Brasilia y La Habana (PL).- El XV Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) ratificó el rol decisivo de las féminas en la lucha por la justicia social y la igualdad de género, y contra la discriminación y la violencia sexual. Latinoamérica tiene mucho que resolver en el combate a la violencia contra la mujer, pues en sus países el 90% de los casos quedan impunes, según datos de la CEPAL.

Realizado en Brasilia del 8 al 12 de abril, el encuentro abordó los principales asuntos que preocupan hoy no solo a las mujeres, sino a la humanidad en general, desde los abusos, la falta de oportunidades y la desigualdad sexual hasta la crisis económica, las guerras, la amenaza de conflagración nuclear y el medio ambiente.

Delegadas e invitadas de 51 naciones de todos los continentes se solidarizaron con la lucha de los pueblos desde la causa palestina, por la devolución de los territorios ocupados, hasta el fin del bloqueo económico de Washington contra Cuba y la liberación de los cinco antiterroristas cubanos presos injustamente en Estados Unidos.

El XV Congreso de la FDIM, que fue dedicado a la heroína cubana Vilma Espín, fundadora y presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), fallecida en junio de 2007, fue enfático en la exigencia al presidente estadounidense, Barack Obama, de liberar y regresar a su patria a los cinco cubanos luchadores contra el terrorismo.

Las cerca de 300 participantes en la cita firmaron una carta dirigida a Obama, en la cual apuntan: “deseamos llegar a la conciencia de Usted para que ponga fin a la injusticia cometida contra cinco héroes, luchadores contra el terrorismo, en defensa del derecho de su pueblo a vivir en paz”.

Le recuerdan que Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González “fueron condenados, pese a que nunca se les han podido probar los delitos por los que se encuentran cumpliendo las más crueles sentencias”.

Este XV Congreso de la FDIM le solicita hacer justicia en uso de sus derechos constitucionales como presidente, otorgándoles la libertad y permitiéndoles el regreso a su Patria a los cinco antiterroristas cubanos, retenidos en territorio norteamericano desde hace casi 14 años. La carta será entregada en la sede diplomática norteamericana en Brasilia.

La Declaración Final o de Brasilia recoge este sentimiento de las mujeres del mundo y también exige a Estados Unidos poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene contra Cuba desde hace más de medio siglo.

El texto resalta que el XV Congreso se realizó en el contexto de una profunda crisis estructural capitalista, la cual tiene un impacto multifacético en las mujeres y contribuye a la destrucción del medio ambiente, las alteraciones climáticas y el aumento de la angustia alimentaria en el mundo, en especial en África y Asia.

“Expresamos nuestra preocupación ya que la crisis capitalista agrava las contradicciones y agresiones imperialistas, aumentando el peligro de las guerras. Actualmente los riesgos aumentan porque la legislación internacional sirve a los intereses imperialistas”, indica el documento.

Por ello, las asistentes al encuentro demandan la remoción de todas las bases militares en el mundo, se oponen a la instalación de escudos anti-misiles y condenan al imperialismo por militarizar el planeta. Sostienen que las mujeres defienden un mundo de paz y sin armas nucleares.

Sobre la lucha de las féminas, la Declaración de Brasilia aboga por la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer, la exclusión, el tráfico de mujeres y niñas, la explotación sexual y la prostitución.

También, prosigue, se pronuncia por la abolición de los obstáculos al acceso a los recursos y al empleo en igualdad de condiciones que propicien la autonomía económica de las mujeres, así como pide incrementar el combate a la violencia doméstica, la cual constituye una flagrante violación de los derechos humanos.

En el plano internacional, el documento expresa su solidaridad con los pueblos y mujeres palestinas que sufren las agresiones y la ocupación israelitas, a la vez que condena la agresión imperialista contra Irán, Siria, Líbano y África del Norte.

Denuncia además todas las formas de colonialismo, neocolonialismo, especialmente en los casos del Sahara Occidental y Puerto Rico. El texto apoya también la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas.

El XV Congreso de la FDIM respaldó también la lucha de los pueblos europeos contra los ataques a sus derechos fundamentales por parte de la plutocracia, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, al tiempo que condenó las políticas de los partidos neoliberales y socialdemócratas contra la clase trabajadora y sobre todo las mujeres.

Al comentar los resultados de la cita, la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Yolanda Ferrer, destacó que resultó muy emotiva porque el homenaje a la heroína cubana Vilma Espín fue el centro de la reunión de Brasilia, desde que el Comité de Dirección aprobó dedicarle el XV Congreso.

