Estados Unidos mantiene cárceles secretas en varios países, donde maltrata y tortura a los prisioneros de la llamada guerra contra el terrorismo. Fueron identificadas al menos 17 prisiones flotantes. El caso de cinco antiterroristas cubanos presos revela el verdadero rostro de la justicia norteamericana, cuyos métodos, basados en el chantaje y la tortura psicológica, son incompatibles con los derechos humanos más elementales.

Transcurrió una década y los casos de Abu Ghraib, de la prisión Bagram y la masacre de Dasht-e-Leili -conocida como el Convoy de la Muerte- permanecen solo parcialmente investigados por el gobierno de Estados Unidos. Tras las pesquisas relacionadas con la cárcel iraquí fueron condenados la soldado Lynddie England y otros 10 efectivos norteamericanos pertenecientes a la 372 Compañía de Policía Militar, bajo órdenes del Pentágono. Pero el brazo de la justicia nunca se alargó en dirección al entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld o hacia el vicepresidente Richard Cheney, confesos patrocinadores de los llamados “interrogatorios duros de stress y coacción”.

Después de los atentados del 9/11 y bajo la excusa de la publicitada Guerra Global contra el Terrorismo, la administración de George W. Bush divulgó lo que defendía como una nueva percepción oficial acerca de la tortura. La adecuación legal de los conceptos antecedió a una minuciosa coordinación de agencias federales para proteger jurídicamente a la rama castrense con respecto a la ejecución de una orden ya despachada desde la Casa Blanca.

En junio de 2004, tres influyentes diarios -Wall Street Journal, Washington Post y The New York Times- revelaron copias de un análisis propedéutico delineado en el Departamento de Justicia y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Cada soldado estadounidense recibió instrucciones precisas que sucintamente establecían: actuar a discreción en nombre de la seguridad nacional de nuestro país. Traten de no hacerlo en territorio norteamericano.

Los documentos filtrados a la prensa desarrollaban la base legal de los interrogatorios, cuando los militares actuaban en tiempo de guerra y con órdenes directas del Presidente, como Comandante en Jefe de las fuerzas armadas. De acuerdo con la definición válida para la CIA y la Fiscalía Federal, se entenderá como tortura solamente “cuando el individuo sea sometido a un dolor fuerte acompañado por daños físicos, que impliquen disfunciones de órganos vitales”. Todo lo demás no será considerado maltrato cruel y, por ende, los expertos en interrogatorios del Departamento de Defensa tienen luz verde.

Tal filosofía indujo en 2002 a guardias en la base aérea de Bagram, Afganistán, a experimentar con “combatientes enemigos” sesiones especiales de procedimientos policiales extraordinarios. Dos civiles afganos, identificados como Habibullah y Dilawar, fueron encadenados al techo de la instalación en la septentrional provincia de Parwan y golpeados con garrotes hasta que murieron.

Peor fue la masacre de Dasht-i-Leili, en diciembre de 2001, cuando cerca de 850 supuestos insurgentes talibanes fueron sofocados hasta la muerte en contenedores metálicos transportados por furgones. A los detenidos les indicaron que iban a ser transferidos desde la prisión de Kunduz hasta la localidad de Sheberghan, en el centro norte del país. La operación fue supervisada por militares estadounidenses y funcionarios de la CIA. En diciembre de 2009, el grupo pro derechos civiles Physicians for Human Rights (PHR) remitió a la Casa Blanca un amplio archivo sobre este caso, sin que hasta la fecha el presidente Barack Obama haya movido un dedo para esclarecerlo.

El gobierno de Estados Unidos reconoce como válida la Convención Contra la Tortura y los Castigos Crueles e Inhumanos, establecida por Naciones Unidas en diciembre de 1984. Ese documento fue firmado por el entonces presidente Ronald Reagan en abril de 1988, y luego la resolución ejecutiva certificada por el Senado el 27 de octubre de 1990. No obstante, Washington regularmente se ha regido por su particular código de conducta en relación con el tema torturas. La ratificación del Acta de Comisiones Militares en el año 2006 es un ejemplo.

