El Poder Ejecutivo está dispuesto a iniciar el diálogo con los dirigentes de la IX Marcha Indígena, con la condición de que acepten un debate condicionado y pre definido, y con los interlocutores elegidos por el gobierno.

“Celebramos que quienes dirigen la IX marcha hayan comprendido lo que desde un principio planteó el gobierno, esto es la necesidad de abrir el diálogo directo con los legítimos sujetos del territorio como los son los presidentes de las sub centrales TIPNIS, Sécure y Conisur, y los corregidores que pertenecen a cada una de las sub centrales”, remarcó el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana en una carta enviada a la IX Marcha.

El Ministro de la Presidencia anunció que en las próximas horas enviará una carta a los presidentes de las tres sub centrales y a los corregidores del TIPNIS para que determinen y establezcan el lugar y la fecha de inicio del diálogo. Consultará también a las regionales de la Cidob que se reúnen en Asamblea Nacional en la ciudad de Santa Cruz para elegir una nueva directiva nacional.

“En ambos casos solicitamos que la IX marcha designe una delegación representativa para que participe en los espacios de diálogo a ser instalados y decididos por la Cidob, presidentes de sub centrales y corregidores del TIPNIS”, precisó Quintana.

El ministro Quintana planteó a la dirigencia de la IX Marcha iniciar un proceso de diálogo con la condición de que participen todos los corregidores del TIPNIS y representantes de las regionales afiliadas a la Confederación de Indígenas de Bolivia (Cidob).

Pese a que los indígenas del TIPNIS desconocieron en reiteradas oportunidades a los sindicatos afiliados al Conisur, Quintana aseguró que gozan de “pleno y doble reconocimiento legal y legítimo” por una resolución de la sub central del TIPNIS de 2004 y por dos Resoluciones Supremas de 2007 y 2008. Olvidó mencionar que un encuentro de corregidores celebrado en mayo de 2010 en la comunidad de San Miguelito resolvió desconocer al Conisur.

El Ejecutivo definió una agenda de debate restringida que incluye varios temas innegociables, como por ejemplo la aplicación de la Ley 222 de consulta y el reconocimiento del Consejo Indígena del Sur (Conisur), una organización cuestionada por los indígenas del TIPNIS. El MAS dialogará con las “bases” de la columna de marchistas, pero “sin tocar” la Ley 222 de post consulta, recalcaron la presidenta de la Cámara de Diputados Rebeca Delgado y los legisladores oficialistas Galo Bonifaz y Nelson Virreira.

El ministro de Obras Públicas Vladimir Sánchez aseguró que las 13 comunidades afiliadas al Conisur que habitan en el Polígono 7 del TIPNIS serán consultadas sobre la intangibilidad y la construcción de la carretera. No obstante, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) confirmó que sólo hay una población indígena en la zona colonizada del Isiboro Sécure. (Erbol)

Según el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, el gobierno conoce perfectamente que las 15 comunidades indígenas que integran el Conisur renunciaron por expresa y libre voluntad a ser parte de ese territorio. El Conisur quedó fuera del territorio TIPNIS por la plena asimilación de la mayor parte de sus miembros a la dinámica socioeconómica y a la modalidad individual y parcelaria de ocupación de la tierra de los colonizadores.

De modo que, sin habitar en el TIPNIS ni tener derecho alguno sobre él, mal podrían ser consultados sobre la carretera que amenaza destruir ese territorio que tiene como legal y legítimo propietario colectivo a las 48 comunidades indígenas que lo habitan, expuso Almaraz. (Página Siete)

El ex viceministro aseguró que la pretensión del régimen de viabilizar la construcción de la carretera por el TIPNIS tiene una “siniestra coherencia” con su “especial obstinación en abrir la consulta” a los miembros del Conisur, los verdaderos beneficiarios y quienes realmente necesitan la vía para expandir sus cultivos de coca.

Y es que la carretera cuestionada pasa precisamente por las poblaciones Santísima Trinidad, San José y San Antonio de Moleto del Polígono 7, y pareciera estar diseñada para beneficiar sólo a los colonizadores de Villa Tunari, Chpiriri, Eteregazama y otras localidades de la zona colonizada del TIPNIS.

Uno de los más entusiastas impulsores de la contramarcha colono-cocalera pro carretera es Gumercindo Pradel, líder de los pequeño y medianos propietarios de tierras con título individual del Conisur, todos afiliados a la Federación de cocaleros del Trópico de Cochabamba.

Otro activista pro carretera es el máximo dirigente de la Federación del Trópico Mario Castillo, quien acompañó personalmente a la contramarcha cocalera en el tramo Isinuta-Villa Tunari-Cochabamba, organizando la logística con la colaboración del sindicato de transportistas de Isinuta.

El gobierno trasladó a La Paz a 42 corregidores del Conisur y de la Subcentral Sécure para que aboguen por la Ley de post consulta. Pradel dijo que es muy importante que “conozca la ciudadanía” que muchos “vivientes” del TIPNIS quieren ser consultados”.

Isaías Racúa, representante del Multiétnico II, advirtió que “no se ha podido consensuar la consulta debido a la presión de la IX marcha sobre nuestros hermanos corregidores y bases del TIPNIS, y por tanto solicitamos respetuosamente al representante de la OEA Eduardo Reina que nos pueda ayudar a entablar un diálogo sincero entre hermanos que habitamos en el TIPNIS”.

