Esta es la pregunta, a dos años de las elecciones de 2014, a siete años del inicio de la primera gestión de gobierno y a trece años de la guerra del agua. Han transcurrido tres periodos del proceso; el primero, semi-insurreccional (2000-2005); el segundo, la primera gestión de gobierno, que trata de cumplir con la Agenda de Octubre; la tercera, la segunda gestión de gobierno, claramente extractivista, enfrentándose al pueblo con la medida del “gasolinazo”, la subida de precios de los carburantes, y enfrentándose a las naciones y pueblos indígenas originarias con el conflicto del TIPNIS.

Una tercera fase que parece regresiva y conservadora. En anteriores escritos hemos considerado una disyunción entre el proceso y el gobierno, distinguiendo el acontecimiento político del proceso del evento secuencial, burocrático y ordinario, del accionar del gobierno. Esto tiene validez en tanto no olvidemos que la fase creativa del proceso se sitúa en la primera fase, la fase de las luchas y movilizaciones sociales, en tanto que la fase burocrática del proceso se sitúa en la primera y segunda gestión del gobierno. Se podría decir que el proceso siguió latente; primero, en el proceso constituyente; segundo, en la defensa de la Constitución y del proceso, que efectuaron algunas organizaciones sociales e indígenas de una manera movilizada, haciendo propuestas concretas, el Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra, defensa de la economía popular, defensa de la madre tierra en el TIPNIS, defensa de los territorios indígenas ante concesiones a empresas mineras trasnacionales. Sin embargo, tampoco hay que olvidar que, el accionar del gobierno puede absorber la potencia social convirtiéndola en estructura de poder, reforzando las formas burocráticas del manejo estatal. Esto equivale a la muerte del proceso, sobre todo cuando el gobierno se conduce por un recorrido inconstitucional y distanciado de los objetivos del proceso. Entonces puede ocurrir que el gobierno arrastre al proceso con su propio desbarrancamiento.

Hay quienes se preguntan ¿qué proceso?, acudiendo a sus deseos o a los diseños imaginarios de lo que debería ser el proceso, o también, por resquemor, por sentirse al margen del proceso. Incluso se pierden en la coyuntura, sin poder hilvanar la sucesión de coyunturas en los contextos cambiantes. Olvidan que nada de lo que ocurre pude ser explicado sin los sucesos de la primera fase; el sentido del proceso se encuentra ahí, también se encuentra en lo que ha definido el proceso constituyente como Constitución, como modelo ideal, como programa político de las multitudes. Lo que ocurre ahora, el sentido de lo que ocurre ahora, sólo puede ser explicado por su contraste con los acontecimientos de la guerra del agua, de la guerra del gas y del proceso constituyente. ¿Qué proceso? Este, el que vivimos, en sus tres fases, aunque ahora nos encontremos en una etapa regresiva. Negar esta evidencia es negar lo que hay, en tanto campo de fuerzas, concurrencia de fuerzas y correlación de fuerzas. Es también negar la política y sustituirla por imaginarios, incluso con esperanzas racionalistas en espera de la realización de la astucia de la razón, también con esperanzas positivistas decimonónicas en las leyes “naturales” de la historia, como que la evolución nos llevaría de la mano al socialismo. Las únicas fuerzas con las que se cuenta son las fuerzas sociales que han abierto este proceso, con sus luchas y movilizaciones.

