El documento “Afloran los límites del modelo” estima que el proceso de reindustrialización en Argentina se ha estancado en un marco de concentración y extranjerización, remisión de utilidades al exterior y baja inversión. Los autores del estudio plantean anular las concesiones petroleras nacionalizando YPF sin indemnización; la re-estatización de los ferrocalies bajo control de los trabajadores y usuarios; la derogación de la legislación minera neoliberal vigente, y forjar una agricultura diversificada que supere el cultivo soyero mediante la nacionalización del comercio exterior.

Afloran los límites del modelo

Transcurrida una década del reemplazo de la convertibilidad se generalizan los interrogantes sobre el rumbo de la economía. Las etapas de expansión sin obstáculos (2003-2008) y desajustes controlados (2009-2011) han quedado atrás y ganan visibilidad las grietas del modelo. Hidrocarburos, minería y ferrocarriles son áreas críticas, la sojización se afianza, la recuperación del empleo productivo pierde dinamismo y son numerosas las obstrucciones que enfrenta la reindustrialización.

La creciente extranjerización y concentración de la economía, el fracaso del intento de recreación de un sujeto burgués nacional, el dominio de las formadoras de precios, son rasgos cada vez más acentuados, mientras que la disputa por el excedente y la fuga de capitales, alimentan el proceso inflacionario y la pérdida de competitividad deteriora las exportaciones industriales y amenaza el nivel de empleo.

Hay sin duda problemas de coyuntura. Cualquiera sea la evaluación del impacto que pueda depararnos la crisis capitalista mundial, ya nadie habla del “blindaje argentino”. El balance de divisas ve reducir su superávit y la situación fiscal se deteriora. Sin incrementar los recursos de la Tesorería habrá dificultades para repetir la receta del 2009 y sortear la caída de la actividad que se avecina, con gasto público o expansión del consumo.

¿Se agotó el modelo económico actual? ¿Hay margen para el desarrollo en un esquema que preserva el extractivismo? ¿Alcanzaron un techo las mejoras sociales y las importantes conquistas populares de los últimos años? En lo que sigue planteamos un balance poniendo énfasis en los problemas más acuciantes que enfrenta la economía argentina.

PARTE 1: LOS DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES

La depredación de los hidrocarburos

La situación energética del país no está colapsada, pero ha llegado a un límite que marca un estado de crisis aguda. Este se expresa en la debilidad de la producción hidrocarburífera; en la insuficiencia tanto de la capacidad de refinación instalada como de las redes de transmisión y distribución de los fluidos. También en lo embrionario de las energías alternativas. Pero en un país cuya matriz energética es fuertemente dependiente de los hidrocarburos (90%), sobre todo del gas, es allí donde se concentra el núcleo duro de la crisis latente.

Argentina es un país que tiene petróleo, lo sabemos desde hace ya más de 100 años, pero no puede decirse sea un país petrolero, puesto que el nivel de sus reservas comprobadas no permite esa caracterización. Sin embargo a fines de los ochenta logró el autoabastecimiento y pocos años después se transformó en un país exportador. En rigor se exportaban reservas (se calcula se exportaron algo así como el 50% de las comprobadas en petróleo y el 15% de las de gas) y el resultado ha sido inequívoco: pérdida del auto-abastecimiento y conversión de Argentina en importador neto de gas natural, fuel y gas oil.

Así la balanza energética ya no exhibe excedentes de 2041 millones de dólares como en el 2010, en 2011 el balance fue negativo en 2931 millones (fuente INDEC). Lo que se preanuncia son fuertes desbalances crecientes. Las importaciones de gas boliviano se duplicaron y los subsidios del Estado al sector energético aumentaron en forma exponencial. El problema no se limita a amenazas de cortes en verano o falta de gas en invierno. Ha emergido un gran obstáculo para toda la economía, derivado de la escasez estructural de combustible. Así las reservas bajaron de 20 años, en los ’90, a 10 en 2009 y de 17,2 años, en el 2000, a 7,8 años, en 2009, respectivamente. Este desmoronamiento fue un resultado directo de la ausencia de exploraciones. En la década de los ‘80 se incorporaron 1026 pozos, en el decenio posterior 989 y en el siguiente 484.

REPSOL es el principal responsable de este desplome. Se apoderó de YPF cuando el barril que actualmente ronda los 100 dólares sólo costaba 20 y dedicó su gestión a vaciar los pozos ya descubiertos. Giró sistemáticamente utilidades al exterior e invirtió en otras regiones (EEUU, Brasil, México, Caribe, África). Argentina figuró siempre como la principal fuente de ingresos de la compañía y la renta del subsuelo nacional fue destinada a abrir negocios en otras latitudes.En sus propios balances se informa que esos lucros surgieron del vaciamiento de los pozos ya existentes. Esa extracción aseguró un altísimo nivel de rentabilidad. Sólo en el período 2008-2010 la empresa obtuvo beneficios netos por 13.380 millones de pesos y distribuyó el 90 % de esas ganancias.

Un fraude complementario fue perpetrado por los capitalistas argentinos aliados del gobierno (familia Eskenazi). Ingresaron a la compañía adquiriendo el 25 % de las acciones, con fondos surgidos de la distribución de las utilidades. No pusieron un solo peso y financiaron su compra con créditos solventados en el vaciamiento de la empresa. [1]El gobierno participó directamente de esta operación. Destrabó obstáculos legales y sancionó ajustes de precios en los surtidores. Supuso que esta “argentinización” permitiría recuperar el control sobre un sector devastado por las privatizaciones. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, puesto que los empresarios nacionales acentuaron el parasitismo de los ibéricos.En los últimos meses este desastre comenzó a repercutir sobre la economía y obligó al gobierno a presionar por un incremento del abastecimiento. El oficialismo se enojó con sus viejos socios, quitó subsidios a las empresas (programas petróleo, refino y gas plus), denunció sobreprecios en el gasoil, cuestionó prácticas monopólicas (vender más caro a los transportistas que en los surtidores) y obligó a liquidar las divisas de exportación.

Además, votó en el directorio de YPF contra el reparto de dividendos, amenazó con introducir fuertes regulaciones y desplegó una retórica muy beligerante (“no podemos volver a la época del Virreinato”). Están por verse los resultados de esta confrontación. Las empresas siempre recurrieron al desabastecimiento para lograr mayores precios, creando reyertas con todos los gobiernos. El problema actual tiene otro alcance, puesto que se agotaron los pozos existentes. Se requieren inversiones de gran porte para buscar nuevos yacimientos o para explotar afluentes de elevado costo de extracción. La nueva cuenca de Neuquén podría aumentar significativamente las reservas comprobadas. Pero contiene combustible no convencional, cuya extracción entraña enormes riesgos ambientales y exige gastos dos o tres veces superiores al promedio actual.

