Una coyuntura candente
La coyuntura reciente, caracterizada por la nueva situación del conflicto del TIPNIS, viene dibujada por la aprobación de la ley de consulta extemporánea por parte de la Asamblea Legislativa y su promulgación por parte del presidente. En este nuevo escenario, que es como el exordio de la pretendida aplicación del cuestionario gubernamental – por que eso es, un cuestionario que introduce dos preguntas, una sobre la condición de intangibilidad y otra sobre la carretera que atravesaría el territorio indígena y parque en cuestión -, el gobierno, haciendo gala de una manifiesta inseguridad, que no puede esconder, ha mandado a la armada al TIPNIS. La armada ha ingresado al territorio indígena surcando los ríos Sécure y el Isiboro con barcos cargados de vituallas, con el objeto de distribuirlos entre los comunarios de la TCO del TIPNIS, comprometiendo su voto a favor de la carretera.


Esta acción de chantaje es una flagrante violación de una de las clausulas de la consulta con consentimiento, previa, libre e informada, clausula que establece que no puede haber coerción. Este despropósito se suma a la ya descalificada consulta extemporánea por no cumplir con la estructura conceptual de una consulta previa, libre e informada. En esa dirección de intervención, presión y chantaje ya se han instalado campamentos militares, mostrando claramente la decisión del gobierno de ocupar militarmente el territorio indígena antes de la aplicación del cuestionario. En esta alevosa acción en la que estarían comprometidos, además del ejecutivo, la asamblea legislativa, el órgano judicial y el órgano electoral, violando descaradamente la Constitución, en cumpliendo de las ordenes del gobierno. Estamos entonces ante una ocupación militar y ante la virtualidad de una “consulta” militarizada.

Esta acción desmedida de coerción y demostración de fuerza es una declaración de guerra del Estado-nación, que debería haber muerto, contra el Estado plurinacional comunitario y autonómico, que no ha podido nacer. Una declaración de guerra a las naciones y pueblos indígenas originarios, como en los tiempos violentos del colonialismo y de la expansión de la frontera controlada de la república criolla. El Estado-nación no acepta los territorios indígenas, tampoco las autonomías indígenas, así como la libre determinación y el autogobierno de las naciones y pueblos indígenas originarios, como establece la Constitución. El Estado-nación no puede coexistir con la Constitución y menos cumplirla, pues esta Constitución corresponde al Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esta contradicción profunda no se puede resolver sino violando la Constitución, colocándola como fantasía discursiva, y por último, en los momentos mas fuertes de la contradicción y confrontación contra los pueblos indígenas y los movimientos sociales que defienden la Constitución, desconocerla, no sólo prácticamente, como se lo ha hecho hasta ahora sistemáticamente, sino incluso explícitamente, declararla inviable. Este momento descarnado, de desnudamiento de todos los disfraces puede llegar.

Indudablemente hemos llegado a uno de los momentos más contradictorios del proceso, uno de los de mayor confrontación, entre gobierno y naciones y pueblos indígenas, entre gobierno y pueblo boliviano, entre el proyecto político de la Constitución y el proyecto extractivista del gobierno. Este momento de confrontación de fuerzas viene definido por la IX marcha indígena. Lo que pueda pasar con esta marcha mostrara los alcances de la intensidad de la lucha. Ya se evidenció la intensidad del conflicto en la VIII marcha indígena, sobre todo en el momento de la descomunal violencia desatada por el gobierno contra la marcha indígena, en las circunstancias mismas de la intervención policial y de otras fuerzas de apoyo, incluyendo a extranjeros. En el nuevo escenario, el definido por la preparación de la IX marcha, las organizaciones indígenas se juegan quizás la carta más importante para reconducir el proceso; el gobierno también se juega su carta para consolidar su proyecto extractivista. Esta es una de las razones por las que acude el gobierno a una ocupación militar del TIPNIS.

Ensamblando esta estrategia de ocupación militar, el Estado-nación, utilizando la complicidad ilegítima del órgano judicial, ha desatado toda una persecución a los dirigentes indígenas, participes de la VIII marcha, con acusaciones falsas, mientras hasta ahora no ha hecho nada para avanzar en la investigación y en el esclarecimiento de los hechos violentos acaecidos en el puente San Lorenzo en contra de la marcha indígena, acción represiva repudiable, realizada como acción punitiva por parte de la policía. Mucho menos se le puede pedir a este órgano judicial cómplice, alejado de sus funciones y convertido en un aparato de represión más, que identifique a los responsables de dar la orden de la represión de la marcha, aplicándoles las leyes por haber violado los derechos fundamentales, como corresponde en estos casos.

En este contexto las organizaciones indígenas han convocado a reuniones y encuentros de emergencia. La primera resolución de la CPEM-B denuncia esta violencia legal descargada contra las organizaciones indígenas. La segunda resolución de la CPEM-B denuncia el agraviante desconocimiento a las organizaciones matrices indígenas por parte del gobierno; por otra parte repudia y desconoce a dirigentes comprometidos con estas maniobras gubernamentales, desconoce al Subgobernador de la Provincia Mojos, al alcalde del municipio de San lgnacio, a la presidenta del Concejo Municipal de San lgnacio y a los asambleístas Indígenas departamentales. Esta resolución también denuncia la inconstitucionalidad ley 222 promulgada por el presidente, la llamada ley de consulta, expresión normativa de la violación de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. También denuncia que el Gobierno amparado en la ley 222 viene desplegando una campaña deshonesta promoviendo la división orgánica en nuestros territorios a través del chantaje, prebenda y compra de conciencia de los comunarios, mediante el ingreso de comisiones encabezadas por las autoridades antes mencionadas, sin el consentimiento de las autoridades naturales del territorio.

