Cochabamba y La Paz (ABI).- El ampliado de las Seis Federaciones del Trópico resolvió el pasado fin de semana, en Lauca Ñ, el inicio de procesos penales contra las personas que acusen sin pruebas a los cocaleros de ser narcotraficantes, informó el lunes el secretario general de la Gobernación de Cochabamba Asterio Romero.

“A partir de este ampliado no vamos a aceptar ninguna acusación. Tendremos, pero no vamos a aguantar y seguro ahí vendrá (la respuesta) de acuerdo con los procedimientos judiciales”, advirtió.

Explicó que la determinación fue tomada luego de escuchar una sugerencia del presidente Evo Morales y tras la propuesta de los cocaleros en sus deliberaciones, donde indicaban que ‘llegó la hora de que se hagan respetar como cualquier boliviano que tiene dignidad‘.

Romeró indicó que para llegar a ese objetivo se deben terminar con las malas intenciones de varias personas, entre ellos algunos periodistas que no realizan una distinción entre un cocalero y un fabricante de drogas. “Por ejemplo, yo soy productor de coca. No soy narcotraficante, no soy drogadicto. Hay una gran contra versión en ese tema”, añadió.

Informó que en ese encuentro fue ratificado “de manera contundente, una vez más”, el respeto del cato (1.600 metros cuadrados), como área máxima permitida para el cultivo de coca. Se resolvió que los productores de coca se incluyan en las tareas de refuerzo de la protección de los parques nacionales, puesto que son el “pulmón del mundo y de Bolivia”.

“Es más, se hizo un llamado a los que supuestamente no tienen un cato, porque ellos argumentan que no tienen terreno y por lo tanto se entran a los parques”, aseveró el representante regional, y dijo que seguirán la sugerencia del presidente Morales para el traslado de esas personas a otras regiones con la finalidad de que cuenten con tierras y eviten incursionar de manera recurrente en áreas protegidas.

Por otro lado, la Comisión Política del XXII Congreso Ordinario de la Federación del Trópico recomendó el inicio de procesos penales contra opositores al proceso de Consulta a las comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), para la construcción o no del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

“La Comisión Política recomienda iniciar procesos judiciales a las siguientes personas, Adolfo Chávez, Rafael Quispe, Justa Cabrera, Fernando Vargas, Juan del Granado, Pedro Nuni y otros”, señala una de las resoluciones de ese Congreso de los cocaleros.

La presidenta del Presídium Juanita Ancieta argumentó que esa decisión fue tomada “porque no es posible que algunos dirigentes indígenas y campesinos e incluso políticos de la derecha traten de evitar que los habitantes del TIPNIS tomen sus propias resoluciones sobre el destino de sus pueblos y sus vidas”.

Dijo que los indígenas de cada comunidad del TIPNIS deben evitar que promotores del rechazo a la Consulta los confundan, considerando que ese proceso es histórico y gran relevancia para Bolivia. “Ellos tienen nuestro apoyo moral. Esta es la primera vez en la historia que están siendo consultados sobre si quieren o no quieren el desarrollo y sigan adelante”, agregó.

Además, Ancieta informó que la Comisión Política consiguió la aprobación del pleno para una resolución que exige la presentación de demandas penales contra las personas que “insulten, calumnien y discriminen al presidente Evo Morales”.

Indicó que es necesario terminar con las prácticas de derechistas que de forma permanente hacen declaraciones que “denigran al Presidente”, sólo porque promueve el proceso de cambio y defiende los intereses del pueblo boliviano.

“No vamos a permitir más que personas, ex autoridades estén insultando y en ese sentido hemos decidido, ahora que hay leyes, que debe haber respeto, porque tenemos dignidad, y no permitiremos que le sigan insultando. No está solo, aquí está su base”, afirmó.