Empezare manifestando un trascendental cuestionamiento, ¿Es posible legitimar políticas estatales que impliquen la destrucción de la biodiversidad colombiana y violación de Derechos Humanos de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes, con el objetivo de incrementar tributariamente los recursos de la nación?

“Somos conscientes de nuestros males, pero

nos hemos desgastado luchando contra los

síntomas, mientras las causas se eternizan.

Nos han escrito y oficializado una versión

complaciente de la historia, hecho más para

esconder que para clarificar, en la cual

se perpetúan vicios originales,

se ganan batallas que nunca se dieron

y se sacralizan glorias que nunca merecimos…”: Gabriel García Márquez. [1]

Entre el periodo 2002-2010, siendo Álvaro Uribe ex presidente de Colombia, se concesionaron 30 títulos de explotación minera en Parques Naturales, 19 en Paramos y 30 más en el Macizo colombiano (la estrella hídrica de Colombia), dejando un total de 6000 títulos de explotación en este periodo de tiempo. [2] Con dicho precedente, se generó continuidad política de este proyecto estatal con la visión gubernamental “Colombia, país minero 2019”, presentada en el marco legislativo del actual Plan Nacional de Desarrollo, en donde se consideran dos principales criterios: en principio establece a la MEGAMINERIA “como actividad de utilidad pública y de interés social” [3], y en segundo lugar –siendo lo más preocupante-, declara la lucha contra la minería ilegal [4], cuando la estructuración esquemática de los requisitos de explotación bajo la forma de “Pequeña Minería” no es cumplida por la mayoría de mineros artesanales de Colombia y solo el 35% de mineros de Nariño. [5].

El objetivo de DUPLICAR la producción de carbón, de 96 millones de toneladas a 145 millones de toneladas anuales, de CUADRIPLICAR la producción de metales preciosos, de 156,8 toneladas a 620 toneladas anuales [6], y en base a ello consolidar más de 20,5 millones de hectáreas como “Zonas de Reserva Estratégica Minera”, ofertar 39 millones de hectáreas que se encuentran solicitadas en Concesión y 8,4 millones de hectáreas concesionadas en explotación minera, de las cuales 36.000 de ellas se sitúan en parques naturales [7], dando un resultado de 38% del territorio colombiano a libre disposición de la explotación minero-energética, y con ello también la explotación -e incluso expoliación- de las comunidades y biodiversidad que en estos territorios habitan, ha llevado a que los movimientos sociales más grandes de la nación colombiana, como lo son Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, con las organizaciones agrarias, sindicales y estudiantiles que en ellas abarcan, postulen su gran preocupación y desacuerdo a la política de destrucción que quiere llevarse a cabo en las selvas de nuestro territorio.

Incluso, instituciones gubernamentales, como la Contraloría, quien cataloga al “modelo de desarrollo de país –como- no sostenible” [8], y que este puede conllevar al riesgo de “insuficiencia hídrica a mas de 40% de la población del país”, incluidas 10 ciudades capitales, nos ratifica la angustia popular, y por ende académica, del daño medio-ambiental y humano que puede causar la aplicación de la “Locomotora Minera”; aun mas, cuando es claro que la actividad minera genera en el territorio donde se desarrolla, diversas violaciones de derechos humanos, radicadas en la represión de las comunidades que resisten insistentemente a la catástrofe que conllevaría dicha actividad económica.

El potencial geoquímico que posee el país en las zonas más biodiversas del territorio, ha generado que se presenten gran cantidad de Mega-Proyectos que facilitaran la extracción de las diferentes materias primas que explotaran las multinacionales; tal es el caso del Eje Multimodal Amazónico, que pretende realizar una vía de comunicación entre el océano Atlántico y el océano Pacifico, conectando los puertos de Tumaco y Belem Do Para [9], sin considerar la grave repercusión en cuanto a la destrucción de gran parte del norte Amazónico como medio para dar cabalidad a los planes de extracción que consolida el FMI y la Banca Mundial a través del proyecto IIRSA (Iniciativa para la integración de infraestructura regional sudamericana).

De esta manera podríamos continuar hablando indefinidamente sobre otros Mega-proyectos, que en definitiva, de forma muy escasa, el Gobierno Nacional les brinda publicidad, incumpliendo con ello en su deber Moral de generar pleno conocimiento de la actividad política y económica del estado, aun mas, cuando compromete infinidad de derechos, e incluso, la supervivencia misma de la ciudadanía que pretende representar.