En resumen se puede observar que a esta invasión civil le ha seguido la ocupación militar, ambas expediciones concurren con el objeto de efectuar coerción y presionar a las comunidades, buscando obligar una votación a favor de la carretera depredadora. Estas acciones gubernamentales son una consecuencia de toda la política sinuosa que ha seguido el gobierno en torno al conflicto del TIPNIS.

Tomando en consideración estos sucesos, la CPEM-B rechaza y condena la franca violación de los derechos de propiedad comunitaria del TlPNlS, los derechos de la TCO; así mismo, las comunidades reunidas, rechazan la desenfrenada actitud de saltar por encima de las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas. Esta actitud violatoria de derechos y de representaciones es calificada como maniobra flagrante ejecutada por personeros del gobierno en coordinación con las autoridades departamentales y locales, municipio y sub-gobernación. Esos funcionarios públicos han ingresado al territorio indígena con la excusa expresa de un supuesto plan de apoyo al desarrollo. Se denuncia entonces que lo que persiguen estas expediciones punitivas y de propaganda es presionar a las autoridades de las comunidades mediante prebendas y apoyos, buscando su apoyo a la construcción de la carretera; estas presiones están encaminadas a preparar la inducción de los resultados de la supuesta “consulta previa”.

Estas resoluciones se aprobaron el 25 de febrero de 2012 en una Reunión Orgánica de Emergencia de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), en presencia de la CIDOB y la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB). Esta reunión de emergencia, la visita de los dirigentes de la Subcentral del TIPNIS y de la CIDOB a las comunidades de la TCO del TIPNIS, para recabar información, difundir y explicar el contenido y los alcances de la ley corta de defensa del TIPNIS, forman parte de la resistencia de las comunidades indígenas al avasallamiento legal y práctico por parte del gobierno y la armada. También forma parte de la voluntad y determinación de realizar la IX marcha indígena en defensa de la madre tierra, los territorios indígenas y la Constitución. La CIDOB y el CONAMAQ han rechazado la ley 222 y han ratificado la defensa de la ley 180, la ley corta, además de sumarse a la IX marcha. La COB ha sacado una resolución en el sentido de apoyar la IX marcha indígena. Puede verse en todo esto una realineamiento y acumulación de fuerzas. La convocatoria está abierta al pueblo boliviano que ha apoyado la VIII marcha y la defensa del TIPNIS.

Después de la conquista lograda por la VIII marcha, al haber arrancado la ley 180 al gobierno, ley en defensa de TIPNIS, además de haber aclarado en un reglamento acordado con el gobierno el significado de la intangibilidad, las organizaciones indígenas, las organizaciones sociales que apoyaron la defensa del TIPNIS, la COB y el pueblo boliviano enfrentan la nueva coyuntura, signada por la ley de consulta extemporánea y por los preparativos de la IX marcha indígena. En esta coyuntura los alcances de la lucha y de la convocatoria son mayores; ya no se circunscribe la movilización sólo a la defensa del TIPNIS sino que ahora se asume la responsabilidad de la reconducción del proceso, además de contener la convocatoria a todo el pueblo para la defensa de la constitución y del proceso contra un gobierno que se ha convertido en un contra-proceso. Esto implica también tomar en cuenta las reivindicaciones de los sectores populares urbanos. La agenda de la IX marcha es más amplia que la VIII marcha. El nivel de confrontación es mayor, las perspectivas de la lucha han alcanzado gran intensidad, convirtiendo a los desenlaces posibles en decisivos para el proceso.

Se entiende que en este enfrentamiento el gobierno también se juega su proyecto extractivista; por eso la movida de todos los recursos al alcance, legales, civiles, militares, políticos y comunicacionales. El pueblo boliviano, que ha peleado por el proceso durante seis años de luchas semi-insurreccionales, que ha votado consecutivamente en las elecciones, apostando por el proceso y la Constitución, tiene una gran responsabilidad histórica en esta coyuntura, quizás decisiva para el proceso. Sólo una movilización general, una decisión multitudinaria, una voluntad colectiva, en defensa del proceso, por la reconducción del proceso, en defensa de la madre tierra y la Constitución, puede cambiar el curso de los acontecimientos. Eventos empujados por el gobierno a la restauración del Estado-nación y hacia la ampliación y extensión del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente; vía que conduce al desastre y a la muerte del proceso. Sólo una movilización general puede revertir la tendencia política dominante de claudicación, y lograr un punto de inflexión, recuperando los objetivos caros de la descolonización y la transformación estructural e institucional, puede lograr la profundización y la radicalización del proceso.

Hay en la historia momentos decisivos, momentos de exigencia, de convocatoria desde las profundidades mismas de la memoria colectiva de las luchas, para decidir precisamente el decurso de la historia, para construir historia desde el anhelo mismo emancipatorio, escapando de los condicionamientos impuestos por las estructuras del poder y del Estado. Este es uno de esos momentos. Que se acuda a esta convocatoria depende de la conmoción profunda de nuestro ser, que podamos comprender la peligrosidad del momento y por lo tanto de la necesidad de la intervención de los movimientos sociales anti-sistémicos, las masas, las multitudes, las naciones y pueblos indígenas, el proletariado, los sectores populares, el pueblo boliviano. Se trata de entender que el gobierno se ha dejado atrapar por relaciones y estructuras de poder dominantes en el mundo, en la región y en el país, que se ha convertido en un engranaje de estas relaciones de poder, que ya no tiene voluntad propia, que su determinación responde a lógicas de poder establecidas y efectivas, que no han sido desmontadas. Que esta situación no puede ser una sorpresa, pues forma parte de las contradicciones del proceso, de todo proceso, de los desafíos políticos de las dramáticas y desgarradoras transiciones. Por eso mismo los movimientos sociales deben estar preparados para asumir los desafíos y responder a los mismos con la potencia social, con los saberes colectivos, la voluntad general, las capacidades y facultades multitudinarias, como inmanencia del ser social, enfrentando al poder instituido.

