La “revolución agraria” del gobierno MAS se asemeja más a una simple política de distribución de tierras fiscales y no a un proceso de redistribución de tierras con base en la afectación de los terratenientes o medianas y grandes empresas agropecuarias. Las políticas agrarias y de tierras del Presidente Evo Morales consolidaron el latifundio capitalista y el patrón de desarrollo agrario que estructuró el neoliberalismo, y dejaron en manos del agronegocio el destino de la agropecuaria boliviana.

Reconducción comunitaria de la reforma agraria y producción agrícola: Evaluación y perspectivas

Transcurridos prácticamente cinco años desde que el gobierno del MAS anunciara que con la aprobación de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria el país se encaminaba hacia la estructuración de un nuevo “patrón de desarrollo agrario”, los datos muestran más bien la continuidad del patrón de desarrollo agrario que estructuró el neoliberalismo.

Para el gobierno del MAS, la construcción de otro patrón de desarrollo agrario significaba la construcción de una economía agrícola “plural y diversa”, caracterizada por la coexistencia de las economías estatales, comunitarias, asociativas y empresariales. En esta perspectiva, “la democratización del acceso a los beneficios económicos de la agricultura” se alcanzaría a través de una más “equitativa distribución de tierras” que debería privilegiar a campesinos e indígenas, así como a través del fortalecimiento del rol de la “agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base comunitaria”. (1)

El objetivo central de este documento, por tanto, es el de debatir si estos propósitos gubernamentales han sido alcanzados o si, por el contrario —a la luz de información sobre las orientaciones de la producción agrícola y los resultados alcanzados por la “reconducción comunitaria de la reforma agraria”— persiste más bien la estructura agraria que se propuso desarrollar el neoliberalismo.

Este documento también se plantea debatir el nuevo curso que tendría el proceso agrario y la producción agrícola en el país, tomando en cuenta un escenario donde tanto el gobierno como la dirigencia campesina oficialista plantean la necesidad de “reorientar” las políticas agrarias y de tierras.

La producción agrícola durante el gobierno del MAS

En respuesta a la crisis de la minería del estaño, que afectó seriamente la economía boliviana a mediados del decenio de 1980, el gobierno de entonces y los organismos financieros internacionales plantearon la necesidad de fortalecer rubros de exportación no tradicionales, entre los que destacaban los cultivos oleaginosos tanto por su potencialidad de expansión en los llanos de Santa Cruz como por su creciente demanda en el mercado mundial.

A partir de la aprobación de la Ley INRA, se procedió a sanear grandes extensiones de tierras para dar curso a la producción masiva de soya y otros cultivos oleaginosos en las mejores tierras agrícolas de Santa Cruz, a través del proyecto Tierras Bajas del Este, que fue financiado con recursos concesionales provenientes del Banco Mundial.

En este sentido, esta nueva ley de tierras fue la norma que —a través de la enunciación de conceptos y de disposiciones orientados a evitar cualquier resquicio que ponga en peligro la mediana y gran propiedad agraria—legalizó el proceso de concentración de las mejores tierras del oriente del país como base material para el desarrollo de la agricultura de exportación.

En la medida en que el gobierno del MAS no pretendía en los hechos ningún cambio sustancial con referencia a la orientación del modelo agroexportador sustentado en la gran propiedad agraria —a pesar de la proficua elaboración de documentos oficiales que criticaban la orientación de la política agraria neoliberal y que anunciaban el inicio de un nuevo “patrón de desarrollo agrario”—, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria no fue otra cosa que la introducción de algunas reformas puntuales a la Ley INRA de 1996 a objeto de operativizar su aplicación.

Por ello, en la medida en que la “reforma agraria” del MAS no ha transformado de manera sustancial la estructura agraria del país, como se verá más adelante, las tendencias centrales de la producción agrícola promovidas por el modelo agroexportador no muestran ningún cambio a más de cinco años de gestión gubernamental.

