San Juan, La Habana y Naciones Unidas (PL).- A seis décadas de la creación del estado libre asociado (ELA) y a 114 años de la invasión de Estados Unidos, sectores políticos de Puerto Rico llaman a votar contra el colonialismo norteamericano, origen de los males sociales del archipiélago caribeño, en el referéndum programado para el 6 de noviembre de 2012.

La intromisión militar estadounidense en la guerra de independencia de Cuba (1895-1898) dejó grandes secuelas en este país, víctima de la opresión neocolonial durante varias décadas, y a su hermana Puerto Rico le reforzó las cadenas coloniales.

El pueblo cubano libró tres guerras por su independencia sin recibir nunca el reconocimiento de beligerancia o cualquier otro apoyo de Washington, hasta que EE.UU. le declaró la guerra a España en la primavera de 1898. A más de tres años de lucha, el fin de la contienda era cuestión de más o menos tiempo; España ya había invertido hasta “el último hombre y la última peseta” y no podía extraer más de su arruinada economía.

Los cubanos sólo aceptaban la independencia total y por ello no depusieron las armas y fueron el componente decisivo en la toma de Santiago de Cuba por las fuerzas norteamericanas, sin sospechar las verdaderas intenciones de éstas. Después de la rendición de los españoles en Santiago de Cuba (16 de julio), con el desembarco de sus tropas, el 25 de julio de 1898, en Puerto Rico, en las costas de Guánica, Estados Unidos logró prácticamente su sueño de convertir las aguas del Caribe en un mar norteamericano.

Resultado de esta guerra relámpago, aunque bien pensada desde tiempo antes, de un plumazo pasaron a manos estadounidenses 300 mil kilómetros cuadrados y unos 10 millones de personas, luego de la firma del Tratado de Paris, el 10 de diciembre de 1898.

Cuba, la mayor de las Antillas, constituye un archipiélago de unos 110 mil kilómetros cuadrados, a la entrada del Golfo de México, formado por más de mil 600 islas, islotes y cayos, que en su política expansionista Estados Unidos ambicionaba y más de una vez trató sin éxito de comprar a España.

Puerto Rico -la menor y la más oriental de las Grandes Antillas- es un archipiélago de 13.700 kilómetros cuadrados, integrado además por las islas Culebra (28,5 Km. cuadrados), Mona (50,5 Km. cuadrados) y Vieques (133,9 Km. cuadrados), así como por islotes y cayos menores.

En las negociaciones efectuadas en la capital francesa en ningún momento tuvieron en cuenta a cubanos, puertorriqueños y filipinos, que cambiaron de dueño, al ser adoptado, rubricado y ratificado el acuerdo, sin su participación o conocimiento del contenido del mismo. Nada fue improvisado por el agresor para alcanzar sus fines, pues al suscribirse en Washington, el 12 de agosto de 1898, el Armisticio que suspendió las hostilidades, impuso sus condiciones antes de sentarse a la mesa de negociaciones.

Los artículos del Protocolo, incluían la renuncia de España a todos los derechos sobre Cuba, la cesión de Puerto Rico y demás posesiones en las llamadas Indias Occidentales y una isla a escoger en las Ladronas -finalmente la isla de Guam-, y la ocupación de la ciudad, la bahía y el puerto de Manila, en espera de la conclusión de un Tratado de Paz.

La derrota de las fuerzas españolas en Santiago de Cuba había hecho comprender a Madrid que el único camino era lograr un acuerdo de paz, y con ese objetivo comunicó su disposición en mensaje del 22 de julio de 1898, el cual llegó a manos del presidente William McKinley, el día 26.

España estaba dispuesta a aceptar la solución que agradara a Estados Unidos, ya fuera la separación de Cuba de sus dominios, mediante independencia absoluta, independencia bajo el protectorado o anexión a la República Americana, prefiriendo la última. McKinley se mostró inflexible, poseer a la Mayor de la Antillas no era suficiente y Estados Unidos presionó hasta conseguir sus objetivos, a pesar que la Corona alegaba eran excesivos, pero no estaba en condiciones de continuar la guerra.

