¿En qué situaciones se llega a los extremos de la paranoia del poder? ¿Cuando se llega a ver en todas partes conspiración? Este cuento de que las organizaciones indígenas estén manejadas por ONGs que son espías de los Estados Unidos de Norte América, es decir del Estado norteamericano, ha vuelto a repetirse. Fue sistemático este discurso durante el recorrido de la VIII marcha. Con este discurso pretende descartarse la realidad, la realidad es que hay TCOs reconocidas por el Estado, una de ellas es el TIPNIS.

La realidad es que estas TCOs están protegidas por la Constitución y las leyes. También la realidad es que la política económica del gobierno ha entrado en confrontación con los pueblos indígenas de las TCOs. Este hecho se vuelve a ratificar en la Cumbre Social donde se propone suspender el saneamiento de tierras por cinco años, contraviniendo a la Constitución, favoreciendo a los terratenientes que no cumplen con la función económica social, también se suspende la afectación a los que desmontan, provocando por lo tanto depredación, otra vez favoreciendo a los terratenientes. En la misma cumbre se plantea revisar la condición de las TCOs con el objeto de quitarles las tierras a los indígenas y entregarlas a propietarios privados.

Esta realidad muestra que estamos ante un gobierno anti-indígena que ha decidido hacer una carretera para cumplir con un compromiso corrupto con OAS, la empresa constructora brasilera, o con otra empresa que la sustituya dada la insostenibilidad de su defensa después del escándalo, y para favorecer la ampliación de la frontera agrícola en beneficio de los productores de la hoja de coca excedentaria. Esta realidad no puede ser negada con cuentos de que en ese lugar no hay Estado, ¿lo hay en lugares alejados donde hay carretera? Se dice que se trata de llevar escuelas y hospitales; ¿los llevaron a poblaciones por donde pasa la carretera y se encuentran tan desoladas y desamparadas, olvidadas del Estado? El cuento del espionaje y el cuento del “desarrollo” caen por lo insostenible y desgastados que están. Muestra toda falta de ingenio incluso para contar mentiras. La verdad es que no saben cómo justificar la continua y sistemática violación de los derechos fundamentales, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, de los derechos de la madre tierra y de la Constitución. Nadie les cree. No sabemos si ellos mismos se creen su propio cuento o si lo hacen por una rutina triste, como si fuera el protocolo mortuorio de un entierro.

Un cuestionario llamado consulta

Este es el descomedimiento desenvuelto de la violencia estatal, organizar la consulta con el CONISUR, que no pertenece a la TCO del TIPNIS, que es de la zona de avasallamiento del territorio indígena y parque Isiboro-Sécure. ¿No saben de geografía los senadores? Se descarta a las organizaciones matrices indígenas, se descarta a la subcentral del TIPNIS, se hace lo que le viene en avidez al gobierno y a los asambleístas, desechando de un plumazo todos los derechos fundamentales, la Constitución y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios consagrados en la carta magna, descartando la consulta previa libre e informada, con consentimiento y de buena fe, tal como está establecida en la matriz de normas, forzando un cuestionario llamado irónicamente consulta, que es extemporánea y extractivistas, hecha de mala fe, mediante manipulaciones y distorsiones, organizada por los no-indígenas, cocaleros excedentarios, propietarios privados, afilados a las federaciones cocaleras del trépido de Cochabamba. Esta es la demostración más escabrosa del desprecio que tienen estos representantes del pueblo, desprecio a la Constitución, a los derechos fundamentales, a las conquistas de las naciones y puebls pueblos indígenas originarios. Esta es el perfil de los legisladores que hacen leyes; esta es también una explicación de por qué estas leyes son inconstitucionales. De todas maneras, los senadores deberían tener en cuenta que, como ocurrió en el levantamiento popular contra el gasolinazo, en el apoyo multitudinario del pueblo boliviano a la VIII marcha indígena, el pueblo volverá a movilizarse y apoyar la IX marcha indígena en defensa de la Constitución, de la madre tierra, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y la reconducción del proceso. El pueblo boliviano y las organizaciones indígenas defenderán la ley corta en defensa del TIPNIS, anulando en el acto y con la movilización la estrambótica ley de consulta inconsulta, extemporánea y extractivista.

