Trinidad, Santa Cruz y La Paz (ABI).- Pobladores del municipio cruceño de Buena Vista tomaron la planta de gas y petróleo de Caranda y cerraron válvulas exigiendo la destitución del alcalde de esa localidad. Al mismo tiempo, habitantes de San Buenaventura del departamento de La Paz tomaron como rehén a una diputada oficialista en protesta por el congelamiento de cuentas de ese municipio.

El lunes de esta semana alrededor de 200 pobladores de Buena Vista, provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz, tomaron la planta de Caranda exigiendo la liberación del dirigente Ángel Nina Choque, encarcelado en Palmasola; la pavimentación de caminos, electrificación de la zona y la renuncia del alcalde René Vega.

Aparentemente, dos grupos sociales se disputan el control del municipio, uno de los cuales exige la destitución del alcalde Vega, quien fue alejado del cargo por una orden judicial, pero restituido luego por el Tribunal de Amparo de ese municipio.

Autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denunciaron ante la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz la toma y el cierre de válvulas de la planta de Caranda, una de las más importantes del país, cuya producción cubre la demanda del mercado nacional y de Brasil. Según la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, un día sin producción representa una pérdida de 600 mil metros cúbicos (m3) de gas natural y 500 barriles de petróleo.

Más de 200 barriles de crudo y alrededor de 13 millones de pies cúbicos de gas diarios se dejaron de producir en el campo Caranda, lo que arroja una pérdida de entre 130 mil y 140 mil dólares diarios, precisó el ministro de Hidrocarburos y Energía Juan José Sosa. “Las plantas están cerradas, no hay presencia policial porque había amenazas de que los pobladores iban a volver con armas de fuego a hacer un intento de retoma”, informó el Ministro.

La Policía desplazó 100 efectivos para desalojar a los ocupantes y retomar el control del pozo, acción que derivó en la muerte de Ambrosio Gonzales, uno de los participantes en la toma, en las primeras horas del martes. Según el Viceministerio de Régimen Interior y la Policía, el fallecido de 49 años perdió la vida debido a una hemorragia.

“Tras el levantamiento del cuerpo, en la autopsia de ley que practicó el médico forense Rafael Vargas se constató que el deceso del comunario no fue por proyectil, sino por una bolilla (canica) que fue extraída de la parte anterior de la rodilla”, explicó el viceministro de Régimen Interior y Policía Jorge Pérez.

La autoridad informó que la canica, disparada por un arma casera o artesanal, destruyó los vasos de distribución sanguínea de la víctima, quien por falta de atención médica perdió la vida por “anemia aguda”. De acuerdo con la investigación, el herido fue trasladado al Hospital San José Obrero de Portachuelo, pero desafortunadamente la ambulancia en la que era auxiliado sufrió un desperfecto y tuvo que caminar, razón por la que perdió mucha sangre.

El fiscal del distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez confirmó que Gonzales murió a causa de una “anemia aguda; de acuerdo al dictamen médico forense, la causa del fallecimiento sería consecuencia de shock ipobolémico, sangrado, producido por un elemento de cristal disparado, supuestamente por un arma. El elemento recolectado será pasado para una pericia de balística”.

Se conformó una Comisión de Fiscales de crimen organizado y homicidios encabezada por Osmar Vargas para llevar adelante las investigaciones y explicar a los ocupantes de la planta que esa acción está tipificada como un delito.

“Todo está bajo una hipótesis táctica que debe ser sujeta a análisis por el Ministerio Público, pero debemos dejar en cuenta que la policía y la fiscalía lo que primero tratan es de garantizar el patrimonio del Estado, por lo que establece la misma prensa sobre el daño económico al Estado por el cierre de las válvulas de gas”, aclaró el fiscal.

Por su parte, el viceministro Pérez exhortó a los grupos que se disputan el control del municipio de Buena Vista resolver el conflicto de gobernabilidad a través del diálogo y no la violencia, que lo único que provoca es dolor y luto.

Retienen a una diputada oficialista en San Buenaventura

El jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados Roberto Rojas denunció el martes el secuestro de la legisladora Julia Quisberth del MAS por miembros del Comité Cívico del municipio de San Buenaventura, partidarios del opositor Movimiento sin Miedo (MSM), debido a observaciones en el proceso de elección del alcalde de esa región del departamento de La Paz.

“La diputada conoció irregularidades en la elección de David Mendia por lo que hizo congelar las cuentas el Gobierno Municipal de San Buenaventura, en cumplimiento de la fiscalización parlamentaria”, explicó Rojas, y sostuvo que tras esa determinación los miembros del Comité Cívico secuestraron el sábado pasado a la diputada en instalaciones de la Alcaldía.

“Los del Comité Cívico están coartando el derecho a la fiscalización de los asambleístas nacionales, además de otros delitos como el de acoso y violación política y tentativa de homicidio y secuestro. Como asambleístas nacionales estamos haciendo la denuncia a la Fiscalía para que inicie los procesos correspondientes de ese acto ilegal”, declaró el legislador oficialista y solicitó a las instituciones defensoras de derechos humanos que intervengan en el caso.

“No nos pueden coartar lo que es la fiscalización, somos elegidos por el pueblo. Lo único que la diputada hizo son acciones parlamentarias de fiscalización, por eso pedimos a Derechos Humanos y al Defensor del Pueblo que cooperen en la liberación de la diputada”, dijo Rojas.

El gobierno desplazó hoy a un grupo de policías al municipio de San Buenaventura para restablecer el orden, y a autoridades del Ejecutivo para que, mediante el diálogo, gestionen la libertad de Quisbert. “Llama la atención que por un conflicto de gobernabilidad se tenga que retener a una persona más allá del cargo, y por eso se desplazó al municipio de San Buenaventura a las fuerzas del orden”, confirmó el viceministro Pérez.

La autoridad garantizó que la asambleísta se encuentra en buen estado de salud y recibe la atención adecuada, después de amagues de enfrentamiento el lunes entre los pobladores y personas que intentaron rescatarla. En este caso, dijo, existen varias querellas contra el ex alcalde de esa población Inocencio Adalid Carvajal, bajo el cargo de pérdida de cemento asfáltico, lo que ocasionó la crisis de gobernabilidad.