Mientras la IX Marcha Indígena recorre aún el trayecto más amazónico rumbo al centro del poder, La Paz, otra marcha en la región andina pero también de esencia indígena, transita hacia la misma dirección con una demanda similar a la de los indígenas del TIPNIS: el respeto a un territorio amenazado por proyectos desarrollistas con impactos y consecuencias incalculables.

Las similitudes entre ambas marchas encaminadas,son sintomáticas respecto del problema estructural que subyace detrás de ambos conflictos, pues el Estado no está logrando operacionalizar la definición constitucional de lo plurinacional en el verdadero sentido de la pluralidad. De modo que la solución al problema planteado por ambas marchas, va más allá de la atención favorable a estos dos casos específicos, puesto que se trata de un problema que atinge al conjunto de los territorios indígenas, es un problema de exclusión y transgresión que afecta a los pueblos indígenas en general.

Una primera similitud entre la marcha del TIPNIS y la de Mallku Khota, es que ambas están protagonizadas por población indígena originaria proveniente de territorios indígenas (TCOs) y están movilizados denunciando la transgresión de sus derechos colectivos explícitamente constitucionalizados, aunque aún con limitaciones en el ejercicio pleno.

En ambos casos el conflicto involucra a espacios territoriales económicamente estratégicos para el Estado, por los recursos naturales no renovables que poseen. Pero el aprovechamiento de tales recursos estratégicos tienen un impacto altamente negativo en los recursos naturales renovables, tan vitales para la vida material y cultural de quienes tradicionalmente habitan esos espacios.

Tal como lo demuestra Sarela Paz (ver: Plataforma Energética Año II, La Paz, marzo de 2012, Nº 4), el TIPNIS posee un gran potencial hidrocarburífero y debido a ello gran parte de este territorio ya fue adjudicado a petroleras transnacionales para su exploración (donde la carretera que pretende atravesar el TIPNIS, está relacionada también con este interés hidrocarburífero). Por su parte, Mallku Khota (comunidad perteneciente a la TCO Ayllu Sullk’a Jilaticani) tiene un alto potencial mineralógico (oro, indio, plata y otros metales de valor comercial), por lo que también es apetecido tanto por empresas como por un conjunto de cooperativas mineras, según señala Cristina Lipa (Cipcanotas del 29-05-12, en:www.cipca.org.bo) citando un informe preliminar de la empresa South American Silver, en Mallku Khota existe un yacimiento hasta cuatro veces más grande que la mina de planta San Cristóbal.

Este rasgo extractivista, nos conduce a constatar otra similitud entre ambos conflictos: el involucramiento de capitales transnacionales en la explotación de los recursos naturales estratégicos no renovables en estos espacios territoriales. Dichos capitales operan en estas áreas y sus intereses generan tensiones con la población local al interior de ambos territorios indígenas, pero además el Estado privilegia la protección de estas inversiones aún a costa, en este caso, de la confrontación directa con el sector indígena.

Como es característico entre los pueblos indígenas, sus relaciones socioculturales y sobre todo sus lógicas económico productivas, están fuertemente vinculadas a sus recursos naturales, las comunidades en el TIPNIS dependen del bosque y de los sistemas hidrológicos existentes en su territorio, los cuales en su criterio estarían amenazados por los impactos ecológicos sociales y culturales de la construcción de la carretera. Asimismo, para la población de Mallku Khota, su sistema productivo tiene una fuerte dependencia de las microcuencas existentes en el lugar y las ven peligrar como resultado de la actividad minera a cielo abierto. Este es otro rasgo más, que forma parte de las similitudes que aquí identificamos entre uno y otro caso.

De otro lado, en ambos casos tampoco se aplicó la consulta previa antes de iniciar las respectivas medidas administrativas de parte del gobierno, si bien en el caso del TIPNIS ahora se pretende corregir esta ausencia mediante la Ley 222, ya resulta una medida extemporánea. De modo que la reacción de la población indígena en ambos casos, responde a la determinación de parte del Estado por implementar megaproyectos susceptibles de afectarles, sin haber previamente aplicado el precepto constitucional de la consulta previa.

Un aspecto también presente en ambos lugares de origen de estas dos marchas, es la actitud contraria y hasta confrontacional que asume la población local descendiente de inmigrantes, es decir, población de ascendencia foránea establecida en el lugar. Fue de amplia difusión mediática primero el bloqueo a la IX Marcha Indígena en San Ignacio de Mojos y luego el cerco con alambre de púa para impedir el ingreso de los marchistas a esta localidad; igualmente en Mallku Khota, la actitud de personas venidas de otros lugares junto a algunos comunarios, es contraria al sentimiento y postura de la comunidad, al punto que han generado fuertes tensiones internas. En ambos casos estos sectores de origen foráneo, actúan en función a intereses mercantilistas porque ven en este tipo de políticas economicistas una oportunidad de enriquecimiento propio y esto los coloca en sintonía con la acción del gobierno, constituyéndolos en aliados naturales, tal como ocurre en ambos casos.

En cambio la mayor parte de la población nativa ve el hecho como una amenaza a la continuidad cultural de su sistema de comunidad, porque este tipo de megaproyectos conlleva procesos de desarraigo, desterritorialización y desestructuración de sus formas de vida. Se trata sin duda de un rasgo más de la colisión de lógicas que sustenta el conflicto en ambos casos.

En consecuencia, tanto en el caso del TIPNIS como en el de Mallku Khota, la población indígena se siente víctima de un sistema de economía de orientación extractivista y consiguientemente depredadora, impulsada por el Estado a través de unas políticas públicas perniciosas para la continuidad cultural de esta población, porque atenta contra sus propias formas de vida.

Ante esta situación transgresora de derechos, el gobierno más bien despliega una arremetida mediática en la que intenta fijar la idea que el estado de exclusión y las carencias a las que está expuesta esta población, será superado sólo si se efectivizan estos proyectos de inversión capitalista. El sentido de este discurso suena hasta chantajista, porque se condiciona la superación de necesidades sociales a la aplicación de dichos proyectos, como si la historia no fuese elocuente en sentido que los grandes emprendimientos desarrollistas fueron implementados a costa de la cultura, la vida y el territorio de estos mismos pueblos indígenas.

Para la población de estos dos casos conflictivos, la marcha es la mejor manera de defensa de sus territorios y sus modos de vida, es por ello que están en camino, desplegando su resistencia pacífica, realizando el enorme esfuerzo que implica marchar, pero lo hacen porque la marcha constituye parte sustancial de la identidad reivindicativa de los pueblos indígenas en el país. Además, ambas marchas no sólo defienden sus derechos sectoriales, sino que además tienen un alcance de carácter estructural, porque su demanda está interpelando un modelo de desarrollo que difiere sustancialmente del discurso oficial.