Lo ocurrido con ENARSA demuestra la total inconsistencia de iniciativas oficiales sin recursos ni financiación. Esa empresa está constituida por un grupo de oficinas sin actividad real. Es titular de áreas off shore, pero no realizó operaciones significativas. REPSOL no parece orientada a modificar sus políticas empresariales por las presiones del gobierno. Tampoco se muestra dispuesta a contraer deuda para subsanar el incumplimiento de sus viejos compromisos. Ni siquiera concretaría inversiones significativas si se alinean los precios locales del combustible con los niveles internacionales. [2]

Algunos funcionarios gubernamentales comienzan a buscar asociaciones privilegiadas con otras empresas (como Pan American), otros grupos (Bridas) y otros financistas (chinos). Pero un cambio de favoritismo no resolvería el problema de las inversiones faltantes. La necesidad de la anulación de las concesiones y de la nacionalización surgen del simple incumplimiento de contratos, que estipulan la obligación de realizar las inversiones, que al no realizarse han llevado al vaciamiento de los recursos y a la emergencia energética actual. No sólo el país tiene argumentos jurídicos de sobra para adoptar esta decisión, sino que también puede litigar en tribunales internacionales por el fraude que ha cometido REPSOL. Obviamente esta controversia no podría procesarse en el ámbito del CIADI, que ya tiene preparados dictámenes a favor de las transnacionales antes del comienzo de cualquier juicio. [3]

La re-nacionalización de YPF es una alternativa considerada por todos los actores del sector. Incluso ha trascendido que los principales artífices de la privatización menemista habrían propuesto alguna modalidad de estatización que favorezca a REPSOL. Los Economistas de Izquierda sostenemos que hay que prestar mucha atención a la eventualidad de otra estafa, a través de alguna recompra de la compañía con fondos públicos, que terminaría siendo funcional a otros negocios privados. Algunos proyectos en danza señalan la desventaja padecida por haber perdido la compañía estatal que mantuvieron Brasil, Uruguay o México. También se remarca el giro estatista que prevalece a escala internacional, desde el momento que 16 de las 20 mayores empresas del mundo pertenecen al sector público. [4]

Asimismo es posible concebir distintos modelos de gestión futura, otorgando suma relevancia a una asociación petrolera sudamericana. Pensamos que es necesario estar atentos a los movimientos del gobierno y a las acciones que tome, que por el momento no parecen demasiado definidas, pero para nosotros resulta indispensable precisar si la renacionalización incluirá o no indemnizaciones. En el primer caso se aceptaría la estafa realizada y el país quedaría sin fondos para realizar las inversiones postergadas para explotar y extraer lo recursos. No basta acuñar una nueva denominación (YPF Federal) o hacer ondear la bandera de la recuperación energética. Hay que detallar cómo se instrumentará ese objetivo. La compra de la empresa (al contado, en cuotas o con deuda), abonando parcial o totalmente su precio bursátil (11.000 millones de dólares según la actual cotización accionaria en New York (Clarín 14.3.12), introduciría un quebranto de las finanzas públicas.

Para quiénes integramos EDI la única respuesta progresiva y transformadora a esta situación es la anulación inmediata de las concesiones, la re-nacionalización sin indemnización de YPF y la devolución constitucional de la propiedad del subsuelo que la Nación, Pacto de Olivos mediante, delegó a las provincias con la Reforma Constitucional del ‘94. Esta reforma fue perfeccionada por la llamada Ley Corta de fines del 2006, iniciativa del gobierno de entonces que el Congreso Nacional sancionó junto con exenciones impositivas inéditas a la actividad. La transferencia del dominio que el Estado nacional históricamente tenía sobre los yacimientos y los permisos de exploración y concesiones a los estados provinciales, otorgó a los gobernadores la capacidad de negociar con las compañías abriendo así todo tipo de connivencias a espaldas del país.

Para nosotros el destino de los hidrocarburos debe estar en manos del conjunto de la población y la gestión de este sector estratégico debe desenvolverse con transparencia y plena información pública.Claro que la re-nacionalización y la recuperación para el Estado nacional de la propiedad del subsuelo debieran ser acompañada de un replanteo de todo el sistema fiscal, caso contrario se corre el riesgo de desfinanciar a las provincias, particularmente en sus programas de educación y salud.

Consideramos estas medidas como indispensables para reconstruir el abastecimiento. Por otra parte remarcamos la estrecha vinculación entre la crisis energética y los actuales problemas de Cuenta Corriente. El problema energético obliga a gastar en combustibles los dólares que se necesitan para importar insumos y bienes de capital. Para nosotros es una contradicción que está inscripta al interior del propio modelo neodesarrollista y que expone una vez más las dificultades estructurales del sector externo.

El colapso ferroviario

La decadencia del sistema ferroviario viene de larga data, puede situarse un punto de inflexión en el inicio de la década del ’60 con el Plan Larkin, primer intento de redimensionar la empresa a favor del transporte carretero, luego se suceden años de marchas y contramarchas, de sucesión de políticas contradictorias que acentuaron su deterioro. La destrucción lenta pero continuada en el tiempo fue funcional a los intereses del transporte carretero, especialmente a las multinacionales de la industria automotriz. Esta opción llevó a la dilapidación de recursos escasos y muestra la irracionalidad capitalista y sus dramáticas consecuencias sobre la pérdida de vidas humanas, la polución y la degradación ambiental.

Pero en esta historia de décadas puede recortarse un período claramente diferenciado, el que se inicia a mediados de los ’90 con las privatizaciones y que llega hasta nuestros días. En poco menos de tres años bajo la figura de la concesión, la empresa estatal –monopólica y con déficit de servicios- se transformó en numerosas empresas de derecho privado. De 39.000 km en operación quedaron 22.000, de los que solo se explotan unos 7.500. De 95.000 trabajadores ferroviarios quedan en actividad unos 14.000. Pero hoy se transportan más pasajeros/km. y más toneladas/km que en aquellos años. La productividad y el beneficio empresario han crecido exponencialmente y ha sido la renegociación de los contratos a principios de la administración kirchnerista la que ha perpetuado estas condiciones.

Los servicios rentables – los de carga- quedaron concesionados a grupos económicos que solo incorporan mejoras tecnológicas y operativas hasta donde les resulta funcional a sus propios intereses. Los de pasajeros de mediana y larga distancia son casi inexistentes, los que tibiamente se repusieron lo hacen en pésimas condiciones de confort y seguridad. Pero son los servicios suburbanos de pasajeros los que están en el límite de sus posibilidades. No obstante el carácter prebendario de la privatización, la gestión privada de las empresas no ha cumplido con los pliegos licitatorios. No han invertido, no pagan los cánones establecidos ni los inventarios que se les transfirieron a precio vil y el Estado asigna año a año mayores partidas presupuestarias para subsidiarlas.

