La voz del pueblo responsabiliza al ex Ministro de Gobierno, ahora representante de nuestro país ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la muerte de dos estudiantes en Caranavi (mayo de 2010) y de la represión a los marchistas indígenas en Chaparina (25-IX-12). En ambos casos ese ex funcionario dio la orden para los operativos policiales.

En el primer caso, el Presidente explicó que él instruyó la acción policial para desbaratar un bloqueo del camino La Paz-Caranavi que exigió la instalación de una planta procesadora de cítricos, lo que no sucede hasta este momento. Las tres mentiras del ex servidor público, para encubrir a los autores materiales de esos crímenes, fueron: que en Caranavi operaba un grupo político armado, que contra los jóvenes muertos dispararon infiltrados en las filas policiales y que los cooperativistas auríferos de Guanay iban a desbaratar el bloqueo por lo que los policías viajaron para evitar el enfrentamiento entre gente del pueblo (los auríferos negaron ese riesgo).

En el segundo caso, el ahora embajador ante NN.UU., sostiene que sucedió la represión en Chaparina porque se rompió “la cadena de mando”, es decir, que ni el Presidente, ni el Vicepresidente, ni el ex Ministro de Gobierno, dispusieron la denominada “intervención”, aunque el presidente Morales pidió disculpas por el ultraje inferido a los indígenas, pero éstos mayoritariamente no han concedido el perdón expresado por alguien que negó haber ordenado la medida de fuerza que afectó a todos los marchistas: niños, ancianos y a los otros actores en condiciones de caminar sin mayores dificultades.

Por obra y gracia de miembros del Ministerio Público, que tienen como misión defender a la sociedad, el embajador nombrado para la ONU, ha sido excluido de dos investigaciones: por los hechos de Caranavi y por la represión a los protagonistas de la VIII marcha indígena; por tanto, sobre él no hay ni sospecha, de acuerdo a los gobernantes, de que tenga autoría alguna en los dos casos referidos. Por eso el Vicepresidente, asambleístas del MAS y partidarios del gobierno aseguran que el ex Ministro de Gobierne reúne los requisitos para ejercer las funciones de embajador en la ONU; organismo que no tiene por qué expresar aceptación del embajador nombrado: irá allí como representante del país por decisión unilateral del Estado boliviano y por voluntad indiscutida del Presidente porque él cree que es la encarnación del Estado plurinacional.

Aunque con una visible debilidad, delegados de dos movimientos sociales (campesinos y colonizadores) han manifestado su desacuerdo con el nombramiento del embajador ante la ONU. Organizaciones de los derechos humanos han dejado constancia de que el ex Ministro de Gobierno fue declarado “persona no grata”, precisamente, por los hechos señalados. Asimismo, incluso ex funcionarios del gobierno dudan de que con el ex Ministro de Gobierno, nuestro país tenga una buena representación en la ONU, la que congrega a casi todos los países que existen en el mundo. Es cierto, asimismo, que un grupo de operadores del gobierno, que dicen defender los derechos humanos en La Paz, han dicho que Llorenti cumple los requisitos para desempeñarse como embajador.

Otra observación, cuando menos para el registro, es la que hizo el más importante dirigente del Movimiento Sin Miedo (MSM), que esa agrupación política hará conocer, a la ONU, los antecedentes penales del ex Ministro de Gobierno, es decir, que es sospechoso de haber dado la orden para la desarticulación del bloqueo del camino La Paz-Caranavi y de haber ordenado la “intervención” de la VIII marcha indígena. Otra sospecha (porque no ha sido demostrado el delito) es que fiscales y jueces han favorecido al ex Ministro de Gobierno con el cese de la investigación (averiguación) para establecer responsabilidades; exclusión porque mediaron las gestiones de los gobernantes. Para nosotros tratan de conseguir, para el ex Ministro de Gobierno, la impunidad, lo que está reñido con las normas bolivianas y los convenios internacionales los que, casi todos, son a la vez normas bolivianas porque han sido refrendadas por nuestro país.

Aunque parezca optimista en demasía, uno de los abogados de los familiares de los estudiantes caídos en Caranavi ha dicho que el ex Ministro de Gobierno un día será investigado, procesado y sentenciado. Sin embargo, el poder del que disponen los gobernantes se utiliza para favorecer al ex funcionario con la gracia de la impunidad. El también ex Presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos parece olvidar que él coreaba: ni olvido, ni perdón, justicia, frente a los crímenes d las dictaduras militares y fascistas en Bolivia.

Creemos que la “democracia debe ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, por lo que afirmamos que el fin no justifica los medios, en lo que hacen los gobernantes en el TIPNIS.

Gobernantes y el ex Ministro de Gobierno asumen un comportamiento tramposo, propio de los que ejercitan malas artes: para ellos, otros son los culpables de los hechos referidos en esta nota, menos los que de acuerdo al cargo que ocupan no podrían dejar de impartir órdenes para sofocar el bloqueo de la vía La Paz-Caranavi y/o reprimir a los indígenas de la VIII marcha para impedir que lleguen a la sede de gobierno.

Los palaciegos actuales ni siquiera son leales con los operadores a su servicio, bajo presión autoritaria o prebenda que corrompe, otros serán investigados y, posiblemente, procesados y quizá castigados, menos los que sí tienen la principal responsabilidad.

El embajador boliviano en la ONU cumplirá sobre todo tareas políticas, mediante la diplomacia, cuyos antecedentes son inocultables y por los favores que él ha recibido, de la justicia boliviana y del Ministerio Público, tendrá que agradecer, sobre todo, porque recibió, junto con su nombramiento, un pasaporte a la impunidad que empieza a disfrutar.

El nuevo embajador boliviano ante la ONU aspira a que el pueblo olvide las fechorías que habría cometido. Que el olvido lo olvide. Que nos olvidemos los antecedentes penales del ex servidor público. Así el cargo de embajador ante la ONU sería un facilitador para conseguir el olvido de los crímenes que posiblemente cometió el ex Ministro de Gobierno.

El poder político que ejerce unipersonalmente es el que, básicamente, garantiza que el Presidente conceda premios (también castigos) a sus ex operadores que le son incondicionales.

Asimismo, parece que le importa nada al Presidente gastar su caudal político, por ejemplo, por una designación desafortunada, como embajador del ex Ministro de Gobierno.

Si el primer mandatario espera que quizá con desvergüenza sus parciales se concentren y marchen para respaldar la nominación del embajador ante la ONU, otra vez se equivocó.

Además de que el Presidente defiende los intereses de los medianos propietarios en Bolivia, en acuerdo con los empresarios, criollos y transnacionales, por encima de los derechos legales y legítimos de las regiones, del pueblo y de la plurinacionalidad, se juega por un ex Ministro de Gobierno que no vale la pena. Por esa vía el Presidente otra vez camina de tumbo en tumbo.

* Periodista editor del Semanario Aquí.