Al ceder el archipiélago de Islas Filipinas, Estados Unidos pagó a España 20 millones de dólares dentro de los tres meses después del canje de ratificaciones del Tratado, el 11 de abril de 1899, en Washington. La independencia puertorriqueña, objetivo conjunto de los patriotas de ambos países, sufrió un golpe demoledor en la primera guerra imperialista de Estados Unidos, en el verano de 1898, al punto de soportar el pueblo boricua más de un siglo al nuevo colonizador.

Alcanzada la independencia cubana, era indispensable la liberación también de la otra colonia de España en el Caribe y, por ello, la proclamación (1892) del Partido Revolucionario Cubano (PRC) contó con el concurso de las emigraciones de puertorriqueños en Estados Unidos y otros países. El Artículo primero de las bases del PRC, fundado por José Martí, expresa claramente que este “se constituye para lograr con los esfuerzos de todos los hombres de buena voluntad, la independencia absoluta de la Isla de Cuba, y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico”.

El padre de la Patria borinqueña Ramón Emeterio Betances (1827 -1898), Delegado General por la Sección Puerto Rico del PRC, rechazó la intervención de Washington: “No quiero colonia ni con España ni con Estados Unidos”, dijo y dedicó sus últimos esfuerzos a combatirla hasta su fallecimiento en Paris, el 16 de septiembre del propio año.

Activo luchador por la independencia de su tierra natal y la de Cuba, fue el promotor principal de la conspiración independentista y organizador del Grito de Lares (1868). Médico y escritor, presidió el Comité Revolucionario Cubano en Paris, la República de Cuba en Armas (1895-1898) en la capital francesa y la Delegación del Partido Revolucionario Cubano allí.

Horas antes de morir en combate, el 19 de mayo de 1895, Martí expresó en carta inclusa a su amigo mexicano Manuel Mercado, su propósito de impedir a tiempo con la independencia de Cuba, la extensión de Estados Unidos por las Antillas y que cayera con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América.

EE.UU. estableció un gobierno interventor en Cuba y sólo se marcharía tras imponer un apéndice a la Constitución de la República, que limitaba su soberanía, y la obligación de establecer una base militar (Base de Guantánamo) que aún mantiene contra la voluntad de su pueblo. El triunfo de la Revolución Cubana, en enero de 1959, significó no solo la derrota de una sangrienta dictadura, sino la desaparición de la neocolonia erigida en 1902 bajo la tutela de EE.UU.

Puerto Rico permanece en manos de Estados Unidos, a pesar de la existencia de una nación perfectamente definida, una cultura nacional y la conservación del español -lengua común de los pueblos iberoamericanos-, asediado por los intentos de imposición del idioma inglés. Aunque existe a partir de 1952 la ficción del denominado Estado Libre Asociado (ELA), nada ha podido disimular la realidad colonial porque la cuestión del status independiente está en espera desde el siglo XIX.

Desde 1972, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas reconoció el derecho del pueblo puertorriqueño a la autodeterminación y la independencia nacionales, en sucesivas resoluciones, la última el pasado 18 de junio de 2012.

La independencia de Puerto Rico retumba en la ONU

El caso colonial de Puerto Rico volvió este año al debate de Naciones Unidas con nuevos reclamos para que sea analizado por la Asamblea General y reiteradas demandas por la libertad de varios independentistas presos en cárceles de Estados Unidos. Por décimo tercer año consecutivo, el tema fue analizado por el Comité de Descolonización de la ONU con la participación de más de una veintena de representantes de una amplia gama de organizaciones políticas y sociales de la isla.

Uno de los momentos más emotivos de la sesión estuvo marcado por la presencia de Carlos Alberto Torres, un prisionero político puertorriqueño que cumplió 30 años de cárcel (1980-2010) en Estados Unidos por trabajar a favor de la independencia boricua. Al intervenir ante el cuerpo de la ONU, Torres exigió al presidente estadounidense Barack Obama la liberación de varios de sus compañeros que continúan presos en instalaciones norteamericanas: Oscar López Rivera (en prisión desde hace 31 años), Avelino González Claudio y Norberto González Claudio.

