Debido a la naturaleza de clase del sindicato y de su rol como frente único de los trabajadores en su lucha por evitar la mayor explotación de la fuerza de trabajo, la clase dominante a través de sus representantes u operadores políticos ha intentado en todos los tiempos controlar a los dirigentes sindicales, para desviar la lucha obrera hacia la colaboración con los empresarios y a su subordinación a las políticas estatales que favorecen la acumulación capitalista.

En Bolivia desde los inicios del sindicalismo, pero especialmente durante los gobiernos nacionalistas, la burguesía desplegó muchas energías y creatividad para romper la resistencia de la clase obrera mediante la cooptación de las capas dirigentes de los sindicatos. En algunas ocasiones los gobiernos crearon organizaciones paralelas con la pretensión de sustituir a los sindicatos; ahí están la abortada COBUR creada por Aníbal Aguilar del MNR o los equipos de “coordinadores” del gobierno de Banzer, aunque siempre sin resultados debido a la fuerza de la tradición revolucionaria del sindicalismo que impidió el sometimiento de sus organizaciones a las órdenes de los gobiernos de la burguesía.

Como la abierta y desembozada intromisión gubernamental en el sindicalismo no resultó, la generación y sostenimiento de la “burocracia sindical” apareció como una opción más eficaz. Para ello, la clase dominante fue incorporando en el aparato estatal o abriendo a la participación de los dirigentes sindicales ciertos espacios de poder -como los directorios de las empresas y entidades públicas- o instancias parecidas al actual “control social” que acabaron corrompiéndolos; todo ello, cuando no era posible recurrir a la amenaza, el soborno directo, la otorgación de prebendas, etc. Así ambos recursos fueron adquiriendo el carácter de práctica común para inhabilitar o someter a los dirigentes sindicales en momentos en que la lucha de clases se tensionaba y amenazaba a la estabilidad de la dominación capitalista.

Así entra en escena la burocracia sindical, que es aquel grupo de dirigentes de los sindicatos que se ha emancipado del control de sus bases y que toma decisiones que afectan a los afiliados de las organizaciones sindicales sin consultarles. El proceso de “burocratización” no ocurre, sin embargo, únicamente como consecuencia de los defectos morales de los dirigentes, de la degeneración de su papel como portavoces de los intereses de los trabajadores, sino que es resultado de su afinidad ideológica con la clase dominante o con sus representantes políticos; es decir, se explica por su afinidad con la defensa de los intereses de la patronal, de la burguesía que domina y explota a los trabajadores.

Algunas corrientes políticas presentes al interior de las filas sindicales jugaron y juegan un papel destacable en la elaboración del discurso y la difusión de prácticas que sustentan a la burocracia sindical. Ese es el caso, por ejemplo, del estalinismo en sus diversas variantes pero especialmente del autodenominado Partido Comunista que, tributario de la concepción de la revolución por etapas de José Stalin, desarrolla todo su accionar bajo la premisa de que en el país por un largo e indefinido período la lucha social sólo puede aspirar a una revolución de carácter democrático burgués, es decir, un proceso encabezado por la “burguesía nacional”, desechando toda posibilidad de una revolución social dirigida y orientada por la clase obrera. A partir de esa premisa, al interior de los sindicatos pugna constantemente porque estos contribuyan a la estabilidad y consolidación de todo gobierno considerado por ellos como revolucionario [1], esforzándose por ahogar toda movilización que lleve en sus entrañas la posibilidad de derivar en una insurrección popular, lo que les conduce a chocar una y otra vez con la tozudez de la lucha de los obreros que cuestionan a la clase dominante por su incapacidad histórica para desarrollar el país.

En el actual conflicto protagonizado por los trabajadores de salud y la COB, la burocracia sindical actuó según sus antecedentes: se entregó de lleno al debilitamiento de la lucha de los trabajadores recurriendo a algunas maniobras conocidas e innovando otras que sorprendieron a algunos trabajadores y dirigentes sindicales desprevenidos.

