El 8 de junio el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff aceptó formalmente la solicitud de asilo político del senador de Convergencia Nacional (CN) Roger Pinto. El gobierno de Evo Morales está “apenado” por la decisión, comunicó el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.

El abogado Roger Pinto nacido en Pando el 23 de abril de 1969 fue dirigente ganadero de su departamento; presidente de la Corte Departamental Electoral, de la Cooperativa de Teléfonos y Prefecto de Pando en 2001; senador de Podemos entre 2005 y 2010 y desde 2011 se senador por la alianza opositora Convergencia Nacional – Plan Progreso Bolivia (CN- PPB).

El pasado 28 de marzo Pinto se refugió en instalaciones de la Embajada de Brasil en La Paz y solicitó asilo alegando ser víctima de persecución política y hostigamiento judicial, al enfrentar más de 20 procesos judiciales instaurados en su contra por los delitos de desacato, corrupción y venta irregular de predios públicos, entre otros: dos juicios por malversación, cuatro por desbosque ilegal, cuatro por incumplimiento de deberes, uno por venta irregular de terrenos, uno por corrupción, uno por firmar contratos lesivos al Estado, cinco por desacato, y dos por sedición y desacato, según un reporte de la agencia estatal ABI.

El juez Ponciano Ruiz dispuso su detención domiciliaria por la venta irregular de terrenos en la zona franca de Cobija, y le impuso una fianza de 190 mil bolivianos. Hace poco la Corte de Distrito de Pando lo declaró en rebeldía y ordenó su aprehensión.

Pinto esperó más de un mes la respuesta del gobierno de Brasil a su solicitud de asilo, mientras los representantes del Ejecutivo y del Legislativo bolivianos argumentaban por qué el gobierno brasilero no debía proteger al político. Pinto “no es perseguido político, es investigado por procesos penales como cualquier persona común y corriente y por tanto el asilo no corresponde”, explicó el abogado Moisés Ponce de León.

El pasado viernes, el jefe de la bancada de diputados del MAS Roberto Rojas solicitó al gobierno de Brasil que considere los antecedentes de Pinto antes de tomar una decisión. Aseguró que el legislador no es un perseguido político, y solo “solicitó refugio político para evadir a la justicia boliviana como ha sucedido con otras ex autoridades”.

Rojas recordó que fugaron del país el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y los ex prefectos Manfred Reyes Villa y Mario Cossio, entre otros políticos que se encuentran refugiados en Estados Unidos, España, Perú y Paraguay. “En caso de que Brasil acepte el asilo, seguirán los procesos penales en contra de Pinto, y tiene que devolver a la población lo que se llevó y tiene que responder ante las leyes vigentes de nuestro país”.

El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Senadores Eugenio Rojas dijo que si Brasil asila a Pinto estaría desconociendo la soberanía, las instituciones y las organizaciones bolivianas.

El 8 de junio el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmó que la solicitud de asilo de Pinto fue aceptada, en cumplimiento de “las normas y prácticas del derecho internacional latinoamericano”.

“La página web de la cancillería brasilera confirma que se ha otorgado el asilo al senador Pinto, lo que viene a demostrar que existe persecución política contra los opositores y que la democracia está en riesgo en nuestro país”, interpretó el jefe de bancada de CN en la Cámara de Diputados Luis Felipe Dorado.

“Después de 30 años Brasil concede asilo a un legislador, eso muestra la gravedad de lo que está sucediendo en Bolivia y confirma cada una de las razones que han justificado el pedido de asilo”, resaltó Dorado.

“Primero, se confirma el riesgo sobre la vida y seguridad del senador; segundo, que él realizó una serie de denuncias que vinculan al gobierno con el narcotráfico, que establecen hechos de corrupción y la comisión de delitos de lesa humanidad; y tercero, que hay una persecución judicial inclemente y que las autoridades bolivianas no garantizan la independencia, la imparcialidad y el debido proceso en los casos que se le han iniciado al senador Pinto. Esto es algo muy contundente que debería llamar a la reflexión al país”, insistió el diputado Dorado.