Lo que ocurre es que estas fuerzas se encuentran divididas, el Pacto de Unidad se ha roto; las organizaciones campesinas defienden al gobierno, las organizaciones indígenas se le enfrentan, defendiendo la Constitución y el sentido del proceso. Las fuerzas de las ciudades están dispersas y demolidas por la marcha de los acontecimientos. Hubo quizás un intento de volver articular las fuerzas con el apoyo de las ciudades a la VIII marcha indígena. Pero, todo quedó ahí. La COB es intermitente, sale en defensa del proceso cuando la crisis arrecia, como en el caso del levantamiento popular contra el “gasolinazo”, empero tiende a ser cooptado por el gobierno o caer en la rutina de los pequeños pleitos reivindicativos. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia está concentrada en la defensa de las reservas fiscales del Estado, en la defensa de la empresa estatal de la minería (COMIBOL) y en la defensa de sus puestos de trabajo. Los cooperativistas mineros de Bolivia, organizados en la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), están convencidos que tienen derechos a más concesiones mineras, pues su sector se expande y conforma la mayoría de los trabajadores mineros, que aglutinan a aproximadamente setenta mil socios. Las juntas de vecinos están adormecidas, sobre todo la Federación de Juntas de Vecinos de la Ciudad de El Alto (FEJUVE), con el control de las gestiones municipales. Los campesinos, organizados en la Confederación Sindical Única de Trabajadores campesinos de Bolivia (CSUTCB), renunciaron a la reforma agraria y su dirigencia está convencida que los terratenientes son la TCOs indígenas, a las que hay que afectar. Como se puede ver, el bloque popular que abrió el proceso de cambio, bloque popular que incluso fue la defensa inexpugnable del proceso durante la primera gestión, se ha disuelto. El accionar del gobierno tiene una gran responsabilidad en esto, por su obsesiva cooptación clientelar de las dirigencias, también por su obcecación por destruir a las organizaciones que se resisten y plantean autonomía, como sucede con las organizaciones indígenas. También el gobierno es responsable de la paulatina destrucción del MAS, que si bien nunca logró constituirse como instrumento político de las organizaciones sociales, sino fue tan sólo un instrumento electoral, podía haber sido una instancia de deliberación y de discusión de lineamientos políticos. Nada de esto sucedió, se crearon paralelas a las departamentales, incluso a las direcciones de las circunscripciones; en los congresos nacionales el ejecutivo conspiro contra el MAS evitando una estructura orgánica consolidada. Este Movimiento al Socialismo fue sometido a una total obediencia y supeditación al ejecutivo. Hoy es una gran masa gelatinosa desmoralizada, mientras el ejecutivo y los asambleístas hablan a nombre del MAS. Es complicado todo esto, ¿por qué ha sucedido? ¿Por qué no se ha formado gente como sucedió en Venezuela en lo que respecta a las llamadas comunidades? ¿Se confío en la leyenda del caudillo y en la supuesta clarividencia del acompañante?

Si uno evalúa este panorama de diseminaciones, la verdad que está difícil la reconducción del proceso, si es que no es imposible. Sobre todo cuando el gobierno está obcecado en imponer su voluntad, ahora que tiene a disposición todos los aparatos del Estado, cuando ha copado todos los órganos del Estado, supeditados a sus determinaciones. Sobre todo ahora, que ha usado toda la violencia simbólica y física del Estado contra la IX marcha indígena. Ha impuesto una consulta espuria y la lleva a cabo contra viento y marea, violando la estructura normativa y conceptual de la consulta, violando los derechos de las naciones y pueblos indígenas, sobre todo en el TIPNIS, al realizar una acción impuesta que le llama consulta, en contra el consentimiento de los pueblos indígenas, sin la participación de las organizaciones representativas y legitimas del TIPNIS. Al gobierno ya no le interesa nada que le perturbe, ni guardar las apariencias, ni tampoco le preocupa el deterioro al que ha llegado; se confía en la fuerza descomunal del Estado y en todos los mecanismos de manipulación. Ya no le interesa que su discurso sea creíble, sino que lo efectúa solo por inercia de ritual lingüístico. Lo que importa es el resultado, conseguir lo que se quiere, imponiendo. Sobre todo cuando queda claro que su opción pragmática es la continuidad del modelo extractivista del capitalismo dependiente periférico.

En estas condiciones no parece posible una re-conducción. ¿Por qué apostar entonces por la re-conducción? Aunque las condiciones sean adversas hay que apostar por lo imposible, pues de lo que se trata es de la defensa del proceso, aunque esta defensa sea la de una colina ya perdida. Quedará el acto heroico de la defensa para posteriores generaciones.

También, porque como dice el refrán popular, no está muerto quien pelea, siempre hay la posibilidad de lo improbable; los acontecimientos políticos se producen a veces por las posibilidades y las capacidades inherentes, más que por el peso de las tendencias evidentes. Por el momento todo se ha concentrado en la defensa del TIPNIS. Quizás todo dependa de lo que pase con la espuria consulta, resistida ya por decenas de comunidades. Quizás dependa de otros eventos singulares que se suman y se acumulan, que tienen que ver con defensas concretas de derechos avasallados. No sabemos. No lo sabremos hasta que ocurran.

Por el momento es la defensa del proceso contra un gobierno que está contra el proceso y en contra de la Constitución. A los que dicen que este proceso ya está muerto y que es necesario inventar otro proceso, hay que decirles, que los procesos no son productos de deseos, de diseños o de programas, sino de fuerzas reales, de su efectuación convulsionada. Mientras no se cuente con este físico, con estas fuerzas, el otro proceso es sencillamente una hipótesis o una esperanza.

