(Comisión de Comunicación de la Marcha).- La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) definió la plataforma de demandas de la Novena Marcha Indígena “por la defensa de la vida y dignidad, los territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente y las áreas protegidas, cumplimiento de la Constitución Política del Estado y respeto a la democracia”, tal su nombre completo. La nueva movilización comenzará su caminata a La Paz el 25 de abril próximo.

Además del cumplimiento de los acuerdos firmados con la VIII Marcha Indígena, la CIDOB exige al Gobierno juicio y castigo para los responsables de la represión del 25 de septiembre de 2011 en Yucumo, Beni; el tratamiento de propuestas de ley de las organizaciones, la modificación de otras leyes ya en vigencia, la administración de las 22 áreas protegidas, y respeto a las estructuras de las organizaciones de los pueblos indígenas.

Sobre las intervenciones del Gobierno nacional en las organizaciones indígenas del país hay sobradas pruebas todos los días, transmitidas por los medios masivos de comunicación. La última fue anteayer en la comunidad Gundonovia del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde hace menos de un mes se había realizado el trigésimo Encuentro Extraordinario de Corregidores, que determinó la realización de esta Novena Marcha.

“Queremos respeto para nuestros pueblos y para nuestros territorios. Ahora hay una ley impuesta, inconstitucional, que va con engaños y prebendas a meterse dentro del TIPNIS. Ha venido una Comisión de las Naciones con cuatro expertos a hablar sobre Consulta a los pueblos indígenas y en la reunión con nosotros ha habido un descalificación enorme a las acciones del Órgano Ejecutivo. Eso deja a un lado su buena fe, su buena intención, porque hace una Consulta con doble intención, con prebendas, y tal como actúan siempre lo que ellos llaman ‘los neoliberales’. El Gobierno tiene la mente de los colonizadores entonces. El colonialismo todavía está en la cabeza del Presidente y de sus ministros”, dijo el presidente de la CIDOB Adolfo Chávez Beyuma.

El dirigente del pueblo Tacana aseguró no le preocupan las intromisiones del Gobierno nacional en el TIPNIS con regalos para comprar conciencias y así obtener permiso para construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. “En las comunidades están autorizados para recibir todas las prebendas, así se ha acordado con todos los presidentes de las regionales en la Tercera Comisión Nacional. Porque es competencia del Gobierno nacional entregar recursos que son de todos los bolivianos. No debemos sentirnos condicionados por ello. En ese sentido, en el movimiento indígena está claro que los bienes materiales no tienen que condicionar a nuestros territorios ni a nuestra dignidad”, agregó.

“Dentro del TIPNIS, el Gobierno trata de convencer a la mayor cantidad posible de comunidades para que haya una aceptación a la Consulta primero y a la carretera después. Esa es una realidad. Han inaugurado un barco de transporte gratuito en la comunidad de Gundonovia, esto significa que hay prebendas, pero no estamos molestos nosotros. Ahora hay una antena con señal de celulares de ENTEL en esa comunidad, por eso hemos visto la transmisión en directo de canal Siete. Es competencia del Ejecutivo realizar estas obras, por eso no debemos sentirnos manejados, no quiere decir que ya la Consulta se acepta. Hemos dicho que se va a hacer la Consulta si es que los corregidores lo permiten. Pero hasta el momento no lo están permitiendo y es porque están haciendo respetar sus derechos y su territorio”, dijo Chávez.

Los indígenas del TIPNIS han denunciado que -por obra del Gobierno nacional- en la Subcentral Sécure se ha creado un directorio paralelo, el cual dice sí a la Consulta y a todo lo que quiera el presidente Morales. “Está en esos afanes el Gobierno. La subcentral paralela es conformada por ocho comunidades del río Sécure. Pero son más de 20 las comunidades de este río, hay una mayoría que tiene la firmeza de no dejarse comprar y en eso no podemos perdernos nosotros”, indicó Chávez.

Una de las demandas de la plataforma de la Novena Marcha hace referencia a la ley marco de Consulta a los pueblos indígenas, que actualmente el Gobierno redacta junto a sus organizaciones sociales aliadas. “El trabajo en la construcción de una ley marco de Consulta debe ser participativa, debe incluir a todas las estructuras de la confederación. Pero el Gobierno viene con una ley y te atropella diciendo ‘bajo esta ley yo quiero eliminarte a ti a y tu territorio’. No podemos ser cómplices de esas actitudes amañadas del Gobierno”, dijo el presidente de la CIDOB.

Por la sede de esta organización matriz, su Casa Grande, circulan indígenas y colaboradores que preparan la nueva movilización. “¿Y cómo están esos pies? ¿Listos para caminar otra vez? Pero usted siempre ha sido valiente pa caminar. Además, no queda de otra”, se saludan allí unos hermanos. La concentración de marchistas será en San Borja, Beni, desde el 22 de abril. Desde este poblado se trasladarán 40 kilómetros hasta Chaparina, cerca de Yucumo, para comenzar el ascenso hacia La Paz el 25 de abril. En esa localidad había sido la represión a la Octava Marcha, el 25 de septiembre del año pasado, la cual aún no tiene responsables, según la justicia boliviana.

