(Bolpress y agencias).- La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca rechazó conocer un amparo constitucional en contra de la “post consulta” impuesta por el gobierno a los pueblos indígena originario campesinos Mojeño-Trinitario, Tsimane y Yuracaré, con el fin de viabilizar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El 25 de julio el presidente de la Subcentral del TIPNIS Fernando Vargas interpuso una Acción de Amparo Constitucional ante el Tribunal de Justicia de Chuquisaca, solicitando la suspensión de la “consulta” gubernamental a los pueblos indígenas de ese territorio, con el supuesto fin de definir si el TIPNIS debe ser zona intangible o no, y si se construye o no la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

En su petitorio, el dirigente alega que el gobierno tomó la decisión unilateral de ejecutar la construcción del proyecto carretero para cuyo efecto se diseñó el proyecto; se tomaron medidas administrativas, legislativas y otras incluido el trazado; la contratación de una empresa constructora y la ejecución de las obras en los tramos I y III, sin que para ello se hubiera desarrollado un proceso de Consulta Previa Libre e Informada, tal y como mandan los artículos 30 y 403 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el Art. 6 del Convenio 169 de la OIT y el Art. 32 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El demandante recuerda que el 18 de junio de 2012 el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional 0300/2012, emergente del recurso de inconstitucionalidad que planteó el Movimiento sin Miedo (MSM) en febrero de este año, la cual declara la constitucionalidad y vigencia plena de la Ley 180 de defensa del TIPNIS, y condiciona la constitucionalidad de la Ley 222 al consenso con los pueblos que habitan el parque nacional.

Dicha Sentencia condiciona la aplicación y vigencia de la consulta a la concertación previa con los pueblos indígenas interesados; de lo contrario, los Arts. 1, 3, 4 a), 6 y 9 de la citada Ley son inconstitucionales, quedan abrogados e inexistentes en el ordenamiento jurídico nacional.

Vargas afirmó que el gobierno de Evo Morales no solo ha continuado con su accionar unilateral autoritario y prebendal destinado a imponer su “consulta” a los pueblos indígenas, sino que ha venido actuando públicamente en contra de la demanda de diálogo y concertación reclamadas por los 34 indígenas del oriente Chaco y Amazonia y los pueblos originarios de tierras altas a través de la IX marcha.

“El gobierno lo único que ha hecho es continuar con el mismo tipo de acciones autoritarias, excluyentes y discriminatorias, dirigidas a imponer su ‘consulta’, sin diálogo ni concertación alguna, al menos con los indígenas que integramos la Subcentral del TIPNIS y que somos los únicos y legítimos propietarios colectivos del Territorio Indígena, sobre el cual pretende construirse ilegalmente la carretera”, señala la solicitud de amparo constitucional.

La demanda argumenta que “este accionar gubernamental autoritario y represivo conlleva expresamente el incumplimiento y violación de la Sentencia 0300/2012, tanto en sus fundamentos como en su parte Resolutiva, ya que el gobierno ha rechazado expresamente y de manera pública, todo diálogo y concertación con la representación indígena de la Subcentral del TIPNIS”. (1)

Con esos antecedentes, Vargas solicitó al Tribunal de Justicia de Chuquisaca que fije día y hora de audiencia pública en la que se pronuncie resolución fundamentada concediendo la tutela solicitada, y que declare la nulidad de todos los actos administrativos adoptados por el Órgano Ejecutivo.

Vargas pidió también el reconocimiento de las autoridades indígenas legítimamente elegidas por los pueblos que conforman la Subcentral TIPNIS como titular del derecho propietario del TIPNIS; y que se garantice a autoridades indígenas originarias legítimamente elegidas y a sus pueblos al ejercicio del derecho a la libre expresión y a difundir información veraz, libre, oportuna y democrática, así como a desplazarse libremente por ese territorio.

El dirigente del TIPNIS reclamó que, como medidas cautelares, se ordene la suspensión de la “consulta” gubernamental y de toda acción e intervención del Ministerio de Gobierno, Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), las Gobernaciones de los Departamentos de Beni y Cochabamba, los Gobiernos Municipales de San Ignacio de Moxos y Loreto; así como el retiro de efectivos militares y policiales que actualmente se encuentran dentro del TIPNIS.