A los que creen en las elecciones, en la salida electoral, en hacerle frente al MAS con un nuevo frente, hay que recordarles que las victorias del MAS el 2002, el 2005 y el 2009, no fueron astucias electorales, sino la verificación estadística de victorias políticas de los movimientos sociales anti-sistémicos. Primero vinieron las victorias políticas después los resultados electorales. Unas elecciones no reconducen nada si no hay victorias políticas y estas tienen que ver con movilizaciones sociales. Por otra parte, si se llega a las elecciones del 2014 con el avance del deterioro inherente, el proceso ya estaría muerto. No se van a volver a repetir los resultados de las elecciones anteriores, nadie puede repetirlos, pues no se está saliendo de una fase de luchas que articuló combativamente al bloque popular. La tarea política es re-articular al bloque popular, lograr re-conducir el proceso o intentar hacerlo; sólo esta acumulación de fuerzas y la convicción de las transformaciones que quedaron pendientes en la Constitución, solo una victoria política de los movimientos sociales conformados, puede enfrentar las elecciones de una manera no electoralistas, sino para efectuar el cumplimiento de las transformaciones estructurales e institucionales que manda la Constitución.

Ahora bien, si esto no ocurre, si no se puede re-conducir el proceso, ¿qué se puede hacer? Pues si se constata que no hay condiciones para hacerlo; no es posible articular al bloque popular, se encuentra dividido, disperso, hasta desmoralizado y, por otro lado, cooptado en gran parte de sus dirigencias, debe buscarse una alternativa que sea la condición de posibilidad de retomar la movilización por la construcción real del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Si se constata que tampoco las ciudades han logrado conformar movilizaciones permanentes en defensa de la Constitución y del proceso, pues cuando se dan estas movilizaciones, como en el caso de la defensa del TIPNIS, son intermitentes, lo que queda es la defensa de las conquistas democráticas ante el avance y conformación del despotismo. Siendo esta la forma de poder por donde se conducen el gobierno, la Asamblea legislativa, los otros órganos del Estado. Este despotismo también se manifiesta en la criminalización de la protesta, la criminalización de las dirigencias indígenas, la amenaza, el chantaje, la cooptación de dirigentes, la división de organizaciones, la persecución política, la judicialización de la política, la anulación de la deliberación, incluso en los espacios donde se debe deliberar, en la Asamblea Legislativa. Esta forma de despotismo se manifiesta así también en la anulación de la libertad de expresión, y no hablamos sólo de los medios de comunicación, sino de la opinión de la gente, de la formación de la opinión pública, de la formación de la reflexión común; además acompañada por el control de los medios por parte del gobierno, con la compra de empresas periodísticas, canales de televisión y acciones de empresas de radios. Toda esta ocupación gubernamental, del poder estructurado, de todos los espacios no solo que asfixian si no que acaban con el ejercicio de la democracia y las posibilidades de su profundización. Lo agravante es que este democraticidio viene acompañado por la expansión desbordante del diagrama de la corrupción y de la economía política de la cocaína. Lo que significa descomposición no sólo política sino también social. La defensa de las conquistas democráticas, en este caso, es también defensa de la sociedad.

La defensa de las conquistas democráticas es defensa de la deliberación, de la libertad de expresión, no sólo de los medios, sino, como dijimos, de la reflexión colectiva; es defensa de los derechos fundamentales, de las garantías de los derechos, es defensa de la justicia en contra de la supeditación de los jueces al ejecutivo y al gobierno, es defensa de la Constitución y de la efectuación del ejercicio del espíritu constituyente, de su realización, por lo tanto es defensa del texto constitucional y de las transformaciones estructurales e institucionales que se establecen en la Constitución. La defensa de las conquistas democráticas es también defensa de la revocatoria de mandato; revocatoria de jueces que no cumplen con el mandato; revocatoria de autoridades corruptas y serviles; revocatoria de asambleístas que no representan a sus circunscripciones ni al pueblo, pues sólo obedecen órdenes y alzan las manos; revocatoria de ministros que se comportan como guaruras al perseguir a dirigentes indígenas, ministros que amparan la corrupción o se hacen de la vista gorda, si es que no están ya metidos en la misma. En fin, la defensa de las conquistas democráticas es ejercer el derecho a la revocatoria del presidente y del vicepresidente, cuyo accionar es la cúspide misma, la síntesis, por así decirlo, del despotismo descollante.

