancia para que la corte conozca el historial de violencia, manipulación e inestabilidad mental del individuo. Las declaraciones de la denunciante fueron difundidas a la prensa por expertos del FBI en una audiencia para esclarecer el caso del homicidio en segundo grado de Trayvon Martin.

Enjuician al alguacil más racista de EE.UU.

El aguacil del condado de Maricopa, Arizona, autoproclamado como el “sheriff más duro de Estados Unidos” ha sido criticado por obligar a los presos de origen hispano a vestir ropa interior de color rosa y a realizar duros trabajo en cuadrillas. Además, un gran jurado federal en Phoenix investiga si Arpaio utilizó su autoridad para intimidar a los opositores políticos y si su oficina malversó dinero del gobierno.

La oficina policíaca dirigida por Arpaio está bajo investigación federal desde 2008, y el Departamento de Justicia lo acusa por violar los derechos civiles de los hispanos. A fines del año pasado, esa instancia emitió un reporte en el que acusa a la oficina del alguacil de etiquetar racialmente a los hispanos, basar la implementación de las leyes de inmigración en quejas ciudadanas con carga racial y castigar a los reclusos hispanos por hablar español en la cárcel.

Arpaio está involucrado en un “patrón o práctica de inconstitucionalidad policial” por parar, detener y arrestar de forma ilegal a los inmigrantes hispanos. Entre las acusaciones a la policía de Maricopa destaca que los prisioneros latinos son castigados si no entienden las órdenes en inglés y se les niega el acceso a servicios básicos tales como ropa nueva, e información acerca de los programas de liberación temprana.

El 4 de abril, el Departamento de Justicia amenazó con demandar al aguacil, tras fracasar las negociaciones por acusaciones de discriminación en el estado de Arizona. Arpaio se negó a aceptar a un monitor designado por la corte para supervisar los cambios en su oficina, uno de los requisitos del Departamento de Justicia.

El fiscal general Adjunto Roy L. Austin Jr. escribió una carta al abogado de Arpaio en la cual comenta que el controvertido aguacil “está perdiendo el tiempo y no negocia de buena fe. Sus tácticas han provocado al Departamento de Justicia desperdiciar tiempo y recursos valiosos”.

Pese a ser blanco de duras críticas, el 18 de junio la oficina de Arpaio arrestó a una niña de seis años, sospechosa de haber entrado en el país de forma ilegal, el mismo día que la administración del presidente Barack Obama anunció la suspensión de las deportaciones de jóvenes indocumentados, reportó el diario The Huffington Post. La menor, de origen salvadoreño, viajaba junto a otros 15 eventuales indocumentados hacia el centro y noreste del país. Los sospechosos pagaron entre 300 y 3.500 dólares para cruzar de manera ilegal, alegó la oficina del sheriff Arpaio.

Un mes después comenzó el juicio contra el polémico alguacil del condado de Maricopa. Cinco hispanos interpusieron la demanda original. La acusación indica que las detenciones comenzaron en 2007, cuando varios agentes guiados por Arpaio comenzaron a detener personas de origen hispano para investigarlas sobre su estatus migratorio, utilizando pretextos sin fundamento.

Este juicio es independiente de la querella interpuesta en mayo por parte del departamento de Justicia contra Arpaio y su oficina, que acusa al sheriff de discriminar a los residentes hispanos y ejercer represalias contra sus críticos. Arpaio es un adicto al racismo que esconde una personalidad débil detrás de una coraza antiinmigrante, definió Javier Sicilia, líder de la caravana mexicana Por la Paz que recorrió 27 ciudades de Estados Unidos.

El caso del controvertido sheriff de Maricopa es apenas uno de los 17 procesos que ejecuta la División Civil del Departamento de Justicia ante denuncias de abuso policial y discriminación. Actualmente están bajo escrutinio de la justicia los departamentos de policía de Nueva Orleans, Newark, Seattle, Puerto Rico, Portland, Oregon, y en East Haven, Connecticut.