Ahora bien, no siempre las masas y las multitudes han podido responder a estos desafíos; en las experiencias colectivas de las revoluciones que no lo han hecho, cuando los pueblos no han sabido responder a estos retos, las revoluciones en cuestión se han hundido en le fragor de sus contradicciones, sin que los explotados, que se insurreccionaron abriendo el proceso, puedan en el momento decisivo responder. En estos casos, las multitudes se encuentran aisladas por el propio Estado, por los gobernantes y por sus propios dirigentes cooptados y conformistas; por lo tanto, en consecuencia, se encuentran desplazadas de la decisión y de la incidencia, sin poder quebrantar el curso de los acontecimientos, que se desembocan como caballos enloquecidos a la muerte.

Estas consideraciones develan que es indispensable la difusión, el compartir, la discusión, la reflexión y el análisis colectivos de estos problemas. La construcción de saberes colectivos críticos, subversivos e insurreccionales es un acontecimiento experimentado por vivencias compuestas, combinadas e integradas, intensas y liberadoras. Esta elucidación colectiva forma parte de la cohesión de las organizaciones involucradas, de las organizaciones y coordinaciones que se formen en el curso de las luchas. Forma parte del potenciamiento mismo de la movilización constitutiva e instituyente del nuevo mapa de fuerzas donde se sostendrán las nuevas relaciones y estructuras pluralistas. Esta, la participación y asamblea colectivas y comunitarias, es entonces la tarea inmediata de preparación de la IX marcha.

El mapa de fuerzas

En esta breve exploración de los acontecimientos coyunturales queda un tema pendiente que discutir, el de otras fuerzas distribuidas en el contexto del acoplamiento del momento. Ya no hablamos aquí de las fuerzas propias, sino de las fuerzas ajenas, no de las fuerzas indígenas y populares, sino de las fuerzas que han sido caracterizadas como opuestas al proceso constituyente; una de estas fuerzas corresponde a la derecha tradicional. En la VIII marcha se ha visto su interés de apoyar, ciertamente con sus propios objetivos, intereses distintos, en contra del gobierno. Esta derecha busca la oportunidad para reponerse de la derrota contundente sufrida en Pando después de los acontecimientos sangrientos del Porvenir, derrota rarificada en el claro descalabro electoral de las elecciones de 2009, sin poder lograr ni siguiera un tercio de la representación del Congreso. Esta derecha tradicional ha quedado hecha añicos. Es de esperar que esta derecha también se encuentre ansiosa de volver a apoyar la novena marcha, quizás intentando una mayor incidencia. Eso trató de hacerlo en la VIII marcha, empero las organizaciones indígenas no le permitieron de ninguna manera participar. Lo que hizo esta derecha es apoyar en vituallas y alimentación, aunque no fue la parte ni la proporción preponderante de la logística de la marcha. El apoyo proporcionalmente importante de la marcha fueron las redes de apoyo de las propias organizaciones indígenas, las ONGs de izquierda, también las organizaciones humanitarias, así como las instituciones de la cooperación internacional y de derechos humanos, además de los múltiples grupos de activistas ecologistas, ambientalistas, feministas, antisistémicos, y sus redes de comunicación; este apoyo fue preponderante en el armado de la logística de la marcha.

El gobierno, de manera infantil, ha tratado de desinformar al respecto, acusando a los dirigentes de tener compromisos con la derecha o de hacer la jugada a la derecha. Como si no fuera real el conflicto del TIPNIS, como si no se tratara de una TCO protegida por la Constitución, de un parque protegido por las leyes, como si no se hubieran constitucionalizado los derechos indígenas; es decir, como si no hubiera ningún problema. Este es el nudo del cuestión, este es el referente de realidad, no la delirante imagen que tiene el gobierno de lo que ocurre; imagen paranoica, sostenida en la tesis débil de la conspiración. Esta propaganda lamentable le cerró los ojos al gobierno, retraído en su propio laberinto, de tal forma que no pudo ver el mapa de los hechos; tampoco lo hace ahora, no solamente debido a su propia contradicción inherente, que a estas alturas ya no se les puede pedir que comprendan, sino por la propia magnitud del problema. En estas condiciones, obviamente no puede descifrar las razones del apoyo de la ciudadanía al TIPNIS. En estas circunstancias de retraimiento paranoico, no se les puede pedir a los del gobierno que reconozcan públicamente sus compromisos con la burguesía recompuesta y los nuevos ricos, menos sus compromisos con las empresas trasnacionales, la empresa constructora OAS y el gobierno brasilero. Los hechos muestran que, a estas alturas de la regresión de la dirección del proceso, se trata de un gobierno que administra los intereses de la burguesía recompuesta, de los terratenientes, de los banqueros, de los nuevos ricos y de las empresas trasnacionales. En este sentido la dilucidación de lo que es derecha ha cambiado; hay una nueva derecha, una burguesía recompuesta, nuevos ricos, además del propio gobierno que ha optado por el Estado-nación y el modelo extractivista. Esta nueva derecha es el termidor de la revolución plebeya e indígena, quiere detener el proceso en su momento incierto, donde ha llegado vadeando sus contradicciones, quiere acabar con el proceso ahí, en el sitio indefinido y ambiguo del discurso, en la mera aprobación de la Constitución, buscando que ésta no pueda aplicarse. Esta es la derecha efectiva, peligrosa, con incidencia política, no la derecha tradicional, que ciertamente nunca va a dejar de conspirar, pero que en el momento no tiene fuerza como para reincidir.

