Funcionarios subalternos de la oficina del Defensor del Pueblo tuvieron que lanzar un comunicado desmintiendo y desautorizando a Rolando Villena sobre sus declaraciones efectuadas el martes cuando aseguró que el coronel Víctor Maldonado es uno de los principales responsables de la represión cometida contra la marcha indígena en Chaparina. La verdad es que el Informe Defensorial emitido en noviembre encubre burdamente a Maldonado, no lo menciona siquiera, para evitar que la investigación llegue a “JR” Quintana, el eslabón perdido en la “cadena de mando” que se rompió con violencia fascista aquel 25 de septiembre negro…

El pasado martes 22 de mayo, tras reunirse con el Ministro de la Presidencia en el Palacio de Gobierno al día siguiente de la posesión del nuevo Comandante General de la Policía, el Defensor del Pueblo Rolando Villena, fue abruptamente interceptado por varios periodistas que requirieron su posición sobre la polémica designación del coronel Víctor Maldonado.

Villena no estaba preparado para aquella improvisada rueda de prensa, y tuvo que improvisar, mintiendo con desenfado. En una confusa declaración donde intentó poner énfasis en la “novedad” de que la policía está atravesada por “mafias” (una obviedad con que Quintana pretende justificar el avasallamiento político sin real perspectiva de una efectiva reforma ética en la institución policial), el Defensor del Pueblo se vio obligado a admitir que Víctor Maldonado era uno de los principales responsables de la violación de los derechos humanos en la razzia anti-indígena de Chaparina el pasado 25 de septiembre, y que dicho antecedente “consta” en el Informe Defensorial emitido al respecto por Villena, en noviembre, lo cual es falso.

La red Erbol reprodujo textualmente las declaraciones del Defensor del Pueblo, informando que “según Villena, en el Informe Defensorial se constata que la recién posesionada autoridad policial, en su condición de Jefe de Inteligencia, estuvo presente en Chaparina el día 25 de septiembre del 2011, cuando se registró la brutal represión a marchistas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)”.

Y citó Erbol, textualmente, lo que Villena afirmó ante varios canales de televisión: “El informe fue categórico en esto, él ha sido identificado como uno de los funcionarios que tiene que ver mucho en la represión de la Policía el 25 de septiembre de 2011, estos hechos no pueden quedar en la impunidad”.

A pocas horas de aquella declaración, el mismo martes, contradiciendo flagrantemente a Villena, su misma oficina del Defensor del Pueblo emitió un comunicado para desmentir lo que afirmó en la conferencia de prensa al salir del Ministerio de la Presidencia. La revista digital Oxígeno dio cuenta de aquel extraño comunicado para “aclarar” que cuando Villena se refería a la presencia de una autoridad policial en la represión del 25 de septiembre de 2011 contra la marcha indígena del TIPNIS, “no se refería al nuevo comandante de la Policía, Víctor Maldonado, sino al retirado General Jorge Santiesteban”.

El comunicado de la oficina del Defensor del Pueblo que deja mal parado a Villena dice textualmente: “Ante versiones difundidas por algunos medios de comunicación en sentido de que el Defensor del Pueblo Rolando Villena ‘confirma’ que el recién posesionado Comandante de la Policía, coronel Víctor Maldonado, estuvo en la represión de la marcha indígena el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina,la Defensoría del Pueblo aclara que las declaraciones que su Máxima Autoridad realizó hacían referencia al ex Comandante, general Jorge Santiesteban y no a su actual sucesor”.

Con dicha “aclaración”, el Defensor del Pueblo, como institución, echa toda la carga de la responsabilidad en el defenestrado Comandante General, Santiesteban, quien no estuvo presente en Chaparina, e insiste en encubrir a Maldonado, quien sí estuvo en Chaparina en el momento mismo de la criminal represión cumpliendo su función como Jefe Nacional de Inteligencia, tal cual evidencian varias imágenes televisivas registradas el 25 de septiembre a la hora exacta de la arremetida policial, con Maldonado en persona visto y filmado públicamente en el lugar de los hechos.

