Bissau, Naciones Unidas y La Habana (PL).- Militares atacaron la residencia del primer ministro de Guinea Bissau Carlos Gomes Júnior, rodearon el Palacio de Gobierno y consumaron el golpe de Estado en ese pequeño país del oeste de África.

Guinea Bissau, con una población de 1,6 millones de habitantes, ha sido escenario en los últimos años de intentos de golpes de Estado y persistentes revueltas de militares. El país africano se enfrasca en la reforma del sistema de defensa y seguridad, y la modernización de las fuerzas armadas, y en diciembre pasado fue testigo de otra intentona golpista protagonizada por un grupo de militares que atacó el edificio del Estado Mayor de las fuerzas armadas y dos unidades en la capital.

El país celebró hace poco elecciones adelantadas debido a la muerte por diabetes en enero último en Francia del entonces presidente Malam Bacaí Sanhá, quien llegó al poder tras su elección en 2009, luego del asesinato del entonces jefe de Estado Nino Vieira y del ex jefe militar Batista Tagm na Wai, en marzo de ese año.

La asonada militar ocurre justo antes del inicio de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 29 de abril. El actual jefe del Gobierno Gomes Júnior figura como favorito para ganar los comicios. El 31 de marzo el Consejo de Seguridad exhortó a todos los partidos políticos a mantener el diálogo con vistas a esos comicios entre Junior y el ex mandatario Kumba Yala.

En medio de la confusión generalizada, con la toma de estaciones de radio y televisión, testigos informaron que varias explosiones estremecieron el centro de la capital, en tanto se reportaban persistentes tiroteos en las calles a cuenta de soldados. Dirigentes políticos fueron detenidos por los amotinados y conducidos a instalaciones del Estado Mayor.

El Consejo de Seguridad de la ONU demandó hoy la restauración del orden constitucional y del gobierno legítimo en Guinea Bissau y denunció la “incursión de los militares en la política” en ese país africano.Por su parte, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) condenó la intentona golpista y prometió actuar con firmeza en ese caso.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad cuerpo condenaron “la toma del poder por la fuerza por algunos elementos de las fuerzas armadas”, a quienes exigieron que garanticen la seguridad del presidente Raimundo Pereira y del primer ministro Carlos Gomes Junior. El Consejo también exigió la inmediata liberación de todos los funcionarios detenidos por los golpistas y urgió a la máxima moderación, a evitar la violencia y a mantener la calma en esa ex colonia portuguesa.

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Actualización julio 2012:

Golpes de Estado, la historia repetida

El golpe de Estado en Guinea Bissau el 12 de abril reivindicó el carácter sedicioso de unas fuerzas armadas protagonistas de reiteradas insubordinaciones en los 32 últimos años, que convirtieron al país africano en foco de inestabilidad. Las razones atribuidas a los levantamientos castrenses en todo ese período son varias y han tenido siempre como protagonistas principales a los militares.

En el más reciente de los casos -la cúpula militar, encabezada por el general Antonio Indjai, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, la asonada pudo estar relacionada al control del tráfico de drogas y las reformas impulsadas desde el ejecutivo con apoyo de instituciones internacionales y regionales. Estas últimas se asocian a la transformación de la administración pública con el apoyo de la Unión Europea y de las fuerzas armadas, impulsadas por las Naciones Unidas y la Unión Africana (UA), las cuales afectaron de manera directa los grupos de poder.

Las diferencias entre el depuesto primer ministro Carlos Gomes Júnior (Cadogo) e Indjai son razones planteadas también para la asonada, además de la presencia de tropas extranjeras en el país. El envío de soldados angoleños lo dispuso un acuerdo tripartito entre la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), el depuesto gobierno guineano y las autoridades de Angola. Esa expedición castrense foránea tenía como objetivo contribuir al proceso de estructuración del ejército de Bissau, según fuentes oficiales. Los efectivos sublevados utilizaron la presencia en su territorio de 270 soldados angoleños como argumento principal para llevar a cabo el golpe castrense, pretexto desmentido por las autoridades de Luanda.

El secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del país austral, Rui Mangueira, declaró a periodistas que la misión, conocida como Missang, jamás amenazaría a las estructuras militares de Guinea Bissau y rechazó cualquier argumento al respecto. Ratificó que la Missang se retirará en breve de esa nación africana como lo estipuló Cedeao. Junto a estos factores no pueden descartarse intereses geopolíticos de la exmetrópoli portuguesa y de otras potencias.

Si bien los motivos para el golpe de Estado pudieran ser múltiples las transformaciones de la administración y del ejército pesan sobremanera, en una nación casi acostumbrada a las sublevaciones militares, considerados con escasa formación y exceso de altos mandos.

Hay que recordar que los sucesos del 12 de abril transcurrieron en medio de los preparativos para celebrar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (29 de abril) y en la que Cadogo se presentaba como principal candidato. De haberse celebrado, existían pocas dudas de que el exprimer ministro hubiera derrotado por amplio margen a su oponente, el expresidente Kumba Yalá (2000-2003) y jefe de uno de los principales partidos de la oposición.

En la primera vuelta Júnior alcanzó el 48,97 por ciento de la preferencia electoral, mientras su adversario más cercano obtuvo el 23,26 por ciento de los votos. Lo ocurrido después de la sublevación militar indica que Cadogo, promotor de las reformas, constituía un escollo y había que sacarlo del medio. Esa junta golpista encerró de inmediato al presidente interino, Raimundo Pereira, quien asumió tras la muerte en enero del mandatario constitucional Malam Bacai Sanhá, al primer ministro, Carlos Gomes y otras personalidades.