El análisis de coyuntura, el análisis de contexto, el análisis de las fuerzas involucradas, nunca va a poder ser reducido a la trivialidad del esquema inocente de un dualismo simplón, de que sólo hay una derecha, por un lado, y una izquierda, por otro lado. En el contexto, en la cartografía espacial y temporal, hay más fuerzas, un mapa de fuerzas, hay una variedad de posiciones, que deben ser analizadas y evaluadas en el decurso mismo de las coyunturas y el proceso. Concretamente, fuera de la derecha tradicional, correspondiente a las oligarquías regionales, derecha que ahora se ha reducido a débiles representaciones políticas, tanto en el congreso como en una gobernación, ha aparecido en el mapa de fuerzas la distribución del posicionamiento de una nueva derecha, de una nueva fuerza conservadora efectiva. Esta nueva derecha puede ser interpretada, en realidad, como una nueva alianza de fuerzas conservadoras, en la perspectiva del proyecto extractivista. Esta alianza está compuesta básicamente por la relación comprometida del gobierno con los estratos de la burguesía; clase económicamente dominante que ha sido la que más se ha beneficiado frugalmente en las dos gestiones de gobierno popular. Componen esta burguesía renovada los agroindustriales, los terratenientes, los comerciantes, los banqueros, los nuevos ricos, los grandes contrabandistas y los grupos de los tráficos lícitos e ilícitos. A este conglomerado o bloque conservador se lo puede llamar nueva derecha; esta caracterización se debe a las posiciones claramente evidentes contra la Constitución, contra las transformaciones estructurales e institucionales y contra los caros objetivos del proceso. Esta nueva derecha quiere limitar, delimitar y detener el proceso en el lugar incierto donde ha llegado; servirse de las imágenes mismas del proceso, investirse de ellas, suplantando a los movimientos sociales, para satisfacer holgadamente con el cumplimiento de los intereses mezquinos de los grupos dominantes. Lastimosamente en este cuento han caído los dirigentes campesinos, cooptados por el gobierno, perdiendo toda independencia de clase y de organización. De esta manera, hoy por hoy, los campesinos se han convertido en la base social de legitimación reducida de la conducción clientelar del gobierno.

Entre este bloque de poder, bloque de sustento del proyecto extractivista, y el bloque indígena, nucleado básicamente en las dos grandes organizaciones de tierras bajas y de tierras altas, la CIDOB y el CONAMAQ, se encuentran una multiplicidad de fuerzas dispersas, que no necesariamente actúan de manera conjunta y coordinada, aunque lo hicieron en el apoyo a la defensa del TIPNIS. La COB es la principal organización de los trabajadores y de los sindicatos obreros urbanos y de los centros mineros. La COB tiene un pliego petitorio, que comprende varios puntos, fuera de las reivindicaciones económicas; uno de ellos es el reclamo por su incidencia y participación en el modelo productivo; otro es el que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y la abrogación de lo que queda del decreto neoliberal 21060; y un tercero, de importancia, es la construcción de un instrumento político de los trabajadores. En los escenarios abiertos por las luchas sociales y movimientos sociales antisistémicos contemporáneos, la COB no ha podido recuperar su protagonismo que tuvo en a historia política desde la revolución de 1952 hasta la marcha por la vida en defensa de sus puestos de trabajo, los centros mineros (1986). Sin embargo, podría recuperar protagonismo político si atina a una alianza duradera con las organizaciones indígenas y el pueblo boliviano en la defensa de la Constitución y del proceso.

Desde el primer año de gobierno (2006), como a finales del mismo, se manifiestan contradicciones complicadas entre los trabajadores mineros, entre los obreros de las minas, dependientes de COMIBOL, y los cooperativistas mineros. Un enfrentamiento en Huanuni deja más de una docena de muertos. Los cooperativistas mineros, que suman como uno ciento cincuenta mil, son un estrato de presión fuerte, en el espacio social de los trabajadores. Quieren más concesiones mineras del Estado, entrando en contradicción con los obreros de las minas, que responden a la empresa estatal minera. Este sector, una vez enterado del contenido del proyecto del código minero se movilizó a La Paz exigiendo modificaciones sustanciales, en la perspectiva de la preservación de sus intereses. A lo largo de los años de la primera gestión de gobierno aparecieron otros grupos gremiales, reivindicativos de intereses particulares, como los involucrados en la compra venta de ropa usada, llamados los “ropavejeros”. En esta tónica marginal también aparecieron otros grupos asociados, como los compradores de autos usados, muchos de éstos internados al país por contrabando, otros por robo. Este grupo concretamente pide nacionalización de los autos chutos. A este pedido primero accedió el congreso y luego el gobierno, aprobando y promulgando una ley conocida como la de los autos “chutos”. En otra tónica, también subsisten, desde época neoliberal, grupos de asociados como los jubilados, los beneficiarios de la renta de adultos mayores, los desocupados, quienes piden fuentes de trabajo; también piden todos ellos garantía institucional para sus jubilaciones, ampliación de la renta, puestos laborales. Cambiando nuevamente de tónica, aparecen los nuevos sujetos de derechos, respondiendo a la ampliación de derechos de la Constitución, como los conocidos como discapacitados o de capacidades especiales. Este grupo exige un bono apropiado y el cumplimiento de a Constitución. En otro nivel, se dan también otras asociaciones, aunque sean más bien coyunturales, como la de ciertas comunidades campesinas que exigen la propiedad de minas en sus territorios, minas que muchas veces fueron tomadas por los propios comunarios. En contraste, también se asociaron los obreros mineros de empresas privadas, quienes exigen al gobierno garantías para el funcionamiento de sus centros trabajo y el respeto a la propiedad empresarial. Como se puede ver, estamos ante una lista que se puede ir ampliando, debido al estallido de conflictos locales y específicos, pero, que en todo caso, expresa un mapa disperso de fuerzas heterogéneas, que también se hallan puntualmente en conflicto con el gobierno. Esta gama de reivindicaciones tiene que ser interpretada a la luz misma de las contradicciones del proceso, no tanto así a partir de las propias reivindicaciones particulares, pues no serían comprensibles políticamente.