Ya que uno de los posibles escenarios es que no se pueda reconducir el proceso, entonces la defensa de las conquistas democráticas es la última defensa de la sociedad. Que ni siquiera se pueda hacer esto es la caída al abismo. Caída al barranco debido a la imposición de un despotismo, que de por sí ya se encuentra carcomido por su propia ilegitimidad, por la sumisión a las empresas trasnacionales, por el diagrama de de la corrupción en el que se encuentra el gobierno y el aparato administrativo, además del mapa institucional del Estado, de los órganos de poder estatal; caída a la profundidad insondable de la nada debido a la corrosión causada por la economía política de la cocaína que ya ha atravesado al Estado. Este camino optado por el gobierno lo lleva a su propia implosión.

El teórico y estudioso marxista Samir Amin, cuando hacía el balance de lo acontecido con los estados socialistas de la Europa oriental, decía que no se podía construir el socialismo sin democracia, sin profundización de la democracia, que esto no era socialismo, sino la construcción autoritaria y militarizada de la revolución industrial[1]. Además de volver a retomar la comprensión olvidada de la teoría marxista de que no puede haber socialismo en un solo país. Los estados socialistas de la Europa oriental, incluyendo a la URSS, implosionaron. Un proceso se sostiene con la participación del pueblo, con el ejercicio participativo del pueblo, mejor si se ejerce la democracia participativa; el proceso se sostiene por la formación del pueblo en la deliberación, en la experiencia de las transformaciones, en el aprendizaje colectivo de la política. Un proceso transformador no se sostiene en el capricho del caudillo y en la supuesta clarividencia de su acompañante. Ambas figuras anulan al pueblo, lo convierten en su sombra obediente y aduladora; anulan también la libertad, la posibilidad de formarse y de ejercer la soberanía popular, pues esta se encuentra suplantada por la soberanía del caudillo. Esta impostura es la muerte, no solo del proceso de cambio, sino de la democracia misma, del ejercicio dinámico de la democracia y de la posibilidad de su profundización.

La psicología de los gobernantes es extravagante, creen, si es que siguen creyendo, si es que ya no es un ritual repetitivo y de inercia discursiva, que están como al principio, ungidos por la legitimidad que les otorgó el pueblo. No entienden que eso quedo atrás, que mucha agua corrió bajo el puente, que ahora no gozan de legitimidad, que no conservan la misma imagen que se logró a un principio; que esta imagen no sólo se encuentra desgastada sino demolida. Ahora son la máscara macabra y sonriente del despotismo que hace gala de su sorna sobre el cuerpo martirizado de sus víctimas. Los más patéticos son los ministros, quienes han perdido todo raciocinio y ejecutan la tarea represiva mecánicamente, sin ni si quiera intentar explicar algo, como le ocurre al Ministro de Obras Públicas, quien anuncia procesos contra la dirigencia de la marcha indígena, repitiendo la aburrida letanía de las mismas acusaciones; se dice sin esperar credibilidad que algunos son cómplices de venta de madera, en cambio otros tienen temas pendientes, como en el caso de Fernando Vargas. ¡Temas pendientes! Esta vaguedad, esta nubosidad, no solo muestran la violencia desmedida de un proceso que criminaliza la protesta, sino la mediocridad de la justificación. Claro que también hay otros como los ministros de gobierno y el de la presidencia, que creen que manejan explicaciones de lo que hacen, cuando sólo se escucha la impronta angustiante de la alocución improvisada, la impronta del manejo leguleyo y artificioso de artículos des-contextuados y de argumentos trasnochados, como si estuviéramos en la lucha antiimperialista de los años sesenta del siglo pasado. Otras figuras patéticas son los asambleístas, las presidentas de las dos cámaras, la cámara de senadores y la cámara de diputados, quienes han perdido toda compostura y salen a la palestra a justificar las atrocidades del gobierno, mostrando un rostro que manifiesta molestia, como amonestando maternalmente a los niños que no entienden nada. Esta falta de respeto al pueblo, a la gente, esta reducción del pueblo a una condición infantil es la más clara muestra de desprecio, de un desprecio que desdeña el uso crítico de la razón, como definía Kant la madurez y la ilustración.

