(CEPRID/TDSP/CISAL *).- En 1991 funcionarios de la petrolera Maxus extrajeron sangre a indígenas waorani de Ecuador con el fin de obtener material genético, y se sospecha que el Instituto de investigaciones médicas Coriell de la Universidad de Harvard comerció con el ADN del pueblo indígena. El presidente Rafael Correa reveló que au gobierno estudia “los mejores mecanismos para llevar el caso ante tribunales internacionales”.

Alicia Durán Ballén, hija del presidente del Ecuador Sixto Durán Ballén (1992-1996), fue testigo de honor de la firma de un “convenio de amistad” por 20 años, -redactado en inglés-, entre la petrolera estadounidense Maxus y el pueblo Waorani ubicado en la Amazonía, y que había permanecido aislado de la “civilización occidental”.Con ese convenio, la Maxus consiguió entrada libre en ese territorio ancestral para explotar campos petroleros.

Hombres, mujeres y ancianos waorani, un pueblo amazónico compuesto por unos 3 mil miembros, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cayeron en las garras de la petrolera con la colaboración incondicional de la hija del Presidente, quien, para facilitar la firma del convenio, generosamente regaló a una de las mujeres waorani unos aretes de fantasía o bisutería. A cambio recibió una pechera Waorani.

Alicia Durán Ballén le preguntó al agregado de negocios de la embajada yanqui: “¿Crees que ganamos con el cambio?”. El asesor yanqui, con una sonrisa de oreja a oreja, le respondió: “Así ganamos Manhattan”. Con collares, cuentas de vidrio, espejos, además de la espada y la cruz, los españoles conquistaron lo que hoy es América Latina.

De esa manera comenzó un calvario para los waorani a los que engañaron con baratijas, incluso para extraerles sangre, para luego venderla por lo menos a ocho organismos internacionales, para que efectuaran estudios del ADN y otros experimentos que les permita ampliar el negocio de la biopiratería.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador investigó el caso por el lapso de dos años, al cabo de los cuales decidió denunciar a una entidad médica estadounidense que comercializó ilegalmente material genético de indígenas amazónicos, denuncia que se fundamentó en testimonios de aborígenes waorani. (Resolución de la Defensoría del Pueblo, 27 de junio de 2012)

El hecho ocurrió entre los años de 1990 y 1991, en la comunidad Yawempare, parroquia Dayuna, del cantón Coca, en la provincia de Orellana. Por testimonios de indígenas se sabe que dos expertos estadounidenses, uno de los cuales era médico de la petrolera Maxus, extrajeron sangre a los nativos con el pretexto de que lo hacían para examinar su salud y entregar medicamentos. Pero la supuesta ayuda jamás se concretó y nunca conocieron cuáles fueron los resultados de las muestras recogidas.

En el expediente de la Defensoría se revela que los brigadistas “se aprovecharon de la situación para realizar estudios genéticos no solo del ser humano, sino también de las plantas y animales, y también apropiarse de los conocimientos de los pueblos indígenas”.

En el documento existen informaciones y datos no refutados que señalan que las muestras habrían sido entregadas a un científico de la Escuela Médica de la Universidad de Harvard, pero su nombre no se menciona, y, posteriormente, llegaron al Instituto Coriell, un centro de estudios médicos con sede en el Estado de Nueva Jersey.

Según la investigación de la Defensoría, “se comprobó que el Instituto Coriell posee ilegalmente desde el 18 de diciembre de 1991 muestras de sangre” de gente de la etnia y “desde 1994 hasta la actualidad este laboratorio ha distribuido un total de siete cultivos celulares y 36 muestras a ocho países”, venta efectuada a través de su página de Internet.

“Se han vulnerado flagrantemente los derechos a la identidad cultural, al consentimiento previo, libre e informado para la extracción y uso de recursos genéticos y a la integridad personal del pueblo waorani”, afirma la Defensoría. Además, el hecho constituye una flagrante violación de la Constitución de Ecuador, que prohíbe “el uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos”.

