Moscú, Ottawa, Fráncfort del Meno, Londres y París (PL).- El gobierno ruso promulgó en junio una ley que endurece las sanciones contra los organizadores y participantes en protestas y manifestaciones no autorizadas. Gobiernos regionales de Alemania, Inglaterra y Canadá también prohibieron o reglamentaron protestas anticapitalistas alegando que son “un peligro para la seguridad pública”.

El gobierno británico amplía prohibición de marchas

El 31 de agosto del pasado año, la ministra británica de Interior Theresa May amplió la prohibición de marchas en la capital ante el temor de nuevos brotes de violencia, tras la ola de disturbios que sacudió Londres y otras ciudades. Las restricciones, dispuestas a petición de la policía, se extendieron a las localidades aledañas de Tower Hamlets, Newham, Waltham Forest, Islington y Hackney.

El periódico local The Independent asoció la medida con una marcha de la ultranacionalista Liga Inglesa de Defensa, y los temores que se reediten las violentas jornadas ocurridas semanas antes, las cuales dejaron una estela de cinco muertos, decenas de heridos y casi tres mil detenidos. Los acontecimientos, que conmovieron a la opinión pública británica y generaron preocupación en el gobierno, son objeto todavía de análisis y centro de los debates políticos.

El primer ministro David Cameron y el líder del opositor partido Laborista Ed Miliband cruzaron opiniones en torno a las causas que propiciaron las demostraciones de descontento social, expandidas como polvorín, luego de una protesta por la muerte de un residente del barrio londinense de Tottenham, baleado por un policía.

Para Miliband y el viceprimer ministro liberal Nick Clegg, existe una relación entre la falta de confianza en los políticos británicos, los recortes de gastos y la pobreza y las revueltas de agosto. El gobierno, sin embargo, restó importancia a los resultados de una investigación de la Universidad de Essex y el centro Royal Holloway, de Londres, que advierte de los efectos contraproducentes del programa de austeridad dispuesto por el equipo de Cameron.

Disputa sobre prohibición de acciones anticapitalistas en Alemania

La prohibición de jornadas de protesta de cuatro días contra el sistema bancario en la ciudad alemana de Fráncfort del Meno ocupará la justicia. Los organizadores anunciaron que demandarán al gobierno conservador local que decidió prohibir las acciones con el argumento de que manifestaciones masivas de varios días sería algo “desproporcionado” y “un peligro para la seguridad pública”.

Por otro lado, el portavoz de la alianza “Blockupy” Werner Raetz, calificó la prohibición como “absurda”. Ante las cortes, “la decisión del gobierno de la Unión Cristianodemócrata no perdurará”, dijo el activista en entrevistas de prensa. Si fuera necesario, la alianza de organizaciones anticapitalistas demandará el gobierno de la ciudad incluso antes del Tribunal Administrativo Federal, la última posible instancia, remarcó.

Según Raetz y otros organizadores, los activistas se enteraron a través de la prensa de la decisión de la ciudad, pues oficialmente no han recibido ningún aviso. “El problema es que no podemos proceder judicialmente hasta que no tengamos en nuestras manos la resolución administrativa”, dijo Raetz, quien supone que el gobierno local trata de detener un probable proceso.

Con su jornada de protestas entre el 16 y 19 de mayo, varias organizaciones de la izquierda, el movimiento Occupy y el movimiento altermundialista Attac denunciaron el manejo de la eurocrisis por los gobiernos nacionales. Los organizadores contaron con alrededor de 40 mil participantes.

Greenpeace rechaza juicio contra ecologistas en Francia

El 21 de febrero de este año Greenpeace Francia protestó por el enjuiciamiento en la comuna de Troyes de miembros de la organización que penetraron en una central nuclear para demostrar la inseguridad de esas instalaciones.

Miembros de la organización ecologista Greenpeace penetraron el 5 de diciembre de 2011 en la central de Nogent-sur-Seine, ubicada a 95 kilómetros al sudeste de esta capital, para difundir el mensaje de que la energía nuclear segura no existe. Según la gendarmería, ocho ecologistas lograron entrar en la planta y algunos fueron detenidos cuando intentaban desplegar una pancarta en un reactor.