El colapso de las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur, así como los accidentes que se sucedían en la línea Sarmiento anticipaban lo que podía suceder. A pesar de esto el gobierno nacional al tener que hacerse cargo de las líneas colapsadas no encontró mejor solución que darlas en gerenciamiento a los mismos grupos empresarios que se beneficiaron de la privatización ferroviaria y que continúan explotando otros servicios. Una suerte de asociación ilícita (Cirigliano, Roggio, Techint), con la activa participación de la mafia sindical que perpetró el asesinato de Mariano Ferreira. No hubo inocencia en esta selección. Los Cirigliano recolectaron aportes para las campañas electorales del oficialismo, se hicieron cargo del manejo de empresas fantasmas por petición gubernamental (Safe, Fly) y pusieron su flota privada de jets para el transporte de funcionarios.

La reciente tragedia de Once demostró que lo que se anticipaba no era en vano. La muerte de 51pasajeros estuvo precedida por centenares de fallecidos en las líneas que gestionan los responsables del crimen. Ya es sabido que los frenos y los para-golpes no funcionan y que los vagones o vías están completamente obsoletos. Las formaciones circulan bajo amenaza de sanción a los trabajadores que denuncien los riesgos operativos. Todas las compañías incumplen normas de seguridad para abaratar costos y aumentar los ingresos con el número de pasajeros transportados.

Pero el caso Cirigliano es particularmente escandaloso. Utilizó los subsidios para solventar un emporio de colectivos, carrocerías, inmuebles y aseguradoras, dentro y fuera del país. En pocos años convirtió su pequeño emprendimiento en un poderoso grupo, destruyendo los ferrocarriles que compiten con sus intereses en el transporte automotor. Realizó incluso maniobras financieras (depósitos en dólares, compra de títulos) con el dinero público que debía utilizar para la gestión ferroviaria. Estos desfalcos contaron con la complicidad directa de los funcionarios. Nadie puede alegar desconocimiento. Inspectores, trabajadores, delegados y agrupaciones opositoras se cansaron de presentar denuncias, así como la Asociación del Personal de Dirección (APDFA) que describieron reiteradamente la violación de las normas de seguridad. Jaime cajoneó estas advertencias y Schiavi mantuvo el ocultamiento.

Frente a estos antecedentes es inadmisible la presentación del Estado como querellante ante jueces dóciles al poder. No hay que olvidar el armado de causas judiciales por parte de Aníbal Fernández contra los delegados combativos, que anticiparon lo que finalmente sucedió. Para encubrir los desfalcos de las empresas culpaba a los trabajadores de “sabotaje”. Muchos opositores de la derecha y partidos tradicionales que desempolvanestas denuncias suelen silenciar su propia participación en el desguace que inició el menemismo en los ‘90, continúo la Alianza y perfeccionó la administración provisional de Duhalde, con un decreto que exoneró a las compañías por el incumplimiento de las inversiones.

La conmoción social creada por la tragedia de Once y la reacción de los afectados abre una oportunidad de revertir el desastre ferroviario. En la historia argentina reciente esa movilización de los familiares ha sido determinante para imponer justicia, especialmente cuando el gobierno culpa a las víctimas, atribuye el desastre a la irresponsabilidad de pasajeros colgados, que se agolpan en las salidas o llenan los vagones en los días laborales. Además, designa a unex menemista para gestionar la intervención de TBA y despide con elogios a Schiavi. Impedir la impunidad es un punto de partida para reconstruir el ferrocarril. En lugar de otro parche en los contratos vigentes se necesita un cambio de raíz, que erradique por completo el modelo de privatización que el gobierno quiere conservar y la derecha pretende reforzar con demagogia y aumentos de tarifas. [5]

Los objetivos explícitos de la privatización proponían la eliminación del déficit y la modernización de los servicios por medio de inversiones privadas, luego de casi dos décadas de privatización los resultados muestran su inocultable fracaso con el agravante que se ha perdido el carácter público de estos servicios y el interés social general implícito en ellos no es tenidos en cuenta. La lógica del capital, como era de prever prioriza la ganancia por sobre todas las cosas. A la luz de esta comprobación la propuesta alternativa de re-estatizar el ferrocarril bajo control de profesionales, trabajadores y usuarios suscita crecientes adhesiones. Esta administración permitiría eliminar el despilfarro y la corrupción. Actualmente se ha duplicado el gasto en subvenciones para manejar sólo el 15% de los servicios ferroviarios tradicionales.

Para los Economistas de Izquierda la re-estatización sin fondos perpetuará los problemas. Es necesario definir como se financiarán las inversiones que necesita el sistema. El patrimonio de Cirigliano y de todos los grupos que se enriquecieron demoliendo el ferrocarril debería aportar a esta reconversión. Lo que robaron debe ser devuelto en obras. Pero la principal fuente de recursos se encuentra en las seis líneas de alta rentabilidad que transportan mercancías. El transporte de carga debe financiar al de pasajeros, mediante la estatización de esos corredores privados. Para nosotros sólo aplicando este criterio comenzaría a erradicarse el manejo de un estado bobo, que gestiona actividades a perdida para asegurarle a los privados los segmentos de gran lucro. Sostenemos que otra fuente de financiación debería provenir de medidas impositivas tendientes a asignar a cada modo de transporte terrestre su rol en el marco de un Plan Nacional de Transporte (reivindicación histórica de los gremios ferroviarios) que articule y complemente, en función de sus costos de operación, las distancias y el beneficio público, los distintos modos alternativos.

Resistencias a la megaminería

Un tercer campo de tensiones ha salido a flote en las movilizaciones contra la mega-minería. Este rechazo se verifica en varias provincias, despierta simpatía popular y suscita el acompañamiento de muchos intelectuales y artistas. La conciencia ambiental que irrumpió en los cortes contra las pasteras de Gualeguaychú, ha resurgido. Argentina comienza así a alinearse con las batallas ambientalistas que se desarrollan en Latinoamérica.