Se ha consumado el atropello más descarado del gobierno. Se ha promulgado una ley llamada de consulta, que no tiene nada que ver con los convenios internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, tampoco con la Constitución. Es una ley que contiene dos preguntas que le interesan al gobierno; es un cuestionario gubernamental, que ciertamente no cumple con los requisitos de una consulta y consentimiento libre previo e informado. Este atropello ratifica el camino que ha tomado el gobierno, el de la imposición violenta de sus compromisos con los cocaleros excedentarios, con las empresas trasnacionales y el gobierno del Brasil, administrando los intereses de la burguesía recompuesta, reforzada con los nuevos ricos. Este atropello va a ser respondido con la movilización general del pueblo boliviano y las naciones y pueblos indígenas.

Una “consulta” ya invalidada por no cumplir con la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos indígenas, suma a sus des-calificaciones el uso descomunal de la violencia estatal. Los convenios internacionales establecen que no puede haber coerción de ninguna clase. Nuevamente estamos ante la desesperación de un gobierno por cumplir con la empresa OAS y el gobierno brasilero o, en su caso, con otra empresa que la sustituya, los productores excedentarios de la hoja de coca y la burguesía agraria. Impone una ley extemporánea que no cumple con la estructura conceptual de lo que es una consulta con consentimiento, previa, libre e informada. Una vez que coloca como ley su cuestionario, no consulta, quiere sobornar a las comunidades indígenas de la TCO del TIPNIS

La descomunal violencia estatal

Han ingresado las fuerzas armadas al TIPNIS con barcos de la armada, repartiendo víveres y vituallas con el objeto de presionar para que las comunidades acepten la carretera. Esto no solamente invalida el impuesto cuestionario llamado irónicamente “consulta”, ya de por sí anulada por extemporánea y por mala fe, sino por atentar con los requisitos de los convenios internacionales. Uno de ellos es no presionar, no hacer coerción, no sobornar a los pueblos.

La complicidad del Congreso con la carretera depredadora ha pasado a la historia de la ignominia. Los asambleístas son cómplices de un contrato corrupto con la empresa constructora OAS, son también cómplices de la violación sistemática a la constitución y los derechos fundamentales. Han perdido toda legitimidad. El pueblo boliviano puede desconocerlos demandando la inconstitucionalidad de sus actos. No se puede esperar ya nada del gobierno, del Congreso, de los órganos del Estado, todos son engranajes de una maquinaria al servicio del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. La defensa de la Constitución es una obligación del pueblo. La aprobación de la ley de “consulta” inconsulta y depredadora es la nueva afrenta del gobierno a los pueblos indígenas y al pueblo boliviano.

No podrán contra todo el país, contra todo el pueblo que se va a levantar y movilizar para apoyar la IX marcha. No podrán contra la dignidad, que es el valor y la fuerza ética que tienen las naciones y pueblos indígenas originarios, sus organizaciones matrices y las organizaciones sociales y pueblo que apoyó la defensa del TIPNIS. No pueden contraponer sus mezquinos intereses comerciales del mercado lícito e ilícito, su compulsión depredadora contra la madre tierra y los bosques, su vocación depredadora, contra la defensa de la Constitución, del vivir bien, de la madre tierra, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas.

Atentados contra Gramsci

El vicepresidente acostumbra a usar a Antonio Gramsci para referirse a algunos enunciados del conocido marxista italiano, muerto en la cárcel en plena dictadura fascista. Uno de esos enunciados tiene que ver con el concepto de hegemonía, otro enunciado tiene que ver con el desplazamiento de la concepción de partido realizada por Gramsci, sobre todo cuando expresa el pensador italiano que partido es el conglomerado de aparatos, que podríamos llamarlos ideológicos, aunque esta expresión sea de Louis Althusser, y disposiciones prácticas políticas de acción e institucionales. El vicepresidente llama partido de oposición a los medios de comunicación empresariales. También tendríamos que aclarar qué medios remplazan al gobierno, hacen entonces partido. Se han comprado canales de televisión privadas y hasta un periódico empresarial, medios convertidos en oficialistas, haciendo creer que son medios neutrales; se ha comprado un periódico conocido, efectuando el mismo uso propagandístico y publicitario. El uso de una tesis gramsciana, esto de que el partido es un bloque, una articulación de medios y de instituciones, además de posicionamientos, debería ser utilizada de manera actualizada y elaborada, no de una manera tan mecánica e inocente como lo hace el vicepresidente.