“El objetivo es demostrar la sensibilidad de las instalaciones nucleares y lo fácil que es llegar al corazón de ellas”, declaró Sophia Majnoni, miembro de la organización. Para Majnoni el gobierno debería tomar en cuenta la lección del accidente nuclear ocurrido en marzo pasado en la planta japonesa de Fukushima, donde al parecer en las últimas horas se produjo un nuevo escape radiactivo. En la actualidad Francia tiene 58 reactores distribuidos en todo el territorio nacional.

Sophia Majnoni, portavoz del grupo, calificó como severas las sanciones pedidas por la fiscalía contra nueve manifestantes y declaró que ellos no son culpables de haber revelado la verdad sobre el riesgo que representan esas plantas. El fiscal Alex Perrin solicitó penas de entre cuatro y seis meses de prisión en suspenso y multas de entre mil y 1.500 euros para cada uno de los ecologistas por violar el perímetro de la central de Nogent-sur-Seine en diciembre pasado.

Sin embargo, el tribunal de Troyes estimó que los ecologistas no deben ser procesados por violar locales profesionales, como señaló la fiscalía, sino por intrusión en un sitio relevante de la defensa nacional. El juzgado se abstuvo de conocer el caso y sugirió remitirlo al tribunal de Reims.

Parlamento canadiense evalúa leyes contra manifestaciones públicas

Instituciones políticas y analistas canadienses cuestionan al gobierno conservador del primer ministro Stephen Harper por impulsar una estrategia que pretende catalogar las acciones de grupos medioambientales como actividades terroristas. Al anunciar la nueva estrategia antiterrorista de la nación, el ministro de Seguridad Pública Vic Toews se refirió a los ambientalistas como adversarios implacables que deben ser monitoreados y enfrentados.

La postura oficial supone serios riesgos para estos grupos al catalogarlos como amenazas, comentó el diario canadiense The Mail and Globe. Esto es sólo un paso más en el intento de marginar y acallar la voz del movimiento a favor del medio ambiente, señaló John Bennett, director ejecutivo de Sierra Club Canadá, una organización no gubernamental. Es una sugerencia indirecta de que de alguna manera, el ecologismo está conectado con el terrorismo y eso es un error, aseguró Bennett.

La comunicación oficial expresa que Ottawa no solo combatirá las amenazas externas, sino también el extremismo interno “basado en agravios, reales o supuestos, en torno a la promoción de diversas causas, tales como derechos de los animales, la supremacía blanca, el ecologismo y anticapitalismo”.

Encuentro ofensivo que se pretenda homologar las acciones de quienes tratan de proteger el medio ambiente con quienes profesan una ideología racista o xenófoba, calificó Megan Leslie, una de las líderes del Nuevo Partido Democrático.

Las acciones del gobierno conservador crean escalofríos en los activistas sociales, preocupados porque están siendo infiltrados y sometidos a vigilancia, como hizo la policía en 2010 con los grupos de protesta antes de la reunión del G20 en Toronto, agregó Leslie.

Analistas estiman que la reacción del gobierno responde al reciente anuncio de grupos conservacionistas, opuestos a la construcción del oleoducto Enbridge Northern Gateway, un proyecto de tuberías dobles desde Bruderheim, Alberta (este), a Kitimat, Columbia Británica (oeste).

El Enbridge Northern Gateway es un proyecto de dos ductos que permitirán la importación de gas natural condensado, así como la exportación de petróleo hacia mercados asiáticos por la nueva terminal marítima en Kitimat. Para el gobierno conservador la exportación petrolera constituye una prioridad, toda vez que la semana pasada durante una visita oficial a China, Harper ensalzó la capacidad de Canadá para abastecer de petróleo al país asiático.

A fines del año pasado, el gobierno canadiense abandonó el protocolo de Kyoto, documento que propone medidas para proteger el medio ambiente, el cual también ha sido rechazado por Australia y Estados Unidos, dos de los principales contaminantes del mundo.

Por otro lado, el 11 de mayo la Cámara de los Comunes de Canadá examinó una enmienda legislativa que condenaría con 10 años de cárcel a los manifestantes que usen máscaras en demostraciones públicas, como las del grupo Occupy. El Parlamento canadiense, donde los conservadores son mayoría desde las elecciones de mayo de 2011, duplicó una propuesta inicial de algunos diputados que pedían cinco años para ese presunto delito.