Sobre la partida de OAS

“El problemano es OAS, sino las acciones y pretensiones del Gobierno nacional de cercenar al TIPNIS. Si el Gobierno del Estado Plurinacional respeta la ley 180, que manifiesta de manera taxativa que no se hará ningún proyecto por dentro del TIPNIS, estaría satisfecho el movimiento indígena de Bolivia. No estamos en contra de que se haga la carretera. Estamos de acuerdo con la integración caminera del país, pero pedimos que no se afecte en ningún milímetro al TIPNIS”, dijo el diputado Pedro Nuny, del pueblo Mojeño.

“Exigimos al Gobierno que paralice el proceso de Consulta dentro del TIPNIS. En el Gobierno nacional han manifestado que así se haya rescindido el contrato con OAS, así se concluya el financiamiento a la carretera, igual continuarán con la aplicación de la ley 222. Si el Gobierno ha rescindido el contrato y el financiamiento, también debe paralizar la consulta, porque nada justifica que continúe este proceso de consulta”, dijo Nuny.

“Que OAS se vaya ahora, pero puede venir otra empresa brasileña o boliviana para construir la carretera. No se ha resuelto el problema. Quiero manifestar a la población, con mucho respeto: no es que nosotros seamos intransigentes, no es que seamos tan problemáticos y queramos continuar con este conflicto. El Presidente ha sacado a OAS, es lo que correspondía por todo lo que ha manifestado sobre el incumplimiento al contrato. Que haya problemas futuros de demandas y arbitrajes es asunto del Estado. Los pueblos indígenas no le han dicho al Gobierno que contrate a OAS para que divida a nuestro territorio. No nos viene ni nos va la situación de OAS. En este sentido, consideramos que el Gobierno debe respetar la ley 180, respetando se termina el problema. Más bien, si el Gobierno tiene sus pretensiones de unificar dos departamentos es justo, es viable, pero no por dentro del TIPNIS. Eso podemos decir al Gobierno y a todos los bolivianos. La Novena Marcha no se suspende”, precisó Nuny.

Las demandas

La plataforma de la Novena Marcha consta de siete puntos, que se pueden leer completamente en www.cidob-bo.org. El primer punto solicita respeto a ley 180 de protección del TIPNIS, así como la abrogación de la ley 222, de Consulta solamente en este territorio. También reclama respeto al compromiso asumido con relación al Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Aguaragüe, en el Chaco boliviano.

Punto dos: Cumplimiento efectivo de la Constitución Política del Estado, de la ley 1715 de Servicio Nacional de Reforma Agraria, y la ley 3545 de reconducción comunitaria de la Reforma Agraria, en espacial lo establecido sobre la titulación inmediata de todos los TCO (Territorios Comunitarios de Origen) en actual trámite a favor de pueblos y comunidades indígenas.

El punto tres, sobre medio ambiente, reclama que las organizaciones indígenas asuman la administración y el manejo directo de las 22 áreas protegidas, y respeto a ellas, así como a las finalidades de las organizaciones indígenas, sus estructuras organizativas, normas y procedimientos propios.

En el punto cuatro exigen sanción a los responsables de la represión a la Octava Marcha Indígena; el encarcelamiento y prisión en Chonchocoro a los responsables y autores materiales e intelectuales del atropello y la represión brutal del 25 de septiembre en Limoncito, Chaparina y San Lorenzo, en Yucumo, y durante las movilizaciones en el Oriente, Chaco y Amazonía en apoyo a la Octava Marcha.

Punto cinco: Cumplimiento de los acuerdos suscritos con la Octava Marcha Indígena, que consta de 14 actas y un acta complementaria, así como los acuerdos programáticos firmados este año por el Gobierno nacional con regionales de CIDOB, como APG, CIRABO, CPILAP, ORCAWETA, CPESC, COPNAG, OICH y CIPOAP.

Punto seis: Desarrollo y ajuste normativo; la modificación de la ley electoral, de modo que en la Asamblea Legislativa Plurinacional haya un representante por cada nacionalidad y pueblo indígena originario, elegido por normas y procedimientos propios; la modificación de la ley del Tribunal Constitucional y de la ley del Tribunal Agroambiental, con la incorporación de representantes de las naciones y pueblos indígena originarios, elegidos de forma directa por normas propias; modificación parcial de la ley de Deslinde Jurisdiccional; el tratamiento de la propuesta de la ley de Consulta de CIDOB y del CONAMAQ (Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu); el tratamiento de la propuesta de ley de Desarrollo Integral de la Amazonía de CIRABO y CIPOAP, así como otras leyes de interés de los pueblos indígenas originarios.

Punto siete: Respeto a la libre determinación y al autogobierno; cese la arbitraria intervención e intromisión del Gobierno nacional en las estructuras de los pueblos indígena originarios, que afecten a sus instancias de toma de decisión, a su representación, al ejercicio de la democracia comunitaria y a su propia institucionalidad, en el marco de su libre determinación, de acuerdo con los artículos 230 y 288 de la Constitución. No se reconoce ni se acepta ninguna organización indígena paralela que sea promovida y conformada por el Gobierno nacional y su estructura.