La compañía Jindal Steel and Power Limited (JSPL) decidió liquidar el contrato de riesgo compartido suscrito por su subsidiaria Jindal Steel Bolivia (JSB) con el Estado boliviano para la explotación e industrialización de los yacimientos de hierro de El Mutún, argumentando que “no encuentra en Bolivia la seguridad jurídica necesaria para seguir realizando inversiones”.

En 2007 la empresa JSB de la India se adjudicó el proyecto de explotación e industrialización del 50% del yacimiento de hierro de El Mutún situado en Puerto Suárez, Santa Cruz, con una inversión aproximada de 2.100 millones de dólares a ejecutarse en un plazo de seis años.

Se esperaba que la siderúrgica produzca hierro esponja entre 2008 y 2013, y acero en el período 2013-2021, pero desde la firma del contrato de riesgo compartido la compáñía invirtió apenas 12 millones de dólares, razón por la cual el Estado boliviano ejecutó hasta mayo de 2012 dos boletas de garantía por 36 millones de dólares por incumplimiento de contrato.

La JSB suspendió operaciones en El Mutún el 8 de marzo por el supuesto incumplimiento del contrato por parte de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), como por ejemplo la provisión de gas para la generación de termoelectricidad destinada a sus plantas industriales; y posteriormente anunció el inicio de un proceso de arbitraje internacional por la ejecución de una de sus boletas de garantía.

El ministro de Hidrocarburos y Energía Juan José Sosa confirmó que la contratista india suspendió la negociación de un contrato de provisión de gas con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), hasta tener certeza de la continuidad de Jindal en Bolivia.

Casi tres meses después, el 21 de mayo, el gobierno de Bolivia ejecutó la segunda boleta de garantía de JSB de 18 millones de dólares por incumplimiento del plan de inversiones. En respuesta, la empresa anunció que “defenderá sus intereses en los ámbitos legales que correspondan” y advirtió que evaluaría los hechos “para considerar su continuidad en Bolivia”.

El 24 de mayo el fiscal de la División de Corrupción Pública Aldo Ortiz anunció que notificará al Directorio de JSB por presunto incumplimiento del contrato de inversión de 600 millones de dólares en los primeros cuatro años de operación. Citando una auditoría de Delta Consult SMS Bolivia, el fiscal precisó que Jindal había invertido desde julio de 2007 hasta esa fecha no más de 12 millones de dólares.

Las principales autoridades y dirigentes de Puerto Suárez culparon al presidente ejecutivo de la ESM Sergio Alandia de una eventual ruptura del contrato y amenazaron con asumir acciones legales. El 29 de mayo Alandia fue destituido del cargo y reemplazado por Ricardo Cardona.

A principios de junio de 2012 la compañía india envió una carta a la estatal ESM ratificando su intención de rescindir el contrato de riesgo compartido por supuesto incumplimiento de obligaciones y deberes “indispensables” para desarrollar el proyecto siderúrgico. “Pese a haber sido legalmente notificados, ni la ESM ni las autoridades del sector de Minería, hasta el momento, han comunicado de manera oficial ninguna respuesta, ni mucho menos han solucionado sus incumplimientos en el Contrato de Riesgo Compartido”, justificó la JSB en un comunicado público.

“Hay la amenaza de un arbitraje y también un anuncio de una posible controversia por la eventual retirada de la Jindal”, confirmó el 9 de junioel procurador general del Estado Hugo Montero, y al día siguiente el ministro Mario Virreira reconoció que el alejamiento de JSB ocasionaría daños al Estado. “Es un perjuicio tener en el país una empresa que no invierte. Yo desearía que en Bolivia exista una empresa que tenga efectivo para invertir, no será los 2.100 millones, pero tienen que tener algo de efectivo, y me parece que Jindal para Bolivia no tenía efectivo disponible. Puede que a nivel internacional sea una gran potencia, pero la subsidiaria en Bolivia ha sido muy pobre”, declaró Virreira a Radio Panamericana.

El 12 de junio el dirigente del comité cívico de Puerto Suárez Antonio Tudela denunció que Jindal había comenzado a entregar preavisos de despido a sus trabajadores y contratistas, señal clara de que rescindiría pronto su contrato. El 13 de junio el Presidente Evo Morales dijo que su gobierno estaba dispuesto a revisar el contrato para que Jindal se quede en el país y haga realidad la industrialización del hierro del Mutún.

“El gobierno está dispuesto a revisar sus contratos, pero lo que nos interesa es que se invierta… Lamento mucho que Jindal use al Estado con mentiras, es totalmente falso cuando dice que no queremos garantizar gas”, subrayó Morales tras recordar que “el gobierno salva su responsabilidad garantizando todo lo que está en el contrato, el cual establece plazos definidos para dotar gas y aumentar el volumen gradualmente a medida que va aumentando la inversión y mejorando las industrias”.

El Mandatario explicó que su gobierno ejecutó boletas de garantía “seguramente porque no está cumpliendo con su contrato y aquí no hay perdón, la ejecución de las boletas es una penalidad, es una sanción, pero no es la anulación del contrato”.

El 3 de julio el grupo indio JSPL dijo que estaba dispuesto a permanecer en el país con la condición de que la ESM cumpla sus obligaciones contractuales y que el Estado respete de la seguridad jurídica. La transnacional se manifestó poco después de que el ministro Virreira aseguró que “en la práctica” la empresa había abandonado el país. Si bien el contrato continúa vigente, “Jindal en este momento no tiene un representante legal en Bolivia; el señor Vikram (Gujral, presidente) ha desaparecido y no sabemos dónde está… Si no hay representante legal en Bolivia no tenemos otro camino que rescindir (el contrato)…”, recalcó el ministro de Minería y Metalurgia.