La demolición del ambiente que produce la mega-minería es aterradora. El viejo socavón para buscar metales en el subsuelo ha sido reemplazado por dinamita a cielo abierto. La contaminación del agua potable se generaliza con el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio u otras sustancias para procesar para procesar el mineral. El encarecimiento de los precios internacionales incentiva este sistema de explotación que habría consumado ya una reducción del 30% del agua generado en los glaciares. [6]

Como el agua no alcanza para compatibilizar la minería con la agricultura, el gobernador de La Rioja optó por la demolición del subsuelo a costa de los alimentos. Frente a semejante elección, la demanda “Famatina no se toca” constituye una genuina exhortación a la vida. El pretexto oficial para sostener el negocio minero (“desarrolla el interior”) debe ser impugnado. Basta observar el saqueo consumado durante los últimos doce años en Catamarca por la empresa Bajo La Alumbrera. En un sólo ejercicio la compañía facturó más que en toda su inversión inicial. Pagó impuestos irrisorios, multiplicó por diez sus ganancias y forjó una “economía de enclave” para extraer un concentrado de la roca, que deshidrata en Tucumán y exporta desde Santa Fe. [7]

El modelo vigente en este sector representa una modalidad extrema del neoliberalismo. Las compañías están exentas del pago del impuesto al cheque y a los combustibles, gozan de estabilidad fiscal por 30 años, adquieren importaciones sin aranceles y pagan ínfimas regalías (2,5 a 4%). [8]

Algunos voceros de las empresas afirman que la actividad generó 250.000 empleos, cuando las cifras oficiales sólo indican 23.374 trabajadores. En Bajo La Alumbrera se crearon por ejemplo sólo 480 puestos de trabajo y el gasto en sueldos representa el 2,5% del monto exportado. La adquisición de insumos locales ha sido también insignificante y no se erigió en la región una sola escuela o centro de salud.El emprendimiento de la Barrick es más escandaloso. Utilizando el tratado firmado con Chile en 1997 forjó en Pascua Lama un país virtual a ambos lados de la Cordillera. La empresa opera con un acuerdo tributario secreto y abona los sueldos de los gendarmes en un territorio sin aduanas. La empresa se dispone a depredar durante un cuarto de siglo un dique de agua de 340 hectáreas y 400 metros de profundidad. ¿Los discursos sobre Malvinas no deberían ser acompañados por la recuperación de la soberanía sobre ese territorio? Las Malvinas son argentinas, pero la región cordillerana también forma parte de nuestro territorio. [9]

El negocio de las compañías extranjeras se asienta en un sistema de complicidades entre universidades (Tucumán), sindicatos y elites provinciales. El centro de esta red se ubica en el entorno presidencial (Mercado, Mayoral) y sus agentes incluyen por igual a gobernadores K y anti-K. Algunos son voceros directos de las mineras (Gioja) y otros olvidaron la demagogia contra las empresas al asumir la gestión provincial (Beder Herrera). Este sometimiento a las compañías se ha consumado, además, al frente de administraciones de distinto signo político (Corpacci).El legado menemista en esta actividad es evidente, pero fue Néstor Kirchner quién permitió a las compañías liquidar divisas en el exterior (2004) e incentivó la ampliación de los proyectos que aumentaron un 90% entre 2003 y 2009. La publicitada foto con los hombres de Barrikc Gold no fue ajena al veto que dispuso Cristina Fernandez de Kirchner de la ley de protección a los Glaciares.

El amparo presidencial a los gobernadores tiene precedentes en la empresa estatal de Santa Cruz, que comparte ganancias con las mineras del lugar.Pero la actitud más patética en los debates sobre minería se verificó entre los intelectuales progresistas que justificaron la represión, la acción de las patotas y la aplicación de la ley anti-terrorista contra los manifestantes. Algunos repiten el relato infantil de las empresas (“la minería contribuye al desarrollo regional”) y otros sueñan con subsanar las “anomalías” actuales con la participación de los estados provinciales en nuevas compañías mixtas. En los hechos esa oficialización del negocio sólo convalidaría el saqueo en curso. Algunos pensadores han cruzado todos los límites, al recurrir a una denigración cínica del ambientalismo. Justifican la mega-minería argumentando que todas las actividades productivas contaminan y cuestionan la autoridad de “los narcisistas porteños” para opinar sobre un emprendimiento del Noroeste. [10]

Este curioso federalismo supone que algunos argentinos pueden opinar y otros no sobre acontecimientos que involucran a todo el país. Si uno vive en Buenos Aires no puede hablar mal de la mega-minería de San Juan, pero está habilitado a emitir elogios del modelo depredador que rige en Chile o Perú. Como “todos contaminan”, parecería que el reciclado individual de un plástico, tiene la misma envergadura que la aniquilación de las reservas de agua potable. Como “el ecologismo es berreta” tampoco hay que prestar atención a los ejemplos internacionales de prohibición de la minería a cielo abierto que impusieron los pobladores de Montana, Wisconsin o Colorado. O que el parlamento europeo prohibió en todo su territorio este tipo de explotación y conminó al Consejo de Ministros ha hacer efectiva esta disposición.

Otros intelectuales oficialistas consideran que llegó el momento de “abrir el debate” sobre minería. Pero este descubrimiento olvida que hace muchos años se discute el tema en el interior. Con grandes campañas de denuncia lograron nueve leyes provinciales restringiendo la mega-minería, un plebiscito de rechazó en Esquel (2006) y varios repudios de universidades (Córdoba, Rio Cuarto) a la fondos de Bajo la Alumbrera. Esta acción se desarrollo confrontando con todos los intentos de estigmatizar y criminalizar a los asambleístas y esta resistencia y permitió, además, la sanción de una nueva ley de protección de los glaciares apoyada por 300 asambleas ambientalistas y bloqueada por la justicia de varias provincias. [11]

Ninguno de estos movimientos rechaza la actividad minera. Sólo objetan su variante demoledora. Esta resistencia converge con protestas similares en otros países sudamericanos, pero con una diferencia esencial: Argentina no necesita de este tipo de minería para sostener su economía. Implementa a pura pérdida el modelo extractivista que rige en toda la región, desde que la innovación tecnológica, la especulación con materias primas y el crecimiento de China revalorizaron la extracción de metales. El ingreso de divisas que genera ese sector no es vital para nuestra balanza comercial, tampoco aporta demasiado al PBI. Para EDI es imprescindible exigir la elaboración local de las materias primas. Argentina no necesita una minería de exportación, sino procesos de extracción asociados a la reindustrialización de la economía.

Para nosotros derogar la ley vigente es el punto de partida para cualquier replanteo de la minería. Hay 12 proyectos en operaciones, tres en construcción y 340 iniciativas a futuro. El país está a tiempo de garantizar la protección ambiental prohibiendo el cianuro, la voladura de cerros y todas las maniobras de las empresas, para poder desarrollar la actividad con licencia y control social y de acuerdo a los intereses nacionales. Al igual que en los hidrocarburos este problema involucra a toda la nación y no puede quedar sujeto a decisiones locales. La contaminación nunca se limita al radio geográfico original de las explotaciones. Si hay consultas o plebiscitos para definir cursos de acción deben participar todos los ciudadanos. El derecho a la vida, al ambiente saludable y a las culturas pre- existentes forman parte de nuestra noción de desarrollo.

