El gobierno boliviano protege a funcionarios públicos involucrados en delitos de corrupción y tráfico de drogas, denunció el ex comandante policial y narcotraficante confeso René Sanabria. “Si tiene conocimiento de alguna persona involucrada, él debe dar los nombres; una denuncia sin nombres carece de seriedad y veracidad”, respondió el ministro de Gobierno Carlos Romero.

El general retirado de la Policía René Sanabria, ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein) fue detenido en febrero de 2011 en la ciudad de Panamá cuando intentaba embarcar más de 140 kilos de cocaína a Estados Unidos.

Enjuiciado en la Corte Federal de Miami, Sanabria confesó que traficaba con cocaína y fue condenado a 14 años de cárcel. El narcopolicía no delató a sus cómplices y guardó silencia hasta que su hijo Víctor Hugo Sanabria Nava fue encarcelado en Bolivia por el delito de enriquecimiento ilícito.

“Sanabria ha roto su silencio y ha hecho graves señalamientos en una carta enviada a Univisión en exclusiva”, informó el lunes la cadena de televisión norteamericana, mostrando una misiva manuscrita del ex general que también fue enviada al diario El Deber de Santa Cruz.

Sanabria denuncia que el ex viceministro de Gobierno Marcos Farfán y al actual asesor jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera habrían sustraído información física y digital recopilada por el Cigein a lo largo de un año, con la intención de proteger a los narcos que aún trabajan para el gobierno de Morales. “Es un deber del ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti dar a conocer la identidad de funcionarios públicos involucrados en delitos y actos de corrupción de narcotráfico, según indicios y pruebas acopiadas por las investigaciones del Cigein”, enfatiza Sanabria en su carta.

“El gobierno está ocultando una extensa investigación sobre funcionarios públicos involucrados en el narcotráfico…. Imagino que él tiene información sobre oficiales, sobre personas”, declaró la abogada del policía Sabrina Puglisi a la red Univisión.

“Sería bueno que dé los nombres de los supuestos funcionarios”, respondió el martes el ex ministro Llorenti tras calificar de “patraña” la denuncia de Sanabria. En la misma línea, el ministro de Gobierno Carlos Romero dijo que “si el general Sanabria tiene conocimiento de alguna persona involucrada, él debe dar los nombres y debe señalar elementos probatorios o indicios que dan cuenta de su involucramiento; una denuncia sin nombres carece de seriedad y veracidad y solamente busca generar polémica, suspicacia e incertidumbre”.

El ministro Romero recordó que luego de que la embajada de Estados Unidos formalizó la denuncia contra de Sanabria, la acusación derivó en una serie de operaciones ejecutadas por el Ministerio de Gobierno, en coordinación con la Felcn y los fiscales del Ministerio Público. La investigación no fue dirigida por el Ministerio sino que estuvo a cargo de la Felcn en estricta coordinación con la comisión de fiscales del Ministerio Público. En ese marco, cualquier secuestro o incautación de documentación solamente pudo ser ordenada por la comisión de fiscales a cargo, aseguró Romero.

El ministro aclaró que, de acuerdo a los testimonios recabados en el proceso judicial, quien sustrajo datos de la computadora de Sanabria y el libro de novedades del Cigein fue la propia esposa del ex general, quien tiene mandamiento de aprensión, pero hasta ahora no se presenta ante la justicia para asumir su defensa.

Romero solicitó a la Felcn una certificación sobre la presunta protección aalgunos funcionarios del gobierno. “El Departamento Nacional de Inteligencia de la Felcn actualmente no cuenta en su base de datos con indicios, pruebas, información referente a investigaciones o seguimiento que los ex funcionarios de Cigein realizaron a ex funcionarios públicos”, puntualiza dicha certificación. (ABI)

Asambleístas del MAS aseguraron que la denuncia pública del ex general de la Policía es un juego político para desestabilizar al gobierno. “Justo cuando empiezan a cesar los conflictos sociales, sacan estas declaraciones a la luz, pareciera que quieren seguir entorpeciendo la estabilidad del país” aseveró el diputado Edwin Tupa.

El diputado Galo Bonifaz consideró que las declaraciones de “un reo que ha utilizado su cargo para traficar cocaína no tienen ninguna validez; es un reo resentido que desde su celda lanza acusaciones, pero estamos convencidos de que cualquier autoridad que tenga que brindar alguna información lo hará en su momento”.

Por su parte, el diputado de Convergencia Nacional Tomas Monasterio exigió al gobierno un pronunciamiento formal y público respecto a esta “temeraria denuncia para iniciar los procesos correspondientes del Ministerio Público y así poder dar con los responsables y con las personas que estén ligadas a esta clase de prácticas”. Mostró su extrañeza por el hecho de que Llorenti y Farfán gocen de impunidad ante la justicia boliviana, y anunció que la bancada opositora planteará un acto interpelatorio en contra de Carlos Romero.

El año pasado, el diputado Luis Felipe Dorado (CN) reveló que Sanabria habría implicado a altos funcionarios del gobierno de Evo Morales. “A pesar del comprensible hermetismo en la oficina del fiscal Brian Dobbins y de los asistentes de la jueza Úrsula Ungaro, conversando con abogados y organizaciones civiles en Miami conocimos que en su confesión Sanabria habría implicado al menos a 64 ciudadanos, entre los que figurarían mandos policiales y altos funcionarios del Estado Plurinacional”, dijo Dorado el 17 de agosto.

Según el opsitor, “no es exagerar decir que Bolivia es un narcoestado, toda vez que el entorno del presidente se ha visto envuelto en sonados casos de narcotráfico, desde su asambleísta constituyente Margarita Terán, hasta su amauta (sacerdote) personal, pasando por funcionarios del Legislativo que en 2007 traficaban droga en bustos del Che Guevara”.

Dorado criminaliza al peón y apoya al patrón del narco mundial: la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA en inglés) que ejecuta operaciones encubiertas de lavado de dinero del narcotráfico por lo menos desde 1984. En diciembre de 2011 el subprocurador RonaldWeich reveló que el Departamento de Estado usó fondos presupuestados para realizar operaciones encubiertas. Dijo que esos detalles “no son apropiados para que sean discutidos públicamente, dado que estas operaciones tocan preocupaciones importantes de seguridad nacional e involucran seguridad de agentes”.

El Fiscal General Eric Holder compareció ante el Comité de Justicia de la Cámara para aclarar aspectos sobre el fallido operativo de Rápido y Furioso, que permitió el trasiego ilegal de cerca de dos mil armas a México entre 2009 y 2010, y en la audiencia omitió toda referencia a las operaciones encubiertas de lavado de dinero de la DEA , pese a que eran parte de las pesquisas y los interrogatorios al alto magistrado.

se conoció además que en 1987 el procurador Edwin Meese autorizó operaciones de esta índole, entre ella la denominada Piscis, que permitió el blanqueo de 116 millones de dólares en Panamá y la penetración de una red de tráfico de cocaína en Colombia, América del Sur y México. Tareas similares se cumplieron en Centroamérica décadas atrás y salieron a relucir durante el escándalo Irán-Contras, acción desarrollada por Washington para abastecer de armamentos a grupos que operaban en Honduras contra el gobierno sandinista de Nicaragua.

El periódico The Houston Chronicle estimó que solo durante la administración de Reagan los agentes de la DEA habrían lavado unos 100 millones de dólares