Los conflictos sociales en Bolivia no solo se han convertido en hechos recurrentes en la cotidianidad nacional hasta el punto de marcar anualmente nuevos records en su cantidad y violencia, sino que también han despertado un sinnúmero de análisis e interpretaciones acerca de su origen, significado e importancia de cara a la historia, la democracia, la gobernabilidad o el Estado.

Tal es así que al referirse a los conflictos sociales y sus actores, inclusive se han generado nuevas conceptualizaciones para contribuir a su comprensión y análisis. Es el caso por ejemplo de los conceptos de “potencia plebeya” que hace referencia a la fortaleza y capacidad que los sectores populares suelen acumular en determinadas coyunturas, o el “horizonte de posibilidad” que suele abrirse en determinadas situaciones de revuelta popular y coyunturas de cambio, cuando se generan condiciones para la realización de transformaciones profundas.

También se han realizado contribuciones intelectuales orientadas a explicar su origen, como aquella muy difundida que entiende a los conflictos sociales como una expresión corriente de las sociedades vivas, en la que los conflictos expresan precisamente su dinámica y las contradicciones que genera la sociedad. Al respecto, por ejemplo, el Vicepresidente Alvaro García Linera ha ejercitado una explicación a la proliferación de los conflictos sociales en el país, aduciendo que ellos se deberían a la lucha y la disputa que los sectores sociales emprenden por la redistribución de los recursos y la riqueza nacional, que se producen como resultado del manejo de la economía y la producción. Es más, que este tipo de disputas y conflictos se traducirían en lo que se ha dado en llamar las “tensiones creativas” que ejercitan los sectores sociales como una expresión del proceso de cambio que se encuentra en marcha.

En fin, inclusive se han ensayado iniciativas muy acordes a una visión neoliberal y de mercado en la que aprovechando el elevado grado de conflictividad y la proliferación de situaciones de movilización social (pero arguyendo y resaltando su adhesión y contribución a elevados principios asociados a la cultura de la paz, la convivencia pacífica, u otro tipo de argumentos), se han promovido escuelas de formación y hasta especializaciones en manejo de conflictos, que se encuentran muy en sintonía con la oportunidad de promover nuevos “nichos” de mercado y empleo (más que una real preocupación por contribuir a la resolución pacífica o la prevención de los mismos), para desarrollar las capacidades y el “expertice” requerido a un adecuado desempeño en situaciones de riesgo y de tan alta sensibilidad social que afectan al desenvolvimiento cotidiano de los ciudadanos y el propio Estado.

Ahora bien, efectuando una somera diferenciación de los diversos conflictos que han sucedido en el pasado reciente y lamentablemente como parte del proceso de cambio y transformación que encara nuestro país, podemos establecer que una cantidad apreciable de los mismos (cuya repetición se va haciendo crecientemente preocupante), está dando lugar al surgimiento de casos cuya lógica de razonamiento y sentido de ser, se encuentran en contramarcha y total contradicción con principios elementales del sentido común y, peor aún, de una contribución a las tareas de cambio que deben enfrentarse.

Se trata por ejemplo de los casos de aquellos avasalladores que reclaman y presionan para que el Estado legalice tierras o propiedades usurpadas de manera violenta e ilegal; es el caso de los llamados “chuteros” y contrabandistas que (no solo ahora que han decidido bloquear carreteras del país, sino también en gestiones pasadas), vuelven a reclamar y exigir nuevas “amnistías” para que se legalice lo ilegal en una sucesión interminable de perdonazos que ya se han concedido en el pasado; o el caso de evasores y/o deudores de impuestos que demandan la aprobación de medidas para no pagar obligaciones tributarias, multas y sanciones en cumplimiento de las obligaciones que tiene todo ciudadano.

También se puede mencionar casos referidos a grandes propietarios de tierras que yendo en contra de las disposiciones agrarias y constitucionales en vigencia, demandan la otorgación de “pausas” en la verificación de la función económico social (FES) de las tierras que detentan, cuando todos saben que se trata del principal requisito para justificar el derecho de propiedad y la legitimidad de su tenencia. Es el caso de militares de alta graduación (y por tanto responsabilidad), que desde hace varios años insisten para que el gobierno pueda liberarlos (con las medidas legales correspondientes), de la responsabilidad por los muertos, heridos y la represión desatada en contra del pueblo.

En fin, no es menos llamativo el caso de empleados de algunos lugares de dudosa reputación, donde se han producido estremecedores casos de violencia, muerte, robos, tráfico de diversa índole, etc., etc., que demandan por la impunidad en la investigación, conocimiento y divulgación de los graves hechos que suceden en esos recintos, a título de defender sus derechos al trabajo y contra lo que entienden como un periodismo perverso que, según ellos, debería ser anulado.

Parecería como si se tratase de asuntos para no creer, y en realidad no lo son, aunque parezcan responder a una imaginación afiebrada o extraordinariamente fecunda; sin embargo, lo que aquí importa es (más allá de la tentación absurda por explicar este tipo de casos como una expresión de la libertad y la apertura democrática que vivimos), que denotan un claro deterioro, desgaste y retroceso en la marcha del proceso, en ausencia y capacidad para plantearse y emprender tareas y objetivos mayores, de modo que puedan comprometer y unificar la fuerza y la voluntad popular que claramente va optando por objetivos sectarios, corporativos y excluyentes, inclusive a costa de adoptar derroteros incomprensibles, ilegales y hasta retrógrados.

* Sociólogo boliviano.