Este reglamento autoriza a las fuerzas militares norteamericanas a mantener indefinidamente en cautiverio a un “combatiente enemigo”, sin necesidad de orden judicial, programación para fecha de juicio o pruebas convincentes en su contra. En síntesis, es la historia de los cientos de extranjeros que sufrieron encierro en el cárcel militar que el Pentágono erigió en Guantánamo, un territorio arbitrariamente ocupado en el este del archipiélago cubano.

La relación de Estados Unidos con la asignatura tortura es de vieja data. Conocido es el manual Kubark de la CIA, filtrado en 1963,donde se describe cómo los agentes perfeccionaron sus “interrogatorios de tercer grado” en Vietnam del Sur. El manuscrito es una de las primeras exposiciones de la Agencia sobre “técnicas coercitivas para inducir regresión psicológica en el sujeto a través de la privación de estímulos sensoriales o la inyección de drogas y placebos”. Acorde con denuncias del foro Human Rights First, este Programa Phoenix de la CIA más tarde fue implementado en numerosos países también por expertos del ejército y de la Agencia para el Desarrollo Internacional.

Otro impacto revelador sobre el alcance de la tortura en el propio territorio norteamericano fue la difusión en 2005 del documental titulado Prisiones Brutales de América, de la televisora Channel Four. La filmación mostró convictos golpeados, mordidos por perros, electrocutados, amarrados con cinta adhesiva durante 16 horas, quemados por químicos mata-incendios y otros internos obligados a tragar gas pimienta.

El sistemático procedimiento ha atraído denuncias y críticas hacia Washington incluso desde la geografía de sus propios aliados. En febrero de 2006 el renombrado juez británico Justice Collins comentó en una audiencia parlamentaria que “Estados Unidos tiene una idea sobre la tortura diferente al resto de las naciones civilizadas”. Collins expresó su comentario luego que un panel de expertos de Naciones Unidas recomendara clausurar la prisión de Guantánamo, al este de Cuba, porque era un centro donde se ordenaban maltratos con demasiada regularidad.

Las cárceles secretas

El tema de los polémicos reclusorios de la CIA recobró actualidad recientemente, tras retomarse un caso de instrucción que data de 2002 y 2003, como denuncia de tales cárceles en Polonia. Expertos opinan que la remisión de las actas de instrucción de la Fiscalía de Varsovia a la de Krákov revela un intento de las autoridades polacas para atenuar un escándalo que cobra fuerza, comentó el diario La Voz de Rusia.

Una delegación encabezada por el presidente de la Comisión de Libertades Civiles y Asuntos del Interior del Parlamento Europeo Juan Fernández-López Aguilar, reclamó en abril último una pesquisa sobre las cárceles secretas en Lituania, reconocidas por el Gobierno en octubre de 2011. En ese año, además, se supo que el presunto miembro de Al Qaeda Abu Zubaydah, preso en la cárcel de Guantánamo, Cuba, desde hace 10 años, fue trasladado desde Marruecos a una cárcel lituana vía Jordania, en uno de los llamados “vuelos secretos” de la CIA, precisó la publicación.

Los eurodiputados también dialogaron con representantes del Instituto de Observación de los Derechos Humanos lituano y la Administración Aérea Civil del país para recabar datos sobre la presunta connivencia del Ejecutivo para respaldar el programa de “entregas extraordinarias” iniciado en 2001 por la administración de George W. Bush. Funcionarios norteamericanos ejercieron asimismo fuertes presiones para que no se aplicaran las órdenes de arresto contra oficiales de la CIA vinculados al secuestro de un ciudadano alemán, erróneamente calificado como terrorista en el 2003, reveló el sitio digital Wikileaks.

John M. Koenig, el segundo de la misión norteamericana en Berlín, amenazó al gobierno teutón de “medir cuidadosamente cada paso por sus implicaciones en la relación con Estados Unidos”, en el caso de Khaled El Masri, alemán de descendencia libanesa. Masri señaló que fue retenido en la frontera con Macedonia, enviado a una prisión secreta y torturado antes de que se reconociera que había sido un error y se le dejara en libertad, reseñó el diario The New York Times.

Sin embargo, Washington también empleó barcos de la Marina de Guerra para ubicar reos lejos de los procedimientos judiciales establecidos para su detención. La asociación de juristas británicos Reprieve, los mismos que revelaron con detalles los vuelos secretos de la CIA, elaboró un informe en el 2009, en el que explicaba que la Casa Blanca habría optado, para escapar de toda acción judicial, por instalar prisiones secretas en navíos de guerra que cruzan las aguas internacionales.

