El Sr. Bartolomé Clavero en un artículo denominado “Bolivia: Ley de la Madre Tierra contra derecho de pueblos indígenas o legislación contra constitución” con una lectura basada en tecnicismos legales pretende descalificar la propuesta del proyecto de Ley de la “Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” porque según dice: “atropella los derechos de los pueblos indígena”, “en general brilla la consulta por su ausencia” e “ignora la garantía general de consulta para los derechos de los pueblos indígenas”, entre otras varias afirmaciones sobre la supuesta omisión al derecho de los pueblos indígenas a la consulta.

Antes de entrar a desmentir este tema en específico comprendamos el contexto histórico en el que se ha realizado la formulación del “Proyecto de Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” y su aporte a la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de la Constitución Política del Estado. Proyecto de Ley que por otra parte viene siendo discutido desde el año 2010 por varios sectores y desde diferentes ámbitos.

El contexto histórico del Proyecto de Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien

El “Proyecto de Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” está orientado como lo establece el artículo 1 (del Objeto) a: “establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral, y las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación”.

En el país es necesario pasar de una coyuntura de desequilibrios hacia un proceso histórico basado en equilibrios entre desarrollo y conservación; de un mundo que avanza de forma impetuosa hacia el mercantilismo y el individualismo hacia otro donde de forma organizada desde el Estado se pongan frenos a estas fuerzas, que si no se hace nada cambiarán radicalmente la fisonomía del país en los próximos años; transitar hacia un país donde los aspectos económico-productivos garanticen las capacidades de regeneración de la Madre Tierra.

No se puede legislar el Vivir Bien ya que éste depende de las situaciones específicas en las que viven las bolivianas y los bolivianos y de cada nación o pueblo indígena originario campesino, comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano, pero sí el desarrollo integral. Esto significa conducir el proceso de “desarrollo” del país hacia la construcción del paradigma del Vivir Bien, en el marco del equilibrio y armonía con la Madre Tierra, y que esté orientado al establecimiento de una sociedad justa, equitativa y solidaria. Asimismo, supone orientar toda la normativa, arquitectura estatal y los recursos públicos en esta dirección.

Entonces, el Sr. Bartolomé Clavero ha leído cuidadosamente el “Proyecto de Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”?. Creemos que no lo ha leído con una mente abierta o su lectura no ha estado confrontada con los desafíos actuales del país, ya que sus críticas manifiestan una compresión parcial de la realidad, porque en base a un argumento jurídicamente forzado -de que no existe la mención al derecho a la consulta en el referido Proyecto de Ley- pretende deslegitimizar este esfuerzo del gobierno y de las organizaciones sociales para construir nuevos equilibrios que permitan consolidar el Estado Plurinacional de Bolivia sin presiones y conflictos innecesarios.

Compatibilidad y complementariedad de derechos

En un mundo donde los países defienden su derecho al desarrollo, el Estado Plurinacional de Bolivia asume que el derecho al desarrollo debe alcanzarse en armonía con los derechos de la Madre Tierra, y éstos deben estar dirigidos a la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza, y sin que se vulneren los derechos de los pueblos indígena originario campesinos.

En un país donde se realicen esfuerzos por la efectiva implementación de los derechos de la Madre Tierra, el Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de este Proyecto de Ley, establece que esto debe realizarse en complementariedad con el derecho del pueblo boliviano a Vivir Bien a través de su desarrollo integral y el derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza. Esto significa ir en contra de la Constitución Política del Estado? Más aún, se establece que lo anterior se realice tomando en cuenta el efectivo reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en el marco de la Constitución Política del Estado y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto significa ir en contra de los derechos de los pueblos indígenas?

Asimismo, el “Proyecto de Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” define que no puede existir un derecho sobre los otros. Por ejemplo, el derecho de la población urbana y rural a salir de la pobreza no puede estar subordinado a los derechos de la Madre Tierra (entre ellos el derecho a la vida) y viceversa. Es decir, la defensa de la vida no tiene sentido si una parte importante de la población no tiene para alimentarse todos los días.

En resumen, este Proyecto de Ley propone el desarrollo integral para que en este marco el Estado Plurinacional de Bolivia supere sus contradicciones y avance en la construcción de los balances necesarios para construir una sociedad justa, equitativa y solidaria. Estos balances deben construirse en el marco de la compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; donde un derecho no puede materializarse sin los otros o no puede estar sobre los otros, implicando la interdependencia y apoyo mutuo de los siguientes derechos:

Derechos de la Madre Tierra;

Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas;

Derecho del pueblo boliviano al Vivir Bien a través de su desarrollo integral; y

Derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza.

Esta premisa es la que orienta el desarrollo de los siguientes títulos y capítulos del “Proyecto de Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” de forma estructural, integral y transversal.