Argumentos estrambóticos

El ministro de gobierno lanza argumentos estrambóticos para defender la ley de consulta extemporánea, ley 222, dice que no es extemporánea y sigue siendo previa porque no se han realizado acciones materiales. ¿A quién se le puede ocurrir semejante argumento torcido? ¿A qué llama acciones materiales? ¿Qué pase definitivamente la carretera por el núcleo del territorio indígena y parque? Cuando ocurra esto ya va a ser tarde para salvar el TIPNIS, ecosistema de mayor biodiversidad y corazón del ciclo del agua; ecosistema articulador de otros ecosistemas colindantes, que dan agua a Cochabamba y riegan los bofedales de Santa Cruz. Para el ministro no es una acción material haber acordado el 2008 con el gobierno brasilero el trazo de la carretera, diseño presentado por OAS; no es una acción material haber comprometido el préstamo del Banco de Desarrollo Nacional Social y Económico del Brasil; no es una acción material el haber dividido tres tramos de una misma carretera, como si las partes de un cuerpo pertenecieran a distintos cuerpos diseminados; no es una acción material haber comenzado los tramos 1 y 3, condicionando el tramo 2. Si no hay avasallamiento del núcleo del TIPNIS y desforestación-destrucción es porque las comunidades de la TCO del TIPNIS, sus organizaciones matriciales, y el pueblo bolivianos que apoyo la VIII marcha lo impidieron. Estas acciones de resistencia son también acciones materiales. El ministro tiene una concepción del materialismo muy rudimentaria.

El ministro “materialista” no toma en cuenta los múltiples argumentos vertidos contra una ley que legaliza el cuestionario del gobierno; pues no es una consulta con consentimiento, previa, libre e informada, no cumple con la estructura conceptual y normativa de la Constitución y de los convenios internacionales. Se mete a defender la buena fe del cuestionario. ¿Buena fe? ¿Buena fe al acordar que sea seleccionada OAS saltando las normas de contratación de bienes y servicios del país? ¿Buena fe al no haber consultado el 2008 antes de acurdar el convenio con el entonces presidente Lula Inacio da Silva? ¿Buena fe al haber hecho tres trazos? ¿Buena fe al arrancar con dos trazos, dejando el del medio para continuar el mismo diseño? ¿De qué buena fe habla este ministro? Tampoco hay buena fe cando vierte estos argumentos tan estrambóticos. Para argumentar habla a nombre de los titulares del territorio, dice que son los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS. Este ministro cree que los titulares son generalidades, que basta con nombrar estos pueblos, Chiman, Moxeño, Yuracaré. Estos pueblos tienen comunidades asentadas y organizadas, tienen sus organizaciones matriciales que los representan, la Sub Central del TIPNIS y la CIDOB. Tienen derechos constitucionalizados, tienen convenios que los amparan y que ha firmado el Estado boliviano. Tienen reuniones y encuentros de emergencia, tienen pronunciamientos y resoluciones. Un cabildo, de acuerdo a normas y procedimientos propios, decidió rechazar la carretera e iniciar la VIII marcha; una de la resoluciones de la CPEM-B decidió rechazar la ley 222 y defender la ley 180, la ley corta. Empero al ministro le vale un cuete estas expresiones, esta voluntad, esta decisión de los pueblos indígenas de la TCO del TIPNIS. Prefiere refugiarse en un imaginario leguleyo, que cuando no tiene recurso de ninguna clase, menos racionales, recurre a artimañas como éstas para justificar la violencia descomunal del Estado-nación, liberal y colonial, contra las naciones y pueblos indígenas.