Una investigación del Departamento de Justicia reveló que Terry Johnson, alguacil del condado de Alamance, en Carolina del Norte, violó los derechos constitucionales de hispanos sin una causa justificada. Johnson y sus agentes aplicaron detenciones sin orden judicial, con la intención de elevar el número de deportaciones, hecho que fue calificado por los investigadores de discriminación racial contra los hispanos.

El informe del Departamento de Justicia señala además que el sheriff de Alamance obstruyó la investigación federal que se estaba realizando desde 2010, al retener documentos solicitados y falsificar expedientes. El alguacil Johnson dijo a la prensa en una conferencia que los hallazgos carecen de fundamento y que el gobierno del presidente Barack Obama “ha decidido librar una guerra contra las autoridades locales”.

Afiliado al Partido Republicano, el sheriff Jonson fue elegido para ocupar esa posición en 2002, y promueve un programa federal que permita a los agentes policiales verificar la situación migratoria de los conductores, en una maniobra que generaba deportaciones de inmigrantes. Durante un encuentro con la prensa, el policía se refirió a los latinoamericanos como “comedores de tacos”, propensos al alcoholismo, al comercio de drogas y a cometer otros delitos.

También este año, el Departamento de Policía de Los Angeles (DPLA), California, reconoció por primera vez en 35 años la existencia de racismo entre sus oficiales. Una investigación interna encontró culpable al patrullero Patrick Smith, con 15 años de servicio, de aplicar un perfil racial a la hora de aplicar multas de tránsito.

El agente fue separado temporalmente de sus funciones. La acusación representa la primera revelación pública de un problema que fue denunciado por organizaciones civiles desde los años 70 del siglo pasado, sin que hasta el momento se confirmara algún castigo.

El 25 de septiembre, dirigentes sindicales y comunitarios hispanos exigieron en Nueva York la aprobación de la Ley de Seguridad Comunitaria, una reforma legislativa para poner freno a las acciones racistas del Departamento de Policía de esa ciudad (NYPD).

Reunidos frente a la escalinata del ayuntamiento neoyorkino, los líderes de las agrupaciones que organizaron la cita pidieron a las personas allí reunidas que contacten a sus representantes políticos para que respalden esta legislación. Hicieron además un llamado de movilización para el próximo jueves frente al edificio municipal en apoyo de la misma.

Los manifestantes denunciaron que la táctica policial conocida como parar y registrar no está cumpliendo su objetivo de lograr una ciudad más segura e incrementa la desconfianza de la comunidad, especialmente entre los latinos y afroamericanos. La propuesta de ley, para enmendar el código administrativo de la ciudad, plantea que la policía notifique la razón de la detención y obtenga prueba de consentimiento del individuo a quien va a registrar. Igualmente, exige que los arrestos no se hagan por perfil racial o de odio, que las autoridades policiales se identifiquen y establecer una oficina de inspección general con el fin de proporcionar supervisión independiente del NYPD.

Steve Kohut, representante del Comité de Justicia, denunció haber sido víctima de varias paradas y registros policiales sin justificación alguna. Por su parte, la congresista Nydia Velásquez, de origen puertorriqueño, dijo a medios de prensa que “si me para la policía, me tienen que explicar qué clase de comportamiento o crimen he cometido”.

Héctor Figueroa, representante de SEIU 32BJ, el mayor sindicato de trabajadores de servicios en Estados Unidos con más de 120 mil miembros, comentó que muchos de sus afiliados terminan su trabajo a medianoche y se convierten automáticamente en sospechosos, solamente porque reúnen el perfil racial. La mayor parte de los miembros de SEIU 32BJ son trabajadores de limpieza de oficinas, oficiales de seguridad, porteros, trabajadores de mantenimiento, conductores de autobuses, limpiadores de escuela y trabajadores de servicios de alimentos.