Como puede observarse en el gráfico 1, la producción agrícola del país presenta —fundamentalmente a partir de la segunda mitad del decenio de 1990— una tendencia paulatina y moderada de expansión. Sin embargo, este incremento de la producción agrícola se explica básicamente por el crecimiento de cuatro cultivos industriales: caña de azúcar, soya, maíz en grano y sorgo en grano. Si se eliminaran estos cuatro cultivos de las estadísticas agrarias, la producción agrícola estaría en franco proceso de estancamiento.

Durante el gobierno del MAS, los cultivos que suelen ser catalogados como industriales —pues sufren algún nivel de procesamiento manufacturero o industrial para su consumo humano o animal final y son producidos mayoritariamente bajo relaciones capitalistas de producción— han seguido concentrando la mayor parte de la producción agrícola del país (79,1% en la gestión agrícola 2005/2006 y 80,4% en 2010/2011). En este sentido, y como muestra el cuadro 1 (documento adjunto), la participación relativa de los cultivos en los cuales la producción campesina sigue siendo importante (frutales, hortalizas, tubérculos y forrajes), tiende a perder relevancia.

Otro aspecto que permite verificar la continuidad del “patrón de desarrollo agrario” basado en la mediana y gran empresa agropecuaria —a pesar del discurso oficial de promoción de la pequeña producción campesina de base comunitaria o “economía comunitaria”— es el referido a la distribución geográfica de la producción agrícola.

Así, como muestra el cuadro 2, mientras que en 2005/2006 el departamento de Santa Cruz —donde predominan medianas y grandes empresas de corte capitalista— concentraba el 71,9% del total de la producción agrícola del país, en 2010/2011 concentra el 74,0%. Por el contrario, el peso relativo de la producción agrícola en los valles y el Altiplano —donde se concentra la mayor parte de las unidades económicas campesinas— tiende a bajar.

Por otro lado, los incrementos en los volúmenes de producción alcanzados por ambas regiones en las últimas cuatro gestiones agrícolas son también bajos, reflejando la importancia que tiene la pequeña producción campesina parcelaria en el Altiplano y los valles. El gráfico 2 retrata con claridad esta tendencia, que ya se advertía en el decenio de 1960 y que se agudizó con la promoción de cultivos orientados a la exportación.

Durante el gobierno del MAS (2005/2006-2010/2011), ha habido un incremento de 246.731 hectáreas en la superficie cultivada, crecimiento que se explica fundamentalmente por el comportamiento del departamento de Santa Cruz, que concentra el 85% del mismo. Asimismo, el 88% del incremento total de la producción agrícola en este periodo —que ascendió a 1.582.899 toneladas métricas— le corresponde también al departamento de Santa Cruz. Por el contrario, los incrementos en las superficies cultivadas y en los volúmenes de producción de los departamentos del occidente del país, y que cuentan con presencia hegemónica campesina, son prácticamente marginales (cuadros 3 y 4).

Finalmente, es importante señalar que, a contramano del discurso oficial que sostiene haber dejado de promover los cultivos del agronegocio y la exportación, se constata más bien que el 76% del total del incremento de los volúmenes de producción entre 2005/2006 y 2010/2011 se explica por incrementos alcanzados por sólo dos cultivos: soya (40%), cuya producción sirve como materia prima para una agroindustria oleaginosa orientada fundamentalmente a la exportación; y caña de azúcar (36%), cuyo incremento en los volúmenes de producción viene siendo promovido por la producción de alcohol para el mercado mundial (cuadro 5).

Si bien existe un incremento en los volúmenes de producción de trigo entre 2005/2006 y 2010/2011, éste es aún insuficiente para el abastecimiento del mercado interno, que requiere por lo menos una producción de aproximadamente 630 mil toneladas.

Los resultados de la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria

La “revolución agraria” del MAS se propuso eliminar tres tipos de latifundio, respetar el latifundio productivo (aquel que cumple la función económica social), y consolidar el proceso de titulación de tierras colectivas para comunidades campesinas e indígenas para potenciar la “economía comunitaria”.