No tiene la menor idea o no quiere saber nada, se desentiende completamente, de lo que es una consulta y consentimiento libre previo e informado. Los únicos que creen o hacen a los que creen las barrabasadas de estas argumentaciones estrambóticas son los “lluncus”, los ministros, los asambleístas y el vicepresidente, artífice del modelo económico y político entreguista, depredador, basado en el extractivismo colonial del capitalismo dependiente. El núcleo duro de apoyo a semejante vejamen a la humanidad, al pueblo boliviano y a las naciones y pueblos indígenas originarios son los cocaleros excedentarios. Amparados en la mayoría del Congreso, aunque siendo ya minoría en el país, violando sistemáticamente la Constitución y los convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este gobierno no solamente ha mostrado el doble discurso, estrategia que ya ha caído por los suelos, no sólo ha mostrado su verdadero rostro descarnado de gobierno servil y sumiso a los intereses de las empresas trasnacionales y de la economía política de la cocaína, dejando caer su máscara carnavalesca, sino que ha hecho gala de las depravadas maniobras políticas, sin ruborizarse ni mostrar mínima vergüenza. Lo que demuestra que estamos gobernados por gente que es capaz de todo, sin importarle ninguna apariencia. El discurso sombrío sólo es un ritual de protocolo fúnebre.

Defensa del cultivo y del uso de la hoja de coca tradicional

En este tema hay que estar claros. Debemos defender el cultivo tradicional de la hoja de coca, también el acullicu, los usos rituales y ceremoniales de la hoja, además de su utilización en la medicina tradicional. Todo esto forma parte de las culturas andinas, posiblemente compartida por las culturas amazónicas; parece también que se ha extendido su uso a las culturas del Caribe. Se encontraron rastros en cerámicas a través de investigaciones arqueológicas. No se puede aceptar que la hoja de coca y el acullicu estén penalizados. Esto es una imposición de orden mundial y de su postura hipócrita respecto a la droga y al narcotráfico, pues sanciona a algunas plantas, pero no sanciona la droga de los productos farmacéuticos y otras mercancías de alto consumo y alto riesgo para la salud, a excepción de algunos casos muy notorios. En esto debemos estar unidos todos los bolivianos. Esta defensa no solamente forma parte de la descolonización, pues las plantas de uso ceremonial y medicinal por parte de los pueblos indígenas son causalmente penalizadas, sino porque no se debe confundir estas prácticas con los circuitos del narcotráfico.

Ahora bien, la defensa del cultivo tradicional de la hoja de coca y de sus usos ceremoniales, medicinales, además del acullicu, pasa necesariamente por condenar la expansión del cultivo excedentario, que tiene otros objetivos, probablemente vinculados a la economía política de la cocaína. No se puede defender la expansión de la frontera agrícola en parques y territorios indígenas para el cultivo de la hoja de coca. No se puede defender indirectamente la expansión peligrosa de la economía política de la cocaína. Es indispensable luchar contra la economía política de la cocaína, que es una de las deformaciones de la economía capitalista, acompañada por las deformaciones del dominio del capitalismo financiero, que generan los circuitos de los tráficos ilícitos.

La defensa del acullicu y la defensa del cultivo tradicional de la hoja de coca forman parte de la defensa de los territorios indígenas, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, además de defender la Constitución. Debemos por lo tanto exigir a la comunidad internacional la despenalización de la hoja de coca y del acullico, así también exigirle al gobierno boliviano el cumplimiento de la Constitución y de los convenios internacionales en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas.

Notas sobre la economía política de la cocaína

Se creó ADEMAF a pedido de Brasil, que es un gobierno progresista, debido a la extensión de la economía política de la cocaína. Se pidió se controlé el narcotráfico en las fronteras bolivianas. La extensión de la economía política de la cocaína lo sabe la cooperación internacional, los países vecinos y el gobierno boliviano. ¿A qué se debe esta declaración? ¿Tapar con el dedo el sol? Dejemos de ocultar una peligrosa realidad en Bolivia y en Sud América, esto es una complicidad, buscando resolver el problema acusando a los gobiernos de derecha. Una posición en defensa del proceso no puede ser cómplice de la ilusión insostenible de la riqueza fácil.

