La primera declaración que hizo Amanda Dávila al asumir el cargo de ministra de Comunicación del gobierno de Evo Morales, fue muy clara en sentido de que durante su gestión la ley de comunicación sería una prioridad: “todos los instrumentos nacionales y sectoriales se tienen que adecuar a la nueva Constitución Política del Estado”.

Quienes hemos defendido la necesidad de una ley de comunicación en Bolivia, y en cualquier otro país que no la tenga todavía, vemos una señal alentadora, ya que el anterior ministro, Iván Canelas, no solamente evadió el tema sino que parecía temerle más que al diablo mismo. La nueva ministra, de armas llevar, está dispuesta a dar la lucha, y en eso tendrá nuestro apoyo crítico.

Los dueños de medios de información se oponen sistemáticamente a las leyes de comunicación, y a través de sus medios –a veces verdaderos conglomerados mediáticos que incluyen prensa, radio y televisión- se dedican con ahínco a denostar a los gobiernos y a los grupos de la sociedad civil que reclaman una legislación moderna que cubra todos los complejos aspectos que tienen que ver con el tema.

En Bolivia han logrado que los propios periodistas, olvidando su condición intelectual independiente, defiendan las posiciones patronales y repitan a coro lo que dicen los dueños de medios: “la mejor ley es la que no existe”. Cumplen un triste papel de tamborileros aún cuando los argumentos en favor de una ley de comunicación son más que evidentes.

El principio de toda ley es el mismo: el Estado no puede estar al margen de la regulación de la vida en sociedad, y más aún de sectores estratégicos como el de la información y comunicación. Ya lo he dicho otras veces, si se regula la calidad del las medicinas o de los servicios bancarios, no existe razón alguna para no regular los servicios de información y comunicación.

No olvidemos nunca que la libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, ni de los dueños de medios, sino de la ciudadanía en su conjunto. Los que manejan la información son simplemente garantes, y no propietarios, de un derecho que pertenece al conjunto de la sociedad. A los medios y a los periodistas les corresponde la responsabilidad social de proteger el derecho a la información de los ciudadanos, no de servirse de la libertad de información como coartada para manipular la verdad.

Los empresarios tratan de presentar siempre las leyes de comunicación como leyes “mordaza” o de censura. Ese hecho habla por sí mismo de la necesidad de legislación, porque muestra hasta qué punto los medios se permiten arbitrariedades, sin apego a la verdad. Entendamos de una buena vez que una ley de comunicación no se diseña para coartar la libertad de expresión, ni para poner candados a los medios de información privados. Nada de eso es cierto. Una ley de comunicación debe regular los tres sectores, tanto los medios privados como los medios públicos y los comunitarios, para evitar que la población se vea afectada por actitudes irresponsables.

Son muchos los aspectos importantísimos que una ley de comunicación debe abordar, siempre con un objetivo superior como meta: el derecho a la comunicación de la ciudadanía. La ley establece mecanismos, criterios y funciones para la atribución de frecuencias y uso del espectro radioeléctrico, para la conversión digital y el apagón analógico, para el funcionamiento de los medios comunitarios, para la protección de menores de edad, para promover contenidos nacionales en los medios, para establecer normas de responsabilidad social, para regular la publicidad, para proteger a los consumidores de información, para establecer un régimen de impuestos, para proteger los derechos de autor, para garantizar el acceso a la información y la libertad de expresión, para evitar la concentración de medios en pocas manos, para favorecer la diversidad, la pluralidad y combatir el racismo y la discriminación, para regular la propaganda política y electoral, para promover la identidad y la integración latinoamericana, para alentar la ética profesional de los periodistas, para defender los derechos humanos, para favorecer la educación y el desarrollo cultural, para proteger las fuentes de información, para armonizar los medios electrónicos y las nuevas tecnologías (cosa que no hace ese vejestorio de la Ley de Imprenta en Bolivia), entre muchos otros.

En países sin ley de comunicación, tanto los gobiernos como los medios privados se permiten actuar de una manera lesiva a los intereses de la población. En México, aparte de la persecución y asesinato de periodistas que se ha convertido en algo tan corriente como impune, se hacen “arreglos” entre el gobierno y los dueños de medios, como la producción de la serie televisiva “El Teniente”, dedica a ensalzar la imagen de la policía judicial, que todos en el país conocen como una de las instituciones más corruptas. El acuerdo entre la empresa Televisa y la Secretaría de Gobernación de México no es solamente lesivo a los intereses nacionales porque ofrece una imagen distorsionada y es una forma de propaganda gubernamental encubierta, sino porque el costo de la operación contó con el aporte de unos 15 millones de dólares de fondos públicos, entregados de manera arbitraria por el gobierno a la empresa de televisión. Es un ejemplo de algo que una ley de comunicación debiera regular.

Por ello, lo importante en el proceso de diseño de una ley de comunicación es la participación de la sociedad civil, no solamente los gremios de periodistas sino también las universidades y las principales organizaciones sociales del país, pues al fin y al cabo es la ciudadanía en su conjunto la que se debe beneficiar con una ley de comunicación.

Del mismo modo, se espera que una ley de medios que haya sido consensuada con la sociedad civil antes de ser promulgada por el poder legislativo, derive en la creación de mecanismos de regulación que tengan la independencia necesaria y suficiente para ejercer su labor de manera equilibrada. Lo ideal es una instancia descentralizada, donde el gobierno no tiene mayoría, ni tampoco los dueños de medios.

Por suerte no estamos partiendo de cero. Leyes de comunicación existen en todos los países civilizados, contrariamente a lo que de manera empecinada y maliciosa nos quieren hacer creer los dueños de medios. Analicemos uno por uno los países de Europa, y veremos que las leyes se ocupan de proteger al ciudadano y de garantizar tanto la libertad de información como los intereses de la población. Pero no necesitamos irnos hasta Europa para abrir los ojos.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina constituye un precedente fundamental e innegable, porque precisamente es el resultado de un largo proceso de creación de consenso desde la sociedad civil, a través de una amplia Coalición por una Radiodifusión Democrática. Denostada y resistida por el grupo Clarín –cuyos nexos con la dictadura militar salieron luz- pero acogida con beneplácito por la mayoría de la población argentina, esta ley es el precedente más importante en nuestra región y puede servir de punto de partida.