Ahora bien, si observamos la política tributaria promovida en el marco de la “Confianza Inversionista”, podremos analizar, y con ello deducir, los diferentes mecanismos de corrupción que han marcado la explotación de nuestros recursos naturales, pues, como sabrán, la deducción al impuesto de renta para las multinacionales mineras es del 38,5%; igualmente se les exonera del impuesto a dividendos (que anteriormente correspondía al 7% de dichas ganancias); se genera amortización de más del 90% en impuestos de importación en maquinaria y demás Activos Productivos que serán usados en la actividad de explotación; se devuelve el 13% del impuesto a Activos Fijos [10]; y se establecen regalías de menos del 15%, llegando a cifras del 3%, lo que implica que por cada $1.620 dólares [11] generados por la venta de 1 onza de oro, representados en $3.078.000 pesos, el fisco colombiano se queda con solo $48,6 dólares, equivalentes a $92.000 pesos. Lo peor de todo este asunto se deriva en la garantía de fijación de contratos con “Estabilidad jurídica”, lo que provoca que se concedan prorrogas en las licencias de explotación minera por más de 20 años.

Aunado a esta terrible situación económica, Colombia invierte gran cantidad presupuestal del PIB a la protección militar de estas multinacionales, generando costos aproximados a 23,8 billones de pesos para el 2012 [12], un cuarto del gasto de funcionamiento de todo el Estado colombiano, 2 billones más que el presupuesto destinado para Acción Social, 19,4 billones más que el rubro dirigido a atender a todas las víctimas del conflicto armado, 1,8 billones más que lo destinado a la financiación de la educación pública, y lo mas critico de este análisis, 21,9 billones de pesos más que lo invertido en el sector agrario, el espacio más olvidado históricamente por el gobierno nacional, del cual, por su escandalizada inequidad e injusticia, se constituyo en la causa y continuidad del conflicto armado interno que vivimos actualmente.

Por otro lado, la gran productividad que genera ECOPETROL en la extracción y refinería de petróleo, no se ha expandido en la explotación de otros minerales por parte del Estado colombiano, pues como es bien sabido, en el año 2004 y en cumplimiento de las directrices del FMI, se abrió proceso liquidatario a MINERCOL [13], la empresa estatal encargada de dicha explotación, dejando como únicas capacitadas para desarrollar procesos de extracción aurífera, carbonera, entre otros minerales, a las Multinacionales extranjeras. Y este es momento indicado para reflexionar sobre las ganancias que podría tener la explotación controlada y responsable por ciudadanos colombianos de un mineral nuestro, donde no deberíamos esperar irrisorias regalías para obtener una tasa de ganancia, sino por el contrario, seria la totalidad del proceso extractivo la ganancia neta del Estado colombiano.

Esta pretensión, incluso lógica, es reiteradamente truncada por la corrupción imperante en los establecimientos públicos; muestra de ello es la gran cantidad de ex directivos de los Ministerios de Medio Ambiente y Minas y Energía que actualmente son trabajadores de multinacionales mineras, tal es el caso de María Consuelo Araujo, ex ministra de Cultura, hoy presidenta de Gran Colombia Gold, Germán Martínez, ex ministro de Minas y energía, hoy asesor de Medoro Resourses, y Julián Villarme, ex director de INGEOMINAS, hoy empleado de Anglo Gold Ashanti, entre otros casos.

Del mismo modo que el territorio colombiano afronta esta gran problemática, Nariño no es la excepción, pues al ser catalogado como un departamento de amplias expectativas por su potencial geoquímico, han venido en el desarrollando diversas concesiones a multinacionales para posibles extracciones mineras a gran escala. Muestra de ello son los más de 221 títulos mineros de explotación y 992 solicitudes[14], lo cual abarca 52 de los 64 municipios del departamento.

La minería artesanal que se ha venido desarrollando en el territorio nariñense, debido a su falta de tecnificación y la escaza inversión de los estamentos gubernamentales para mejorarlos, ha generado graves detrimentos ambientales, sin mencionar las deficiencias que ha conllevado en las condiciones socio-económicas de la población, ya que, a pesar de la existencia de sectores como la Llanada y los Andes, donde la minería artesanal a generado buenas oportunidades de superación financiera en la comunidad, la gran mayoría de los distritos mineros existentes en el departamento poseen un índice de NBI (necesidades básicas insatisfechas) mayores al 65%, pues, verbigracia de lo expuesto, la subregión de Sanquianga tiene un índice de NBI del 81%, la subregión del Pacifico Sur del 50% y Telembí del 76%. [15]

Por ello es importante resaltar la voluntad política del Gobierno Departamental al vincular en su Plan de Desarrollo dos objetivos específicos en el tema: 1. “Apoyar la pequeña y mediana minería, y salvaguardar al Departamento de proyectos de Gran minería”. 2. Resaltar la “Preponderancia de la vocación agrícola en la comunidad nariñense.”