La acción de amparo está dirigida contra los ministros de Obras Públicas Vladimir Sánchez; de Medio Ambiente Felipe Quispe; de Economía y Finanzas Luis Arce; de Comunicación Amanda Dávila; las presidentas de las cámaras de Diputados Rebeca Delgado y del Senado Gabriela Montaño; y contra el presidente y vocales del Tribunal Supremo Electoral Wilfredo Ovando, Wilma Velasco, Irineo Zuna, Ramiro Paredes, Fanny Rivas, Marcelo Ayala y Agustina Chuquimia, todos ellos acusados de incumplir la sentencia 0300/2012 del Tribunal Constitucional.

Según la demanda, las autoridades mencionadas, desconociendo su obligación de concertar el contenido de la consulta previa así como el establecimiento de su procedimiento, “han recibido, admitido y convalidado el ‘protocolo’ de la consulta gubernamental sin que éste sea de nuestro conocimiento”. Además, “conociendo y sabiendo que no existe concertación en el contenido de la consulta, han ratificado la fecha de la misma, fijando invariablemente que se inicie el 29 de julio”.

La violación gubernamental de la sentencia 0300/2012 se traduce también en la decisión del gobierno de llevar a cabo su consulta a partir de ilegales e inconstitucionales criterios de “mayorías” y “minorías” indígenas, no solo a ser “consultadas” sino emergentes de los resultados de dicha consulta, en una “grosera interpretación” gubernamental de la concertación prevista por laConstitución. Los indígenas consideran necesario acudir a los razonamientos del Tribunal expresados en la Sentencia 0300/2012 para entender a qué se refiere el término “concertación” para llevar adelante el proceso de consulta previa.

Entre los “considerandos” de la ratio decidendi, la sentencia expresa: “Este conjunto de normas que se encuentran en la parte dogmática, sustentan la parte orgánica dela Constitución Políticadel Estado, pues la conformación de los Órganos del poder público tienen carácter plurinacional, con el objetivo no sólo de hacer efectivos los derechos previstos en el art. 30 dela CPE, del Estado, sino, fundamentalmente, de entablar un diálogo intercultural entre diferentes grupos culturales, naciones y pueblos indígena originario campesinos, con la consiguiente conjunción de lógicas, saberes, valores, principios, derechos, bajo una influencia recíproca entre lo ‘occidental‘ y lo indígena originario campesino, para la construcción de una nueva institucionalidad y, claro está, en el ámbito jurídico, de un nuevo Derecho, pero por sobre todo en la construcción de un Estado sólido y progresista en el que prime la unidad en la diversidad.”

Los indígenas consideran que las expresiones del Tribunal Constitucional conducen en forma incontrastable e indudable a que la construcción de un Estado de Derecho sólo puede consolidarse a partir del respeto y la inclusión de sus actores, teniendo en cuenta la necesidad imperiosa del respeto a lo colectivo frente a lo individual.

La Sentencia 0300/2012 reafirma de manera invariable el sistema axiológico que uniforma a la Constitución y es por ello que textualmente expresa la priorización de lo colectivo sobre lo individual: “Los valores de igualdad, inclusión, dignidad, solidaridad, armonía, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidades sociales y justicia social, destinados todos ellos a ‘vivir bien‘, plasman también una visión encausada a esa tan mentada ‘construcción colectiva del Estado‘, aspectos que además consolidan la vigencia de tres fines plasmados en los parágrafos primero y segundo del art. 9 dela CPE: la construcción de una sociedad justa, armoniosa, sin discriminación; así como el bienestar, protección e igual dignidad de las personas”. (2)

De acuerdo a la Constitución, la consulta si bien es “convocada” y “realizada por el Estado”, se desarrolla a través de las “instituciones”, “normas yprocedimientos propios”. Es decir, son las organizaciones indígenas las protagonistas del proceso, expresión del respeto de su autonomía. El Estado acompaña el proceso, verifica su legalidad yque se lleve a cabo dentro criterios de transparencia y democracia.

Los indígenas del TIPNIS interpretan que el “diálogo” no consiste en imponer un protocolo cuyo contenido es total y absolutamente desconocido por los pueblos originarios, y que no ha sido concertado entre los actores identificados por la propia Ley N. 222. El mismo Presidente del Tribunal Constitucional Rudy Flores declaró el 20 de junio de 2012 que “el Estado no puede continuar como lo ha estado haciendo hasta la fecha con el desarrollo de la consulta. Deben readecuar su accionar a los términos de la sentencia (…) deben entrar en un proceso de diálogo y concertación con los pueblos indígenas.” (3)

En criterio de la presidenta de la Cámara Alta Gabriela Montaño, el amparo constitucional presentado por el presidente de la Subcentral TIPNIS pretende “limitar el derecho de la mayoría de las comunidades del parque para realizar el proceso de consulta, pero la simple presentación de un amparo constitucional no implica que se frene del proceso de consulta”.