Dado este panorama un tanto desalentador, ¿Dónde queda la derecha tradicional? Ya dijimos que esta derecha tradicional está muerta, por lo menos en este periodo, después de su derrota como consecuencia de los acontecimientos luctuosos del Porvenir-Pando; dijimos que esta derecha tradicional políticamente no es una fuerza de incidencia, no llega ni a un tercio del Congreso y les queda un solo gobernador, al que mueren por sacarlo los que ya dominan todo el espacio institucional del país. También dijimos que la derecha efectiva se encuentra en el gobierno, que ya ha cruzado la línea y se encuentra del otro lado de la vereda, enfrentando al pueblo y a las naciones y pueblos indígenas originarios. Que el gobierno ha optado por separarse de la Constitución, de los objetivos del proceso, por lo tanto del proceso mismo, que ha optado por el modelo extractivista del capitalismo dependiente y periférico. Ahora habrá que hablar del fantasma de la derecha que tiene el gobierno en la cabeza y lo blande reiteradamente en sus discursos. Esta derecha fantasmagórica es un recurso para justificar la represión a las naciones y pueblos indígenas originarios, para justificar la anulación del ejercicio de la democracia, para justificar su copamiento despótico de las instituciones estatales, para justificar el uso prebendal y clientelar de las instituciones. Este fantasma de la derecha forma parte de una guerra ficticia contra el imperialismo, con el que se lleva perfectamente, pues sigue teniendo relaciones comerciales, sigue sometido a los designios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Este antiimperialismo es de oropel. El fantasma de la derecha es funcional al despotismo.

Ahora bien, esto no quiere decir que ha desaparecido la posibilidad del retorno de la derecha tradicional, tampoco de la posibilidad de un juego interventor de la hiper-potencia económica-tecnológica-militar y mediática de los Estados Unidos de Norte América, ayudada quizás por alguna potencia regional, como tampoco la posibilidad de una mega-coalición estrambótica en las elecciones del 2014. Ninguna de estas posibilidades es descartable. Este es un límite en el campo de fuerzas, en el campo de posibilidades. Si esto ocurriera, la defensa del proceso, la defensa de las conquistas democráticas, requieren de una movilización general, incluso del gobierno, con todas sus contradicciones y decadencias que contenga. Pero se trata de una defensa, incluso armada, para retomar las banderas de la guerra del agua, de la guerra del gas, de la Agenda de Octubre y de la Constitución. En el caso de enfrentar una mega-coalición estrambótica, son las organizaciones sociales las que deben decidir en asambleas la estrategia y la táctica frente a las elecciones.

Otra vez la cuestión estatal

Una pregunta es fundamental al respecto de la cuestión estatal: ¿Por qué no se pudo construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, por lo menos hasta el momento, después de promulgada la Constitución? ¿Por qué no se dieron los pasos indispensables para su construcción, el desmantelamiento del Estado-nación subalterno y las transformaciones estructurales e institucionales que sostengan la construcción del Estado plurinacional, aunque sea paso a paso, empero avanzando en esta perspectiva? ¿Es inviable? ¿Es sólo una utopía? ¿O, por el contrario, no hubo voluntad política para hacerlo? ¿Las estructuras y las instituciones del Estado-nación son fuertes, cimentadas en la larga historia de la república, por lo tanto sus resistencias a ser desmanteladas son más fuertes que el empeño de proponérselo? Esta es la cuestión. Es menester abordar estas preguntas abiertamente, buscando un esclarecimiento de lo que ha ocurrido y lo que ocurre en el campo político, de lo que ha pasado y lo que está pasando en la política respecto a la relación con la Constitución, con los mandatos constitucionales.

Si bien hubieron propuestas, elaboradas desde el mismo campo burocrático, elaboradas desde el mismo gobierno, en el sentido de realizar las transformaciones institucionales y estructurales requeridas para la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, como es el caso del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria e Intercultural, que plantea la conformación de un pluralismo institucional, administrativo, normativo y de gestión, concebido desde la interpretación integral de la Constitución; si bien este anteproyecto nunca se discutió en el gabinete, no hubo voluntad para presentarlo ni hacerlo, habría que preguntarse ahora si era viable, no tanto por el carácter mismo del anteproyecto, considerado como propuesta de ley de gestión pública plurinacional comunitaria e intercultural, sino por el contexto donde era planteado, el Estado-nación mismo.