Para el gobierno del MAS, los tipos de latifundio que deberían ser eliminados son: i) la tenencia improductiva de la tierra o la tierra que no cumple la función económica social; ii) la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral; y iii) la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley.

La principal crítica que oportunamente realizamos en relación a este tema se orientaba a observar que tanto el denominado “latifundio improductivo” —es decir, aquel que no cumple con la función económica social— como el latifundio con “sistemas de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral” no son las formas de propiedad y/o de producción predominantes en la actual estructura agraria boliviana. (2)

Señalábamos que, a raíz de la revolución agraria de 1952, protagonizada por los propios campesinos, y de la posterior Ley de Reforma Agraria de 1953, el trabajo servil u obtención de renta en trabajo, ya no existe más como forma predominante de producción en el campo. También llamábamos la atención sobre la inexistencia de información empírica que demuestre el predominio del denominado “latifundio improductivo” en el oriente del país.

Y criticábamos también la idea gubernamental de que sería posible eliminar el latifundio a partir de la fijación de un límite a la extensión de la propiedad agraria, en el entendido de que el latifundio moderno no se basa en grandes extensiones de tierra con continuidad territorial, sino en la unión —sin continuidad territorial— de varios predios a través de la administración centralizada de estos. (3)

Por estas razones, sosteníamos que “la revolución agraria” del gobierno del MAS terminaría en realidad “sin afectar a los latifundistas de carne y hueso; es decir, a los terratenientes que obtienen renta capitalista de la tierra y los grandes empresarios o empresas capitalistas agropecuarias que obtienen ganancias a través de la explotación de fuerza de trabajo asalariada” (4), y que son las dos clases sociales que efectivamente monopolizan una buena parte de las tierras más productivas del país.

Según el informe del INRA de enero de 2010 (5), como producto del proceso de saneamiento para la titulación de tierras comunitarias de origen, entre 1996 y 2010 se habrían redistribuido alrededor de 3.9 millones de hectáreas. Esta cifra, sin embargo, incluye datos sobre reversiones parciales a “terceros” de 499 mil hectáreas en Oruro y de 492 mil hectáreas en Potosí que, en realidad, corresponden a conversiones de áreas proindiviso de comunidades a TCO, por lo que no se trata ciertamente de recortes a terceros, es decir, a medianos y grandes propietarios. (6)

En este sentido, como puede observarse en el cuadro 6, la redistribución de tierras como consecuencia del proceso de saneamiento a TCO alcanza, en realidad, a 2.9 millones de hectáreas. De este total, la gran mayoría de las tierras “redistribuidas” (72.8%) corresponde strictus censu a tierras que siempre fueron fiscales.

Un 15.3% son tierras que eran usufructuadas por barraqueros sobre las cuales formalmente nunca tuvieron derechos propietarios. Un 35.2% proviene de concesiones forestales, un 14.6% de tierras fiscales baldías que nunca fueron distribuidas y un 8.0% corresponde a expedientes anulados; es decir, tierras sobre las cuales los supuestos titulares nunca ejercieron derecho propietario alguno.

Por ello, las tierras redistribuidas que han sido obtenidas por concepto de incumplimiento de la función económica y social de medianos y grandes propietarios alcanzan solamente al 27.2% del total (14.3% por recortes totales a terceros y 12.8% por recortes parciales a terceros). En este sentido, el proceso de saneamiento o la verificación de la función económica social ha sido fundamentalmente —junto con otras aplicadas por gobiernos anteriores como el DS 27572 de 2004 de delimitación de la extensión de las barracas— el instrumento que ha permitido la identificación de tierras fiscales susceptibles de ser dotadas.

Por otro lado, es justo señalar además que una buena parte del proceso de saneamiento para la titulación de TCO, fue realizada por gobiernos que antecedieron al MAS, por lo que la identificación de tierras fiscales y la redistribución de las pocas tierras provenientes de medianos y grandes propietarios, a través de este mecanismo, no es obra exclusiva del gobierno de Morales Ayma.