“Pedimos a la OEA que sean los veedores y conocedores de la Ley de Consulta, porque tiene que ser transparente. A Adolfo Chávez y Bertha Bejarano no los reconocemos como dirigentes, no nos queremos sentar con ellos para dialogar porque esa gente nos está haciendo pelear”, declaró Racúa.

El gobierno del MAS acarreó a 15 corregidores pro gubernamentales con engaños y chantajes, y luego de emborracharlos, denunció el ex presidente de la Subcentral TIPNIS Adolfo Moye, yerno de uno de los corregidores que llegó a La Paz.

“Mi suegro es Alberto Semo corregidor dela comunidad Villa Fátima de las Papitas. Ese día la hermana de mi esposa me llamó para que nosotros vayamos a buscarle, porque nos dijo que se lo llevaron en una canoa de San Pablo borracho y nadie sabía para qué. Los han puesto a beber y de pronto les dijeron que tenían que viajar”, reveló Moye. (Erbol)

“El gobierno los reunió en San Pablo, fue un lugar de concentración para llevárselos. Supuestamente los corregidores tenían que entregar proyectos a una comisión del Viceministerio de Medioambiente, pero cuando se encontraron ahí se enteraron que tenían que trasladarse a La Paz. Pero hubo una resistencia, entonces comenzó los chantajes con la pérdida de los proyectos y los motores fuera de borda”, declaró Moye a Erbol Digital.

Posteriormente, el gobierno ofreció bebidas alcohólicas para emborracharlos y trasladarlos –primero en canoa, luego en camión y después en avión– a La Paz.

Diálogo sin condiciones

No es posible que el gobierno nos imponga sus condiciones y la participación de terceros que nada tienen que ver en todo el proceso que definirá el destino de nuestro territorio, reclamaron los dirigentes de la IX Marcha.

Los indígenas de tierras bajas manifiestan que las 11 comunidades del Conisur, afiliada a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y a la Federación Única de Trabajadores del Trópico de Cochabamba, persiguen intereses liberales de propiedad individual y relación mercantil, y sólo buscan el enriquecimiento a costillas de los recursos naturales que son de todos los bolivianos y bolivianas, en absoluta contraposición a la visión de los pueblos indígenas.

Decenas de investigadores, analistas y ex funcionarios de gobierno también han cuestionado la pretensión gubernamental de imponer el diálogo condicionado y sin respetar a las organizaciones legítimas de los pueblos indígenas. “Eso no dice bien del gobierno”, calificó el defensor del Pueblo Rolando Villena.

El gobierno dice que “escogerá a sus interlocutores (¡es decir que el Estado pretende definir quién representa y quién no a organizaciones de la sociedad civil!); y por otra parte se esmera en negociar por separado con algunos pueblos con el fin de dividir y debilitar la movilización… un prebendalismo de corte colonial”, deploró Rafael Puente, miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba. (Página 7)

“Esto no puede continuar así, es momento serio para repensar lo que está pasando, el gobierno debe replantear toda su estrategia de manera autocrítica, y proponer una salida que nos permita a los bolivianos superar este tipo de enfrentamiento entre nosotros…”, instó Villena.

El defensor aconsejó al Ejecutivo dejar de imponer sus criterios y en diálogo abierto encarar los problemas desde la mirada de los pueblos indígenas respetando sus organizaciones legítimas. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Wilfredo Ovando confirmó que el órgano electoral ya recibió el Protocolo de Consulta a los Pueblos del TIPNIS que el Ejecutivo pretende ejecutar desde el 29 de julio.

Ovando indicó que los ministerios de Obras Públicas y de Agua y Medio Ambiente son los encargados por ley de la ejecución de la consulta, cumpliendo los plazos legales establecidos por la Ley 222 de Consulta; al mismo tiempo se trabaja en el Reglamento para el proceso de acompañamiento y observación de la consulta para determinar la intangibilidad y la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

El presidente del Órgano Electoral refirió que “en el documento se habla de asambleas y reuniones. Entonces la toma de decisiones será dentro del marco del respeto de las normas y procedimientos que tienen los pueblos indígenas, con la participación de todos los comunarios y bajo la dirección de su propia autoridad natural”.

El viceministro de Descolonización Félix Cárdenas definió que “haya o no consulta” el Estado sentará presencia en el TIPNIS y demostrará que “es posible impulsar el desarrollo con la apertura de caminos sin dañar a la Madre Tierra”.

Cárdenas dijo que el desarrollo en el TIPNIS “no puede tratarse de forma irresponsable, porque debe considerarse que la modernidad llegará en 10 ó 15 años a esa zona protegida de manera irremediable, y los indígenas deben estar preparados para vivir con la explotación responsable de recursos naturales, como la tala de árboles y hasta la venta de cuero de lagartos.

Cárdenas consideró que “no se puede tener una mirada ecologista-fundamentalista de que hay niños que caminan con los pies descalzos, que no haya escuelas, que no haya postas sanitarias (en esa región) porque ese es su hábitat y hay que respetarlo. Eso no puede ser así”.