Parece que no era suficiente haber plasmado en la Constitución la voluntad colectiva de los movilizados de construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico; no era suficiente puesto que las transformaciones institucionales y estructurales quedaron en el papel, sin que nada ni nadie se encargue de materializar la voluntad popular y de las naciones y pueblos indígenas y originarios. Este resultado no es suficiente para demoler el Estado-nación y construir el Estado plurinacional, se requería que la movilización general no se detuviera, que acompañara a la primera gestión de gobierno controlando la gestión y creando una especie de poder dual, desde las organizaciones sociales. Era menester que la movilización general continuara en la segunda gestión de gobierno, cuando se tiene la tarea imperiosa de realizar la Constitución, de hacerla vida. Los gobiernos de la primera y la segunda gestión no podían ser una garantía del cumplimiento de la Agenda de Octubre, tampoco del cumplimiento de la Constitución. Estos gobiernos están atrapados en la arquitectura estatal del Estado-nación, se encuentra como atrapados en la costumbre inscrita de los mandos, las jerarquías, las normas, las formas administrativas de la gestión liberal. Por otra parte, como todo gobierno, reproduce las disputas de los juegos de poder de los grupos de poder.

Fue quizás un 22 de enero de 2006 cuando se decidió el curso político. No se sabe si fue del todo consciente o mas bien semiconsciente. Empero ante el terror de gobernar, sin tener experiencia en la administración pública, se opta por el pragmatismo y el realismo político. Se decide no afectar al funcionamiento de los ministerios, mantener a los técnicos, pues se supone que ellos si tienen experiencia en el manejo de la cosa pública. Ciertamente, se puede remontar la gestación de esta línea pragmática desde antes, desde las discusiones en el Congreso del 2002-2005 sobre la nacionalización de los hidrocarburos, cuando el MAS optó por la distribución a mitades, 50% para el Estado, 50% para las empresas trasnacionales. Algo que ha terminado de plasmar el gobierno con su parcial nacionalización de los hidrocarburos. Incluso el que va ser candidato a la vicepresidencia y vicepresidente, después de las elecciones del 2005, no estaba de acuerdo con la nacionalización de los hidrocarburos. Contaba con asesoramiento de técnicos contrarios a la nacionalización, que desplegaba argumentos técnicos que desechaban la medida construida en la guerra del gas y en la Agenda de Octubre. La misma tónica de argumentación seguía el candidato entonces a la vicepresidencia. Por lo tanto el pragmatismo tiene una historia más larga que las propias gestiones de gobierno.

Este paso, esta decisión puntual, el optar por el pragmatismo y el realismo político, es el que cruza el umbral, atraviesa la línea, y entra a otro agenciamiento. Al optar por el pragmatismo se optaba también por mantener el Estado-nación, que había sido cuestionado por las movilizaciones y la rebelión semi-insurreccional de 2000 al 2005. Se creyó ganar tiempo hasta la finalización de la constituyente, a la que se le transfería la responsabilidad de los temas estratégicos de la transformación del Estado; sin embargo, no se tuvo el cuidado, en este lapso de tiempo, de evitar que la sedimentación de la administración pública cobre tal peso que haría imposible toda transformación posterior. En la primera gestión se aprendieron las costumbres burocráticas, se adquirió el apego a ellas, se tomó consciencia de los intereses propios de la burocracia, y se terminó defendiendo esos privilegios.

Se puede decir que había varias tendencias durante la primera gestión de gobierno, en un principio, indianistas, agraristas, comunitaristas, socialistas, aunque también nacionalistas. Empero la tendencia que se impuso fue el pragmatismo y realismo político. Una especie de pensamiento que considera que se tiene que hacer lo que se puede hacer, lo que es viable. Una especie de teoría ad hoc, que concibe al Estado como lo único real, lo demás es utopía, que hay que usar al Estado para transformar. Este pragmatismo rápidamente se adecuó a lo que había, la estructura de los ministerios, sus prácticas, sus formas de administración, sus formas de gestión, la enredadera de sus normas y sobre todo a la argumentación de los técnicos, abogados y administrativos, que son los que manejan realmente los ministerios. Entonces el pragmatismo se plasmó en gestión, en tanto las otras tendencias elucubraban sobre cómo había que hacerlo. Una concepción monetarista y presupuestaria, desde el entonces Ministerio de Hacienda, se impuso a la gestión de los demás ministerios. Se optó por la elaboración de decretos supremos, para evitar el cuestionamiento de la oposición, sobre todo teniendo en cuenta la presencia en el Congreso de entonces de una derecha que conservaba un peso significativo, aunque minoritario. Para hacer los decretos se requería de técnicos, y estos terminaron imponiendo su óptica a los mismos decretos. También los abogados y su forma de argumentar le dieron una perspectiva formal a los decretos.