El general Jorge Santiesteban fue instrumentado para envilecer la, desde ya, corrompida matriculación de postulantes “interculturales” que pretendìan ingresar a la Academia Nacional de Policías pagando sobornos y traficando con “avales” ministeriales, lo cual le costó el cargo ahora ocupado por el coronel Víctor Maldonado. Santiestéban, según declaró tras su destitución, desconocía que Maldonado estuviera presente en Chaparina el 25 de septiembre. Pero al Defensor del Pueblo, que confunde roles y responsabilidades, no parece importarle ese antecedente.

Los tentáculos de la impunidad

Sol de Pando pudo confirmar que el funcionario encargado de redactar aquelcomunicado que desautoriza vergonzosamente a Villena es el actual jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano del Defensor del Pueblo, Jaime Quiroga Carvajal, hombre de estrecha confianza del ministro Juan Ramón Quintana, al que sirvió como jefe de gabinete en anterior gestión ministerial. Se sabe que Jaime Quiroga detenta mayor autoridad que el propio Villena en la estructura administrativa del Defensor del Pueblo, habiendo incluso ejercido el cargo de Villena interinamente en varias oportunidades, orientando las acciones de la institución defensorial según las instrucciones directas que recibe de Quintana.

En este caso concreto, se ratifica que el Defensor del Pueblo se obstina en encubrir las verdaderas responsabilidades sobre lo acontecido en Chaparina, y el propósito es claro: proteger a Maldonado para proteger a Quintana. No cabe duda alguna que Quintana y Maldonado planificaron, coordinaron y ejecutaron en Yucumo y Chaparina aquella feroz violación de los derechos humanos contra el pueblo indígena amazónico.

Sol de Pando ha constatado que Rolando Villena incurre en una especie de prevaricato para encubrir la participación de Quintana en varios hechos represivos orquestados por esa autoridad y sus “operadores”. Uno de aquellos “operadores”, el más obsecuente en el entorno íntimo de Quintana, es precisamente Jaime Quiroga, por cuyo “filtro” pasan los informes que suscribe el defensor Villena; y ahora también sus declaraciones públicas.

Los procedimientos y resoluciones que desarrolla el Defensor del Pueblo para proteger los derechos humanos y los derechos constitucionales de los ciudadanos comunes ante abusos de autoridades gubernamentales e instituciones estatales, tienen carácter de “cosa juzgada”; y cuando estas atribuciones jurídicas son ejercidas de mala fe o con un sentido de injusticia y corrupción política, la anomalía tiene las mismas características de un prevaricato cometido por un juez. En el mejor de los casos esta conducta recurrente en las actuaciones de Villena, administrativamente, es tipificable como incumplimiento de deberes.

El “prevaricato” de Villena

El comunicado de la oficina del Defensor del Pueblo emitido el martes desmintiendo y desautorizando a Villena, es una nueva constatación de que el Informe Defensorial sobre los hechos de Chaparina, firmado por Villena (y por lo visto sin haberlo leído adecuadamente, pues el martes supuso que Maldonado figuraba en dicho Informe), ha sido redactado y corregido por una de las manos negras extendidas de Quintana, cuyos tentáculos inducen al Defensor del Pueblo a bloquear toda posibilidad de esclarecer la torpe presencia del Jefe Nacional de Inteligencia en aquella operación represiva indudablemente concebida, planificada y llevada a cabo bajo el mando directo de “JR” Quintana. En ello, Villena comete un flagrante prevaricato al incumplir sus deberes señalados por la Constitución.

Dicho Informe Defensorial no menciona en ninguna de sus páginas el nombre de Víctor Maldonado Hinojosa, ni en relación a los requerimientos informativos elaborados por el Defensor para obtener los informes oficiales de la Policía, ni durante las entrevistas con los actores involucrados, mucho menos en las conclusiones estableciendo responsabilidades.