El abogado del senador opositor Luis Vásquez Villamor explicó a la red Erbol que el gobierno debe entregar un salvoconducto para garantizar el traslado de Pinto desde la sede de la Embajada de Brasil hasta el aeropuerto de El Alto, para luego viajar al país vecino, donde lo esperan su esposa, su madre y una de sus nietas.

La tercera arremetida del “narco Estado”

El asilo de Pinto es síntoma de que se viene la tercera arremetida del gobierno contra la oposición legislativa, que en el último año concentró su ofensiva en el “talón de Aquiles” del régimen cocalero que preside Evo Morales: los vínculos con el narcotráfico, consideró Erick Fajardo, ex vocero de Manfred Reyes Villa, refugiado en Estados Unidos.

“Hubo un primer grupo de detenidos políticos que fueron los cabecillas de la insurrección autonómica del periodo 2005-2008, entre ellos Leopoldo Fernández, Branko Marinkovic y otros líderes cívicos que fueron recluidos o tuvieron que abandonar el país debido a que se dictó su detención paralegal”, describió Fajardo.

La segunda ola de detenciones políticas obligó a salir del país a otro grupo de opositores que había sobrevivido a la primera arremetida judicial, entre ellos Reyes Villa y otros líderes que emergieron de las elecciones generales 2009. “La tercera camada de perseguidos tiene una característica particular: son los perseguidos del ‘narco-estado’. Ya cayó el jefe de senadores y estoy convencido que pronto lo hará el jefe de diputados”, dijo Fajardo.

El caso Pinto es apenas es el inicio del “tercer ciclo” de persecución política que alcanzaría el actual jefe de bancada de CN en la Cámara de Diputados Luis Felipe Dorado. “Cuando estuvo aquí, en Estados Unidos, para indagar sobre el juicio al general René Sanabria, le dije que él sería el siguiente, debido a que el MAS jamás le perdonaría haber metido el dedo en un tema neurálgico para el gobierno”.

El diputado de CN Adrián Oliva criticó el uso sesgado de la justicia por parte del gobierno de Morales, ya que el mismo sistema judicial que persigue a los opositores, protege a los altos funcionarios del Ejecutivo acusados de cometer hechos irregulares.

La misma justicia que persigue a Pinto, “en 2011 ha excluido al cónyuge o conviviente de la ministra de Transparencia Nardi Suxo de una audiencia de juicio por un desfalco de 70 millones de bolivianos a Inalco, después de que el fiscal había anunciado que se iba a solicitar seis años de cárcel para este ciudadano”, recordó Oliva.

“La misma justicia ha rechazado la investigación penal en contra de un hermano de Suxo por la falsificación de su título en provisión nacional, ciudadano que se ha favorecido con contratos suscritos con el Estado en el gobierno de Evo Morales. Él como corredor de seguros ha sido una de las personas beneficiadas por gobierno y cuando se pide procesar a este ciudadano resulta exonerado”.

En pocas palabras, “la misma justicia que persigue al senador Pinto, protege a la ministra Suxo y encubre a los jefes de Sanabria vinculados con el narcotráfico”, El ex general René Sanabria, jefe de Inteligencia del Ministerio de Gobierno, fue detenido in fraganti traficando con cocaína y fue procesado en 2011 por la justicia norteamericana por el delito de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Según Oliva, “lo que ha hecho el gobierno de Morales a través del Ministro de Gobierno y la Ministra de Transparencia es denunciar y querellar al senador Roger Pinto ante los planteamientos y denuncias que él ha hecho por los vínculos gubernamentales con el narcotráfico, denuncias de corrupción, violación de derechos humanos y comisión de delitos de lesa humanidad”.

Fajardo aseguró que “el verdadero delito de los asambleístas Pinto y Dorado fue denunciar la penetración del narcotráfico en el estado plurinacional. El gobierno ya encerró o exilió a los líderes regionales y a las cabezas de la oposición en el parlamento, y ahora solo le queda acallar las voces que denuncian al narco-estado”.