(Agencias).- Los médicos y trabajadores del sistema de salud pública cumplen un paro de labores indefinido desde el 28 de marzo a nivel nacional, y las movilizaciones callejeras tienden a radicalizarse con la paulatina incorporación de maestros urbanos, estudiantes y docentes de las facultades de Medicina.

Los sindicatos afiliados a la COB reivindican un pliego de ocho demandas principales, entre ellas un salario de 8.309 bolivianos; mientras que los médicos y salubristas exigen la anulación del decreto 1128 que extiende su jornada laboral de seis a ocho horas diarias, o caso contrario su incorporación a la Ley General del Trabajo.

Otros sectores comienzan a plegarse a la movilización con demandas sectoriales. Por ejemplo, pobladores de Totora y Curahuara del norte del departamento de Oruro bloquean desde las cero horas del lunes la carretera Patacamaya-Tambo Quemado exigiendo el asfaltado del tramo Totora-Curahuara de Carangas y la construcción de la carretera Caracollo-Patacamaya. De inmediato, el Ministro de Obras Públicas Vladimir Sánchez ratificó que la construcción de la carretera está garantizada con un presupuesto inicial de 50 millones de bolivianos.

Por su parte, el ministro de Educación Roberto Aguilar propuso este lunes nivelar los salarios de maestros urbanos y rurales que trabajan en condiciones similares, sobre todo en regiones alejadas, atendiendo parcialmente el pedido de los dirigentes de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia.

Autoridades del Ejecutivo y dirigentes de la COB iniciaron ayer el diálogo en tres mesas de negociación “social, salarial y productiva”, confirmó la ministra de Desarrollo Productivo Teresa Morales. Pero las negociaciones fueron suspendidas hasta que el gobierno responda a las demandas de los salubristas, declaró el dirigente cobista Juan José Guzmán. (Agencia ANF)

El Presidente Evo Morales reiteró que no anulará el decreto rechazado por los salubristas y tampoco autorizará un incremento salarial superior al 7%. En consecuencia, médicos, salubristas y maestros radicalizaron las medidas de presión e iniciaron este lunes una huelga de hambre nacional. Más de una decena de maestros de todo el país se sumaron a la huelga de hambre seca iniciada hace cinco días por los dirigentes de la Confederación de Maestros Urbanos Federico Pinaya y Adrián Quelca.

Ayer se “tapiaron” los dirigentes del magisterio urbano Wilma Plata, Luis Copeticona y Nilton Pérez de La Paz; Jhonet Ojeda, Jaime Negreti y Juan Carlos García de Oruro; Gustavo Sánchez, Harry Mondaca y Miguel Lora de Cochabamba; Saúl Azcárraga y Yelman Calleja de Santa Cruz; Erick Tamabe, Tito Ayaviri, Walter Ayllón y Willy Arancibia de la Normal Simón Rodríguez; y otros seis maestros de Riberalta. (Red Erbol)

Los médicos y trabajadores de salud también instalaron piquetes de huelga de hambre en las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba y El Alto. El principal dirigente de la Confederación de Trabajadores en Salud José Gonzales instruyó a los afiliados del área rural replegarse a las capitales de departamento para iniciar el miércoles una huelga de hambre masiva. (Red Unitel)

El conflicto es “manejable” según el gobierno

El país vive una escalada de conflictos y “muchos sectores políticos hacen confluir muchas movilizaciones para provocar polarización, pero es una situación manejable (y) confío en que el diálogo pueda resolver”, aseguró el ministro de Gobierno Carlos Romero. (Red Unitel)

En la práctica, el Ejecutivo optó por movilizar al Ministerio Público, a la Policía y a sus fuerzas sociales para restablecer el orden y hacer respetar el Estado de Derecho vulnerado por los manifestantes. En la madrugada de este lunes decenas de policías se apostaron en puertas de los hospitales de Clínicas y Obrero, en el Policlínico 9 de abril y la Caja Petrolera y en la Facultad de Medicina de La Paz con el fin garantizar la libre circulación de peatones y vehículos.

Estudiantes de medicina y trabajadores del hospital de Clínicas y de otros centros de salud fueron gasificados por la Policía y el Consejo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) denunció que las fuerzas del orden violaron la autonomía universitaria e ingresarona los predios de esa casa de estudios superiores para reprimir a los movilizados.

“Las fuerzas del orden se desplazaron en la ciudad de La Paz para garantizar el desarrollo normal de todas las actividades, tanto del tráfico vehicular como del transporte de la ciudadanía perjudicada en los últimos días por marchas y bloqueos en horas pico”, justificó el viceministro de Régimen Interior y Policía Jorge Pérez. (ABI)

En Santa Cruz, vecinos y gremialistas encabezados por el concejal del MAS José Quiroz se enfrentaron ayer con médicos y trabajadores de salud en la Plaza de 24 de Septiembre, y en el choque resultaron heridas al menos ocho personas.

De otra parte, el presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Iisiboro Sécure (TIPNIS) Fernando Vargas denunció que el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana ordenó al alcalde y a otras autoridades de San Ignacio de Moxos que bloqueen la carretera que va hacia San Borja para cerrar el paso a la IX marcha indígena que comienza el 25 de abril en Chaparina. (Red Erbol)

Además, la semana pasada el fiscal General del Estado Mario Uribe instruyó iniciar una investigación penal a los instigadores del paro declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo. Mediante instructivo 243/2012, Uribe ordenó a los Fiscales Departamentales y de Materia del país actuar de oficio e iniciar investigación penal en contra del autor o autores y partícipes de los delitos por la interrupción de los servicios de salud, “precautelando de esta manera el derecho a la salud que tienen los ciudadanos bolivianos, pero también respetando y garantizando el derecho a la protesta resguardado por la Constitución Política del Estado, al que también tienen derecho todos los habitantes de Bolivia”.

La máxima autoridad del Ministerio Público explicó que el derecho a la salud, sobre todo de la población más vulnerable, está siendo vulnerado con la interrupción de los servicios en centros de salud, hospitales y clínicas. Dejó claramente establecido que no se pretende sancionar la protesta por reivindicaciones sociales, un derecho que todos los trabajadores tienen y que está amparado por la Constitución, sino la interrupción de los servicios de salud que afecta a todos los ciudadanos.

“Por mandato del Art. 1 de la Constitución, Bolivia se constituye en un estado social de derecho, lo que significa que las relaciones sociales están reguladas por el ordenamiento jurídico nacional vigente. La CPE establece como derechos fundamentales: Art. 15 I.- Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física…; Art. 18 I.- Todas las personas tienen derecho a la salud; Art. 38 II.- Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida”, justificó.

Según Uribe, “la vulneración de estos derechos fundamentales constituyen delitos tipificados en el Código Penal: Art. 154 C.P. Incumplimiento de Deberes: la servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años; Art. 156 C.P. Abandono de Cargo: El funcionario o empleado público que, con daño del servicio público, abandonare su cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño de este, será sancionado con multa de 30 días, asimismo, el que incitare al abandono colectivo del trabajo a funcionarios o empleados públicos incurrirá en reclusión de un mes a un año y multa de 30 a 60 días”.

De ahí que el fiscal del Distrito de Chuquisaca Weimar Guzmán confirmó que funcionarios de al menos cuatro hospitales de Sucre son investigados por abandono de fuente de trabajo e incumplimiento de deberes.