Según el informe del INRA de marzo de 2011, la superficie revertida a medianas y grandes propiedades por incumplimiento de la función económica social, relaciones de servidumbre y prácticas fraudulentas durante el gobierno del MAS que no corresponden a demandas para titulación de TCO, asciende solamente a 54.734 hectáreas. (Cuadro 7)

Si sumamos esta superficie con los recortes totales y parciales realizados durante el proceso de saneamiento a TCO, se alcanzaría un total de 855.823 hectáreas de tierras revertidas a medianas y grandes propietarios, lo que significa el 1.5% del total de la superficie saneada y titulada a diciembre de 2010 y que alcanza a 55.003.501 hectáreas.

Estos datos, tomando en cuenta que la superficie saneada y titulada significa el 51.5% de la superficie total objeto de saneamiento (106.751.722 hectáreas), no hacen otra que confirmar que el proceso de saneamiento no ha logrado encontrar los grandes latifundios improductivos que el gobierno se imaginaba que predominaban en la estructura agraria del país. Además, esta información también echa por tierra la idea de que otra parte significativa de los latifundios en Bolivia lo conforman unidades agropecuarias con trabajo servil.

En relación al planteamiento gubernamental en sentido de que es posible eliminar el latifundio a partir de la fijación de un límite a la extensión de la propiedad agraria, la información sobre la tenencia de la tierra de la familia Marincovic sirve de ejemplo para rebatir este tipo argumentos y para demostrar que con este tipo de medidas no se logra dar fin con el latifundio “moderno” (7), sino simplemente limitar su extensión.

Como puede observarse en el cuadro 8, este grupo económico familiar llegó a acumular 59.748 hectáreas distribuidas en once predios situados en diferentes provincias del departamento de Santa Cruz. Información hecha pública por el INRA da cuenta de que las propiedades Yasminka y Laguna Corazón —ambas señaladas como adquiridas ilegalmente— estarían en proceso de reversión, por lo que el grupo familiar perdería hipotéticamente 26.951 hectáreas.

En este sentido, y tomando en cuenta que el límite de 5.000 hectáreas como extensión máxima de la propiedad agraria fijado por la nueva Constitución Política del Estado (CPE) no es retroactivo, este grupo económico consolidaría a su favor nueve predios con una extensión total de 32.797 hectáreas. Pero incluso si la nueva CPE hubiera determinado un límite máximo de 5.000 hectáreas de propiedad por predio a ser aplicado retroactivamente, únicamente un predio con una superficie mayor a este límite hubiera sido parcialmente afectado en su dimensión, por lo que este grupo económico familiar hubiera seguido concentrando un total de 19.364 hectáreas.

Por todo lo señalado, en realidad el gobierno del MAS no ha eliminado ningún tipo de latifundio. Pero además, a través de la disposición de la Constitución Política del Estado que fija un límite no retroactivo al tamaño de la propiedad agraria, ha consagrado la propiedad de gran parte de las tierras que los medianos y grandes propietarios lograron acumular entre 1953 y 1993.

En efecto, como puede observarse en el cuadro 9, entre 1953 y 1993 se titularon 16 millones de hectáreas a medianos propietarios y 23 millones de hectáreas a grandes empresas o grandes propietarios; en conjunto, suman 39 millones de hectáreas. Si comparamos esta información con los datos relativos a la cantidad de tierras revertidas a medianas y grandes empresas (855.823 hectáreas), se puede afirmar que hasta la fecha estas propiedades prácticamente no han sido afectadas, por lo que siguen monopolizando las mejores tierras del país, tanto para la producción agrícola como para la ganadería.

Si bien efectivamente el gobierno del MAS ha titulado importantes cantidades de tierras a los pueblos indígenas —tanto en condición de tierras comunitarias de origen (TCO) como en calidad de propiedades comunitarias—, es importante señalar que en realidad este proceso tiene una larga data. Como se sabe, la propia Ley de Reforma Agraria de 1953 reconocía la propiedad comunitaria de la tierra, por lo que una proporción de comunidades de tierras altas mantuvieron desde entonces títulos proindiviso. Por otra parte, la Ley INRA, de 1996, introdujo el reconocimiento de las denominadas tierras comunitarias de origen.