Estados Unidos se autoproclama como una democracia y llama a otros países a liberar a sus presos políticos, pero niega que cuente con ese tipo de prisioneros, denunció Torres. Dijo que los encarcelados fueron condenados por sus ideas y por luchar por la libertad de Puerto Rico y afirmó que “el crimen verdadero es el colonialismo y no la resistencia” a ese sistema, como ha sido reconocido por la comunidad internacional.

Luego de escuchar las posiciones de cerca de 30 peticionarios de variadas posiciones sobre la independencia de Puerto Rico, el comité de la ONU aprobó el 18 de junio de 2012, por décimo tercer año consecutivo, una resolución presentada por Cuba y que ratificó el derecho del pueblo puertorriqueño a la autodeterminación e independencia.

Al proponer la aprobación del texto, el embajador alterno de Cuba ante la ONU Oscar González León recordó que desde 1972 el Comité de Descolonización ha adoptado 30 resoluciones y decisiones sobre Puerto Rico, pero “poco se ha avanzado en el logro de una solución definitiva que resuelva esa situación colonial”. “Estados Unidos de América, la potencia colonial, mantiene el dominio económico, político y social sobre esa hermana nación que a pesar de ello, mantiene su arraigada e inclaudicable vocación de independencia”, puntualizó.

El texto, auspiciado además por Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, dice que Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña, con una identidad cultural propia e inconfundible, y reconoce el derecho inalienable de su pueblo a la libre determinación e independencia. En ese sentido, pide avanzar en un proceso que le permita a los puertorriqueños ejercer esa prerrogativa, como demandan los acuerdos de la Asamblea General de la ONU, y llama al Gobierno de Estados Unidos a asumir su responsabilidad de propiciar avances en esa dirección. También insta a Washington a concluir la devolución al pueblo de Puerto Rico de toda la tierra antes ocupada y las instalaciones de Vieques y Ceiba.

Al apoyo regional a la causa independentista se sumaron además los 120 Estados miembros del Movimiento de Países No Alineados, por intermedio de un delegado de Egipto ante la ONU. El diplomático recordó una declaración adoptada por esa agrupación en su más reciente cumbre y que exhortó al Gobierno estadounidense a permitir que el pueblo de la isla boricua ejerza su derecho inalienable a la autodeterminación e independencia.

Ese pronunciamiento de los No Alineados también solicitó que la cuestión de Puerto Rico sea analizada “en todos sus aspectos” por la Asamblea General, integrada por los 193 Estados miembros de la ONU. La aprobación de la resolución del Comité de Descolonización también fue saludada por las delegaciones de Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Irán y Siria, entre otras.

Consulta revisará el estatus en Puerto Rico

La consulta de estatus para revisar la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos se encaminaba por una ruta peligrosa en mayo de este año, luego de que la Alianza pro Libre Asociación Soberana (ALAS) rechazara posibles enmiendas a la ley habilitadora. “Cualquier intento de cambio le hace más daño que bien a lo que hasta ahora, con sus defectos y virtudes, constituye un mecanismo legítimo para comenzar el proceso de descolonización de Puerto Rico”, argumentó el presidente de ALAS Luis Delgado Rodríguez.

La agrupación, que asumió la representación del Estado Libre Asociado Soberano (ELA Soberano) rechazó de una propuesta impulsada por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz para que se enmiende la ley en lo que respecta a las fórmulas políticas. Rivera Schatz, cabeza de una facción del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), de gobierno, que considera que tal como está planteado el plebiscito beneficia a los enemigos de la integración plena a Estados Unidos. En tal sentido estima que en lugar de ELA Soberano debe decir libre asociación, tal como lo reconoce las Naciones Unidas.

El planteamiento ha surgido a raíz de encuestas de opinión que colocan al ELA Soberano a la par con la anexión, una situación imprevista dado que el Partido Popular Democrático (PPD), principal de oposición, rehusó representarlo. El PPD es partidario de que las relaciones con Estados Unidos sigan como hasta ahora, bajo el ELA creado en 1952, considerado de carácter colonial, pues solo permite algunas áreas de administración interna.

El presidente de ALAS afirmó que cualquier enmienda a la ley habilitadora del plebiscito de estatus restará seriedad al proceso, en el que también está involucrado el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). “Todo el contenido de lo que se habría de incluir en la ley se discutió ampliamente y en varias instancias, entre el representante del gobernador y los dirigentes de las organizaciones que habrían de participar, llegándose a consensos”, manifestó Delgado a la agencia puertorriqueña Inter News Service.

