El conflicto de Mallku Qota, lamentablemente, tiene la virtud de desnudar varias aristas perversas y totalmente contrarias a elementales reglas de buen gobierno (que es lo menos que se puede esperar) y, ni qué decir, respecto de los principios y orientaciones estratégicas de un proceso de cambio y transformación. Veamos algunos ejemplos:

La increíble y desesperante lentitud y lenidad gubernamental para atender y resolver oportunamente el conflicto, no solamente ha importado sufrir una vez más el enfrentamiento, la violencia y muerte de otro ciudadano boliviano (que se suma a la larga lista de muchos otros decesos que el gobierno debe asumir como resultado de conflictos sociales que pudieron haberse evitado); sino del enorme costo político y desgaste de un proceso de cambio que merecería destinar estos mismos esfuerzos en otras causas más caras e importantes para nuestra sociedad.

El incomprensible y sorprendente silencio del Ministerio y su titular de Justicia, que no han expresado absolutamente nada respecto de la “justicia comunitaria” ejercida y, mucho menos sobre los acontecimientos de violencia, enfrentamiento y muerte que se han sucedido, vulnerando flagrantemente innumerables derechos humanos.

La increíble soltura del Ministro de Trabajo que atribuyéndose competencias que no le corresponden para juzgar y absolver (sin siquiera abrir la oportunidad de realizar investigaciones), no solo se permite liberar de toda culpa a los comunarios que secuestraron, ejercieron violencia y maltrato, torturaron, privaron de libertad, amenazaron, chantajearon, etc., etc.; sino que firma un acuerdo por el cuál compromete nada menos que la fe del Estado para levantar las denuncias, dar garantías para que no se procese a los comunarios y evitar cualquier persecución (¿?!!). Es decir, legitima y garantiza la impunidad para los comunarios de dicha región, con lo cual el Estado de derecho es completamente anulado, para dar lugar a la total impunidad.

La convalidación presidencial y gubernamental de semejantes actos reñidos con toda legalidad, sentido de justicia y administración de las más elementales reglas de convivencia, seguridad ciudadana, buen gobierno y justicia que el Estado está obligado y comprometido a garantizar en apego a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, cuando nada menos que en el Palacio de Gobierno, el Presidente Evo Morales firma el acuerdo, conjuntamente las autoridades originarias, dirigentes y líderes que provocaron y protagonizaron semejantes actos en contra de la institucionalidad legal y la sociedad nacional.

La completa distorsión y envilecimiento del principio de “gobernar obedeciendo”, a fin de mantener lealtades sobre algunos sectores sociales, cuando se decide ceder ante la presión, el chantaje y la violencia ejercida por pequeños sectores en disputa que representan intereses sectarios, minoritarios y extractivistas del bien común; lo cual genera un funesto y nuevo precedente de sometimiento que el Gobierno asume frente al capricho y la imposición de un sector social, al que además se libera de toda culpa sobre los graves hechos y delitos cometidos en la región de Mallku Qota. De esta manera, por otra parte, se refuerza el criterio por el cual la presión social, la violencia y la fuerza de las movilizaciones en contra del gobierno, sustituyen cualquier tipo de razonamiento y la justeza de las causas sociales, para imponerse y lograr su cometido. Pero además, cuánta más violencia y fuerza se utilice, mayores son las probabilidades de imponer y ganar.

La pérdida total de autoridad para someterla a la imposición caprichosa, violenta e ilegal de un grupo de comunidades que, independientemente de la eventual justeza de sus demandas, comete actos ilegales, ejercita violencia, conculca y viola derechos humanos e impone un chantaje al gobierno que, a su turno, convalida la impunidad y los actos ilegales cometidos.

Todos estos hechos sumados a decisiones anteriores como la de legalizar lo ilegal, cuando se decide nacionalizar el contrabando de autos chutos; otorgar un trato preferente, discriminatorio y privilegiado a los sectores cooperativistas mineros, que se los libera de la obligación de todo ciudadano boliviano de tributar y pagar impuestos (cuando adicionalmente todos sabemos que se está viviendo una coyuntura por demás favorable de ingresos y beneficios que los mineros cooperativistas reciben por los elevados precios internacionales de las materias primas, siendo que además se trata de uno de los sectores sociales más depredatorios, contaminantes y extractivos de los recursos naturales del país), y finalmente “meterle nomás” asumiendo que los abogados del Estado tienen la obligación de enmendar y corregir actos eventualmente incorrectos o ilegales, nos permiten un panorama que ciertamente dista mucho de constituir un ejemplo o modelo de cambio y transformación a seguir.

A su turno, cuando adicionalmente el gobierno atribuye este conjunto de despropósitos a la acción de una derecha que el mismo Vicepresidente del Estado Plurinacional dijo que había sido vencida y anulada electoral, ideológica y materialmente; entonces solo queda preguntarse qué argumento se esgrimirá en los próximos meses cuando, muy previsiblemente en reacción y respuesta a todos estos actos que se suman y acumulan como parte de la memoria, pero también de las iniciativas y acciones que se pueden emprender para alcanzar exigencias o conquistas sectoriales, sea la sociedad que busque imponer sus propias exigencias, muy por encima del ideario y los propósitos de transformación que paulatinamente se van distorsionando y envileciendo, ante una cada vez más acorralada gestión gubernamental que parece haber perdido la iniciativa, para dar lugar a reacciones instintivas, irreflexivas, generalmente tardías y violentas, pero sobre todo improvisadas que provocan exactamente todo lo contrario de lo que debería esperarse.

El gobierno no parece darse cuenta que cada vez más entra en la lógica de “apagar conflictos y firmar acuerdos” (que terminaron siendo el despeñadero de los gobiernos derechistas y neoliberales del pasado), y al mismo tiempo pretende inducir en el imaginario social y recrear artificialmente, a una derecha inexistente, derrotada, sin propuestas y sin liderazgo; como si la referencia a un “fantasma” (a todas luces inexistente), pudiera espantar al mismo tiempo, a aquellos supuestos enemigos, pero sobre todo a su propia incompetencia e incapacidad para mantener el liderazgo y la iniciativa en el proceso que el pueblo espera.

* Sociólogo boliviano.