Como se observa en el cuadro 10, de las 16,2 millones de hectáreas tituladas a favor de TCO, entre 1996 y 2010, 10,5 millones (65%) han sido tituladas durante el gobierno del MAS, mientras que 5,7 millones (35%) durante los gobiernos neoliberales. Por otro lado, del total de tierras tituladas a favor de TCO, entre 1996 y 2010, 11,9 millones corresponden a TCO de tierras bajas y 4,3 millones a TCO de tierras altas.

Durante el gobierno del MAS se han titulado 10,5 millones de hectáreas en calidad de TCO, de las cuales 6,8 millones corresponden a tierras bajas y 3,7 millones a tierras altas. Asimismo, es importante remarcar que del total de la superficie titulada en calidad de TCO en tierras bajas (11,9 millones de hectáreas) entre 1996 y 2010, 5,0 millones de hectáreas (43%) ya habían sido tituladas durante los denominados gobiernos neoliberales, mientras que el gobierno del MAS tituló 6,8 millones de hectáreas (57%).

En el caso de las tierras bajas, se trata de tierras cuyo origen mayoritario proviene de demandas acompañadas por una identificación previa de existencia de tierras fiscales, mientras que la titulación de las TCO de tierras altas no implica una distribución de nuevas tierras o una redistribución de tierras. Se trata, en la gran mayoría de los casos, de un simple cambio de estatus jurídico de comunidades y ayllus que desde la Reforma Agraria de 1953 tenían títulos proindiviso o colectivos y que han solicitado propiedad colectiva como TCO y, en menor medida, de solicitudes de comunidades ex hacienda que han optado también por el status jurídico de TCO.

La mayor parte de las TCO de las tierras altas se concentra en los departamentos de Oruro y Potosí, en zonas donde existe una superposición con actividades mineras. En este sentido, no se trata —desde nuestro punto de vista— de un proceso de reafirmación de la titulación colectiva como forma para producir colectivamente la tierra (pues, como se sabe, el usufructo privado o parcelario de la tierra en estas comunidades está absolutamente generalizado), sino de la posibilidad de obtener rentas a partir del ejercicio de derechos colectivos relacionados con la explotación de recursos naturales no renovables recientemente constitucionalizados (derecho a la consulta previa e informada, etc.). En este sentido, este cambio de estatus jurídico no ha tenido ningún impacto en los niveles de producción agrícola, ciertamente mermados, que caracterizan a estos departamentos.

La distribución de tierras a los pueblos indígenas de las tierras bajas, tampoco ha implicado un incremento en la producción agrícola pues, como se sabe, se trata de tierras que en su gran mayoría no son aptas para la agricultura y la poca producción agrícola existente se destina mayoritariamente al autoconsumo.

Las TCO de tierras bajas concentran el 44% del total de las tierras de producción forestal permanente del país. En este sentido, son más bien las actividades madereras forestales maderables y no maderables las que tienen una importancia económica fundamental para los indígenas, que se articulan al mercado de bienes o de fuerza de trabajo a través de las mismas. Alrededor de 1,3 millones de hectáreas de las TCO de tierras bajas corresponden a planes generales de manejo forestal a cargo de las propias comunidades indígenas. (8)

Finalmente, es importante señalar que se han distribuido 1,3 millones de hectáreas de tierras fiscales identificadas como consecuencia del proceso de saneamiento, y que fundamentalmente han sido distribuidas a comunidades campesinas o “interculturales”. De este total, el 70% corresponde al departamento de Pando, por lo que son tierras forestales que han sido distribuidas entre campesinos como compensación a quienes no lograron alcanzar las 500 hectáreas per cápita definidas mediante Decreto Supremo 25848 de julio de 2000.