De una y otra manera todos los ministerios cayeron en lo mismo. En la cúspide de la pirámide gubernamental, los gabinetes se convirtieron en el lugar donde se avala este pragmatismo, se revisa los decretos, se informa, a veces se discute, pues supuestamente los debates ya se dieron en las comisiones. A veces los gabinetes salen de esta letanía sólo por las ocurrencias del presidente o por los conflictos que tiene que sortear y atender el gobierno, conflictos que ponen en tensión a todos. Algo distinto a estas letanías gubernamentales eran las reuniones del presidente con las organizaciones sociales a las cinco de la mañana. En un principio planteaban un escenario distinto, como de consulta, participación y de auditorio donde podían hablar las organizaciones sociales. Empero, también se convirtió este sugerente escenario en un lugar de demandas singulares, gremiales, corporativas, sectoriales y hasta de cuotas de poder. Nunca se discutió sobre los problemas fundamentales de la transformación estatal. Con el tiempo este escenario se desgasto y se convirtió en una rutina.

Obviamente hubo medidas importantes, contempladas en la Agenda de octubre; la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Aunque la primera medida se hubiera ejecutado parcialmente y la convocatoria a la Asamblea Constituyente la haya hecho el Congreso sin respetar la convocatoria insurreccional que ya hicieron los movimientos sociales. La convocatoria del Congreso, poder constituido, buscaba limitar los alcances de la Asamblea Constituyente, poder constituyente, que como tal estaba por encima de cualquier poder constituido. La continuidad y consecuencias de estas medidas hubieran abierto otro camino, empero, la primera se entrampó en los contratos de operaciones, cediendo el control técnico a las empresas trasnacionales; en cambio, la segunda, que siguió un curso accidentado, con constantes intervenciones equivocadas del ejecutivo, logró aprobar una Constitución que conserva el espíritu constituyente y la estructura fundamental de los mandatos de los movimientos sociales. Sin embargo, la Constitución quedó en papel, pues no pasó a la fase de aplicación. En el transcurso el Congreso volvió a intervenir revisando el texto constitucional, volviendo a intervenir el poder constituido en competencias del poder constituyente. Cosa que mostraba claramente las intenciones del ejecutivo respecto de la Constitución.

De todas maneras, como dijimos, estas medidas podían haber abierto otro recorrido político. Pero, esto no pudo ser; en la primera gestión se consolido la estructura de poder dominante, la línea dominante política del gobierno. El campo burocrático se articuló, haciendo preponderar las lógicas del Estado separado de la lucha de clases, de la sociedad y de la Constitución, por lo tanto también del proceso. Lo que iba a venir después ya estaba inscrito en el aparato conformado. Había ya demasiados acuerdos implícitos; del ejecutivo con las Fuerzas Armadas, en quienes se confiaba la defensa del gobierno; del ejecutivo con la Federación del Trópico de Cochabamba, para ampliar la frontera agrícola en beneficio de la extensión de los cultivos de la hoja de coca excedentaria; del ejecutivo con los empresarios que se sumaron a un acuerdo económico, para mejorar la producción, la exportación, sobre todo de la soya, también para coadyuvar en el manejo de las finanzas. Así es como se acordó también con los empresarios de la soya la incorporación de transgénicos en la Ley de la Revolución productiva; de la misma manera se acordó con la burguesía agraria y agroindustrial la ampliación de la frontera agrícola para beneficio de la agricultura extensiva, además del respeto a la propiedad privada empresarial. A esto hay que añadir los acuerdos del ejecutivo con las empresas trasnacionales, sobre todo cuando eran aparentemente afectadas, en lo que respecta a la compra de acciones, al pago de indemnizaciones y de las reposiciones de acuerdo a informes de inversión no controlados y cocinados por las empresas trasnacionales.

Por otra parte, la proliferación de los circuitos de influencia, el crecimiento de las clientelas, la expansión de la corrosión de la corrupción, se convirtieron en factor de poder, incidiendo incluso en las decisiones políticas. Lo que fue al principio una contemplación se convirtió después en una complicidad. No solamente la estructura de poder consolidada del bloque dominante en el gobierno, sino los múltiples hilos que se tendieron, forjando tejidos de compromisos y complicidad, terminaron dándole un perfil al gobierno y a los órganos de poder del Estado. Este perfil es la de una forma de gobernabilidad despótica, acompañada por un populismo demagógico, poco creíble. Todo esto se ampara en la certeza que se tiene todo el poder y subordinadas a la justicia, al órgano legislativo, al órgano electoral y al tribunal constitucional, por lo tanto que se tiene concentrado el monopolio de la violencia simbólica y física del Estado, entonces se tiene la suficiente fuerza como para imponer y vencer las resistencias, incluso criminalizándolas.

