La intimidación y el uso inicuo de la coerción estatal y del aparato judicial vulneran los derechos ciudadanos fundamentales en Bolivia; “muchas personas se sienten perseguidas” por discrepar con el gobierno, y otros “encarcelados, exilados (y) refugiados políticos están sufriendo porque no hay garantía de un justo juicio y por la retardación de justicia”, alertó la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

Desde los primeros meses del segundo mandato del Presidente Evo Morales, varios organismos internacionales y colectivos sociales nacionales y extranjeros advierten sobre el paulatino deterioro de la democracia en Bolivia. Por ejemplo, el Informe 2010 del Defensor del Pueblo concluye que en el país no se cumple el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho constitucional a un juicio justo. De igual forma, el Alto Comisionado de Derechos Humanos con sede en Ginebra manifestó su preocupación por la crisis en la administración de justicia en el país.

Una de las principales críticas al partido en función de gobierno es la instrumentalización de la justicia para anular políticamente a los opositores. Desde 2010, el MAS destituyó a los alcaldes de Sucre, Potosí, Quillacollo, Cotoca, San Miguel, Buena Vista, Punata y Warnes, y derrocó a tres gobernadores opositores electos en abril de 2010, faltando el respeto al voto popular.

Entre las decenas de casos de “judicialización y penalización de la política” denunciados en los últimos años destacaron las destituciones del ex alcalde de Oruro Édgar Bazán, acusado de la supuesta aprobación irregular de planos, y del alcalde de Sucre Jaime Barrón, quien acumula decenas de acusaciones por nepotismo en la Universidad San Francisco Xavier.

Por otro lado, el fiscal Gilbert Muñoz fue sorprendido en reuniones privadas con el senador del MAS Isaac Ávalos y con la ex ministra de Justicia Nilda Copa cuando dirigía una querella contra el ex gobernador de Tarija Mario Cossío, actualmente refugiado en Paraguay.

El gobierno de Evo Morales “convierte a la justicia en la guillotina de los bolivianos y el Fiscal General del Estado, los Fiscales de Distrito y los (funcionarios) del Ministerio Público se han convertido en los cogoteros del gobierno, encargados de perseguir a los enemigos del MAS”, graficó la senadora de la alianza opositora Convergencia Nacional (CN) Carmen Eva González, luego de que el Ejecutivo se negó a extender un salvoconducto al senador Roger Pinto, quien obtuvo asilo político en Brasil.

“Me parece desatinado deteriorar el vínculo con Brasil. La falta contra el derecho internacional que comete el gobierno al negarle el salvoconducto al senador Roger Pinto está tensionando las relaciones bilaterales, peor aun cuando se procede de manera antidiplomática calificando la decisión de asilo como desatinada o vituperando al embajador brasilero como vocero político”, advirtió entonces el jefe de CN en la Cámara de Diputados Luis Felipe Dorado.

En junio de este año, el diputado Adrián Oliva y las senadoras Gonzales y María Elena Méndez, todos de CN, se quejaron al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, instalaron una vigilia en las oficinas del organismo en La Paz, y solicitaron el envío de una comisión internacional para que investigue cada uno de los procesos que pesan contra políticos de oposición.

Los legisladores pidieron al gobierno que declare amnistía política, que libere a presos políticos que llevan más de 18 meses encarcelados sin sentencia, y que garantice el retorno al país de todos los refugiados.

Además de los políticos de derecha, los indígenas también se consideran víctimas de la represión gubernamental, ya que en los últimos dos años muchos líderes que encabezaron la VIII y IX Marchas indígenas en defensa del TIPNIS han sido perseguidos judicialmente y algunos hasta encarcelados, como por ejemplo el dirigente Cancio Rojas y algunos activistas urbanos acusados de “terroristas”.

En la última movilización el gobierno del MAS no solo persiguió judicialmente a los líderes indígenas sino que soliviantó a campesinos y cocaleros gobiernistas para que los enfrenten físicamente; luego cooptó a dirigentes valiéndose del chantaje y el soborno, y fomentó el paralelismo y la división al interior de las organizaciones legítimas de los pueblos de tierras bajas.