Cuba denuncia el doble rasero y Rusia critica el fariseísmo estadounidense

En la cuarta reunión del Comité Ad Hoc sobre Elaboración de Normas Complementarias, órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos, celebrada en Ginebra en abril de este año, el representante cubano Juan Antonio Quintanilla denunció el doble rasero y la hipocresía de los países occidentales en el combate al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.

Mientras estos problemas se acentúan, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) trataron de obstaculizar los trabajos del Comité Ad Hoc, e intentaron impedir la adopción del programa de trabajo, llegando incluso a amenazar con bloquear la sesión, reveló Quintanilla. Debido a la oposición de estos países, el Comité Ad Hoc se ha visto imposibilitado de avanzar en la elaboración de normas complementarias a los instrumentos internacionales existentes en materia de derechos humanos.

“No es verdadero el supuesto compromiso de estos países en la lucha contra el flagelo de la discriminación. Por el contrario, en los países desarrollados aumentan los partidos políticos y las asociaciones con un marcado carácter antiinmigrante, xenófobo y racista”, afirmó.

El representante cubano señaló que en la actualidad surgen nuevas y sofisticadas formas de discriminación, sin que en muchos casos se vea una voluntad política para eliminarlas. En el norte industrializado -dijo- prefieren mantener el estatus quo en virtud del cual se acentúan los ataques contra inmigrantes, el tratamiento humillante a minorías como los gitanos y las leyes antiterroristas basadas en estereotipos racistas y xenófobos.

Por otra parte, el 22 de octubre el jefe del comité parlamentario de Relaciones Internacionales de la Duma rusa (cámara baja) Alexei Pushkov criticó en Moscú “el fariseísmo de Estados Unidos en materia de derechos humanos”, durante una audiencia parlamentaria consagrada a las violaciones de los derechos humanos en la “tierra de la libertad”.

El diputado y analista político aclaró que no se trata de un ejercicio de propaganda antiestadounidense, sino que “consideramos inadmisible la usurpación del tema”, en alusión al papel de abanderado defensor de los derechos humanos que se abroga Washington.

En los últimos tiempos, dijo Pushkov, se ha tratado de imponer a la comunidad internacional el supuesto criterio de que Estados Unidos tiene el derecho de criticar a otros países, como si ellos no tuvieran esos problemas, lo cual no es así. Deploró los dobles raseros que en esa línea practica el gobierno estadounidense, al evaluar los actos de otras naciones por una escala de juicios distinta a la que emplea respecto a su país o a “estados aliados”.

El parlamentario dijo que en Rusia existen, como en cualquier otro país, problemas en la observancia de los derechos humanos, pero a diferencia de Estados Unidos “no tenemos cárceles secretas en el extranjero y no secuestramos a personas”. Evocó así las denuncias contra el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia por el uso de prisiones ilegales en varios países europeos para torturar y condenar extrajudicialmente a sospechosos de terrorismo.

Entre las recomendaciones presentadas por la Duma se exhorta a la Cancillería a llevar a cabo una línea para contrarrestar la política de Estados Unidos, basada en el uso de “concepciones defensoras” como instrumento de presión política y de injerencia en los asuntos de los estados soberanos. Al mismo tiempo, la cámara baja rusa sugirió a la Casa Blanca la suspensión inmediata de la pena de muerte y el reconocimiento de la competencia de los comités para la eliminación de la discriminación racial y contra la tortura.

En opinión de los diputados, los tribunales estadounidenses deberían endurecer los castigos por las manifestaciones de racismo, discriminación religiosa, xenofobia y otras expresiones de intolerancia, e investigar con objetividad y sin dilaciones las denuncias sobre las detenciones ilegales, fraguadas por Estados Unidos en su campaña global de lucha contra el terrorismo, en franca violación de los derechos humanos.

Al respecto, coincidieron también los expertos rusos, el gobierno estadounidense debería cerrar la prisión en la base militar en la bahía de Guantánamo -territorio que ocupa ilegalmente en la parte oriental de Cuba- y trasladar la causa de los prisioneros a los tribunales civiles.