Como se dijo en otro texto, estos son los síntomas de la crisis de la forma Estado, la manifestación clara de que continuamos en la crisis múltiple del Estado; de que no salimos de esta crisis. Esta problemática es compartida por todos los estados del mundo, con sus diferencias específicas y de contextos. La particularidad boliviana es que esta crisis continúa intensamente en el umbral no cruzado hacia la transición del Estado plurinacional comunitario y autonómico.

¿Se puede salir de esta crisis? La pregunta es: ¿podemos construir el Estado plurinacional? Tal parece que se deben crear las condiciones para hacerlo. Esto equivale a gestar una voluntad colectiva que quiera hacerlo. Se requiere una deliberación abierta sobre lo que ha ocurrido, sobre la experiencia política de las dos gestiones, sobre todo en las organizaciones sociales y en las ciudades. Esto es ciertamente difícil, pues hay muchos obstáculos, que tienen que ver con los grupos de interés y de poder. Pero, hay que intentar hacerlo. Se requiere que la mayor parte de la gente se apropie de los temas de discusión, también se apropie de la Constitución, pero no de la manera como se ha hecho, mediante difusión propagandista, interpretación parcial y leguleya, dejando a un lado el espíritu constituyente y una interpretación integral y política. De manera diferente, se trata de una apropiación política de la Constitución. Es indispensable un acuerdo entre todos, por lo menos entre la amplia mayoría de los sectores. Discutir las contradicciones evidenciadas en los conflictos; es primordial, por ejemplo, una discusión entre mineros y comunarios, entre trabajadores e indígenas originarios, sobre cómo salir del extractivismo. No se puede renunciar a la reforma agraria, que es indispensable para romper con la concentración y el monopolio de la tierra y avanzar cualitativamente en resolver el gran problema de las desigualdades. Para tal efecto, quizás sea menester discutir los métodos de la reforma agraria con los involucrados, los sin tierra, los propietarios de minifundios, los campesinos, las comunidades indígena, los medianos y pequeños propietarios, pues se debe por lo menos afectar a la gran propiedad, al latifundio.

Los grandes acuerdos del bloque popular tienen que ver con la creación de las condiciones de posibilidad de las trasformaciones estructurales e institucionales que requiere la aplicación de la Constitución. Entre estas condiciones son indispensables las canalizaciones de las transformaciones, pluralistas, comunitarias, autonómicas, interculturales y participativas del Estado. También la conformación del pluralismo institucional, normativo, administrativo y de gestiones. Así como efectuar una planificación integral y participativa, con enfoque territorial, como establece la Constitución. La construcción del modelo político, el Estado plurinacional comunitario y autonómico, la construcción del modelo territorial, pluralismo y dinámicas territoriales-ecológicas, la construcción del modelo económico, economía social y comunitaria, articuladas por el macro-modelo del vivir bien, como alternativa de transición al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, sólo es posible mediante una movilización general, la construcción de la voluntad colectiva para la transformación, la participación abierta y el logro de grandes consensos. La transformación nunca fue un hecho burocrático sino un producto político de las multitudes movilizadas. Los grandes acuerdos tienen que concertar la agenda económica para salir del modelo extractivista, se requiere acordar los métodos y procedimientos de esta salida, de la transición del extractivismo a un modelo integral independiente basado en la soberanía alimentaria. También se requiere, en esta transición, sacar a las empresas trasnacionales del control de las reservas minerales, hidrocarburíferas y evaporíticas, del control de los recursos naturales, del control de la explotación y la producción, del control técnico de la producción y de cualquier control administrativo. Ciertamente en este terreno el Estado en transición juega un papel importante garantizando la propiedad de todos los bolivianos y su administración colectiva, participativa y con control social.

Como se puede ver la resolución de la cuestión estatal, el recorrido de las transformaciones, sólo se puede lograr con la transformación de los mismos sujetos de la movilización, también herederos de dominaciones históricas, por lo tanto también colonizados. La descolonización requiere hurgar en las profundidades mismas de las subjetividades, en las cavidades del cuerpo, remover lo que se ha cristalizado en los huesos, constituyendo sujetos emancipados, creativos dispuestos a efectuar las transformaciones.

Notas:

[1] Samir Amin: Au-delà du capitalisme sénile: Pour un XX sièclenon-américain.

* Activista de Comuna, http://horizontesnomadas.blogspot.com/