Hubo una manifestación extraordinaria de cariño, de respeto y admiración de todas delegadas, señaló y apuntó que Vilma trabajó mucho por la FDIM y merecía ese reconocimiento. Todo ello, subrayó, hizo que la heroína cubana estuviera presente en la cita de las féminas de todo el mundo.

Ferrer exaltó que el encuentro concluyó exitosamente, pues se consiguió unidad en la diversidad. Recordó que en el Congreso participan muchas organizaciones, incluso representantes de entidades diferentes de un mismo país que a veces no tienen una postura única a nivel nacional.

Sin embargo, subrayó, “no quedó una sola causa por la que luchan las mujeres que no fuera reconocida por el Congreso de la FDIM y que no fuera tomada como bandera de combate en los próximos años”.

La presidenta de la FMC aseveró que la FDIM ha adoptado un plan de acción que es resultado de todas esas propuestas, presentadas en las reuniones de las oficinas regionales y en las cinco mesas de debates. “Plan de acción muy completo y cuyo reto es ejecutarlo”, sentenció.

La elección de la dirección de la FDIM constituyó otro momento relevante de la reunión, con la ratificación para un tercer mandato de la brasileña Marcia Campos, consideró Ferrer. untualizó que “el Congreso fue un reflejo de la firme determinación de sus organizaciones miembros, de fortalecer la entidad y de incrementar su papel en la arena internacional”.

Violencia contra la mujer, queda mucho por resolver en Latinoamérica

Latinoamérica tiene mucho que resolver en el combate a la violencia contra la mujer, pues en sus países el 90 por ciento de los casos quedan impunes, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Las razones son varias: las víctimas temen y callan, en muchas ocasiones dependen económicamente de quienes la maltratan, la confianza en las autoridades es baja y no todas las mujeres dominan el castellano, la lengua oficial.

Encontrar personas a las que dirigirse resulta complicado cuando la cuestión está tan cargada de tabúes, ya que la cultura de algunos lugares acepta la violencia intrafamiliar. Por esos motivos, actualmente una de cada tres mujeres en la región sufre algún tipo de violencia física y un 16 por ciento ha sido víctima de violencia sexual alguna vez en su vida, de acuerdo con investigaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

A pesar de algunos avances en materia de igualdad de géneros, la violencia doméstica contra las mujeres sigue siendo común en Latinoamérica, en opinión de Moni Pizani, representante de ONU-Mujeres para el continente. Tales cifras aparecen en el informe El Progreso de las Mujeres en el Mundo, en el cual se afirma que la violencia contra las féminas se produce a pesar de que el 97 por ciento de los países de la región han aprobado leyes contra la intimidación de género.

Junto a esas acciones legales, el maltrato poco a poco va gozando de menos aceptación social al no justificarse en ningún caso, por ejemplo, que un hombre golpee a su esposa, aunque muchos aún piensen lo contrario. Menos de la mitad de las legislaciones aprobadas penalizan explícitamente la violencia dentro del matrimonio.

No obstante, el panorama va cambiando: las mujeres ya se atreven a denunciar los agravios y ultrajes, pero las cifras siguen muy altas y ratifican que se requieren políticas, recursos y códigos para garantizarle a las féminas una mejor representación social.

Para ONU-Mujeres las instituciones gubernamentales, la policía y los tribunales deben velar por la presencia de mujeres en el parlamento, en la primera línea del poder judicial y en el resto del quehacer político, social y económico, lo que ayudaría a un mayor respeto de sus derechos.

Discriminación laboral

Otra de las violaciones más comunes es la discriminación en el ámbito laboral. Hoy el 53 por ciento de la mano de obra en América Latina y el Caribe está conformada por mujeres, quienes además son mayoría en las universidades. Sin embargo, la brecha salarial es notable y en algunos países reciben hasta un salario 40 por ciento inferior al de un hombre por el mismo puesto de trabajo.

Las mujeres, salvo algunas excepciones, están relegadas a puestos secundarios, niveles inferiores de toma de decisiones, no cuentan con seguridad social y existe discriminación hacia las embarazadas o lactantes. Asimismo, siguen sin tener igualdad frente a los hombres en puestos importantes, por ejemplo, el porcentaje de mujeres en los parlamentos actualmente es de 19,5 por ciento y están muy poco representadas en los ministerios de las áreas política y económica, según cifras de ONU Mujeres.