Como se sabe, estas tierras fiscales provienen de la aplicación del Decreto Supremo 27572 de 2004 a través del cual se normó que las concesiones barraqueras no deberían tener una extensión mayor a 15.000 hectáreas, lo que facilitó la repartición de tierras que siempre fueron fiscales.

De igual manera, las tierras fiscales distribuidas en Santa Cruz (19%), en el norte de La Paz (6%) y en el Beni (3%) son también tierras con vocación forestal, por lo que esta distribución de tierras tampoco ha podido tener impacto en un mayor nivel de producción agrícola. (Cuadro 11)

A manera de síntesis, podemos señalar entonces que la “revolución agraria” del MAS se asemeja más a una simple política de distribución de tierras fiscales y no a un proceso de redistribución de tierras con base en la afectación de los terratenientes o medianas y grandes empresas agropecuarias.

Para el gobierno del MAS, con la distribución de tierras llevada a cabo por la “reconducción comunitaria de la reforma agraria”, en muy poco tiempo más se habrá logrado “una estructura equitativa e incluyente de todos los actores económicos”, pues “prácticamente 2/3 partes del territorio nacional serán para la población mayoritaria del país, quienes garantizan la alimentación de la población, el Estado tendrá el control de una mitad de la tercera parte del territorio nacional y el sector de propietarios individuales vinculados a la actividad empresarial agropecuaria tendrá acceso a la otra mitad de la tercera parte”. (9)

Sin embargo, el gobierno no señala que una buena parte de los dos tercios del territorio nacional que quedaría en manos de la población mayoritaria del país, es decir, de los campesinos, son tierras en Altiplano y valles que acusan no sólo un proceso agudo de parcelación, sino también de degradación de sus condiciones para la producción agrícola. Por ello, justamente, la producción agrícola de valles y altiplano presenta todos los síntomas de estancamiento que se han visto en este documento.

Por otro lado, el gobierno tampoco señala que una buena parte de campesinos de tierras bajas ocupan tierras marginales y que la gran mayoría de las TCO del oriente no tienen vocación agrícola. Este escenario conspira contra la idea gubernamental de que los campesinos garantizan o estarían en condiciones de garantizar la alimentación de la población.

El gobierno tampoco dice nada en relación a la calidad de “la otra mitad de la tercera parte” de las tierras que quedarán en manos de los medianos y los grandes empresarios. Estas son, en realidad, las mejores tierras para la producción agrícola y ganadera que tiene el país, y que —como se ha visto— el MAS no ha afectado ni va a afectar, por lo que la supuesta “equidad” en la distribución de tierras no significa necesariamente lograr una “equidad” en el plano de la calidad de las mismas para la producción agropecuaria.

Pero, además, tampoco se dice que la producción campesina —tanto la que se basa en la propiedad privada de la tierra como en la propiedad colectiva de la misma— está cada vez más subordinada al capital financiero, comercial e industrial. En este sentido, la tenencia de la tierra para los campesinos pobres —que son la mayoría— se convierte en un bien relativo, pues se puede poseer la tierra, pero carecer de posibilidades de aprovecharla plenamente en beneficio propio. (10)

Por ello, todos los planteamientos sobre la “socialización de la tierra” o el “usufructo igualitario de la tierra” que no sostengan a la vez la “socialización del capital” son un engaño por parte de quienes sostienen la posibilidad de la equidad social en el capitalismo. (11)

El curso futuro del proceso agrario y la producción agrícola

Según información oficial, desde 1996 hasta diciembre de 2010, sobre una superficie objeto de saneamiento de 106,7 millones de hectáreas, se habrían saneado y titulado 55,0 millones de hectáreas —lo que representa el 51,5% del total—, 10,5 millones de hectáreas estarían en proceso de saneamiento (9,9%) y 41,1 millones restarían por sanear (38,6%). (12)

