El artículo 30, Parágrafo II, numeral 15, de la Constitución Política del Estado señala que los Pueblos Indígenas Originarios tienen derecho a:
A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa, obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. (subrayado nuestro)


Ninguno de los principios, que se resaltan en la cita de la Constitución se cumple en la Ley Nº 222 por lo siguiente:

No se respeta las Instituciones propias y sus procedimientos.- El Título Ejecutorial de Tierra Comunitaria de Origen TCO-NAL-000229, emitido por el presidente Evo Morales el 13 de febrero de 2009, otorga la propiedad colectiva del territorio en favor de la “Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS”, cuyo actual presidente es el hermano Fernando Vargas, así mismo la subcentral TIPNIS está afiliada a la CIDOB. Son estas las instituciones propias que representan a los Pueblos Indígenas de esa área.

La Subcentral TIPNIS y la CIDOB al ser su representación genuina, son las únicas que pudieran señalar cuáles son los procedimientos más apropiados, según sus normas propias, sus usos y costumbres.

No es una consulta concertada sino impuesta.- La pretendida consulta, como manda el artículo 30, II, 15. de la Constitución, debiera haber sido concertada con la Subcentral TIPNIS y su entidad matriz la CIDOB. Al contrario la Ley Nº 222, fue acordada y trabajada con instituciones ajenas a los pueblos del TIPNIS, en su mayoría colonizadores asentados en el Polígono 7.

Esto evidencia que en realidad lo que se pretende es imponer una consulta, que ha sido pactada entre el gobierno y actores ajenos a los pueblos del TIPNIS.

No existe buena Fe del Estado.- La buena Fe del Estado, debiera significar que ante todo está preocupado por el bienestar, protección y existencia de los pueblos que habitan en el TIPNIS, por respetar la integridad de su territorio. Sin embargo, el gobierno en el tema de la carretera por el centro del TIPNIS, ha manifestado su interés de construir la carretera a cualquier costo, incluso el de la destrucción de los pueblos y sus territorios. La mala Fe del Estado en este tema ya se ha demostrado, cuando en octubre de 2011 promulgó la Ley Nº 180 de de protección del TIPNIS, y luego a menos de cuatro meses, en febrero de 2012 promulga otra Ley con la intención de abrogar, la primera.

La consulta que pretende el gobierno es incongruente y esta direccionada.- El artículo 4 de la Ley 222 señala que se pondrá en consulta ” si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – (TIPNIS) debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”

El término de intangibilidad ha sido establecido en la Ley Nº 180 de protección del TIPNIS, la cual fue elaborada por los marchistas, entre ellos los de la Subcentral TIPNIS, durante la VIII Marcha Indígena. Los alcances y aplicación del término de intangibilidad, luego fueron desarrollados a propuesta de la Subcentral TIPNIS en el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 180.

Lo que el gobierno pretende es poner en consulta, uno de los alcances de la Ley Nº 180, que ha sido promulgada y reglamentada a propuesta de las comunidades del TIPNIS representadas en la Subcentral. Quiere hacer consulta de algo que las comunidades indígenas ya consultaron y decidieron al momento de proponer esta Ley durante la VIII Marcha.

Así mismo, solo se consulta la posibilidad la construcción de la carretera por el centro del TIPNIS y no existe la posibilidad de plantear otras alternativas como el que la carretera bordee el TIPNIS, que es el planteamiento que han hecho desde el inicio las comunidades.

No tiene carácter Previo.- Como han manifestado las comunidades del TIPNIS la consulta debió realizarse antes de la firma del contrato.

NO SE PUEDE ELABORAR UNA LEY MARCO DE CONSULTA, COMO PRETENDE EL GOBIERNO, EN TANTO ESTE VIGENTE LA LEY Nº 222 DE CONSULTA EN EL TIPNIS.

El gobierno ha convocado a una reunión de los sectores sociales para el miércoles 15 de febrero con el objetivo de conformar comisiones de trabajo para elaborar un proyecto de Ley Marco de Consulta.

La visión y criterios que tiene el gobierno sobre la consulta, ya han sido adelantados en la Ley Nº 222, que como se ha demostrado es ajena y contraria a los principios establecidos en la Constitución y los convenios internacionales.

Entonces, es de suponer que lo que pretende el gobierno es una Ley Marco para imponer Consultas direccionadas, no concertadas, vulnerando las representaciones, instituciones y procedimientos propios de los Pueblos Indígenas y que este abierta a la injerencia de actores ajenos a las comunidades originarias.

En tanto este vigente y se pretenda aplicar la Ley 222, no tiene sentido participar de ninguna comisión convocada por el gobierno, pues sería avalar el atropello de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios reconocidos en la constitución.