El abogado Patricio Benalcázar, cuando ejercía las funciones de Defensor del Pueblo, declaró que “las finalidades (del robo del ADN) las desconocemos aún, pero pueden ser de orden científico o cualquier otro, pero lo están haciendo de muestras de sangre, de elementos genéticos que son parte del patrimonio de un pueblo”.

A partir de la denuncia, las nacionalidades indígenas se organizan para evitar que nuevamente sean engañados. Por medio de la radio comunitaria Waorani se ha comunicado a todos sus miembros que deben estar atentos a las personas que ingresan a su territorio, así como las actividades que realicen durante su estadía. Las únicas brigadas médicas autorizadas para entrar al pueblo indígena serán aquellas que tengan permiso del Ministerio de Salud. Quienes vayan a entrar a territorio waorani primero deben informar lo que harán y cuál es la finalidad de su visita.

“No vamos a permitir que el pueblo waorani vuelva a ser engañado”, sentenció Kawetipe Yeti, presidente de la nacionalidad indígena radicada en la selva amazónica. Mediante una carta, el dirigente solicitó una audiencia directa con el presidente Rafael Correa para abordar a fondo la problemática que, según dice, no es un hecho aislado. Lo que más preocupa a Yeti es saber “cómo fue posible que los brigadistas extranjeros pudieran sacar del país las muestras de sangre sin que el Estado lo supiera”.

La dirigencia indígena estudia la posibilidad de llevar el caso considerado de violación a los derechos humanos a las cortes internacionales, si no obtiene una respuesta oportuna por parte del Estado. No obstante, la ministra coordinadora de Patrimonio de Ecuador María Fernanda Espinosa destacó que el Presidente de la República habría ordenado que se le de al pueblo waorani “todo el apoyo necesario y todo lo que requieran para encaminar este proceso legal”.

La ministra Espinosa detalló que la compañía petrolera Maxus en 1991, “a pretexto de brigadas médicas para curar a los hermanos de la nacionalidad waorani, les extrajeron muestras de sangre para obtener su ADN. El instituto de investigaciones médicas de la Universidad de Harvard, que se denomina Instituto Coriell, lo que hizo fue vender el ADN waorani para fines de investigación y, potencialmente, fines comerciales”. (1)

El presidente Correa anunció que se llevará a tribunales internacionales la denuncia sobre la extracción ilegal de muestras de ADN. Enfatizó: “Por ética o bioética cualquier experimento o estudio que se quiera hacer, debe ser con el consentimiento de los individuos perfectamente informados”, y reveló que ya se estudian “los mejores mecanismos para llevar esto ante tribunales internacionales. Esto rompe cualquier ética, esto no se puede permitir”.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Procuraduría General del Estado, que representa a Ecuador en litigios internacionales, y a la Cancillería que tomen “las acciones pertinentes” contra Coriell, Maxus y la Escuela Médica de Harvard “por la adquisición y uso no autorizado de ADN”. Asimismo, pidió a la Asamblea Nacional que elabore una ley que regule el manejo del material genético humano y controle la extracción de muestras de ADN de los pueblos indígenas.

La ministra Espinosa indicó que se ha conformado un comité técnico-jurídico que analiza “cuáles son las mejores vías para establecer un proceso legal internacional contra el instituto y contra todas aquellas instituciones que operaron violando las normas de bioética a nivel internacional y atentaron contra la integridad y el derecho a la consulta de la nacionalidad waorani”.

Biopiratería

En julio pasado el Instituto Coriell confirmó haber distribuido las muestras waorani, pero negó haber obtenido el ADN de manera ilegal y haber lucrado con él. “De 1994 a 2008 Coriell distribuyó un total de siete cultivos celulares y 36 muestras de ADN de esta línea. Fueron enviados a instituciones de ocho países para fines de investigación científica. Coriell no recibió ningún beneficio comercial asociado a la recepción, almacenamiento o distribución de estas muestras”, aseguró el centro de investigación.

Coriell también explicó que científicos y funcionarios de su institución deben firmar un formulario que garantice que las muestras no se utilizarán para la elaboración de un producto comercial, ni serán redistribuidas a otros investigadores. “En 2010, la muestra en cuestión fue retirada del depósito y ya no está disponible para la investigación científica”, agregó el Instituto, según un reportaje de EFE.