Empero vale la pena ampliar el mapa de fuerzas incorporando a organizaciones cívicas de carácter regional y municipal, también a ciertas poblaciones limítrofes que disputan el control fronterizo de recursos naturales. En esta ampliación del mapa de fuerzas hay que incorporar a un comité cívico regional que se hizo famoso por el tipo de enfrentamiento que tuvo con el gobierno, el Comité Cívico de Potosí, que planteó reivindicaciones regionales de carácter departamental en el occidente boliviano. Este comité cívico se encuentra vinculado a sectores populares y no así a sectores de las oligarquías regionales, como era el caso de los comités cívicos de la llamada “media luna”. Otra forma de asociación y de organización social, que también hizo noticia, es la composición combinada entre sindicatos campesinos y juntas de vecinos en la provincia de Caranvi; se conformó una especie de coordinación de defensa de la provincia. Esta coordinadora hizo conocer su reclamo en torno a una planta de cítricos, entrando en conflicto con la organización de colonizadores de Alto Beni. Compartiendo problemáticas análogas, aunque no equivalentes, en la frontera limítrofe departamental entre Oruro y Potosí también aparecieron conflictos entre poblaciones y comunidades colindantes. Primero, la disputa estalló por la ubicación del lugar de instalación de la planta de cemento, también por la propiedad del cerro Porco, cerro que contiene los yacimientos apropiados, en tanto materia prima, para el funcionamiento de la planta; después, otro conflicto limítrofe se generó por el conflicto concurrente en torno a los terrenos aptos para el cultivo de la quinua. Así también debemos ampliar estos conflictos limítrofes a la región del Chaco, donde las poblaciones colindantes entre Tarija y Chuquisaca se disputan la participación de los yacimientos del campo Margarita; esto sobre todo por las regalías en cuestión y la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Todos estos conflictos deben interpretarse a la luz de la condición autonómica de la Constitución.

En el dibujo del mapa de fuerzas también tenemos que añadir a las juntas de vecinos metidas en conflictos municipales de sus ciudades. Por ejemplo, el caso de la ciudad de El Alto es sintomático; habiendo sido la ciudad heroica en la guerra del gas (2003), ciudad clave por su colindancia con la sede de gobierno, se siente ahora una ciudad menospreciada por el gobierno debido al incumplimiento de mandatos y compromisos. La mayoría de El Alto considera que el gobierno no ha cumplido con la Agenda de Octubre, que comprende además de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos y la industrialización de los mismos, evitando su exportación en condición de materias primas, además del compromiso de instalación de gas domiciliario para consumo doméstico. Los alteños consideran que ninguna de estas obligaciones ha cumplido el gobierno. Es más, la juntas de vecinos ven con alarma el comportamiento del gobierno respecto a los candidatos avalados por el MAS, saltando a las propias selecciones barriales. Se montó una escandalosa maniobra para sacar a la dirigente carismática Fany, castigada por ser crítica; incluso se llegó al extremo de atentar contra su vida. Sacándola de en medio, primero se impuso a un dirigente cuestionado por las bases, después a un candidato cuestionado por la ciudad, candidato que sale elegido apenas, con una notoria disminución de votos para el MAS, disputando esta posibilidad con una candidata joven de un partido de minoría, caracterizado como de centro-derecha. Ahora el alcalde elegido es cuestionado por movilizaciones populares, que piden su revocatoria de mandato. La ciudad de El Alto ha vuelto ha manifestarse pidiendo seguridad ciudadana ante la ola de atracos y asesinatos de los llamados “cogoteros”. En otras ciudades también aparecen conflictos locales, incluso menores, por ejemplo, conflictos provocados por reclamos de los vecinos en relación a la desatención municipal al derrumbamiento de sus casas en la época de lluvias, protestando contra la abandono de los gobiernos, tanto del gobierno central como del gobierno autónomo municipal correspondiente. En la ciudad de Santa Cruz también se han producido innumerables protestas, aunque de carácter más grupal y barrial, más en el sentido de pronunciamientos que de movilización, sobre todo en lo que respecta a la seguridad ciudadana. Dicen que la policía, el gobierno municipal, tampoco el gobierno central, las asambleas legislativas, la central y la autónoma, no acuden a resolver la problemática situación de vulnerabilidad de los ciudadanos debido a la expansión de la delincuencia, atracos y asesinatos. En este marco de reclamos, también se hacen conocer denuncias en relación al incumplimiento de obras y acusaciones de corrupción.

Todo este conjunto de problemas son reales, no son inventos de la conspiración de la derecha, como acostumbra decir el gobierno, como acostumbra a desentenderse de los problemas. Este conjunto de problemas civiles y sociales deben ser interpretados no sólo desde la perspectiva puntual y descriptiva de los discursos y de los hechos, sino que debe también ser analizados a partir de lo que podemos llamar y comprender, en su integralidad, como crisis del proceso.