Aquel Informe presenta omisiones técnicas notables que reflejan una espantosa falta de profesionalidad o excesiva mala fe, o ambas, entre quienes lo elaboraron. La carga investigativa se concentró en establecer las acciones realizadas por el Jefe Nacional de Operaciones, Tcnl. Franz Alvarado Hoyos, quien informó sobre la cantidad de efectivos desplazados a la zona para tomar parte del operativo, o por el Jefe Nacional de Planificación, Tcnl. Henry Terrazas, quien se encargó del apoyo logístico a la tropa policial con “la compra de alimentos para 76 efectivos, 1.000 litros de combustible, 1.200 litros de agua, 20 tenazas cortafrío y 10 docenas de cinta adhesiva masquín (…) compradas de la Ferretaría Alan”.

Pero en ningún momento el Defensor del Pueblo osa investigar las actividades del Jefe Nacional de Inteligencia, Víctor Maldonado, como si los investigadores defensoriales ignorasen que en toda operación policial con las características de Chaparina, el trabajo previo de Inteligencia es determinante incluso para los desenlaces de la operación.

En este punto, llama la atención que otro funcionario del Defensor del Pueblo en el entorno íntimo de Villena, como es el encargado de la unidad de prevención de conflictos Gregorio Lanza (otrora candidato a Alcalde de La Paz por la NFR de Manfred Reyes Villa), haya permitido que se incurra en esta omisión que encubre burdamente las graves responsabilidades de Maldonado en su calidad de Jefe Nacional de Inteligencia.

El 3 de noviembre, Maldonado se presentó en Sucre para prestar su declaración a requerimiento del agente fiscal asignado por la Fiscalía General, Orlando Riveros, siendo el primero (de todo el contigente policial involucrado) en acudir a la citación fiscal; aunque de forma muy sigilosa y casi clandestina, como para “zanjar” el tema de una vez por todas. El Defensor del Pueblo no movió un dedo para hacer el respectivo seguimiento de aquellas declaraciones que sin duda incriminan a Maldonado por las incoherencias que sostiene contradiciendo sus inocultables acciones en Chaparina.

El entonces Jefe Nacional de Inteligencia se negó a hacer públicas las declaraciones que efectuó ante el fiscal Riveros, huyendo de la prensa sucrense, lo mismo que el fiscal Riveros que guarda como un verdadero “secreto de Estado” tales declaraciones de Maldonado.

Cerrando este círculo de impunidad, en las conclusiones del informe emitido por Villena, este Defensor del Pueblo “recomienda” al Fiscal General del Estado iniciar acciones penales por violación a los derechos humanos, a varios funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Policía, menos al Jefe Nacional de Inteligencia.

En la página 120 del informe de marras, Villena pide al Fiscal General “que instruya proseguir las acciones penales por la violenta intervención policial acaecida el 25 y 26 de septiembre de 2011, en especial contra los ciudadanos Sacha Sergio Llorenti Soliz, Marcos Jaime Farfán Farjat, Boris Villegas Rocabado, Ramiro Delgado, Karolina Vertiz Arancibia, Edwin Contreras, Diego Pérez, Jorge Arzabe, Adalit Rivero, Ernesto Castro; así como contra los funcionarios policiales Jorge Santiesteban Claure, Oscar Muñoz Colodro, Edwin Foronda Franco, Modesto Palacios Cruz, Oscar Chávez Ruedas, Alberto Aracena, Henry Terrazas Verduguez y otros…”.

Como se puede ver, el nombre de Víctor Maldonado Hinojosa fue omitido deliberadamente por los redactores de este Informe Defensorial, ya que investigar a Maldonado con el rigor del caso habría implicado llegar hasta “JR” Quintana, el eslabón perdido en la “cadena de mando” misteriosamente rota en medio de aquella violencia fascista que estremeció al país y a los pueblos indígenas del mundo.

¿Por qué el Poder Legislativo y las organizaciones populares de Derechos Humanos no toman la iniciativa de exigir una auditoría técnica y legal sobre el comportamiento del Defensor del Pueblo en éste y otros asuntos? ¿Quiénes son los funcionarios dependientes de Villena, además de Jaime Quiroga Carvajal, que redactaron cada una de las páginas de aquel Informe?