El modelo extractivista

El modelo extractivista es el modelo económico impuesto por el colonialismo, el sistema-mundo capitalista se basa en la geopolítica del extractivismo, condenando a nuestros países a la dependencia. Ese es el colonialismo. Lo que dice el presidente es para ocultar el profundo compromiso que se tiene con las empresas trasnacionales mineras y petroleras. El capitalismo se basa sobre la explotación de la fuerza de trabajo y la dominación de la naturaleza, transfiriendo los costos a la madre tierra. Esto ya lo había visto la Escuela de Frankfurt. Este es el colonialismo reiterado ahora por un gobierno supuestamente progresista, empero profundamente anti-indígena.

Notas sobre la economía social y comunitaria

Podemos decir que se ha dado una especie de continuidad de la política y practica neoliberal en lo que respecta a la concepción y accionar económico del gobierno, sobre todo esto se refleja en su imaginario monetarista y su búsqueda de convertir a los bolivianos en corredores de bolsa. El Ministerio de Economía y Finanzas cree que la venta de bonos es un método adecuado de redistribuir la riqueza. Aquí podemos ver toda la distorsión financiera de la concepción económica gubernamental. Ni de lejos se tiene una perspectiva clara y estrategia de avanzar a un modelo productivo que nos saque del modelo extractivista del capitalismo dependiente. Se responde de la misma manera que el proyecto neoliberal, que estuvo campante en el mundo y ahora se encuentra en crisis, reduciendo la comprensión de la crisis a una interpretación financiera. Además creyendo que somos un oasis como país, oasis que escapa a la crisis estructural del sistema-mundo capitalista. Ambas cosas son contradictorias. Por una arte, pretender que la redistribución se logra a través de la venta de bonos, cosa que es un contrasentido, pues se pide a los que tienen disponibilidad dineraria que compren bonos, los que no tienen esa disponibilidad dineraria se encuentran al margen de esta maniobra; no se ve cómo de esta manera se efectúa la redistribución y la igualación de las desigualdades económicas. Por otra parte, pretender que no nos encontramos en el mundo, que de alguna manera escapamos del mundo, por astucia del Ministerio de Economía y Finanzas, suspendiéndonos a la crisis estructural del capitalismo, no es otra cosa que una levitación sobre la realidad, a la que se considera manipulable mediante políticas monetaristas.

Notas sobre el pluralismo jurídico

El gobierno perdió las elecciones de los magistrados, ganó el voto nulo con lo que quedaron anuladas las elecciones; sin embargo, con la complicidad de la Asamblea Legislativa impuso a los magistrados oficialistas, sin inmutarse de su propia derrota y deslegitimación. ¿Por qué lo hace? Tiene muy poco aprecio por la democracia, sobre todo por la democracia participativa, establecida por la Constitución, sus candidatos no fueron frutos de una selección por parte de las circunscripciones, organizaciones e instituciones, tal como lo requiere el ejercicio participativo de la democracia, sino de un cuoteo indecoroso. Lo hace porque requiere que el órgano judicial esté completamente subordinado al ejecutivo, con lo que ha terminado de esfumarse la posibilidad de ejercer justicia. Estas compulsivas muestras de control total no son otra cosa que la decadencia misma de un gobierno que no entiende el proceso ni tampoco a la Constitución.

Notas a propósito del tema marítimo

La Cancillería logró un avance importante en lo que respecta a las relaciones bilaterales, un acuerdo que estableció trece puntos, en los que se encontraba un puerto sin soberanía. Después del levantamiento popular contra el gasolinazo, el gobierno cambio subrepticiamente de estrategia quitándole a la Cancillería el tema marítimo, creando una oficina improvisada a manos de advenedizos en el tema marítimo. Este cambio se debió a iniciativas del sector dominante del gobierno, que apostó al gasolinazo, quería quitarle la imagen al Canciller, quien se había enfrentado contra la medida impopular. El cambio de estrategia, el llevar a la Haya el conflicto, no se debió a una evaluación seria, sino a pugnas internas. Este es el tamaño de la irresponsabilidad del sector dominante del gobierno. No les interesa el anhelado retorno al pacífico sino imponer políticas improvisadas, sin ninguna estrategia, para controlar las propias líneas políticas en el gobierno.

* Activista de Comuna. http://horizontesnomadas.blogspot.com/