El fin del conflicto con el agro

La fragilidad estructural de la economía argentina radica en su enorme dependencia del cultivo de la soja que ha expandido su preeminencia. Ya ocupa el 56% de la tierra cultivable y avanza con deforestación (un millón de hectáreas entre 2002 y 2006) y agro-tóxicos (300 millones de litros por año). Este predominio no se extiende sobre áreas vacías. Hay desalojo de campesinos y pobladores originarios, concentración de la tierra en la región extra-pampeana y abrupta reducción del número de explotaciones (24% menos desde 1988).

La reconciliación en curso entre el gobierno y los agro-sojeros tiende a dejar atrás un fuerte conflicto. Este reencuentro quedó sellado durante el lanzamiento del nuevo plan agro-alimentario, que reafirma el esquema sojero. Se promueve un aumento general de la producción (157 millones de toneladas en 2020), para consolidar el avance registrado entre el 2002 y el 2010 (de 70 a 100 millones de toneladas) con más superficie sembrada e incrementos de productividad. Pero el programa sólo habla del volumen proyectado. No dice cuántos productores sobrevivirán, en un modelo que incrementa la preeminencia de las grandes compañías y los pools de siembra. [12]

La Mesa de Enlace cajoneó la demanda de bajar las retenciones para elogiar este plan. Este viraje obedece a la continuidad de un negocio floreciente. La tonelada de soja que se cotizaba a 160 dólares en 2001 alcanzó en estos días nuevamente los 500; el precio de la tierra subió 120% en la última década y se registran ganancias sin precedentes por hectárea sembrada. Quiénes ganan fortunas no están motivados para la protesta.

El gobierno distendió, además, las relaciones con el sector satisfaciendo parte de sus pedidos. Se reiniciaron las compensaciones la actividad láctea y ganadera, se autorizaron aumentos de precios (carne, leche, pollo, pan) y se asignaron reintegros por adversidades climáticas. Así los conflictos se desplazaron hacia el interior del sector (tensiones por la distribución del trigo entre productores, molineros y exportadores). [13]

Este clima pos-electoral explica la aceptación general de una ley de tierras que había suscitado divergencias. Los beneficiarios de un modelo de exclusión, desigualdad y desarraigo coincidieron en proteger su principal recurso de la competencia foránea. Prefieren asegurar la presencia de muchos Grobocopatel y pocos Benetton en el agro-negocio. Los sojeros continúan presionando por asegurar su liderazgo de la economía. Proponen actualizar la inserción internacional de Argentina como “granero del mundo”, ampliando las actividades alimentarias para erigir el “país-góndola del siglo XXI”. Demandan prioridad para el sector, precio pleno de los productos y liberación de mercados. [14]

Claro que subsisten áreas de fricción con el gobierno (ley de arriendos, manejo de la ONCCA, subsidios por sequía, tipo de cambio efectivo), pero ha desaparecido la confrontación del 2008. Los puentes con el gobierno han quedado reabiertos, desde el momento en que, tomando nota de la fuerte movilización del agro, se renunció a sostener el financiamiento de las arcas públicas incrementando el flujo de renta agraria con mayores retenciones. El oficialismo ha cajoneado también las propuestas de restaurar la Junta Nacional de Granos para recrear una agricultura diversificada. Sólo insisten en atenuar el impacto interno de los altos precios de exportación con un programa de perpetuación del status quo, que genera cuestionamientos dentro del propio espectro gubernamental. [15]

Mientras tanto continúa el negocio clave de las grandes exportadoras que controlan el comercio de granos y oleaginosas.Los agricultores empobrecidos son las víctimas de un cultivo transgénico con efectos ambientales impredecibles. Ningún gobernador protege a campesinos expropiados. Estos sectores rara vez son catalogados como “pequeños productores”. Esta denominación se utiliza en cambio para describir a los capitalistas medianos de la Pampa, que manejan significativas inversiones, como contratistas y/o propietarios de actividades sojeras. Para nosotros es importante clarificar el uso de ese concepto, frente a tantos proyectos de segmentación de las retenciones para productores de 600, 1500 o 2500 toneladas. Estos sectores participan de la actividad más rentable del país y no necesitan ningún auxilio del Estado. Un cambio en los porcentajes del impuesto debería en todo caso legislarse al interior del propio sector, sin ningún costo para el resto de la sociedad. Si baja lo aportado por un productor medio, que aumente la contribución del más poderoso.

Para los Economistas de Izquierda un escenario agrario favorable a las mayorías populares exige discutir otro temario: cómo se regularán los precios y mercados, de qué forma se reconstituirá una Junta Nacional de Granos y cómo debería operar en la actualidad un comercio exterior nacionalizado.

La reindustrialización frenada

La recomposición del tejido industrial -que el gobierno presenta como su prioridad estratégica- se ha estancado. Es cierto que el sector manufacturero creció significativamente en la última década (más del 80%), por una combinación de los vaivenes cíclicos y políticas estatales activas. La intención neo-desarrollista de restaurar la gravitación de este segmento no logra anclaje en la realidad económica. La industria ocupa incluso un lugar menor que en los años ‘90 y ‘80. Tampoco se ha modificado la escasa diversificación del sector. Tres ramas concentran el 75% de la actividad (automotriz, metalurgia y minerales no metálicos) y la fuerte recuperación de los puestos de trabajo, no alcanzaron aún a superar el nivel de empleo predominante en 1997. Las ramas más dinámicas operan con tecnologías intensivas que exigen poca mano de obra y las cinco actividades que en los ‘90 reunían el 60% de la producción, hoy concentran el 67% del total. [16]

Estos resultados obedecen en gran medida al elevado grado de concentración que impera en la industria y también a la ausencia de un plan estratégico para el sector. El valor bruto de producción de las 200 firmas líderes trepó del 20% en los ’90 al 28% actual. Ese núcleo de compañías maneja, además, el 73% de las exportaciones totales (2003-09), en un marco de gran consolidación de la extranjerización consumada bajo el menemismo. Esta primacía ha registrado cambios muy leves en la última década. De las 500 principales empresas que explican el 68% de las utilidades totales, 338 son foráneas. [17]

El efecto de esta preeminencia es una fuerte transferencia de utilidades al exterior bajo el amparo de la actual legislación de inversiones extranjeras y los casi 50 convenios bilaterales de inversión que dan total libertad a las multinacionales. Esa remisión determina periódicas tensiones cambiarias, que el gobierno responde con exhortaciones (ahora también con controles). Pero no hay ninguna medida de fondo para revertir el nocivo sistema de protección de inversiones que impuso el Banco Mundial. [18]