Fueron identificadas al menos 17 de las prisiones flotantes, entre ellas el USS Ashland, el USS Bataan y el USS Peleliu, buques de asalto anfibio que tienen la particularidad de contar con celdas fáciles de acondicionar, destacó el periódico inglés The Guardian. Desde 2001, más de 80 mil personas habrían transitado por estas prisiones, acotó.

El escándalo de las cárceles secretas de la CIA estalló en febrero de 2005 tras varias revelaciones del diario The Washington Post. Datos publicados por el periódico confirmaron que la CIA escondió a los terroristas más peligrosos de Al Qaeda en los llamados Black Sites (Sitios Negros) ubicados en países del Este de Europa como Lituania, Polonia y Rumanía, y otros de los catalogados como “aliados”.

En esas prisiones los detenidos fueron objeto de presión psicológica y torturas como simulacros de ahogamiento, privación del sueño y otros métodos de interrogación prohibidos por la Convención de la ONU sobre los Derechos humanos, agregó el rotativo.

El experto del Instituto Internacional de Investigaciones Político Humanitarias de Polonia Vladímir Bruter explicó que Washington utilizó a sus aliados para no infringir la ley en su propio territorio. La existencia en varios países de cárceles norteamericanas es ilegal y está claro que repercutirá de forma negativa en el presidente Barack Obama, quien aspira a la reelección en unos seis meses, advirtió Bruter.

A pesar de ser una promesa electoral, la administración demócrata mantiene sin cerrar la controvertida prisión en Guantánamo, donde al igual que en Abu Ghraib (Irak) y Bagram (Afganistán) torturaron prisioneros, como se constata en fotos que muestran las vejaciones y encendieron las críticas de la opinión pública en el 2006.

Tropas estadounidenses maltratan a prisioneros

En lo que va de 2012, varios escándalos de soldados estadounidenses relacionados con el maltrato de prisioneros y prácticas indebidas cuestionan la misión de las tropas de ese país en escenarios de combate y la ética frente al adversario. La reciente divulgación de fotos donde aparecen efectivos de la 82 División aerotransportada junto a los cuerpos mutilados de insurgentes afganos, destaparon una nueva ola de cuestionamientos sobre la presencia de Washington en la nación asiática.

Las instantáneas, que datan de febrero de 2010 en la provincia afgana de Zabul fueron transmitidas el 18 de abril por el diario Los Ángeles Times. Altos mandos militares y el secretario de Defensa, Leon Panetta, se apresuraron a condenar la conducta de sus soldados, alegando que “no representan en nada los valores o el profesionalismo de la enorme mayoría de las tropas estadounidenses que sirven actualmente en Afganistán”.

En un comunicado, el general John Allen, comandante de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en el país, consideró el hecho como “un grave error de juicio por varios soldados que actuaron por ignorancia y falta de familiaridad con los valores del Ejército”. No obstante, el jefe del Pentágono también cuestionó la posición del rotativo al que culpó de poner en peligro la seguridad de los combatientes destacados en aquel país, ante la previsible indignación de la población afgana.

Hechos similares acapararon titulares de los principales medios de comunicación en el mundo en los años y meses recientes. Fotos como las de la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, todavía permanecen frescas en la memoria de la opinión pública internacional, al revelar a militares norteamericanos aplicando diferentes formas de tortura sobre presos o burlándose de la condición de los reos. Medios informativos también denunciaron violentos procedimientos sobre reclusos en la prisión que Washington mantiene contra la voluntad del pueblo cubano en la bahía de Guantánamo.

Estadísticas de organizaciones internacionales estiman que entre 14 mil y 20 mil personas, mayormente civiles, murieron en Afganistán durante la última década, a raíz de la guerra desatada por las tropas estadounidenses de ocupación y de la OTAN. Solo en el 2011, el número de fallecidos sobrepasó los tres mil, récord desde el inicio de la invasión a la nación asiática en octubre de 2001, indica un informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).