Críticas apasionadas y poco objetivas

Con respecto a la crítica de que el “Proyecto de Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”, no garantizaría incluso la atención a las normas y procedimientos indígenas en el caso tan sensible del agua, es necesario aclarar que el Proyecto de Ley plantea el desarrollo de planes de conservación y manejo de las cuencas en general, considerando a todos los actores que existen en ellas y respetando las normas y procedimientos propios de las poblaciones indígenas cuando corresponda, es decir, cuando existan poblaciones indígenas en las cuencas y microcuencas en cuestión. Ese es el sentido de la formulación del mencionado artículo por lo que no deben rebuscarse interpretaciones que no corresponden.

Por otra parte, es importante aclarar que dicha formulación, emotivamente criticada por Clavero, viene intacta de la versión aprobada por el Pacto de Unidad el año 2010, la misma que en este punto así como la mayoría del documento no fue modificada en absoluto. Por lo mismo, extraña que la crítica aparezca casi dos años después en tono de denuncia por la supuesta vulneración de derechos indígenas cuando no existe tal vulneración.

Reconocimiento integral y transversal de los derechos de los pueblos indígenas

El Sr. Bartolomé Clavero realiza una crítica apasionada, descontextualizada y sesgada del “Proyecto de Ley Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” pretendiendo demostrar que al no hacerse mención a un derecho específico de los pueblos indígenas (el “derecho a la consulta”) la ley es contraria a los pueblos indígenas y a la Constitución. Por el contrario, este Proyecto de Ley sienta las bases para que en el marco del desarrollo integral uno de los pilares fundamentales y transversales sea el de los derechos de los pueblos indígenas (todos ellos y no uno sólo en específico).

Por lo visto para el Sr. Clavero se deben cercenar los derechos, y porque en este proceso de fragmentación no se toma en cuenta un derecho de forma separada y subordinando a los otros -el “derecho a la consulta” de forma individual-, esta Ley sería contraria a la Constitución Política del Estado y a los derechos de los pueblos indígenas. Esta es una rara lectura e interpretación de los derechos de los pueblos indígenas. Y es precisamente este error el que se intenta rectificar en este Proyecto de Ley: la fragmentación y la separación; por lo mismo se introduce la integralidad como uno de los principios fundamentales.

Este Proyecto de Ley no vulnera ninguno de los derechos de los pueblos indígenas ya que reconoce la totalidad de los Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en el marco de la Constitución Política del Estado y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

¿Esto qué significa? En el marco del Capítulo Cuarto de la Constitución Política del Estado de los “Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos” supone reconocer la totalidad de los derechos que están establecidos en los 18 incisos del artículo 30. El derecho a la consulta es uno (inciso 15) de este conjunto de derechos definidos en la Constitución Política del Estado. Entonces, porque la Ley reconoce estos derechos de forma integral es una Ley que vulnera la Constitución Política del Estado?. Para no vulnerar la Constitución Política del Estado debería reconocerse simplemente un derecho –el de la consulta- y no todos ellos en conjunto?. Estos otros derechos, por ejemplo, hacen referencia al derecho de los pueblos indígenas a su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión (inciso 2), a la libre determinación y territorialidad (inciso 4), a la titulación colectiva de tierras y territorios (inciso 6); a que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados (inciso 9), a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas (inciso 10). Todos ellos están incorporados de forma integral en el Proyecto de Ley.

Por lo tanto, la referencia genérica en el Proyecto de Ley de referencia a los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en el marco de la Constitución Política del Estado reconoce de forma transversal este conjunto de derechos, incluido el derecho a la consulta.

Por otra parte, al referirse al reconocimiento de los derechos en el marco de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconoce también el conjunto de los derechos establecidos en esta Declaración. ¿Esto qué supone?

Obviamente reconocer el artículo 19 donde se establece que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre previo e informado; y el artículo 30.2, entre otros, que establece que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

Pero también supone reconocer las disposiciones y el amplio universo de derechos que están contenidos en esta Declaración, como los siguientes:

– Que los indígenas tienen sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos.

– Que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo.

– Que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

– Que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente,

Entonces las críticas del Sr. Clavero al “Proyecto de Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” no son más que la constatación de que seguimos enfrentados a visiones y modelos de pensamiento que no nos permiten avanzar hacia el desarrollo integral del pueblo boliviano porque priorizan lo específico sobre lo global, las partes sobre el todo, y en el marco de tecnicismos legales enturbian la necesidad histórica de que el Estado Plurinacional de Bolivia construya una efectiva arquitectura institucional, social y legal para avanzar de forma real y progresiva hacia el Vivir Bien.

* Ph.D., rector de la Universidad de la Cordillera.