Todos los balances empresarios indican elevadas ganancias de los industriales bajo el modelo actual. Pero estos informes también destacan que la tasa de reinversión local ha sido efímera. Algunas evaluaciones señalan que entre las 500 mayores firmas ese porcentual bajó del 24,7% (1993-2001) al 14,7% (2002-2009), mientras el déficit comercial de la industria crecía hasta generar el agujero actual (20.000 mil millones de dólares en 2010). Las importaciones se expanden a un ritmo muy superior a las ventas externas, junto a una decreciente integración de componentes nacionales. [19]

Los viejos problemas de una industria dependiente, fracturada y deficitaria se han acentuado con la creciente internacionalización del sector. Estos desequilibrios son muy visibles en la rama automotriz, que ha reducido la incorporación local de partes (45% en promedio), al cabo de un prologando desguace de los abastecedores nacionales. Las pautas de inversión en esta actividad son particularmente irracionales, puesto que se establecen en función del mercado externo sin considerar, por ejemplo, la prioridad del transporte público nacional. Algunos economistas K consideran que estas limitaciones no desmienten la vigencia de un “modelo productivo con inclusión social. [20]

Pero evitan registrar que el gobierno se limita a convalidar una lógica capitalista de pura rentabilidad, que avala la fabricación de autos (en lugar de trenes) o la construcción de torres en Puerto Madero (en desmedro de viviendas en los barrios populares).La expectativa neo-desarrollista de “profundizar el modelo” en una dirección industrialista se está disipando en favor de la “sintonía fina”. Muchos simpatizantes del modelo reconocen, que para contrarrestar la presión hacia la especialización agro-exportadora se requerirían drásticas medidas estatales, que por ahora son solo potenciales. [21]

Salarios en dos velocidades

Los economistas del gobierno afirman que el “modelo devolvió dignidad a los trabajadores, creó millones de puestos de trabajo y aumentó el salario real”. Esta caracterización atribuye ese resultado exclusivamente a la política económica. Obvian señalar que es el efecto combinado de políticas estatales (reimplantación de paritarias) con múltiples condicionantes (coyuntura internacional favorable, recuperación cíclica de la ocupación y los ingresos, conquistas de la movilización social). En el sector formal el salario aumentó 285% en promedio entre diciembre del 2001 y julio 2010. Según el índice de inflación que se tome para realizar la comparación (INDEC, cálculos provinciales, estimaciones privadas), ese incremento se ubica por encima o por debajo de la carestía.

Entre los economistas existe cierto consenso en evaluar que ha predominado cierta paridad entre las dos variables. Pero en el mismo período se registró un aumento de la productividad muy superior al incremento de los salarios reales y por esta razón los costos salariales decayeron. El contraste es más significativo si la evaluación se realiza comparando con los beneficios. Las ganancias de las empresas se duplicaron en la última década y su patrimonio es 200% mayor que en el 2003. La “tracción del modelo por los salarios” -que ponderan algunos simpatizantes del curso actual- es discutible o debe relativizarse ante semejante expansión de la tasa de ganancia. [22]

Durante la última década ha sido significativa la consolidación de la fractura del mercado laboral iniciada en los ’90, no sólo entre los trabajadores formales e informales, sino también al interior de la estructura formal. Siendo que la precarización se extiende por el conjunto. Mientras que el 20% de los trabajadores mejor remunerados del sector privado capta el 52% de la masa salarial, el 20% ubicado en la base percibe el 5,2% de ese total. [23]

Esta subdivisión explica la centralidad que han alcanzado ciertas demandas de la CGT sobre el mínimo no imponible y las asignaciones familiares, así como el frustrado proyecto sindical de distribuir las elevadas utilidades entre el personal de cada empresa. Para los Economistas de Izquierda la constatación de la continuidad de esta fractura obliga a considerar esas demandas cegetistas, y darle prioridad a la exigencia de salarios mínimos iguales a la canasta familiar, para comenzar a cerrar la brecha al interior de los trabajadores.En la actualidad se computan 11.800.000 asalariados, de los cuales 7.8 millones registra en el sector formal y 4.0 millones en el informal.

El salario promedio sobre el que se realizan los aportes jubilatorios llega a los 5,500 pesos, pero el 55% de esos trabajadores percibe hasta 4000, muy alejado de la canasta familiar estimada entre 5.000 y 6.000 pesos. En el otro extremo 1.4 millones gana entre $7.000 y 30.000 o más pesos al mes. Los trabajadores no registrados ganan como mínimo un 30% menos que los registrados. Esta fragmentación se percibe también al interior de los trabajadores del sector público, entre los del Estado nacional y los que laboran en los Estados provinciales y municipales. (Fuente: INDEC y Dirección Nacional de Programación Económica)

Así el modelo ha consolidado la categoría del “trabajador pobre” (que no cubre la canasta familiar), frente a la figura del “desocupado pobre” que prevalecía en la crisis del 2001. La reducción de la informalidad, de 44% a 34.2% (2003-11) es significativa, pero se relativiza cuando se la compara con la tasa de crecimiento de la economía en el mismo período.

En este contexto se verifican situaciones extremas de explotación no sólo entre trabajadores rurales (jornadas de trabajo de 16 horas que ahora podrán revertirse con la sanción de la ley que reglamenta los horarios), carpas en lugar de viviendas, escasa alimentación. Los padecimientos de los tercerizados o de los costureros que trabajan en los galpones son igualmente dramáticos. El Gran Buenos Aires vuelve a concentrar una enorme masa de desposeídos del interior ypaíses vecinos, que sobreviven con trabajos miserables. El gobierno afirma que atenúa estas desventuras con un gasto social mayúsculo. Pero este reconocimiento no hace más que confirmar el asistencialismo que contiene al modelo y contradice su identificación con la inclusión social o el trabajo genuino. La asignación por hijo representa efectivamente una innegable conquista popular, que ha otorgado cobertura a millones de desamparados, sin embargo no alcanzaa todos los carenciados y su monto queda periódicamente erosionado por la inflación.

No hay que sobredimensionar el costo real de ese auxilio, que en líneas generales se asemeja al vigente en la mayoría de los países latinoamericanos. Estas semejanzas permiten comprobar que el capitalismo como sistema resigna, en esta fase, un determinado porcentaje del PBI para atenuar los efectosde la acumulación y reproducción en este período histórico. No obstante esta conquista social ha recibido igualmente críticas gorilas (“los pobres se lo gastan en droga”) y objeciones malintencionadas a su implementación (“el sistema es desorganizado”).

Para nosotros lo central radica por un lado en la carencia de un financiamiento genuino -que se reemplaza con, entre otros, fondos de la ANSES- por lo tanto en la dependencia de recursos presupuestarios muy variables. La reiterada propuesta de sostener el programa asistencial con transformaciones impositivas, que suscribimos, jamás fue escuchada por el oficialismo, mientras persiste la falta de una real universalidad.