Tales acciones ponen en entredicho las misiones de una fuerza enviada supuestamente para establecer la paz. En lo que va de año, varios escándalos confirmaron a la opinión pública que tan censurables prácticas mantienen su vigencia. Un video que circuló a inicios de enero mostró a cuatro integrantes del Cuerpo de la Infantería de Marina orinando sobre los cadáveres de combatientes talibanes.

Los marines volvieron a estar en el centro del debate a inicios de febrero cuando una foto reveló a un grupo de francotiradores de ese cuerpo armado portando una bandera con un símbolo semejante a las SS de la Alemania hitleriana. La quema de varios ejemplares del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, en un vertedero de basura en Bagram, la mayor base militar de Washington en Afganistán, también generó airadas protestas frente a la instalación en el segundo mes del año.

A mediados de marzo, un soldado norteamericano abrió fuego contra 16 civiles, incluyendo niños, mujeres y ancianos, cuyos cuerpos en su mayoría fueron quemados, reportaron varios medios de prensa.

Un sondeo de la encuestadora Gallup reveló semanas atrás que al menos la mitad de los estadounidenses piden acelerar la retirada de las tropas de Afganistán. Otro 24 por ciento considera que las fuerzas armadas deben permanecer con el calendario actual, el cual prevé sacar las fuerzas para finales de 2014. Solo el 20 por ciento de los encuestados dijo que Washington debe continuar en la nación centroasiática durante el tiempo que sea necesario para cumplir su misión.

A pesar de todos estos hechos en su contra, Estados Unidos anunció que continuará con su actual estrategia hacia Afganistán. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, aseveró que la retirada de fuerzas del país asiático responderá a lo planeado, aunque el ritmo de la retirada dependerá de una variedad de factores que serán discutidos durante la cumbre de la OTAN, el 20 y 21 de mayo en Chicago.

Al parecer, la anunciada retirada de los uniformados estadounidenses de Irak y la que se prevé de Afganistán, resultan insuficientes para acabar con las guerras legadas por el ex mandatario George W. Bush (2001-2009) a la administración del presidente Barack Obama. Una contienda más ardua deberá proponerse el gobierno de Obama si desea restaurar la credibilidad y el honor de sus fuerzas armadas.

Los Cinco: Un caso de tortura psicológica en EE.UU.

El caso de cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos reveló el verdadero rostro de la justicia norteamericana, cuyos métodos, basados en el chantaje y la tortura psicológica, son incompatibles con los derechos humanos más elementales. En septiembre de 1998 fueron encarcelados en esa nación Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González, Gerardo Hernández y René González, quienes habían infiltrado grupos terroristas del sur de la Florida para alertar de sus planes violentos contra la isla.

Desde el inicio de su encierro, comenzó un largo proceso minado de prácticas consideradas por organismos defensores de derechos humanos como torturas psicológicas, explicó el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón. Entes internacionales como la Comisión de Detenciones Arbitrarias de la ONU, también reconocieron irregularidades en el caso legal y recomendaron el indulto.

Pero las anomalías no han cesado desde el momento del encarcelamiento: el 29 de septiembre de 1998 los Cinco, como se les conoce internacionalmente, fueron trasladados a la llamada Special House Unit (Unidad de Albergamiento Especial) más conocida como el hueco.

Según relataron posteriormente, las celdas poseían piso de cemento mal acabado, con unos 15 pies de largo por siete de ancho, cama-litera metálica de dos plazas, plancha metálica, colcha y un pequeño baño interior con ducha metálica, donde abundan el moho y la humedad. Tal reclusión contravenía al propio reglamento de la prisión, según el cual el tiempo máximo para mantener a un detenido en estas condiciones es de 60 días, y solo cuando es culpable de delitos más graves como el de asesinato.

Disímiles arbitrariedades se cometieron también en el proceso judicial, en el que muchas veces la defensa no pudo presentar pruebas. En enero de 2002, por ejemplo, los Cinco fueron trasladados en un mismo avión hacia Atlanta, Georgia. Al salir de Miami desayunaron a las 09:00 hora local, y no comieron nuevamente hasta las 23:00.

Tras el cuestionado juicio, a los tres condenados a cadena perpetua, Gerardo, Ramón y Antonio, les colocaron un aditamento llamado Caja negra, dispositivo para reforzar el cierre de las esposas, que además de incómoda suele producir cortaduras en la piel.