Ahora bien, el siguiente panorama será la confrontación entre las políticas nacionales de estigmatización a la minería artesanal y la defensa del interés trasnacional en la explotación indiscriminada de los recursos naturales, frente a las políticas departamentales, y aun más importante, al criterio de la comunidad organizada en la defensa de su territorio.

El resultado solo dependerá del compromiso ciudadano con la siempre noble causa de defender lo propio, y en base a ello construir un pliego de principios acordes a las verdaderas necesidades del colectivo agrario y minero artesanal que habita en el Departamento de Nariño.

Y en coherencia a la coyuntura actual del proceso de paz, es indispensable exigir la participación de la sociedad civil como única forma de garantizar una paz verdadera y duradera en Colombia, pues sería una nueva equivocación pretender consolidar un proceso de trascendencia nacional, como lo es limitar el conflicto armado, sin la inclusión primaria y preponderante de la comunidad, sobre todo de aquellas que han recibido directamente las múltiples consecuencias de más de 60 años de la in-humana violencia que ha sobrellevado el país.

Reitero un agradecimiento a la Corporación GUASIMI, a la Caravana de Juristas Internacional y a la Universidad de Nariño y su Centro de Investigación Socio-jurídicas, por hacer posible este espacio de deliberación frente a la problemática Minero-energética, y a los Movimientos sociales Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, por generar cada día consciencia política en la comunidad colombiana.

Notas:

[1] GARCIA MARQUEZ Gabriel. “Colombia al filo de la Oportunidad”, Bogotá-Colombia. Editorial Magisterio, 1998, Pág. 20.

[2] “ColomPBIa- Minería a qué precio” – PBI Colombia, Boletín Nº 18, Noviembre de 2011, Bogotá.

[3] Articulo 13 – Código de Minas (Ley 685 de 2001) y Concepto Jurídico Nº 602733 del 17 de Febrero de 2006 del Ministerio de Minas y Energía.

[4] “Decisión política Andina en Materia de Lucha contra la Minería Ilegal”, firmada por los miembros de la CAN en Bogotá- Colombia el 6 de julio de 2012. De igual forma se hace preocupante las declaraciones del Contralmirante Thomas Brown, jefe de operaciones especiales del Comando Sur de los Estados Unidos, el 13 de junio de 2012, donde enfatiza: “Tenemos en común en este conflicto, las organizaciones que se dedican al tráfico ilícito de minería ilegal”, posteriormente argumentando que este grupo de personas “usan su poder económico para debilitar el Estado y son una amenaza común para el hemisferio y para el mundo”.

[5] Subsecretaria de Minas de la Gobernación de Nariño, 29 de agosto de 2012.

[6] BEATRIZ DUQUE MONTOYA, Directora de Minas del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA en el V Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía, “META COLOMBIANA para alcanzar la Visión 2019”, realizado en Cartagena el 18 de junio de 2009.

[7] “Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente”, presentado por la Contraloría General de la Nación el 30 de Noviembre de 2011.

[8] Ibídem.

[9] Proyecto IIRSA, avalado por COMPES 3342 “Plan de expansión portuaria 2005 – 2006”.

[10] BEATRIZ DUQUE MONTOYA, Directora de Minas del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA en el V Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía, “POLITICAS GUBERNAMENTALES”, realizado en Cartagena el 18 de junio de 2009. Se amplía información sobre deducciones tributarias en artículos periodísticos de Álvaro Pardo, director de “Colombia Punto Medio” y columnista de “Razón Publica.com.”

[11] Precio actualizado -para el día 28 de agosto de 2012- de una Onza Troy Oro en la bolsa de New York.

[12] Presupuesto aprobado por el Senado de la República para el año 2012, el 18 de octubre de 2011.

[13] Mediante Decreto 254 del 28 de Enero de 2004.

[14] Subsecretaria de Minas de la Gobernación de Nariño, 29 de agosto de 2012.

[15] Proyecto del Plan de Desarrollo Departamental “NARIÑO MEJOR” 2012 – 2015, del 30 de Abril de 2012.

* Observatorio de Gran Minería de la Universidad de Nariño, Colombia.