También la cuestión de los jubilados suscita confusiones. El gobierno suele concentrar todos sus dardos polémicos contra los derechistas que hacen demagogia, demandando los aumentos que negaron bajos sus administraciones. Estos opositores nunca explicitan cómo financiarían las mejoras. El oficialismo destaca que expandió la cobertura hasta el 95% de la población y estableció un sistema de movilidad periódica de los haberes. Ambos son avances significativos, pero esto no quita que el mínimo se sitúa en la mitad de la canasta básica de un retirado y que el promedio de ese ingreso apenas alcanza al 40% del promedio de los activos.

Tampoco aclara qué sucederá con la enorme masa de trabajadores informarles que no aportan a la seguridad social. Los economistas K suelen reciclar viejos fantasmas neoliberales (“aumentará el trabajo en negro por aumento del costo laboral”) cuando se les propone reimplantar las contribuciones patronales eliminadas por Cavallo. Por el contrario los Economistas de Izquierda sostenemos que esta reposición de fondos permitiría como mínimo elevar las jubilaciones mínimas al 82% del salario mínimo, avanzando así hacia el 82% móvil rompiendo con la continuada violación de un derecho popular.

PARTE 2: LOS PROBLEMAS DE LA COYUNTURA

Desigualdad social y política tributaria

Los estudios oficiales intentan demostrar que “el modelo reduce la desigualdad”. Destacan que la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre se redujo de 37 a 16 veces (2003 -2010), que el índice Gini declinó de 0,54 a 0,39% y que la participación de los trabajadores en el ingreso mejoró de 34,5 a 44,9% (2003-2010). [24]Estos cambios han seguido una pauta cíclica determinada por el nivel de actividad y los vaivenes del mercado laboral. Si se considera un período prolongado (y no la sesgada comparación tras el colapso del 2001) se verifica que el coeficiente Gini prácticamente no cambió entre 1994 y 2010.

Hubo un fuerte empeoramiento en el período 1994-2002 y una importante recuperación posterior, que sitúa el promedio actual muy cerca del vigente en 1995. No desconocemos la evolución de estos ocho años pero nos parece las comparaciones significativas hay que establecerlas con la marca histórica del “fifty-fifty” de los años 50 o 70, que se encuentran muy lejos de los resultados generados por el modelo en curso. [25]

En cualquier debate sobre este tema aparece la dificultad de los indicadores construidos con datos del INDEC, estos no tienen fiabilidad alguna desde el 2007. Las estadísticas sobre la distribución funcional del ingreso (división del producto entre salarios y ganancias) quedaron, además, discontinuadas desde 1975. Pero si se toma la distribución personal del ingreso que mide el Gini y la participación de los diferentes deciles de la población en el ingreso total se confirma la escasa variación en el largo plazo. La fractura entre clases medias/medias y altas y trabajadores de buenos ingresos que consumen y sectores bajos que subsisten no se ha modificado.

Existen otras formas de evaluar la desigualdad mediante contrastes de la evolución de salarios con el producto, las ganancias o la productividad. En este contrapunto la persistencia de la inequidad salta a la vista. Parte de esa desigualdad que señalamos son las dificultades que encuentran los sectores populares para acceder a servicios de educación, salud y comunicación de calidad. Un párrafo aparte merece la situación de la vivienda. Durante estos años han aumentado los emprendimientos constructivos, pero los episodios del Parque Indoamericano o los de Jujuy y Formosa han dejado en evidencia la insuficiencia de los mismos. La comparación con los balances de las empresas que cotizan en Bolsa es más chocante aún. La rentabilidad empresaria superó los niveles previos a la devaluación en un 90%, se duplicó en el período 1996-2008 y se mantuvo elevada incluso en la caída recesiva del 2009. Algunas estimaciones destacan que las ganancias promediaron en el inicio del modelo (2002-06) un 35,8% frente a 23.9% de la convertibilidad. [26]

Quiénes integramos EDI sostenemos que la desigualdad no puede reducirse en forma significativa sin tocar esas ganancias. Suponer que ambas pueden progresar simultáneamente, aumentando así el bienestar de todos los actores económicos es una ilusión tan inconsistente, como la teoría neoliberal del derrame. Se ignora que el sistema del capital se basa, y es a su vez la fuente, de las desigualdades sociales.Los propios “representantes del pueblo” recrean abiertamente la desigualdad cuando se auto-otorgan aumentos de dietas legislativas, que obviamente nadie toma como parámetro para las negociaciones paritarias. El escándalo que suscitan esos privilegios suele oscurecer que el epicentro de la brecha social se ubica en el sector privado, dónde hay gerentes con sueldos mensuales de 2 a 10 millones de pesos.

Es una hipocresía justificar estas remuneraciones con argumentos de libertad en el sector privado. Todas las empresas surgieron y operan mediante el sostén directo o indirecto del sector público. La desigualdad que se proyecta al Estado proviene del mercado. En muchos de los economistas oficialistas se ha consumado un giro conservador para justificar esta continuidad, han naturalizado que el IVA se mantenga en los altísimos porcentajes actuales, mientras persisten gravámenes muy reducidos al patrimonio. Ni siquiera se modificó el régimen de exención a la renta financiera, los privilegios a la compra-venta de empresas o la exención del impuesto a las ganancias a los magistrados. Afirman que la reforma impositiva se ha ejecutado de hecho, mediante el crecimiento económico, la presión tributaria y la creciente participación del comercio exterior en el pago de distintas tasas. Esta tesis sintoniza con la presentación del mínimo imponible a los salarios como un acto de justicia. [27]

Pero este enfoque iguala para abajo y frustra cualquier reducción de la desigualdad. En vez de penalizar a los ricos se justifica el achatamiento de ingresos de los sectores medios. Los viejos cuestionamientos a la estructura tributaria regresiva son olvidados en pos de un bienestar que surgiría del simple funcionamiento del modelo. Por el contrario para quiénes integramos EDI las brechas sociales comenzarían a atenuarse con una reforma que instaure una mayor progresividad tributaria y con una asignación transparente y efectiva, sin mediaciones políticas punteriles, de los mayores recursos genuinos que se recauden.

¿Cual es el sentido de la sintonía fina?

El gobierno ha decidido enfrentar las limitaciones del modelo con políticas pro-empresariales de incentivo a la inversión privada. Por esta razón la presidenta emite mensajes de colaboración a los socios capitalistas y convocatorias al reencuentro a los sectores antes enfrentados. Esta postura amigable hacia sojeros, industriales y banqueros coincide con agresiones a los sindicatos y advertencias a los movimientos sociales. Las promesas de modificar la ley de riesgos de trabajo convergen con las críticas a los huelguistas que “extorsionan”.