Espesores histórico-políticos y económicos

Volvamos al tema del TIPNIS y también en consecuencia de la IX marcha indígena. Ciertamente podemos ver que el conflicto del TIPNIS además de ser un atentado contra un área protegida, protegida por leyes ambientales, un atentado contra los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, constitucionalizados, por ser territorio indígena, también se ha convertido en un conflicto de magnitud. Esto debido a que el conflicto muestra las contradicciones más profundas del proceso, desgarradores contradicciones que ponen en cuestión la misma política implementada por el gobierno, que no se parece en nada a los caminos propuestos por la Constitución. Todo lo contrario, se parece a lo hecho por los gobiernos anteriores, sobre todo en lo que respecta al modelo económico. No se trata de aseverar de que se trata de un nuevo gobierno neoliberal; el problema no se reduce a la continuidad del proyecto neoliberal. La lucha de los movimientos sociales del 2000 al 2005 fue precisamente contra este modelo y las políticas privatizadoras. El gobierno popular que se conforma después de las elecciones del 2005 inicia un proceso de nacionalización y convoca a través del congreso a la Asamblea Constituyente. No se puede decir que se trata de un gobierno neoliberal cuando se abre un camino de fortalecimiento del Estado, de intervención del Estado en la economía, de apoyo a las empresas publicas, de formación de empresas públicas, aunque estas empresas públicas no hayan dado los resultados esperados. El problema no se reduce a la identificación de cuánto del proyecto neoliberal ha quedado, como es el caso de la presencia del decreto 21060, que inicia en 1985 la implementación del modelo de libre mercado y de competitividad, de privatización y de suspensión de los derechos sociales y de los trabajadores. Tampoco de identificar la permanencia de la gravitación de las empresas trasnacionales en las áreas estratégicas de los hidrocarburos y la minería. La comprensión de la problemática de la dependencia exige la visualización de condicionantes más profundas. El modelo apuesto al neoliberalismo, el modelo nacionalista estatal, el modelo basado en las nacionalizaciones y el control de los recursos naturales, si bien es de alguna manera antagónico al proyecto neoliberal, no deja de ser también un modelo liberal, pero sobre todo, no deja de ser también una modulación del circulo vicioso de la dependencia. Esto se debe a la relación que tienen ambos modelos contrapuestos con el paradigma del extractivismo. En la medida que repiten esta relación con la extracción y explotación de los recursos naturales, exportando materias primas al mercado externo, lo hagan de una forma o de otra, reproducen las relaciones de subalternidad con el centro del sistema-mundo capitalista, reproduciendo también la dependencia. En este sentido se dice, que el gobierno popular hace lo mismo que los gobiernos que le antecedieron, sean nacionalistas, liberales o neoliberales, reproduce el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente.

Este es el problema de fondo; ¿cómo escapar a la condena colonial del extractivismo? ¿Cómo escapar al círculo vicioso de la dependencia? Mientras no se resuelva este problema, las diferencias entre el modelo neoliberal y el modelo nacionalista estatal son importantes en lo que respecta al control estatal y al impacto en los ingresos de una economía rentista, pero estas diferencias no son lo suficientemente distintas en relación al modelo extractivista. A la luz de esta vigencia colonial, de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, ambos modelos incluso pueden intersectarse, mezclarse, con la consecuencia irremediable de continuar la condena de la estructura de sometimiento, expiación de la articulación extractivista con el mercado externo, que lleva irremediablemente a la subalternidad de la dependencia. El proyecto de Estado-nación del nacionalismo revolucionario no ha construido la base de la industrialización, se ha limitado a recuperar para el Estado los recursos mineralógicos, los yacimientos y centros mineros, entregando en cambio los recursos hidrocarburíferos a una empresa trasnacional norteamericana, la Gulf Oil. Los nacionalismos militares han seguido la misma ruta con mayor o menor intensidad; el general David Toro nacionaliza la Standard Oil en 1937 y funda Yacimientos petrolíferos Fiscales Bolivianos; el general Ovando Candia nacionaliza la Gulf Oil en 1969 y el general Juan José Torres nacionaliza la mina Matilde en 1971. Aunque podríamos anotar una pequeña diferencia en lo que respecta a ciertas medidas de la gestión de Ovando Candia, pues en su gobierno se apuesta a un proyecto largamente anhelado, la metalurgia, la fundición de estaño , si bien este proyecto por sí solo no basta para armar una base industrial de las materias primas minerales, menos para convertirse en la plataforma de la revolución industrial en Bolivia. En todo caso, en general, los nacionalismos no pudieron salir del modelo extractivista. Ciertamente, como se ve, distinguimos estos gobiernos militares nacionalistas de otros gobiernos militares francamente entreguistas; no hablamos de gobiernos militares supeditados a la geopolítica de la dominación estadounidense, embarcados, como otros gobiernos latinoamericanos, en la lucha contra el comunismo, respondiendo al marco condicionante de la guerra fría, guerra inventada por las potencias vencedoras de la segunda guerra mundial. Este es el caso de gobiernos militares como los del general René Barrientos Ortuño y después del general Hugo Banzer Suarez . Estos gobiernos militares pro-imperialistas asumieron una política entreguista y tempranamente de desnacionalización, adjudicando las reservas fiscales de COMIBOL a la minería mediana, como ocurrió durante el gobierno de Barrientos, y aprobando el Código del Petróleo, que abre las compuertas de los recursos y las reservas hidrocarburíferas a las empresas trasnacionales, como ocurrió durante el gobierno de Banzer.

Este es el problema de fondo, las condicionantes estructurales del extractivismo, que genera el círculo vicioso de la dependencia. No es fácil escapar a esta condena estructural de larga duración; no han podido hacerlo los gobiernos nacionalistas. Este anclaje gravitante en el extractivismo no sólo acontece en el país, es una característica común en las periferias del sistema-mundo, acontece en Sud América; incluso en un caso tan promisorio como la emergencia industrial de Brasil, el problema del extractivismo parece irradiarse tanto en las formas de su antigua condición como en la nueva, el neo-extractivismo. Ha emergido una potencia regional en el contexto del reacomodo de las estructuras dominantes del sistema-mundo capitalista, básicamente por el desplazamiento de la metalurgia y la industria pesada desde el centro del sistema-mundo hacia ciertos lugares pujantes de la periferia, en un proceso caracterizado como de desindustrialización del centro del sistema-mundo. Empero a pesar de esta revolución industrial, acompañada por la revolución cibernética, Brasil sigue reproduciendo las condiciones de la dependencia y de lo que llama Francisco de Oliveira el neo-atraso brasilero. La situación de este anclaje gravitante en el extractivismo es mil veces peor para Bolivia, donde no se ha podido crear una plataforma metalúrgica y la industrialización de los hidrocarburos. Tanto para Brasil como para Bolivia los problemas relativos a la dependencia se hacen cada vez más acuciantes en una coyuntura caracterizada por el agotamiento de la energía fósil y definida por la crisis ecológica. El extractivismo, el neo-estractivismo, la industrialización, la biotecnología de los transgénicos, han puesto en peligro la vida en el planeta. ¿Qué hacer ante la creciente demanda de las poblaciones? ¿Cuál la salida para afrontar el atraso, el neo-atraso, sobre todo las condicionantes, las determinantes y las consecuencias de la dependencia? No se puede renunciar a la industrialización, pero tampoco se puede aceptarla a un costo ecológico alto; aunque se tiene una certeza, se tiene que lograr acoplarse a la revolución cibernética, pero sin destruir los saberes colectivos y las tecnologías tradicionales. En el marco de estos dilemas, sin embargo, hay dos postulados claros, romper con el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente y encaminarse a la soberanía alimentaria.