Al defender la iniciativa, los correligionarios del primer ministro Stephen Harper tuvieron la oposición de miembros del Partido Nuevos Demócratas, quienes recuerdan que usar antifaces, pero en un atraco, ya es penado por el Código Criminal. La medida debe entenderse más bien como “una regla profiláctica que concede nuevas opciones a las fuerzas del orden ante manifestaciones públicas fuera de control”, alegó el parlamentario conservador Blake Richards.

El movimiento pacifista Occupy Wall Street anunció jornadas de marchas y protestas en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá en coincidencia con las cumbres del G-8 y la OTAN. Ocasionalmente en sus movilizaciones contra el capitalismo los llamados indignados norteamericanos usan disfraces que evocan al mítico anarquista inglés Guy Fawkes, muerto en Londres en 1606.

El gobierno de la provincia de Quebec aprobó una ley de emergencia que restringe las protestas. La norma incluye la obligación de informar a la policía, con ocho horas de anticipación, la realización y la ruta de cualquier manifestación en la que participen 50 personas o más. Los estudiantes aseguran que la ley se aprobó para contener el conflicto que protagonizan desde hace tres meses por el aumento de la matrícula universitaria en 254 dólares anuales a lo largo de siete años.

Hace poco se realizó la manifestación número 27 contra la polémica decisión del primer ministro de Quebec Jean Charest, y la nueva ley diseñada y puesta en práctica por el gobierno sólo sirvió para realimentar al movimiento estudiantil. Grupos estudiantiles criticaron la ley y anunciaron que la impugnarán en los tribunales, además de que continuarán con las manifestaciones.

La policía de Montreal dijo que desde que se inició en febrero el movimiento, que recibió el apoyo de profesores e intelectuales, se efectuaron más de 200 manifestaciones. Michael Moore, el documentalista y escritor estadounidense, manifestó su apoyo a los estudiantes y creó enlaces sobre el tema en su portal de Internet.

La ley 78, llamada “Ley matraca”, es la más dura desde la Ley de Medidas de Guerra en Octubre de 1970 y ha sido denunciada por el mismísimo Presidente de la Orden de Abogados de esa provincia, así como por Amnistía International, la Liga de Derechos Humanos, las cuatro principales centrales sindicales y diferentes cuerpos académicos. Ella coarta las libertades fundamentales de los ciudadanos del Quebec, restringe en sus aspectos fundamentales la libertad de expresión, la libertad de manifestar y la libertad de asociación consagradas por la Constitución y por la Carta de Derechos del Quebec.

Esta Ley afecta no sólo a los estudiantes en huelga contra el alza de aranceles, sino también al conjunto de la ciudadanía, particularmente profesores, académicos y trabajadores cuyos derechos de expresión y de asociación están siendo afectados.

Dentro de estas medidas fueron denunciadas aquellas que impiden las manifestaciones espontáneas de todo grupo de más de cincuenta personas; la prohibición de manifestar a menos de cincuenta metros de los establecimientos escolares; el reforzamiento del poder de las fuerzas policiales al permitirles decidir si una manifestación es legal o ilegal en cualquier momento, o si alguien es instigador.

Del mismo modo, se castiga toda expresión pública de apoyo a las movilizaciones. Ahora, por ejemplo, nadie en Quebec puede durante un conflicto impedir la entrada de los estudiantes a colegios y universidades, so pena de multas individuales y a la asociación estudiantil a la que pertenezcan, o a los líderes sindicales y estudiantiles. Estas multas varían de mil a 125 mil dólares.

Las directivas estudiantiles han anunciado que apelaran jurídicamente por la inconstitucionalidad de la ley y han demandado la solidaridad de toda la ciudadanía.

Rusia pone en vigor nueva ley contra manifestantes radicales

Al permitir mítines y desfiles, la sociedad debe protegerse contra el radicalismo, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin al anunciar la firma de la ley que a partir del 9 de junio regula el desarrollo de manifestaciones públicas. El instrumento legal entró en vigor el sábado a partir de su publicación en el diario oficioso Rossiyskaya gazeta, comentó el estadista desde San Petersburgo durante una conferencia dedicada al sistema judicial del país más extenso del planeta.