“Lamentamos que representantes del gobierno de Bolivia se limiten solo a realizar declaraciones de prensa, en lugar de proponer soluciones para un proyecto multimillonario que beneficia al país”, se quejó la JSPL y denunció que no cesa la “persecución penal” de los principales ejecutivos de Jindal.

“Las circunstancias citadas nos obligan a manifestar públicamente que Jindal actualmente no encuentra en Bolivia la seguridad jurídica necesaria para seguir realizando inversiones. Esperamos que las autoridades bolivianas y principalmente la ESM cumpla sus obligaciones contractuales permitiendo de esta manera la continuidad del proyecto siderúrgico”, argumentó la JSPL en un comunicado difundido el 3 de julio.

El 11 de julio la JSB envió otra carta a la ESM especificando requerimientos y demandas “no negociables”, y conminándole a responder máximo hasta el 16 de julio. Ese mismo día el ministro de Minería aseguró que solo faltaba que los inversionistas se pongan de acuerdo con YPFB respecto a la provisión de gas para firmar una adenda al contrato. El gerente de asuntos legales de la JSB Jorge Gallardo condicionó la firma de dicha adenda a la suspensión de auditorías y juicios penales en contra de los ejecutivos de la empresa, y a la devolución de las boletas de garantía ejecutadas por la ESM.

“Se debe levantar la denuncia penal iniciada por el fiscal Ortiz contra los ejecutivos de la Jindal; debemos encontrar una solución amigable que sea favorable para ambas partes en relación en el tema de la ejecución del tema de la boleta de garantía que se realizó de manera ilegal; pedimos se deje sin efecto cualquier auditoría a inversión de JSB”, planteó Gallardo. La compañía india propuso además reducir sus inversiones hasta 1.500 millones de dólares para continuar con el proyecto, pero el Ministro de Minería respondió que “en ningún momento hemos aceptado reducir la dimensión del proyecto”.

“A Jindal se le ha señalado que Bolivia está en condiciones de continuar esta relación contractual con ellos para que impulsen el proyecto que en este momento está todavía bajo un contrato vigente. Esperemos que Jindal culmine la negociación del gas con YPFB y luego de ello veremos en qué medida se amplían los plazos (de inversión) y qué otros temas más podemos incluir en la adenda”, declaró Virreira.

Ruptura oficial

El ministro de Minería y Metalurgia y representantes de la ESM se reunieron con ejecutivos de Jindal el 16 de julio en Santa Cruz con el fin de fijar reglas claras para la ejecución del contrato de riesgo compartido. “En la reunión les hemos aclarado que si quieren seguir trabajando en Bolivia tienen que hacerlo en cumplimiento a las leyes nacionales”, afirmó Virreira.

Las autoridades del Ejecutivo exigieron a los ejecutivos de Jindal que demuestren que cuentan con recursos de libre disponibilidad para cumplir con la inversión establecida en el contrato de explotación de hierro. “La Jindal tiene dos empresas, una internacional y otra nacional; a nivel internacional dicen que tiene mucha plata, pero a nivel nacional no tiene nada“, reiteró Virreira y sugirió a sus interlocutores que depositen en un banco boliviano los 2.100 millones de dólares para testimoniar que tienen los recursos suficientes para ejecutar el proyecto.

“El otro punto que se les ha aclarado es que las boletas de garantía han sido ejecutadas y no se pueden devolver; por lo tanto cualquier reclamo se lo debe hacer por la vía que establece el contrato, que es la judicial”, explicó el Ministro. Además, se pidió a Jindal concluir las negociaciones con YPFB respecto al abastecimiento de gas para la planta siderúrgica de El Mutún, pero el ministro de Hidrocarburos y Energía Juan José Sosa consideró que el incremento de volúmenes de gas solicitado por JSB es inviable.

Sosa precisó que inicialmente se proveerá 2,5 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) y no 10 MMmcd como solicita la empresa: “Hay un borrador de un estudio que YPFB le ha hecho llegar sobre los 2,5 millones de metros cúbicos y estamos esperando que Jindal nos responda a estecaso”.

Luego de 10 horas de negociación con el Ministro de Minería y representantes de la ESM, este lunes la Jindal comunicó por escrito su decisión de resolver el contrato de riesgo compartido suscrito con el Estado de Bolivia. “Este ha sido el último diálogo y lamentablemente no ha sido posible llegar a un acuerdo entre ambas partes, así que nos vamos del país y les deseamos todo lo mejor”, oficializó el gerente de asuntos legales de la empresa Jorge Gallardo.

“Hoy nos comunica Jindal que tienen el propósito de resolver el contrato con el país; no es una resolución definitiva, pero ellos reconfirman un pedido anterior que tenían la intención de resolver el contrato; por lo tanto la ESM y el gobierno nacional analizarán el contenido de la nota para ver las alternativas que establece el contrato a las que debemos acudir”, apuntó el ministro Virreira.

El pasado 11 de junio el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) Héctor Córdova dijo que en caso de una ruptura con Jindal se contrataría en los próximos ocho meses a una nueva empresa para que explote el yacimiento de hierro. El Estado debía licitar el otro 50% del yacimiento en noviembre de 2010 y convocar a proveedores de maquinaria en enero de 2011.

Con datos de ABI y radio Patria Nueva.