Según EFE, en su página de Internet el Instituto dice contar con “la colección más diversa de líneas celulares, ADN y otros materiales biológicos, recogidos y distribuidos para su uso por la comunidad internacional de investigación biomédica”.

La comunidad nacional e internacional, en particular la comunidad científica, sabe que la amazonía ecuatoriana guarda la más rica biodiversidad del planeta. Además de poseer recursos hídricos importantes, es también una fuente de oxígeno, de codiciadas maderas finas y extensos yacimientos de petróleo. Esa incalculable riqueza que es patrimonio nacional, pretende ser explotada sin control alguno por las transnacionales con sede en el imperio y, en particular, por las farmacéuticas ahítas de fortunas obtenidas del dolor de enfermedades aparentemente incurables o ante el aparecimiento de nuevas enfermedades con características de epidemias mortales.

Los científicos de todo el mudo conocen de la existencia de plantas medicinales que han sido utilizadas por chamanes que ejercen la medicina ancestral entre los pueblos originarios; saben también que los pueblos que decidieron aislarse son inmunes a muchas enfermedades que son comunes entre los pueblos “civilizados”. Esa inmunidad despierta curiosidades que impulsan el robo de material genético para estudios, experimentos, análisis y la consecuente extensión de la biopiratería a nivel internacional que, en la industria farmacéutica se ha convertido en gula de riqueza que la obtiene sin límites éticos. Así por ejemplo, se afirma que ya existe la cura para todo tipo de cáncer o para la VIH, pero que no la comercializan porque mejor negocio es la venta de productos medicinales existentes.

Las transnacionales farmacéuticas tienen mucho interés en los recursos genéticos de las selvas tropicales, pues estas son una fuente segura y económica para la producción de nuevos medicamentos, patentados para su beneficio. Una patente significa el uso monopólico del producto desconociendo el origen del conocimiento y de la materia prima, lo que supone desintelectualizar a las comunidades indígenas, poseedoras del conocimiento.

Si los recursos genéticos están ligados a conocimientos tradicionales, las trasnacionales necesitan el 400% menos de la inversión en la investigación de los principios activos. Para apropiarse de estos conocimientos se organizan programas de “investigación” mediante antropólogos, biólogos y etno-biólogos.

En el caso que nos ocupa, cabe recordar que en el Bloque 16 estaba CONOCO, subsidiaria de DUPONT, una de las principales empresas químicas con intereses en la biotecnología. Además, Maxus inauguró la estación Científica de Yasuní. El Instituto Smithsonian y la Universidad de Aarhus están apoyando este proceso, y con su presencia Maxus quiere legitimar su trabajo.

Si Maxus se inicia en el campo de la bioprospección, es justo pensar que el objetivo es la bioprospección. Pero antes debe cumplir con una serie de requisitos estipulados por el Convenio de Diversidad Biológica, entre los que se incluye la transferencia de tecnología y la repartición equitativa de las ganancias generadas.

De acuerdo al Convenio, la investigación científica debe cumplir dos fines: la conservación de la diversidad biológica y el uso sustentable de la misma. Puesto que nadie en Ecuador tiene acceso a los resultados de las investigaciones que Maxus ha llevado a cabo, se sospecha que su principal objetivo es la búsqueda de recursos genéticos para su comercialización.

El médico genetista César Paz y Miño declaró al canal Ecuavisa que podría tratarse de un caso de biopiratería para desarrollar nuevos descubrimientos y patentarlos. Si encontramos por ejemplo que un grupo étnico es resistente a la malaria, podríamos aislar el gen que lo hace resistente y venderlo como propiedad de una empresa, cuando el ADN es de la población woarani, reseñó la agencia de prensa AFP.

