El ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, presunto autor intelectual de la intervención policial a la VIII Marcha Indígena en 2011, asumirá funciones como embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 15 de septiembre, confirmó el vicecanciller Juan Carlos Alurralde.

El 25 de septiembre de 2011 cientos de indígenas que participaban en la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS fueron reprimidos brutalmente por la policía en la localidad de Chaparina en el departamento de Beni. El Presidente Morales dijo una y otra vez que “jamás” ordenó apalear, amordazar y menos secuestrar a los indígenas, como efectivamente ocurrió, mientras que el Vicepresidente Álvaro García Linera prometió conformar una comisión “de alto nivel” para investigar el hecho.

García Linera reconoció que “la Policía nunca actúa sin ninguna orden”, y por ello aseguró que la investigación mostraría “con claridad absoluta de dónde vino esa orden y cuál fue el nivel máximo”.

El Vicepresidente confesó que el gobierno, luego de realizar “un conjunto de averiguaciones internamente, ya sabe quién ordenó la intervención, pero aguántense, nos hemos comprometido a armar una comisión de investigación para que todo el mundo vea con claridad diáfana qué es lo que ha sucedido”, les dijo a los periodistas en una conferencia de prensa.

La investigación del suceso comenzó el 27 de septiembre del año pasado, pero hasta la fecha no se identifican y menos sancionan a los responsables, pese a que el Vicepresidente sabe quiénes son. El Ejecutivo no solo los encubre sino que premió a dos de los presuntos autores materiales e intelectuales de la brutal represión de Chaparina.

El 21 de mayo de 2012 el Presidente Evo Morales posesionó como nuevo comandante de la Policial al coronel Víctor Santos Maldonado, ex director Nacional de Inteligencia y uno de los jefes policiales que lideraron la intervención en Chaparina. Santos figura en la lista de demandados penalmente por el Movimiento sin Miedo (MSM) por la violación de los derechos humanos de los indígenas de la VIII Marcha, junto al ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti.

El gobierno premió primero al supuesto autor material de la represión y tres meses después recompensa al presunto autor intelectual de la violación de derechos humanos de niños, ancianos y mujeres indígenas, nombrándolo embajador. El 23 de agosto el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en sesión reservada y por dos tercios de votos la designación del ex ministro Llorenti como embajador de Bolivia ante la ONU.

La Cancillería considera que no existe ningún impedimento formal para la posesión del nuevo embajador, por lo que los trámites correspondientes continúan en marcha, confirmó el vicecanciller Alurralde.

Más allá de todas las nubes que se han ido lanzando, creo que el ex Ministro de Gobierno está plenamente habilitado para representar a nuestro país en esa gran institución que congrega a todas las naciones del mundo”, opinó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales César Navarro. (ABI)

En criterio del ministro de Gobierno Carlos Romero, Llorenti está “perfectamente habilitado” para desempeñarse en el ámbito diplomático en Estados Unidos porque “tiene muy claro los alcances del proceso histórico que vive Bolivia y suficiente experiencia para manejar unas relaciones conflictivas” con Estados Unidos.

Sin embargo, el jefe de la bancada de Convergencia Nacional (CN) en la Cámara de Diputados Luis Felipe Dorado interpretó que el nombramiento de Sacha Llorenti “no sólo es un premio al represor de la marcha indígena; su objetivo es bloquear las investigaciones sobre Bolivia en los organismos de derechos humanos de la ONU”.

Dorado aseguró que dichas investigaciones “se intensificaron” luego de que varios legisladores opositores instalaron una huelga de hambre en la sede del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en La Paz, reclamando la liberación del senador Roger Pinto.

“Como resultado de esa medida los casos que estaban pendientes pasaron a la sección de procesos relevantes del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, lo que sin duda debe estar preocupando mucho al gobierno”, explicó Dorado.

El parlamentario de CN recordó que Llorenti fue presidente de la Asamblea de Derechos Humanos y “conoce los procedimientos de Naciones Unidas en el tema, razón por la que ha sido elegido ´bloqueador` de procesos. Es un triste final para un ex defensor de los DDHH, que termina su carrera intentando obstruir la verdad y la justicia”.