El gobernante puertorriqueño Luis Fortuño ha tomado con cautela la propuesta del sector del PNP que busca impulsar enmiendas, pues podría malograr la consulta que persigue romper el inmovilismo que mantiene Washington en la solución del estatus colonial de Puerto Rico. Fortuño advirtió al diario El Nuevo Día que cualquier cambio que se haga a la ley habilitadora será de carácter técnico, no en las definiciones, y en consenso con las organizaciones que han asumido la representación.

En la consulta a celebrarse el 6 de noviembre próximo, simultáneamente con las elecciones generales, los electores votarán en una columna si desean mantener o no las actuales relaciones con Estados Unidos y en la otra seleccionar entre la anexión, la independencia y el ELA Soberano.

El candidato a la gobernación por el PIP Juan Dalmau Ramírez exhortó al pueblo a votar contra la dominación colonial ya que “en este momento las condiciones son propias para adelantar el proyecto de independencia de Puerto Rico”. Estableció que existen coyunturas históricas, como el apoyo de Latinoamérica, para fortalecer el movimiento independentista puertorriqueño, y exhortó al pueblo a votar “dos veces no” en la consulta del 19 de agosto que pretende limitar el derecho constitucional a la fianza y reducir el número de miembros de la Asamblea Legislativa.

Dalmau denunció los abusos imperiales cometidos por Estados Unidos desde la invasión el 25 de julio de 1898 para desmantelar el movimiento independentista nacional, y acusó al PPD, principal de oposición, de estar “bailando como el esclavo al son de sus cadenas” en el occidental municipio de Mayagüez, donde celebraron la creación del ELA. Mientras, el ex presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico Eduardo Villanueva Muñoz describió como “una gran enfermedad” la situación colonial que padece la isla del Caribe de 3,7 millones de habitantes.

Villanueva, que preside el comité por la liberación de los presos políticos puertorriqueños en Estados Unidos, llamó a no olvidar a esos compatriotas que están encarcelados, como Oscar López Rivera, que lleva ya 31 años en situación de abuso. “Lo que tiene que mover a todo puertorriqueño y puertorriqueña que lucha por la excarcelación de los presos políticos es luchar por los ideales que llevaron a esas personas a estar en la cárcel y el ideal central no lo podemos olvidar: el de la independencia como opción al coloniaje”.

* Historiadora, periodista y colaboradora de Prensa Latina y jefe de la corresponsalía de PL en Naciones Unidas.

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Crisis, corrupción y represión caracterizan al agotado modelo colonial de Puerto Rico

El 18 de julio la acreditadora Moody’s degradó 16 mil millones de la Corporación para el Financiamiento del Impuesto a la Venta (Cofina). Hace tres meses que los bonos Cofina se hallaban en una lista sujeta a evaluación en todo Estados Unidos. Con la determinación, los bonos Cofina se reclasifican de Aa2 a Aa3 y los bonos subordinados de A1 a A3.

“La degradación refleja nuestra percepción de un aumento en el riesgo de la estructura de servicio de deuda de los bonos como resultado de los efectos de la extendida recesión de Puerto Rico con cambios estructurales en el sector de la manufactura debido a la terminación de beneficios contributivos”, argumentó Moody’s. En los últimos meses las casas acreditadoras degradaron la deuda del gobierno puertorriqueño, de la Universidad de Puerto Rico y la estatal Autoridad de Energía Eléctrica.

Asociado al agotamiento del modelo económico colonial, el nivel de corrupción en Puerto Rico llega a tal nivel que en los presupuestos empresariales se incluyen partidas destinadas a funcionarios del gobierno para garantizar contratos, revela un sondeo realizado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Se trata del primer estudio de su tipo que se realiza en el país, y cubre un periodo entre julio de 1997 hasta junio de 2008.