Entre 1996 y 2010 se identificaron 21.177.378 hectáreas de tierras fiscales, muchas de las cuales ya habían sido identificadas antes de que el MAS asumiera el gobierno. De este total, 15.229.277 hectáreas son tierras fiscales no disponibles (áreas protegidas y concesiones forestales) y 5.948.101 son tierras fiscales disponibles. Además, de este total, 1.306.353 hectáreas ya han sido distribuidas (la gran mayoría durante el gobierno del MAS y la mayoría de ellas con vocación forestal), por lo que existirían actualmente 4.641.748 hectáreas de tierras fiscales disponibles para dotación. (Cuadro 11)

En relación a estas tierras fiscales disponibles para dotación, un 40% se ubican en Santa Cruz, un 26% en La Paz, un 18% en Beni y un 12% en Pando. En los cuatro departamentos se trata de tierras forestales, y en los casos de Pando y de Ixiamas del departamento de La Paz, existen, además, derechos expectaticios de terceros, por lo que no son efectivamente de disponibilidad inmediata. Muchas de estas tierras son también de muy difícil acceso.

En este sentido, tampoco las tierras fiscales actualmente disponibles para dotación tienen vocación agrícola, por lo que las posibilidades de una distribución de tierras orientada a la incrementar la producción agrícola campesina con base en estas tierras están seriamente restringidas.

Para una fracción del gobierno que tuvo en sus manos el manejo del Viceministerio de Tierras y del INRA hasta hace un tiempo, el mayor éxito del proceso de “Reconducción comunitaria de la reforma agraria” ha sido justamente la distribución de tierras a poblaciones indígenas como propiedades colectivas, entre las que sobresalen aquellas dotadas en condición de tierras comunitarias de origen. Durante el último conflicto relacionado con el TIPNIS, la propaganda oficial se encargó de remarcar este hecho, aunque dando a entender que esta distribución no era “justa” ni “equitativa” pues vastos sectores campesinos no se habrían beneficiado con la distribución de tierras durante el gobierno del MAS.

Esta posición está liderizada tanto por dirigentes oficialistas que controlan la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) como por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Es más, hace ya algún tiempo la CSUTCB ha hecho pública una propuesta de nueva ley de tierras, la misma que, entre sus puntos más relevantes, plantea la titulación individual de las tierras comunitarias, la regularización de asentamientos campesinos ilegales en parques nacionales o áreas protegidas que aún no han sido reconocidos por el INRA y la distribución de tierras fiscales actualmente no disponibles por su condición de parques nacionales y áreas protegidas que pudieran ser declaradas aptas para asentamiento humanos y actividades agropecuarias.

Varios aspectos de estos planteamientos ya están presentes en la propia Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, promulgada en 2011 por el gobierno de Morales Ayma. Esta ley ordena, por ejemplo, contar con un nuevo plan de uso de suelos y de ordenamiento territorial para la producción agropecuaria, la obligación de las entidades territoriales autónomas para definir “su” ordenamiento territorial en base a los lineamientos nacionales, así como la definición del uso y aprovechamiento del espacio comunal en base en los lineamientos nacionales en la materia.

En la medida en que la “reforma agraria” del MAS no ha tocado —ni va a tocar— los intereses de los terratenientes y grandes empresarios agrícolas y ganaderos (nacionales y extranjeros) que concentran las mejores tierras y gran parte de la producción agrícola y ganadera del país, el nuevo curso de la “reforma agraria” del gobierno de Morales Ayma tendrá la siguiente orientación:

En primer lugar, distribuirá las tierras fiscales disponibles, que son fundamentalmente forestales, para su conversión en áreas de producción agrícola o ganadera. En segundo lugar, consolidará legalmente los asentamientos de colonizadores sobre TCO y parques nacionales ya existentes y promoverá mayores asentamientos en este tipo de territorios con el argumento de la necesidad de inversiones estatales en infraestructura vial. En tercer lugar, “identificará” tierras con supuesta vocación agrícola o ganadera en parques nacionales para su posterior distribución. Y, en cuarto lugar, seguirá protegiendo a la mediana y gran propiedad agropecuaria.