De ahí que se pueda afirmar que la violencia contra las féminas es estructural y constituye una violación a sus derechos humanos, lo cual es a su vez una manifestación de la jerarquía social en donde los hombres son beneficiados por encima de ellas, y para mantenerlas en esa posición subordinada utilizan diversos mecanismos de agresión.

Psicólogos, sociólogos y politólogos coinciden en que ese orden jerárquico es producto de procesos culturales arraigados en las sociedades, traducido en subvaloración -asimilada por el hombre, incluso por un gran número de mujeres- que ideológicamente justifica la discriminación, exclusión y violencia sistemática, tanto privada como pública. En este contexto cobran especial importancia las organizaciones de mujeres que denuncian, se oponen y luchan en contra de esas concepciones en todas las esferas de la sociedad, con una tenaz resistencia en todos los rincones del continente.

Los avances que se han tenido en las leyes de muchos países son producto del esfuerzo de esas organizaciones, de los organismos de derechos humanos y de muchos gobiernos de la región, identificados con la plena igualdad y participación de la mujer en el quehacer de sus naciones.

En estos esfuerzos sobresale la creación de Ministerios de la Mujer y de consejos de féminas en los barrios y en los caseríos en países como Perú y Venezuela, en este último muy identificadas e integradas al desarrollo de las misiones sociales de la Revolución Bolivariana.

Venezuela creó en 1999 el Instituto Nacional de la Mujer, en 2007 promulgó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y por último, en 2009, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. También sobresale el establecimiento por la Fiscalía General de la República de 52 fiscalías especializadas a nivel nacional, para recibir las denuncias de casos violencia de género, además el Tribunal Supremo de Justicia aprobó tribunales de violencia contra la mujer en siete estados y ocho en Caracas.

En Perú esa cartera funciona desde 1996, la cual en 2007 aprobó la ley de Igualdad de Oportunidades para fijar en todos los poderes y niveles del gobierno la equidad de oportunidades, pues el país andino es el cuarto de una lista de 18 países de Latinoamérica y Caribe donde las mujeres sufren discriminación salarial.

Complejidad y magnitud

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que el costo de la violencia doméstica es de 15 mil millones de dólares en Latinoamérica, lo que representa una inversión del dos por ciento anual del Producto Bruto Interno para atender sus efectos.

Dichos gastos incluyen los servicios para tratar y apoyar a las víctimas y a sus hijos y el enjuiciamiento a los agresores; además tienen en cuenta la pérdida de empleo y productividad, al igual que los costos relacionados con el dolor y sufrimiento humanos.

En general, todas las formas de violencia sexista tienen altísimos costos en la salud de las mujeres, los que aún no han sido lo suficientemente dimensionados. Como promedio, se estima que las mujeres víctimas de este tipo de intimidación necesitan más intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones, atenciones médicas, medicamentos y tratamientos post-traumáticos de tipo psiquiátrico, que otras con alguna enfermedad o dolencia.

Por ello urge reconocer la complejidad y magnitud de este fenómeno que adopta distintos rostros: abusos sexuales, violación e incesto, maltrato en la relación de pareja, amenazas e insultos, acoso y coerción sexual, explotación y tráfico sexual, esclavitud y violencia psicológica y económica.

A esto se han agregado en los últimos años las violencias vinculadas a la tecnología de las comunicaciones, por ejemplo, la pornografía y las redes pedófilas en Internet. Todas ellas, sin excepción, tienen un alto costo en términos de la salud integral de las féminas afectadas, con daños que pueden ser inmediatos y que en muchos casos tienen consecuencias fatales o incluso para toda la vida.

De hecho, el número de feminicidios ha crecido en los últimos años en países de América Latina y el Caribe como México y Guatemala (los casos más emblemáticos), Chile, Costa Rica y Argentina, entre otros.

Es así que la violencia contra este sector poblacional no se limita a una cultura, región o país específico, ni a un tipo particular de mujeres. Sus raíces subyacen históricamente en las relaciones desiguales frente al hombre y en la persistente discriminación. Por sus graves efectos sanitarios, así como por la incidencia y el daño severo que ocasiona en la sociedad, la violencia contra las mujeres ha sido declarada un problema de salud pública.

La consideran así la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, entre otros organismos, dejando de ser tan solo una seria violación de derechos humanos bajo los tratados internacionales.

* Alejandro Gómez es corresponsal de Prensa Latina en Brasil y Cira Rodríguez César, periodista de la Redacción Suramérica.