Luego, todos fueron separados y ubicados en distintas prisiones de alta seguridad donde las condiciones son extremas. Al entrevistarse en marzo último en Ginebra con Juan Méndez, Relator Especial de la ONU contra la Tortura y otros Tratos Crueles, la esposa de Gerardo, Adriana Pérez, denunció el empleo por parte de las autoridades federales de los procedimientos de confinamiento en solitario, que en una ocasión se extendió por 17 meses.

A esta difícil situación se suma, expresó Pérez, la obstaculización y demora en la entrega de visas a los familiares, muchos de los cuales no han podido visitarlos ni una sola vez. Este hecho constituye una violación del derecho de cualquier persona privada de libertad de recibir visitas de sus allegados, y también es un caso de tortura psicológica, prohibida en las Convenciones Internacionales, alegó Pérez, quien no ha podido reunirse con su esposo en 14 años.

Tampoco Olga Salanueva, esposa de René González, ha podido viajar a Estados Unidos para verlo por la negativa de visas por parte de Washington. Gerardo, Ramón y Antonio fueron condenados a penas excesivas, entre ellas una de doble cadena perpetua más 15 años de prisión para el primero de los mencionados.

En cambio René ya cumplió su sentencia, pero fue sometido a un régimen de libertad supervisada que lo obliga a permanecer en territorio norteamericano con grandes riesgos para su vida, denunció Alarcón. De acuerdo con datos de la isla, más de 3.400 cubanos han sido víctimas de actos organizados y financiados en territorio estadounidense, donde operan organizaciones anticubanas bajo total impunidad.

Para académicos como el periodista francés Salim Lamrani, el ensañamiento con los Cinco es una venganza contra Cuba por haberse negado a seguir las órdenes de la Casa Blanca desde 1959. Y es que a muchos llama la atención el contraste entre la libertad que tienen esos grupos para realizar sus acciones terroristas y la severidad con que se castiga a quienes intentan prevenirlas.

Declaran criminal de guerra a George W. Bush

El ex presidente George W. Bush fue declarado culpable de genocidio y crímenes contra la paz, por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur, en Malasia. También fueron declarados culpables de estos cargos el ex primer ministro británico Tony Blair, y siete miembros de la administración Bush.

Entre los integrantes del gabinete presidencial de Bush que fueron acusados están el ex vicepresidente Dick Cheney, el ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, el ex fiscal general Alberto Gonzales, y los asesores David Addington, William Haynes, Jay Bybee y John Yoo.

“Vamos a continuar nuestros esfuerzos para llevar a Bush y Blair ante la Justicia y ponerlos en la cárcel”, aseguró el abogado norteamericano Francis Boyle, experto en crímenes de guerra que formó parte del equipo de fiscales reunidos en Kuala Lumpur. Boyle señaló que no pierde la esperanza de que Bush pueda ser procesado. “Hemos intentado detenerlo tres veces en Canadá, pero esos esfuerzos fueron frustrados por el gobierno canadiense”, dijo el abogado.

El ex presidente estadounidense y el ex primer ministro británico fueron declarados culpables bajo la misma ley que se aplicó a los nazis durante el juicio de Nuremberg, al término de la II Guerra Mundial. Según el equipo de abogados acusadores, que desplegaron una investigación que duró casi tres años, todos los acusados fueron considerados criminales de guerra y deben ser procesados por cualquier país del mundo que los capture.

El fiscal Gurdial Singh Nijar comentó que existe una recomendación de que el veredicto se distribuya a todos los países, y cada vez que Bush y Blair o cualquiera de los acusados pisen sus costas, hay una obligación de hacerlos comparecer ante el sistema de justicia internacional.

Desde 2009, los investigadores buscaron testimonios de víctimas de torturas por parte de soldados y “contratistas” estadounidenses y británicos en Irak y Afganistán. Comparecieron al juicio en calidad de testigos, el británico Moazzam Begg, ex preso en la Base Naval de Guantánamo, y la iraquí Jameelah Abbas Hameedi, quien fue torturada en la tenebrosa prisión de Abu Ghraib, en Irak.

* Jorge V. Jaime es jefe de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina, y Luis Brizuela y Yeanny González, periodistas de la Redacción Norteamérica.