La estructura agraria que ha consolidado la reconducción comunitaria de la reforma agraria, la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, la propuesta de ley de tierras de la CSUTCB, las reiteradas declaraciones de dirigentes campesinos oficialistas en sentido de “auditar” a las TCO para identificar tierras supuestamente excedentarias, las intenciones gubernamentales en relación a la construcción de una carretera que atraviese el TIPNIS y las conclusiones del denominado “Encuentro Plurinacional”, son señales que permiten inferir la orientación de la futura política de tierras del gobierno.

Es preciso remarcar que lo que el gobierno considera verdaderamente importante en el plano de la producción agrícola, según el vicepresidente García Linera, es consolidar una alianza estratégica entre el Estado y los agroindustriales que permita a estos ampliar la frontera agrícola “por lo menos hasta 8 millones de hectáreas” pues, como se ha visto, cuentan con las tierras suficientes para ello. Esta será, entonces, la efectiva orientación de la política agraria gubernamental ya que, como lo señala esta autoridad de gobierno, “la prioridad del Estado no es competir con el empresariado sino invertir en grandes obras de infraestructura para potenciar y ayudar a los productores privados”. (13)

En este sentido, y a contramano de las elucubraciones teóricas subjetivistas del MAS acerca de la posibilidad de construir una economía agraria plural basada en los principios de la complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución e igualdad entre formas de producción o de propiedad, lo cierto es que —como hemos demostrado en este documento— es más bien la denominada “economía empresarial” beneficiada por las políticas agrarias y de tierras del gobierno del MAS la que va concentrando la producción en desmedro de la pequeña producción parcelaria campesina o de la “economía comunitaria”, como le gusta llamarla al MAS.

A futuro estas tendencias se agudizarán, pues el gobierno, a nombre de la construcción de la “economía plural”, encontrará siempre el justificativo —ante sus seguidores y ante los incautos— para seguir apoyando en la práctica a la economía empresarial agroexportadora. Es decir, seguirá promoviendo el patrón de desarrollo agrario neoliberal que inicialmente criticó y que, en los hechos, fue incapaz de superar.

Notas:

1. MDRAyMA (2007). Plan de la revolución rural, agraria y forestal. La Paz: MDRAyMA.

2. Enrique Ormachea Saavedra (2007). ¿Revolución agraria o consolidación de la vía terrateniente? El gobierno del MAS y las políticas de tierras. La Paz: CEDLA.

3. Ormachea Saavedra, 2007, op. cit.

4. Ormachea Saavedra, 2007, op. cit.

5. INRA (2010) Resultados de la reconducción comunitaria de la reforma agraria en Bolivia II. La tierra vuelve a manos de indígenas y campesinos (La Paz: INRA)

6. Para el INRA la “redistribución a los recortes efectuados en saneamiento a tierras que antes del saneamiento fueron distribuidas por el Estado como dotaciones clasificadas como medianas propiedades, empresas agrícolas o poseedores con superficies de terreno con extensiones dentro de estas clasificaciones”. (INRA: 2010 op, cit).

7. Entendemos como tal aquel de la gran empresa agrícola capitalista y al terrateniente que obtiene renta capitalista de la tierra.

8. Lizandra Paye, Walter Arteaga, Nilton Ramírez y Enrique Ormachea (2011). Compendio de espacio mapas de TCO en tierras bajas. Tenencia y aprovechamiento de recursos naturales en territorios indígenas. La Paz: CEDLA.

9. MDRyT e INRA “La tierra es para las mayorías. Cambia la estructura de la tenencia de la tierra”, en Somos Tierra N. 14, Santa Cruz, agosto de 2010.

10. Ormachea Saavedra, 2007, op. cit.

11. Ormachea Saavedra, 2007, op. cit.

12. INRA (2011) Informe de gestión 2010. Logros y resultados. La Paz: INRA.

13. Bolpress, 18/19/2011.

Fuente: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA); Boletín Control Ciudadano N. 19 “Reconducción comunitaria de la reforma agraria y producción agrícola: Evaluación y perspectivas”, febrero de 2012. http://www.cedla.org/content/2512