Desde el inicio mismo de la IX Marcha los indígenas sufrieron represión, amedrentamiento y humillaciones varias, y fueron agredidos y hostigados sistemáticamente por sindicalistas y autoridades oficialistas, quienes intentaron doblegar su voluntad para que acepten la construcción de la carretera San Ignacio – Villa Tunari y desconozcan a sus estructuras orgánicas.

“Señor Presidente, a pesar de la pérdida de vidas humanas de nuestros hermanos marchistas, a pesar del ataque mediático de desacreditación y mentiras, a pesar del chantaje y soborno para devolver a nuestras delegaciones a sus regiones, a pesar del clima hostil que estamos sufriendo en las calles de la vigilia, a pesar de la suplantación de líderes y organizaciones en un diálogo falso, a pesar del amedrentamiento con amenazas de juicios a pesar de toda esa agresividad institucionalizada, hemos esperado pacientemente. Pese a nuestra convicción pacifista, usted señor Presidente no se sensibiliza, y no abre las puertas a un diálogo fraterno y sincero con la columna de la IX Marcha Indígena Originaria, tal como nosotros se lo venimos exigiendo desde antes del inicio de nuestra movilización”, manifestaron los indígenas en la última movilización que arribó a La Paz.

“Sin embargo, al contrario de lo que nosotros y todo el pueblo boliviano esperábamos, usted señor Presidente ha dejado que sus ministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, al clásico estilo de los peores gobiernos neoliberales y dictatoriales, trate a esta digna marcha de hombres, mujeres, niños y ancianos, gente humilde y sencilla con tanta discriminación, violencia racismo y humillación”, lamentaron los marchistas de tierras bajas.

La Iglesia pide amnistía

“Muchas personas se sienten perseguidas por expresar un pensamiento disconforme con el proyecto político instaurado en el país, y lo más aberrante es que se utilice a la justicia para tal cometido”, deploró este lunes el Consejo Episcopal Permanente de la Iglesia Católica boliviana en un comunicado difundido por la red Erbol.

“Una mirada a fondo a nuestro país muestra que, en la práctica, no sólo algunas personas sienten que van perdiendo libertades, sino que éstas se recortan en muchos casos mediante la retardación de justicia, la intimidación y el uso inicuo de la coerción estatal y del aparato judicial, creando un clima de inseguridad personal que provoca el silencio y a veces hasta el abandono de la patria, al no encontrar suficientes garantías de un juicio justo e imparcial dentro de ella”, señala el documento Caridad y Verdad publicado por la CEB.

Según la Iglesia Católica boliviana, “muchas otras personas, encarcelados, exilados, refugiados políticos, están sufriendo porque no hay garantía de un justo juicio y por la retardación de justicia. Es urgente que el ejercicio de la justicia sea libre de condicionamientos de tipo económico, social y político, no para la impunidad sino para garantizar juicios imparciales que establezcan la verdad de los hechos”.

La Iglesia Católica alertó en su Carta Pastoral de marzo de 2011 que varios hechos ponían en riesgo la vigencia de los derechos humanos y la institucionalidad en el país. “Un ejemplo de esta situación general es la demanda judicial que autoridades gubernamentales han instalado en contra de tres medios de comunicación. Nosotros, junto a numerosas voces de la sociedad civil, reafirmamos nuestro rechazo a esta medida y pedimos que se actúe de acuerdo a la vigente Ley de Imprenta”, precisa la CEB en su reciente declaración.

La curia nacional advierte que “continuar con esa instrumentalización de la justicia resquebraja seriamente las bases democráticas de nuestra convivencia que tanto esfuerzo han costado a muchas personas e instituciones y además proyecta una imagen negativa ante el mundo acerca de la vigencia de los derechos y libertades fundamentales en nuestro país”.

Con esos antecedentes, “nos permitimos también sugerir, en aras de crear un clima de paz en el país, hacer un gesto de reconciliación, como un indulto o la amnistía a favor de esos hermanos”, plantea la CEB en su mensaje titulado Caridad y Verdad.