Así por ejemplo, militantes del PCB que fungen de dirigentes nacionales del magisterio urbano resolvieron en medio del conflicto nacional ingresar en huelga de hambre dura, tapiándose en un recinto sindical bajo el supuesto objetivo de resolver de forma inmediata las demandas sectoriales del magisterio urbano. Lo cierto es que su ingreso al ayuno duró más que su salida y sus resultados, reflejados en un convenio con el gobierno, fueron duramente criticados por maestros de base y dirigentes departamentales pues el convenio con el Ministerio de Educación no contemplaría la solución inmediata de los problemas que aquejan a los maestros sino sólo la ratificación de promesas que habían sido ya acordadas en el año 2010 y, esto es lo peor, suponía -como lo ha revelado el ministro del área- el compromiso de los dirigentes de levantar toda medida de presión y desmarcarse de las medidas aprobadas por el ampliado nacional de la COB. Lo curioso de este hecho es que los dirigentes de la confederación justificaron su accionar con el argumento de que siendo el “tapiado” una medida asumida por los dirigentes, correspondía a ellos y no a las bases levantarla por su cuenta y cuando ellos considerasen que se había logrado su objetivo; en otras palabras, ratificaban su carácter burocrático, su desprecio por la soberanía de sus bases y por la solidaridad con la lucha del resto de los trabajadores afiliados a la COB.

También la determinación de levantar la huelga general y las movilizaciones mediante un convenio entre la dirigencia nacional de la COB y de los trabajadores de salud tiene todos los rasgos de una acción burocrática. Precisamente en momentos en que el gobierno daba muestras de debilidad frente a la movilización de los trabajadores -que se había fortalecido por la presencia activa de los salubristas, médicos y estudiantes universitarios- y retrocedía en su pretensión de imponer una medida anticonstitucional y violatoria de los derechos laborales como es el incremento de la jornada laboral en el sector salud, los dirigentes acordaron con representantes del gobierno la promulgación de un nuevo decreto que pone en suspenso el DS 1126 hasta la realización de la Cumbre Nacional de la Revolución de Salud y establece algunas medidas que atenúan la penalización de la protesta social presente en el Código Penal.

Este acuerdo, cuyo contenido no fue puesto a consideración del conjunto de trabajadores involucrados en la lucha, tiene la innegable intención de desmovilizar a los sectores más aguerridos y abandona, de hecho, la demanda por el aumento salarial basado en la canasta familiar aprobada por el congreso de la COB. Peor aún, somete la revisión de un derecho adquirido –un principio fundamental del derecho laboral que regula las relaciones obrero-patronales- a una instancia claramente controlada por el gobierno, con el probable resultado de su conculcación y el inicio de todo un período de liquidación de los derechos de los obreros y demás asalariados, que bajo el sonsonete de “eliminar privilegios” busca abaratar la fuerza de trabajo en beneficio de los “socios” del proceso de cambio, empresarios nacionales y transnacionales. En resumen, la actuación de la dirigencia refleja palmariamente su naturaleza política e ideológica resumida en el propósito de facilitar la imposición de las políticas de un gobierno que para muchos de los dirigentes sindicales es la encarnación de la revolución social.

Resulta anecdótico, además, que las maniobras del gobierno para liquidar la movilización social involucraran no sólo a los miembros de la dirección nacional de la COB, sino también a autoridades del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) que, detrás de la apariencia de un rol de “mediadores”, llegaron a un acuerdo idéntico al logrado por la dirigencia de la COB. Así, se demostró que la capacidad del gobierno para influir -para decir lo menos- en dirigentes sindicales y autoridades universitarias es notable, pues se llegó al extremo de sincronizar sus actuaciones: conocido públicamente el hecho de que en Oruro la oposición de los estudiantes impedía que la Conferencia Nacional de Universidades homologara el convenio del CEUB con el gobierno, la comisión de ministros y dirigentes sindicales daba a conocer al país que se había llegado a un acuerdo que pondría fin a las movilizaciones.

Este comportamiento de la burocracia sindical dirigido a frustrar la movilización de los trabajadores no es ciertamente novedoso, sino que retrotrae numerosas experiencias similares del pasado, lo que revela que la actuación de los dirigentes no se explica por las cualidades y defectos personales de los individuos, sino por la pervivencia de la ideología de la burguesía en filas del movimiento obrero y popular. Asimismo, aunque su efecto es no sólo dramático y perverso, pues involucra la suerte de miles de familias trabajadoras, es también un emplazamiento a las organizaciones revolucionarias para que redoblen sus esfuerzos para desvelar las consecuencias nocivas de la presencia de esas capas burocratizadas para el futuro de la lucha del movimiento obrero ypara formar políticamente a lo más granado de los trabajadores y estudiantes, con miras a las siguientes movilizaciones sociales, inevitables como consecuencia de la derechización acelerada del actual gobierno y de la evolución de los problemas económicos y sociales en el país.

Nota:

1. Son célebres por su apoyo al ciclo nacionalista del MNR y a la UDP y también por su simpatía por gobiernos militares que proclamaron en su inicio un supuesto carácter popular, como el de Natusch Busch en 1979.

*Autor del libro Crisis del sindicalismoboliviano: consideraciones sobre sus determinantes materiales y su ideología, La Paz, 2000.