El ministro de Gobierno Carlos Romero, autoridades de la Policía y representantes de la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto (Fejuve) suscribieron una “Alianza Estado–Policía–Ciudadanía” para combatir a los criminales y delincuentes de esa ciudad, con acciones concretas y coordinadas por el Consejo Alteño de Seguridad Ciudadana (CASC). Instalarán una “Megaestación Policial de Lucha Integral contra el Delito” y un Centro de Monitoreo y Vigilancia Electrónica.

De enero de 2011 a enero de 2012, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) registró 523 casos de robo agravado, atracos y asaltos en la ciudad de El Alto. Desde 2011 a la fecha al menos 68 personas han muerto estranguladas por delincuentes en esa ciudad. Todos los autores de esos crímenes, excepto uno, gozan de la impunidad y presumiblemente continúan delinquiendo.

El reciente asesinato de los periodistas Verónica y Víctor Hugo Peñasco en la zona Franz Tamayo de El Alto despertó tal indignación, que de manera espontánea familiares de las víctimas y cientos de vecinos marcharon este viernes exigiendo la “pena de muerte” para los criminales.

Pena de muerte para los cogoteros y 25 años de cárcel para los jueces que confabulan con los asesinos fueron las demandas de los vecinos que marcharon desde la Ceja de El Alto hasta el centro de la ciudad de La Paz.

El presidente de la Fejuve Rubén Paz exigió al gobierno que haga algo para detener la ola de delincuencia que angustia a toda la población alteña. Queremos que haya una norma legal para aplicar la pena de muerte a los delincuentes y cogoteros que matan a vecinos y choferes; caso contrario, “haremos justicia con nuestras propias manos”, advirtió el dirigente vecinal.

Parlamentarios de Convergencia Nacional (CN) consideraron que la introducción de la pena de muerte en la legislación boliviana no garantiza la seguridad ciudadana; al contrario, se trataría más bien de “una forma de descargar las responsabilidades de quienes deberían estar impulsando la modernización de la Policía y la eficiencia del sistema judicial”.

La pena de muerte es “la victoria de la demagogia, la derrota de la justicia y el fracaso de la razón”, opinó el diputado Andrés Ortega, mientras que el jefe de bancada de CN en la Cámara de Diputados Luis Felipe Dorado comentó que sería muy peligroso darle a un “gobierno con tendencias autoritarias como el actual el poder sobre la vida y la muerte de los ciudadanos”.

Ambos legisladores opositores aseguraron que la experiencia universal demuestra que la pena de muerte no reduce la criminalidad y que la verdadera solución al problema pasa por reformas policiales y judiciales. Analistas, dirigentes políticos y ciudadanos coinciden en que las leyes bolivianas y los operadores de justicia son excesivamente “blandos” con los delincuentes, pese a que la Ley 007 del 18 de mayo de 2010 endureció el sistema normativo penal y el régimen de medidas cautelares.

Según el abogado penalista David Tezanos Pinto, la Ley 007 modificó el régimen de la “Cesación a la detención preventiva”, establecido en el Artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, ampliando el tiempo que una persona puede estar detenida (hasta 18 meses) sin que se haya dictado acusación fiscal, y hasta tres años sin que se hubiera dictado sentencia en primera instancia, en casos en los que la demora no sea atribuible a actos dilatorios del procesado. Por otro lado, fueron ampliados los requisitos para la detención preventiva de imputados ante peligros procesales (de fuga y obstaculización).

Tezanos recordó también que el plazo de las investigaciones preliminares fue ampliado de 5 a 20 días. Recibidas las actuaciones policiales, el fiscal puede ordenar la complementación de las diligencias policiales, fijando un plazo razonable que no exceda de 90 días, salvo investigaciones complejas; el plazo de la etapa preparatoria “comienza a correr desde la última notificación con la imputación al o los imputados”. Complementariamente, la nomenclatura procesal restituye la “audiencia conclusiva”, también conocida como etapa intermedia; modifica el régimen de excusas y recusaciones e incorpora el procedimiento para los delitos flagrantes.

Tezanos informó que la Comisión Codificadora Procesal Penal, a la cabeza del Ministerio de Justicia, trabaja en una reforma integral del Código Procesal Penal, atendiendo a las debilidades y a los institutos procesales penales en crisis, en procura de un sistema de justicia penal más efectivo.

Fuerza civil-policial luchará contra el crimen en El Alto

Este viernes, el gobierno, la Policía y dirigentes de la Fejuve sellaron una “Alianza Estado–Policía–Ciudadanía” para combatir a los criminales y delincuentes con acciones concretas y coordinadas a través del Consejo Alteño de Seguridad Ciudadana (CASC), integrado por representantes del Ministerio de Gobierno, Comando Policial de El Alto, Gobernación de La Paz, Fejuve, Federación de Estudiantes de Secundaria, Universidad Pública de El Alto (UPEA), Central Obrera Regional, Federación de Trabajadores de la Prensa y Federación de Padres de Familia.

Se espera que la Policía fortalezca su labor con la participación de vecinos y voluntarios que conformarán “una fuerza integral hasta aislar, acorralar y anular a la delincuencia”. Dicha fuerza civil-policial contará con infraestructura y equipos modernos de prevención, seguimiento, investigación y persecución de la criminalidad, como por ejemplo radares de persecución de vehículos sospechosos en la ciudad y carreteras, y cámaras de vigilancia instaladas en zonas de alto riesgo identificadas por la Policía y la Fejuve.

El Ministerio de Gobierno creará una “Megaestación Policial de Lucha Integral contra el Delito en El Alto” para centralizar acciones, e instalará un Centro de Monitoreo y Vigilancia Electrónica dotado de un Sistema de recepción y atención de emergencias centralizado en un solo número (110) y vinculado a todas las redes de telefonía de módulos policiales y casas vecinales. Se adquirirán vehículos, cámaras web, impresoras, computadoras, radares de velocidad, marcadores electrónicos, laptops, DVRS, handys, radio móvil, antenas y otros equipos valorados en de 1,4 millones de bolivianos.

Por otro lado, las organizaciones vecinales y los sindicatos del transporte libre y confederado distribuirán Tarjetas Automáticas de Identificación de Conductores (TIC), y emplearán marcadores electrónicos para registrar el ingreso y salida de vehículos y personas en las trancas de rutas troncales de El Alto.

Para determinar las causas de fondo de los elevados índices de criminalidad y medir el impacto de efectividad de la Alianza, se instituirá el Observatorio de Seguridad Ciudadana de El Alto encargado de compilar datos y estadísticas de incidencia del delito en esa ciudad.