Después de permanecer 15 días presos en una unidad militar cercana a Bissau, Pereira y Gomes fueron liberados, se cree que por la presión internacional y regional. Apenas un día antes de esa excarcelación, la Cedeao dictó un ultimátum a los militares de Guinea Bissau. En reunión convocada en Abiyán, Costa de Marfil, los estadistas dieron 72 horas a la junta militar golpista para restablecer el orden constitucional en la excolonia portuguesa.

Los mandatarios acordaron aplicar sanciones diplomáticas, económicas y financieras con “efecto inmediato” sobre la junta militar y sus seguidores, y valoraron la posibilidad de dar participación a la Corte Penal Internacional en el asunto. Anunciaron también un acuerdo para enviar fuerzas militares al convulsionado país. La Cedeao estableció, además, que espera la celebración de elecciones en Guinea Bissau en un plazo no mayor a los 12 meses, según comunicado divulgado luego de la reunión de sus 15 países miembros.

El vocero de la Junta, teniente coronel Daba Na Walna, declaró a reporteros que los militares aceptaron las condiciones impuestas por la Comunidad. Walna señaló que de los siete puntos debatidos el 26 de abril en Banjul, Gambia, entre altos representantes de la Cedeao, golpistas y partidos de oposición, estos dos últimos aceptaron seis, pero rechazaron el regreso del presidente interino Pereira, quien viajó junto a Júnior a la capital marfileña. Paralelo a la cita de los mandatarios de África Occidental, sesionó en la capital de Etiopía, Addis Abeba, una reunión del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (CPS/UA) con el mismo tema.

En este cónclave se llamó también al restablecimiento del orden constitucional para reponer en breve la estabilidad de Guinea Bissau, donde militares protagonizaron asaltos y robos a instituciones estatales. La reunión de CPS/UA demandó la celebración de la segunda vuelta de las elecciones. En declaraciones a periodistas desde Addis Abeba, el canciller de Angola, George Chicoti, expresó que el Consejo de Paz y Seguridad de la UA abogó por acelerar sanciones contra la junta militar y seguidores.

El ministro angoleño condenó las intervenciones del ejército guineano, vinculadas a actos de desobediencia, asesinatos, secuestros y violencia. Chicoti, cuyo país asumirá en breve la presidencia rotativa del Consejo de la Unión, subrayó que el organismo panafricano y la comunidad internacional en general deben impedir que Guinea Bissau siga padeciendo los recurrentes golpes de Estado y violencia política.

Los llamados desde el exterior y de las instituciones continentales fueron poco escuchados, pese a los acuerdos alcanzados con la propia Cedeao en reunión del 16 de abril pasado. En esa ocasión, los sublevados se comprometieron ante los representantes de alto nivel del organismo a apartarse del poder y dar paso de inmediato al orden institucional. Sin embargo, actuaron a contrapelo, pese al diálogo realizado y la designación de Manuel Serifo Nhamadjo como nuevo presidente, cuyo nombramiento la Cedeao calificó de “usurpación de poder”, y a Ibrahima Sory Diallo, jefe del Parlamento.

Los militares golpistas y partidos de oposición decidieron establecer un gobierno de transición por dos años, medida considerada ilegal también por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. En medio de la compleja situación, el exgobernante Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) y grupos políticos anunciaron la creación de un frente opuesto al golpe y rechazaron las instituciones creadas por la Junta. Asimismo, la principal central sindical del país pidió a los trabajadores de la administración pública no asistir al trabajo hasta tanto no se restablezca la institucionalidad.

Como otra esperanza para restablecer el orden en Guinea Bissau puede calificarse la recién finalizada cumbre extraordinaria de la Cedeao celebrada en Dakar, Senegal, y donde los golpes de Estado en Bissau y Bamako (marzo último) fueron los temas tratados por los gobernantes. A la reunión asistieron 12 de los 15 mandatarios integrantes del organismo subregional y no avanzó más allá de los acuerdos y decisiones adoptados en la cita marfileña de Abiyán el mes pasado, aunque hubo novedades.

Los dignatarios ratificaron las sanciones diplomáticas, políticas y económicas anunciadas en Costa de Marfil y el cumplimiento del período de transición de un año otorgado a la junta militar para la celebración de elecciones generales. Mantuvieron también la medida de enviar una fuerza militar de la Cedeao. Un aspecto importante, interpretado por medios de prensa como una ligera modificación, es el llamado a restaurar el Parlamento y elegir un nuevo presidente que fungiría, a su vez, como jefe de gobierno interino, lo cual se presenta como novedoso.

Con anterioridad los gobernantes exigían como condición la restitución del presidente Pereira. Entre lo nuevo está también la solicitud de modificar la Constitución y la Ley Electoral para hacerlas más efectivas y asegurar elecciones libres y trasparentes, según trascendidos periodísticos.

El bloque subregional solicitó además a los partidos políticos y la junta militar designar un nuevo primer ministro de transición, pero estará vetado -como los demás cargos importantes- a postularse para los comicios presidenciales. Para el primer ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, el proceso es complejo y todavía no ha terminado, y abogó por aplicar “medidas más radicales”. Consideró que esas estarían encaminadas a “asegurar el restablecimiento del gobierno democrático de derecho, la reconstrucción de las instituciones y el establecimiento de las fuerzas armadas republicanas”.

* Periodista de la Redacción de África de Prensa Latina.