El objetivo de esta reorientación es sustituir el impulso que hasta ahora brindó la demanda, por la inversión. Esta variable quedó desfasada de los restantes componentes del desenvolvimiento capitalista. Aunque subió de un ínfimo piso (11% en 2002) a un promedio significativo (23-24% en 2010-11), la mejora no alcanza para sostener el nivel de actividad de los últimos años.[28]

Se ha trabajado al límite de la capacidad instalada de las plantas, exprimiendo los recursos existentes y sin ampliarlos con emprendimientos de largo alcance. Por esta razón los aumentos de productividad obedecen más a la subsistencia de elevados niveles de explotación que a la renovación de los equipos. Muchas estimaciones destacan que la actividad industrial usufructuó en la última década de las inversiones acumuladas en el decenio anterior. [29]

El gobierno ha chocado con la sucesión de conflictos que generan las políticas estatales en las decisiones empresarias. Por un lado se exhorta a incorporar libremente capital en las firmas y por otro se limita la posibilidad de girar dividendos y regalías y se trata de frenar la fuga de capitales. Por un lado se estimulan el consumo y la producción y por el otro se fijan cupos de importaciones y se negocian precios. Estas contradicciones no son resultantes de una perversión intervencionista, ni tampoco ejercicio del doble discurso, como aseguran variados gurúes neoliberales. Estas contradicciones son el resultado objetivo de los desequilibrios que enfrenta la economía nacional.

El gobierno simplemente afronta necesidades opuestas. Debe inducir la inversión para incrementar la oferta y frenar el alza de precios y al mismo tiempo debe intervenir para limitar el desbarajuste energético o el desbalance comercial. Esta mayor intervención estatal es maliciosamente interpretada como un acto de hostilidad hacia los empresarios (“enfrentamientos con las corporaciones”), cuando en realidad no es más que una típica forma de arbitraje, para asegurar la continuidad de la actividad económica fomentando ciertas ventajas y afectando algunos privilegios. Como siempre ha ocurrido, el silencio complaciente de los beneficiados contrasta con la ruidosa queja de los desfavorecidos. El primer grupo alaba la recuperación del poder estatal y el segundo despotrica contra la violación del libre-mercado.

El gobierno presenta su gestión como equidistante de los trabajadores y los capitalistas. Pero es muydifícil sostener esta argumentación cuando se ensaya un giro pro-empresario que, de sostenerse en el tiempo, alejaría al oficialismo de la agenda progresista. Se declara prescindente en la negociación colectiva de los salarios, pero ha intentado imponer un tope. No se conoce algo similar en relación a la rentabilidad de los empresarios. La legitimidad de las ganancias no es puesta en duda por un gobierno que rechaza las demandas de la CGT (ley de distribución de las ganancias, aumento del mínimo no imponible, ampliación de las asignaciones familiares) y se niega a considerar el costo de la canasta familiar como base para fijar el salario mínimo o en una negociación salarial.

El insulto a los docentes -repitiendo viejas falsedades de la derecha sobre la jornada laboral y las vacaciones- como antes con la “tendinitis” a los trabajadores del subte o la acusación de extorsivas a las huelgas, forman parte de esta estrategia. La denominada “sintonía fina” encubre este mayor favoritismo hacia las clases dominantes. Incluye la implementación de medidas que no tienen la envergadura de un ajuste brutal, como en el 2001-02, ni tampoco el alcance de la agresión imperante en Europa en la actualidad, pero que frenan la continuidad de mejoras sociales que alientan los partidarios de la “profundización”. El modelo inaugurado en el 2003 ha ingresado en una nueva etapa, tal vez caracterizada por una línea defensiva frente al posible impacto de la crisis mundial y el agotamiento de ciertas variables internas, cuyas tendencias al menos hasta ahora se contradicen con el fuerte apoyo político del 54% obtenido en las elecciones.

Inflación por ganancias y presión cambiaria

La inflación concentra todos los desequilibrios de la etapa actual, pero la manipulación de los índices impide conocer su magnitud. Las evaluaciones técnicas que se han hecho del manejo del INDEC arribaron a conclusiones demoledoras sobre esa distorsión. Si se toma en cuenta la evolución de los precios calculada por los institutos provinciales, el incremento osciló en el 2010 y 2011 en torno al 25%. Pero el principal problema no radica en el cómputo sino en el propio fenómeno inflacionario, que se ha estabilizado muy por encima del promedio internacional o regional. La carestía provoca un deterioro de los ingresos populares que socava las mejoras salariales y de ingresos sociales. Este impacto ha sido muy significativo en alimentos y vivienda y comienza a extenderse a los servicios. La carestía neutraliza la asignación por hijo y tiende a situar nuevamente el porcentaje de la pobreza en torno al 30% y la indigencia cerca del 15%. [30]

Muchas causas se conjugan para producir el resultado inflacionario, pero los precios esencialmente aumentan para mantener las altas tasas de rentabilidad de las grandes empresas. Esta es la principal razón del flagelo. Los grupos capitalistas más concentrados aseguran beneficios con remarcaciones que sólo ellos pueden disponer. La inflación actual no obedece como en el pasado al quebranto fiscal (como sostienen los neoliberales), ni expresa una pugna distributiva (como piensan algunos economistas K). Refleja fuertes restricciones de la oferta por insuficiencia de inversiones en un período de alta rentabilidad empresaria.

Los precios son empujados hacia arriba por una baja provisión de productos frente a una demanda recompuesta. Resulta imposible satisfacer con la misma capacidad instalada los nuevos pedidos de compra. La inflación muestra así cómo el modelo, a pesar de todas las prebendas otorgadas, no logra expandir el abastecimiento de mercancías.Existe una crítica liberal a este resultado que enfatiza el impacto adverso de la intervención estatal sobre el comportamiento de los precios. Esta postura da lugar a una andana de insultos contra el secretario de comercio, que se ha convertido en el principal blanco de la presión mediática. El objetivo de la campaña anti- Moreno es recrear un ambiente favorable a la “libertad de precios”, es decir a la impunidad de las grandes empresas para remarcar sin ninguna restricción. Cualquier planteo progresista debe situarse en las antípodas de esta actitud, sin olvidar que ha sido Moreno el que destruyó el sistema estadístico nacional y los cuadros profesionales y técnicos, formados por el Estado durante décadas y que gozaban de prestigio y respeto internacional.

Desde hace varios años el gobierno intenta infructuosamente atenuar el ascenso de los precios, a través de negociaciones con las cúpulas empresarias. Los capitalistas prometen pero nunca cumplen. Disfrazan los incrementos o los distribuyen en distintos puntos de las cadenas de comercialización. Algunos economistas K suponen que esta distorsión se auto-corregirá mediante la continuidad de un alto consumo que arrastrare a la inversión. Pero aquí aflora una ingenuidad sim