Oscuros objetivos

Sergio Barrios Escalante, científico social e investigador, en la Edición N. 63 de la revista virtual Raf-Tulum exponía que los experimentos científicos realizados por Estados Unidos y otras potencias están bajo la nebulosa de oscuros, ambiguos y antiéticos objetivos. Basta con recordar las cuestionadas actividades del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), que en los años 60 desarrolló sospechosas e imprecisas “investigaciones de campo” en diversas partes de América Latina, tales como en diversas zonas rurales de Colombia y el altiplano guatemalteco, por ejemplo.

Reiteradas fueron las denuncias de las relaciones del ILV con la compañía petrolera Texaco y su campaña para desplazar a los waorani de su territorio tradicional dejando el campo libre para las actividades de exploración. El ILV fue expulsado en 1980 por el entonces presidente Jaime Roldós Aguilera, prematuramente fallecido en un accidente aviación no esclarecido, posiblemente ocasionado por la CIA, según sostienen familiares y amigos del joven mandatario desaparecido. (2)

Al ILV se le acusó de dividir a las comunidades de la sierra ecuatoriana y de robo sistemático de material genético e imposición de formas culturales y religiosas entre los indígenas amazónicos, para servir de mejor manera a los intereses del imperio y sus petroleras.

En los años 80 y 90, con el inicio del auge de la biotecnología y la ingeniería genética, la bióloga Mae-Wan Ho denunció los graves riesgos que implicaba para la salud humana y para numerosas especies animales y vegetales, la realización de experimentos a gran escala relacionados con el diseño de nuevos organismos genéticamente modificados (OGM).

El mismo tipo de denuncias ha realizado profusamente en los últimos años la investigadora Silvia Ribeiro, al señalar la irresponsabilidad de numerosos centros y laboratorios de investigación, en producir y comercializar en gran escala alimentos de consumo básico (como leche producida en base a la hormona transgénica denominada “Somato-Tropina Bovina”, por ejemplo), bajo condiciones de alteraciones genéticas con alto potencial de riesgo para la salud.

De acuerdo con Ribeiro, esta hormona transgénica no sólo enferma al ganado, sino que además provoca en la leche una elevación de otra hormona denominada IGF-1 (“Factor de crecimiento insulínico tipo 1), que estaría asociada con el surgimiento de cáncer de seno, próstata y colón.

¿Y qué podemos decir de la vacuna contra el virus de la gripe porcina? Al respecto, llamó poderosamente la atención la exagerada alharaca que se armó tomando a la ciudad de México como centro de “supuesta irradiación mundial”, alarmismo que un año después de la supuesta “primera gran crisis de pandemia viral del siglo XXI”, la Comisión Europea reconoció (en mayo de 2010), que había sido intencionalmente exagerada.

Notas:

1. Mayor información sobre este caso de robo y comercialización del ADN se puede obtener en http://www.elcomercio.com/sociedad/Defensoria-Pueblo-Ecuador-ADN-waoranis_0_734926731.html.

2. El 9 de diciembre de 2010, el Tribunal Dignidad, Soberanía y Paz contra la Guerra, instalado en Quito-Ecuador, condenó a Estados Unidos por realizar pruebas ocultas, “fuera de todo control –de ordinario en el campo de la investigación biomédica o en las tecnologías bélicas–, en general con los conejillos de Indias” que representan las poblaciones de los países pobres. Sin que nunca se aclarara nada concreto ante los tribunales internacionales de justicia, durante los años 70 circularon múltiples rumores y sospechas sobre la implementación de programas secretos de esterilización masiva, llevados a cabo en muchas poblaciones indígenas y campesinas latinoamericanas. La investigadora estadounidense Susan Reverby, del Wesllesley College, quien en busca de información sobre experimentos realizados con reos de la prisión de Tuskegee en Estados Unidos, encontró accidentalmente datos que revelaron estudios secretos desarrollados entre los años 1946 y 1948 por personal del gobierno de Washington en Guatemala y otros países de América Latina, África y Asia.

* TRIBUNAL DIGNIDAD, SOBERANÍA Y PAZ CONTRA LA GUERRA-COMITÉ INDEPENDENCIA Y SOBERANÍA PARA AMÉRICA LATINA. tribunalpazecuador@yahoo.com