Atentados impunes contra Sol de Pando

La actitud prevaricadora del Defensor del Pueblo se reitera en otros asuntos donde la mano abusiva de Quintana es evidente. Es el caso de los impunes atentados sufridos por Sol de Pando.

El Defensor del Pueblo, Villena, actúa también encubriendo esos atentados que no solo se limitaron a la incautación y quema de nuestra edición número 22 el 11 de julio ejecutadas por personal dependiente del gobernador Flores Roberts, sino también abarcan las campañas difamatorias y discriminatorias de “JR” Quintana en abuso de sus funciones estatales y tráfico de influencias para causarle daño económico al periódico, además de las acciones de amedrentamiento contra nuestras canillitas para evitar la venta de ejemplares en las calles de Cobija y las presiones para destruir nuestros planteles de prensa con amenazas, prebendas y chantajes.

La Gerencia y Dirección de Sol de Pando dirigieron una primera carta de queja a Rolando Villena el 28 de julio del 2011, a pocos días de la incautación dirigida por Luis Flores, denunciando además las presiones ejercitadas contra nuestra entonces jefa de canillitas Virginia Guachalla, cuyo grupo familiar y vecinal fue obligado a dejar de vocear el periódico con la amenaza de ser excluidos del programa “Empleo Digno”, además de las amenazas de agresión física y vendettas judiciales vertidas contra el plantel de prensa del periódico. Aquella queja nunca mereció respuesta por parte de Villena.

Posteriormente, el 7 de diciembre del mismo año, reiteramos nuestra queja ante dicho Defensor del Pueblo, reclamando por la falta de atención a la nota del 28 de julio. Nuestra certeza respecto a una virtual actitud prevaricadora de Villena en contra nuestra surgió precisamente al constatar que en el informe defensorial sobre el intento de masacre contra los marchistas indígenas el 25 de septiembre en Chaparina (Yucumo), intervino uno de los operadores políticos de Juan Ramón Quintana, hoy estrecho colaborador de Villena: el abogado Jaime Quiroga Carvajal, por cuya influencia ha sido excluido de dicho informe el actual Comandante de la Policía, Víctor Maldonado, quien entonces ejercía como Jefe Nacional de Inteligencia bajo órdenes directas de Quintana.

A partir de dicho antecedente —y considerando que a raíz del escándalo de un soborno pagado por agentes de Inteligencia a un involucrado en el caso Rozsa, Jaime Quiroga ya había sido denunciado por El Deber de Santa Cruz, el 20 de enero del 2011, como un “infiltrado de Quintana” en el Defensor del Pueblo—, Sol de Pando solicitó a Rolando Villena separe a este funcionario en el tratamiento de las denuncias sobre los recurrentes atentados perpetrados contra nuestro periódico precisamente por Quintana y sus dependientes estatales.

En esa segunda carta dirigida a Villena el 7 de diciembre del 2011, la Gerencia y Dirección de Sol de Pando le expresan lo siguiente: “Asimismo molestamos su atención para solicitar a su digna autoridad, muy encarecidamente, tenga a bien apartar al señor Jaime Quiroga Carvajal —funcionario bajo vuestra dependencia— de cualquier conocimiento de nuestra reiterada queja ante el Defensor del Pueblo, pues en caso de ser así se estaría incurriendo en conflicto de intereses, entre otras anomalías, debido a antecedentes y nexos del señor Quiroga que son de pleno conocimiento suyo”.

Hasta la fecha, Villena no se ha dignado en responder ninguna de las dos quejas formalmente presentadas por Sol de Pando el 28 de julio y 7 de diciembre; y tampoco los directivos de este periódico, en su condición de damnificados, han sido convocados para aportar en las investigaciones con las pruebas que disponemos ni menos notificados con los resultados (inexistentes) de la investigación que era deber constitucional del Defensor del Pueblo llevar adelante respecto a las agresiones y discriminaciones que este medio periodístico se ve obligado a resistir estoicamente y sin claudicar en aras de la transparencia de la gestión pública.

* El autor es Director del periódico amazónico Sol de Pando y dirige el Servicio Informativo Datos & Análisis.