Ahora bien, estos postulados qué significan con respecto a la relación con el mercado interno y el mercado externo, qué significan con relación a la industrialización y qué significan con relación a la frontera agrícola y el equilibrio ecológico. Por lo menos desde una perspectiva teórica se ha dicho que de lo que se trata es de fortalecer, expandirá y dinamizar el mercado interno, cohesionando a la sociedad en relación a sus circuitos endógenos; desconectarse del mercado externo, independizarse de sus condicionamientos e imposiciones; optar por una industrialización de tecnologías limpia, que favorezca las demandas del mercado interno, no las exigencias del mercado externo; no ampliar la frontera agrícola, pasar de una agricultura extensiva y depredadora a una agricultura intensiva y ecológica; restablecer las armonías con los ecosistemas y los nichos ecológicos.

Obviamente esta transición desde un modelo extractivista hacia un modelo no-extractivista no es nada fácil, sobre todo cuando por lo menos las tres cuartas partes del ingreso y el 85% del valor de las exportaciones dependen de la explotación extractiva. Empero, ante este mapa condicionante que amarra la economía al modelo extractivista, nunca hay que olvidar que no se trata de mantener esta dependencia, de reproducir una economía rentista, y mucho menos se trata de dejar que las empresas trasnacionales se lleven las materias primas aprovechando este punto de partida de la acumulación de capital, este control de las condiciones iniciales de la producción, para beneficiarse de los efectos multiplicadores de la cadena productiva, de la generación acumulativa de ganancias. Las empresas trasnacionales son la estructura logística de la acumulación ampliada de capital que controla el centro del sistema-mundo. La decisión de dejar el modelo extractivista es ineludible, es de vida o muerte. Tiene que ver con la salida del círculo vicioso de la dependencia y de un desarrollo que genera subdesarrollo.

En una investigación del CEDLA sobre la economía boliviana, concentrada en el análisis de coyuntura y en las características de la estructura económica del momento, se llega a una conclusión alarmante. Se dice que la política económica, aplicada en los últimos años, en las dos gestiones del gobierno de Evo Morales, acentuó los grandes problemas estructurales del país, con un Estado más rentista y una economía cada vez más dependiente de las materias primas y del capital transnacional . En el cuaderno de coyuntura numero tres, dedicado a una evaluación del gasolinazo, se sostiene que:

La actual política económica se orientó a profundizar el patrón primario exportador, que tiene como consecuencia el debilitamiento y el abandono del sector interno de la economía, pues sigue siendo una economía dominada por el capital monopólico que aprovecha los recursos naturales nativos y la explotación de la fuerza de trabajo local, pero que realiza y acumula la plusvalía fuera de nuestras fronteras .

De acuerdo al estudio, la actual economía boliviana se caracteriza por un insuficiente y limitado crecimiento económico, una mayor y creciente dependencia de las materias primas, un peligroso aumento de las importaciones, una crisis en los sectores productivos de la industria y el riesgo de una crisis energética que se expresa en insuficiente producción de electricidad y de petróleo. Este cuadro es acompañado, además, por una precaria situación de las finanzas públicas, creciente endeudamiento interno, aumento de la inflación y del costo de vida para los más pobres y un deterioro en la calidad de vida de los trabajadores y asalariados .

En el análisis se identifica siete grandes problemas del país. El primer problema tiene que ver con el limitado crecimiento económico; el segundo problema tiene que ver con la creciente dependencia de las materias primas; el tercer problema, como consecuencia del anterior, tiene que ver con la valorización de los precios de las materias primas reduciéndose, en cambio, la valorización de las exportaciones no-tradicionales; el cuarto problema tiene que ver con un peligroso incremento de las importaciones; el quinto problema tiene que ver con la precaria situación de las finanzas públicas, debido al aumento del crecimiento del gasto y disminución del crecimiento del ingreso; el sexto problema tiene que ver con la inflación, sobre todo de los alimentos; y el séptimo problema tiene que ver con la crisis energética, es decir, con la insuficiente producción de líquidos, con el estancamiento de la producción de gas y la reducción de las reservas .

Puede preverse entonces el estallido una crisis económica a mediano plazo. Podemos interpretar esta situación como relativa a las crisis de los ciclos medios de la economía, en este caso vinculados a los ciclos de las materias primas. En el marco de este modelo no hay una salida, sino un círculo vicioso.