La nueva regulación prevé un recrudecimiento de las sanciones contra los organizadores y participantes en protestas y manifestaciones no autorizadas. Aprobada anteriormente por las dos cámaras del parlamento federal, la normativa no estipula castigos más drásticos que los practicados en Europa, comentó el mandatario. Putin admitió que en el futuro podrían realizarse enmiendas en el texto si las circunstancias plantean esa necesidad.

Medios de prensa rusos resaltan que la ley multiplica en más de 10 veces el monto de las multas para los infractores, prohíbe enmascararse durante las protestas y organizar acciones no autorizadas en forma de “paseos colectivos” que afecten el orden público.

Coinciden esas publicaciones en que la primera “prueba de fuego” de la nueva regulación será el 12 de junio, fecha seleccionada por diversos grupos opositores para llevar a cabo una segunda edición de la llamada Marcha de los millones. Bajo esta denominación tuvo lugar una protesta el 6 de mayo, a raíz de la elección como presidente de Putin, la cual concluyó en enfrentamientos entre manifestantes y policías, con un saldo de decenas de heridos y más de 400 detenidos.

En un artículo publicado recientemente en RIA Novosti, el periodista Ricardo Zedano comparó estos hechos con los acontecimientos que condujeron al derrumbe y desintegración de la Unión Soviética. “Fue una aventura protagonizada precisamente por jóvenes, igual a los de ahora, también ebrios de “democracia y libertad, que no tenían siquiera una idea del futuro que les esperaba cuando optaron por el cambio de un sistema por otro que desconocían”, escribió.

Zedano recuerda que al igual que una generación anterior, sin darse cuenta, los jóvenes actuales corren el riesgo de convertirse en instrumentos de intereses ajenos para desestabilizar a Rusia. El periodista advierte que en sus dos primeros mandatos, Putin recuperó la autoestima de la ciudadanía rusa, perdida durante el Gobierno de Boris Yeltsin.

Pero crítica que en esa etapa se hizo poco por alertar y proteger a la juventud contra formas de penetración más sutiles como la moda, la música, el cine, la televisión y el reclutamiento mediante becas para cursar estudios superiores. Con esos métodos destruyen la identidad y la cultura de muchos pueblos, concluye el periodista de RIA Novosti.

El 22 de mayo el parlamento ruso aprobó la ley sobre multas y sanciones por violaciones durante las protestas opositoras, por 236 votos a favor del gobernante partido Rusia Unida (RU). La referida legislación, aprobada en primera lectura, recibió 207 boletas en contra de tres fracciones de la oposición y una abstención.

El proyecto fue duramente criticado por los partidos Comunista de la Federación de Rusa y Rusia Justa, respectivamente, mientras el Liberal-Demócrata mantuvo una posición más moderada en los debates, pero finalmente la rechazó.

El líder liberal-demócrata Vladimir Zhirinovski señaló que la multa, la cual debe pasar de unos mil rublos (casi 33 dólares) a un máximo de un millón 500 mil rublos (cerca de 48.293 dólares), debe ser un monto que pueda pagarse, acorde con los salarios actuales.

Sin embargo, el propio diputado del partido gobernante RU Alexander Sidiakin, quien llevó a la Duma (cámara baja) el proyecto de ley, reconoció que podía introducir sugerencias de las bancadas opositoras como la reducción de la multa hasta los 300 mil rublos (casi 10 mil dólares). La agrupación RU prometió tomar en cuenta otras recomendaciones de los comunistas, los socialdemócratas y los liberal-demócratas para incluirlas en la citada ley durante la segunda lectura prevista para el 6 de junio.

La legislación incluye, además, la prohibición para llevar máscaras en las demostraciones, portar armas, multas por violaciones del número anunciado de participantes o por el desvío de la ruta aprobada por las autoridades, así como sanciones de hasta 200 horas de trabajo forzado.

Sidiakin anunció su propuesta poco después de la llamada marcha de los millones del pasado día 6, autorizada por la alcaldía moscovita, la cual originó choques de los manifestantes con la policía, con saldo de 29 agentes heridos.