El estudio “Proyecto sobre el mal uso de los recursos del gobierno”, divulgado por el diario El Nuevo Día, concluye que los funcionarios públicos y empresarios reconocen la existencia de un elevado nivel de corrupción relacionado a la compra y venta de influencias para alterar las leyes o las decisiones del gobierno. El 46% de los empresarios encuestados admite que la corrupción en su industria es de “nivel intermedio a muy alta”, mientras que el 23% tiene una partida de su ingreso presupuestado para hacer regalos o “tener detalles de cortesía” con burócratas o personas que toman decisiones en este sentido.

La situación llega a tal punto que un 30% reveló que se ha visto obligado a contribuir a campañas políticas de determinado partido. La percepción de los encuestados es que la corrupción ha crecido, por lo que el 66% de los empresarios así lo reconoce y un 56% de los empleados o funcionarios públicos encuestados coincide en este sentido. Un 12% de los funcionarios opina que la corrupción se ha reducido y un 9% de los empresarios lo avala.

Por otro lado, el notable deterioro de los derechos civiles en Puerto Rico también está directamente relacionado con el decadente modelo colonial. Los derechos civiles se encuentran sometidos a “políticas públicas antidemocráticas bajo el palio de un mandato electoral”, según un informe de la Comisión Especial del Colegio de Abogados para Estudiar el Estado Actual de los Derechos Constitucionales.

Existe una política que subordina los derechos ciudadanos a “programas de seguridad policiaca, propulsados por el miedo y la intimidación”, manifestó el presidente del Colegio de Abogados Osvaldo Toledo, al dar a conocer el documento de ocho ensayos, los cuales resumen ponencias recibidas por la Comisión Especial en audiencias públicas en marzo de 2011.

“A partir de la determinación de patrones de conducta gubernamental, se apunta la existencia de designios pre dirigidos para reprimir a la oposición”, advirtió Toledo y reveló que en el estudio “se recomienda ampliar las vías de estudio para comprender más cabalmente cómo vivimos sujetos a un Estado que diseña y ejecuta políticas públicas antidemocráticas bajo el palio de un mandato electoral”.

En el país, dijo, no hay espacios de evaluación ciudadana de políticas públicas, mucho menos de rendición de cuentas, y ni hablar de posibilidades para su delineación colectiva. El presidente de la Comisión Especial del Colegio de Abogados Samuel Quiñones estableció que “más que denuncias sobre hechos particulares, nuestro trabajo consistió en explorar los problemas desde una perspectiva ideológica más amplia”.

La estructura represiva ha convertido a la comunidad dominicana establecida en esta isla en “un polvorín a punto de explotar”. En esta tesitura se encuentra la comunidad gay, que es víctima de ataques y provocaciones, al tiempo que “no se investigan eficientemente los crímenes de odio” contra ese sector. “La persistencia de prejuicios que van más allá de las instituciones gubernamentales y el fomento de la invisibilidad de esta comunidad para no tener que proveerles los servicios a los que tienen derecho”, se argumentó en el documento.

Respecto a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, se destacó que hay “una disonancia patente entre el discurso oficial de defensa de la democracia y el empleo de técnicas de corte fascista para reprimir las voces de crítica”.

El 2 de agosto de este año, el activista Alberto De Jesús fue detenido por dos horas por las autoridades de Estados Unidos a su arribo a Puerto Rico procedente de la isla caribeña de San Martin, donde aplazó su travesía por la libertad del prisionero político boricua Oscar López Rivera, quien lleva 31 años encarcelado en Estados Unidos, condenado por sedición por su presunto vínculo con las ya desaparecidas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) de Puerto Rico, que operaban en Nueva York y Chicago.

De Jesús, conocido como Tito Kayak, comenzó el 21 de junio en Venezuela un recorrido por distintas islas del Caribe para reclamar la libertad de su compatriota y con el fin de llamar la atención internacional sobre el inhumano encarcelamiento. El luchador social espera reanudar la travesía en kayak en su última parada, la isla de San Martín, hasta llegar a Puerto Rico.

“Los federales me detuvieron por dos horas en el aeropuerto (internacional de Isla Verde, en Carolina) sin ningún motivo”, denunció el activista en el Colegio de Abogados de Puerto Rico, donde se celebraba una actividad artística para recaudar fondos para la continuación de su viaje de denuncia en kayak por el Caribe.