En este contexto es donde debemos situar el conflicto del TIPNIS. La carretera que atravesaría el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure es parte de este proyecto extractivista, mas bien su consecuencia desesperada. ¿Por qué una carretera que atraviese una región rica en biodiversidad, que es territorio y parque? Porque se trata de ampliar la frontera agrícola, no se la va ampliar por el lado de dominio de los colonizadores y hacendados, por el lado de Santa Cruz, tampoco por las áreas de ocupación de los colonizadores, por el lado del norte de La Paz. Estas regiones están ocupadas; la ampliación de la frontera agrícola es susceptible de hacerla a través de los territorios de contención de esta frontera, que son precisamente los territorios indígenas y parques. ¿Por qué la ampliación de la frontera agrícola es complementaria de la economía extractivista? La forma de explotación extractiva de las materias primas, de la minería y los hidrocarburos, destructiva, depredadora y contaminante, tiene como complemento a una agricultura expansiva, depredadora, también destructiva, con tendencia a usar transgénicos y dedicarse al monocultivo rentable. Asociada a esta agricultura se encuentra la ganadería también expansiva y depredadora, que requiere grandes cantidades de espacio para el ganado. En este mapa depredador debemos incluir a las empresas madereras desforestadoras y destructivas de bosques. Como se puede ver, se trata de una misma lógica; en la explotación extractiva de materias primas y en la agricultura-ganadería-desforestación, se desenvuelve la lógica del dominio y destrucción de la naturaleza, la lógica de la transferencia de los costos a la naturaleza, costos que nunca son cubiertos ni contabilizados por la economía capitalista.

La carretera Villa Tunari a San Ignacio de Moxos es una salida a la presión sobre la frontera agrícola del monocultivo de la coca, de las empresas madereras, y quizás de los hacendados y terratenientes, dedicados también al monocultivo rentable. La carretera, al formar parte de una red de comunicación y de transporte, red que amplia el mercado y los tráficos, que conecta mercados y moviliza recursos como mercancías, vincularía en este caso espacios económicos de Brasil con los puertos del Pacífico, y por esta vía marítima con el gran mercado del Asia. Los ganaderos de Rondonía están sumamente interesados con llevar carne de res al mercado de Asia. En este mapa de intereses se puede ver la razón necesaria y suficiente de la compulsión por la carretera; aquí, en esta distribución de intereses, se encuentra la causa de la construcción de la carretera, se encuentra la razón del por qué la carretera en cuestión forma parte del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Esta es también la razón por la que, la carretera, al formar parte del modelo extractivista, impulsa al gobierno a mover todos sus recursos para imponerla, incluso la ocupación militar.

“Geopolítica” extravagante

Uno de los argumentos más extraños que ha usado el gobierno para justificar la construcción de la carreta es una supuesta estrategia geopolítica. Si dice que se busca aislar a la oligarquía cruceña del control del espacio amazónico, concretamente de los departamentos del Beni y Pando, vinculándola más bien con el Chapare y Cochabamba. Al escuchar y leer estos argumentos se nota que la geopolítica se ha reducido a una caricatura, tomada en serio sin embargo por el propio vicepresidente. Este argumento incluso ha sido tomado gravemente por una antropóloga, que hecho ha manifiesta sus inclinaciones tardías por la geopolítica. No solamente estamos ante aprendices de brujo sino ante el mayor desprecio a la opinión, es decir al raciocinio de la gente, y a la opinión pública. ¿Puede hablarse de esta manera cuando la oligarquía cruceña, los estratos agroindustriales de la burguesía, son los aliados del gobierno y sus políticas extractivistas? Esta es otra coyuntura, ya no es la de la etapa de enfrentamiento con las oligarquías regionales; esta etapa acabó en el Porvenir y con el Estado de sitio en Pando. Ahora el gobierno le ha regalado a la oligarquía regional en la cumbre social la suspensión por cinco años del saneamiento de tierras, la suspensión por cinco años de la exigencia de la función económica y social, la suspensión por cinco años de sanciones por delitos de desforestación ilegal.

La geopolítica no se reduce a una carretera. En todo caso, ¿por qué una “geopolítica” se juega el todo por el todo en una carrera que atravesaría el núcleo del territorio indígena y parque Isiboro-Sécure, donde no hay casi comunidades asentadas? ¿No puede pasar esa carretera “estratégica” por otro lado, por los bordes del parque? ¿Y qué hay de las carreteras que conectan el departamento de La Paz con el departamento del Beni, carreteras desatendidas, accidentadas, vulnerables y la mayor parte de tierra? ¿Por qué no se atiende estas conexiones entre los Yungas y los llanos del Beni? A estas preguntas obviamente no responde el gobierno y sus agoreros.

El investigador Tristan Platt escribió un artículo sugerente donde muestra que esta obsesión por la carretera que conectaría Cochabamba con Moxos data de los tiempos de la Colonia. El diseñador y soñador de la misma era un militar español apellidado Flores, mandado a combatir la rebelión indígena encabezada por Tupac Katari, oficial español que llevó presa a Bartolina Sisa. Tristan Platt encuentra sintomático que se empleen los mismos argumentos que en la época de la colonia para construir la carretera, incluso el argumento geopolítico.

Conclusiones

1. El proceso se ha acercado a una coyuntura decisiva para el decurso mismo del proceso. En esta coyuntura se juega la reconducción del proceso a sus causes iniciales o el definitivo desbarrancamiento del proceso, hundido en sus propias profundas contradicciones insoslayables.

2. El mapa de fuerzas de la coyuntura es amplia y diferencial, es también dinámico; su dinamismo tiene que ver, además de con las reivindicaciones particulares, con la crisis misma del proceso, crisis que hace estallar junto a las contradicciones principales, las contradicciones secundarias. La IX marcha indígena tiene la tarea imprescindible de integrar un programa de movilización que comprenda la reconducción del proceso e incorpore las reivindicaciones de todos los sectores populares afectados.

3. La coyuntura, por más puntual que sea, no puede interpretarse sino a través de una mirada histórica, contiene espesores histórico-políticos y económicos que deben apreciarse para leer el tejido de tendencias y el campo de posibilidades abierto.

4. En los marcos del teatro político y de los montajes escénicos del gobierno, éste ha caído en la caricatura de la diatriba, interpreta como geopolítica un pedestre proyecto sostenido por los intereses más mezquinos y depredadores, la carretera de San Ignacio de Moxos a Villa Tunari. Podemos llamar a esta parodia política “geopolítica” de la extravagancia.