La presidenta de la Cámara de Diputados consideró que “no se puede plantear un amparo constitucional contra acciones que como Estado estamos realizando para el cumplimiento de un derecho colectivo. Todo amparo se puede presentar cuando hay actos que estén vulnerando, restringiendo o suprimiendo un derecho o una garantía; en este caso no existe, está totalmente fuera de lugar y no tiene fundamento jurídico ni legal”.

La Justicia rechaza la demanda

Este jueves el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca Antonio Revilla explicó que carece de competencia para atender el caso porque las autoridades denunciadas radican en la ciudad de La Paz. Es así que el Tribunal de Chuquisaca declinó competencia y envío el amparo a la Corte de La Paz. Los vocales violaron la Constitución y la Ley del Tribunal Constitucional al declinar competencia, por lo que podrían ser procesados por el delito de prevaricato, advirtió el líder del MSM Juan Del Granado.

“Estamos sorprendidos y alarmados por lo que es un claro acto de denegación de justicia y, lo que es peor, estamos frente a una violación de la norma constitucional. A través de la resolución de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que contradice lo que dispone la Constitución y la Ley del Tribunal Constitucional, los jueces declinan su jurisdicción amparados en una jurisprudencia dictada en 2010. Estamos ante un claro incumplimiento de deberes que está sancionado con uno a cuatro años de reclusión”, explicó.

Según Del Granado, la resolución de los magistrados de Chuquisaca sería contraria a las normas porque de acuerdo al Artículo 129 de la Constitución “la Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente (…)”. Por otro lado, el Artículo 58 de la Ley del Tribunal Constitucional 227 que establece que “las acciones de Amparo constitucional, de Protección de Privacidad, de Cumplimiento y Popular podrán interponerse: 1. En las capitales de departamento ante la sala de turno de los tribunales departamentales de justicia o los juzgados públicos de materia (…)”.

El jefe del MSM reiteró que “el gobierno ha incumplido de manera flagrante y autoritaria todos y cada uno de los términos de la Sentencia 300 dictada el 18 de junio, y a partir de ese incumplimiento la Ley 222 de falsa consulta ha dejado de tener vigencia con el incumplimiento gubernamental”. En ese marco, aseguró que “con o sin amparo constitucional, más allá que esté eludiendo el Tribunal de Sucre su obligación inmediata de pronunciarse, no puede haber consulta en la medida que esa consulta según el Tribunal Constitucional está condicionada a la concertación que obligatoriamente debía hacer el gobierno con los pueblos indígenas”.

Notas:

1. La negativa gubernamental al diálogo se suma a la campaña de difamación, desprestigio y descalificación de los dirigentes indígenas, tildados de “delincuentes”, “traficantes” y “golpistas”. Junto a la acción represiva, el gobierno ha llevado al extremo su acción divisionista y prebendal en contra de los pueblos indígenas, tanto por la vía de generar una interlocución unilateral con dirigentes afines al gobierno y ajenos al territorio indígena como el “CONISUR”; cuanto por la vía de ofrecer y distribuir regalos y prebendas a los pobladores indígenas para “convencerlos” de la realización de su “consulta” al margen de cualquier concertación dialogada y de buena fe.

2. “… dentro de esa visión axiológica que asegura la ‘construcción colectiva del Estado‘, debe establecerse también que el art. 13.1 de la CPE asegura la inviolabilidad de los derechos reconocidos por ésta; en ese orden y reforzando esta regla constitucional, el art. 13.3 de este orden supremo, proclama que no existe jerarquía entre derechos, garantizando el Estado a las personas y colectividades, el libre y eficaz ejercicio de los derechos fundamentales, tal como reza el art. 14.3, aspectos, que a la luz de los modelos constitucionales conocidos en derecho comparado, constituye un eje de ruptura esencial, máxime cuando el art. 109.1 del texto constitucional, de forma expresa señala: ‘Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección‘, aspecto que consolida al nuevo orden constitucional como un verdadero paradigma a la luz del derecho comparado y que además refuerza esa ‘construcción colectiva‘ como se evidencia en modelos constitucionales contemporáneos, se jerarquizan derechos, garantizándose su justiciabilidad solamente para algunos -en particular los de primera generación-, descuidándose una efectiva protección para otros, verbigracia el caso de los derechos colectivos, situación que enmarca a éstos modelos en una visión proteccionista de derechos individuales, aislados de una visión colectiva y que constituye una esencial característica de diferenciación con el modelo constitucional boliviano.”

3. Periódico Página 7.