La Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG) decidió romper su silencio y anunció ayer que está dispuesta a negociar un acuerdo que permita a YPFB, vía su subsidiaria YPFB Transportes, la construcción de la ampliación del Gasoducto Villa Montes Tarija. La propuesta está contenida en un comunicado firmado por Never Barrientos, Florentino Zeballos Orquera, Fernando y Zacarías Cuéllar Oranda, Angela Tague Manuel, Gregorio Barrientos Camacho y Benildo Vaca, fechado el 16 de enero de 2012 en Entre Ríos, Tarija, y titulado “Carta pública al Director Presidente de YPFB Transportes S.A. (ex Transredes SA), Luis Vincenti”, aunque, paralelamente, se niegan a dar a conocer y hacer públicos los acuerdos que firmaron con Repsol YPF en diciembre de 2010 y los términos en los que se conformó un Fondo de Inversión de 14,8 millones de dólares pagados por la transancional a favor de la APG IG para dar vía libre a obras que facilitarán la exportación de gas a la Argentina.

“A pesar de que hemos desmentido en forma fundamentada estos argumentos en nuestro ‘Comunicado de prensa desmintiendo el cálculo artificioso y falso de los 20 millones de dólares’, de 06 de enero de 2012, las personas que promueven esta campaña racista en nuestra contra han convertido esta falsa afirmación en una de las bases fundamentales de la misma”, dice la nota, en cuyos párrafos finales acusa a los “dirigentes de la empresa YPFB Transporte S.A.” de actuar con un “perfil de dirigentes de un partido político de extrema derecha racista, cuyo objetivo es criminalizar a la APG IG para provocar el bloqueo del proyecto GVT”.

La APG IG exige, además, que como consecuencia de la carta pública, YPFB Transporte S.A. “comience a actuar de buena fe y a poner en marcha negociaciones serias y responsables, con las reservas legales necesarias, como corresponde a una empresa de la industria petrolera, y más aún tratándose de una empresa pública”.

Gregorio Dionis, asesor argentino español y responsable de la ONG Nizkor, envió a YPFB Transporte el pasado 21 de marzo de 2011 una propuesta de acuerdo con “cláusula de confidencialidad” en el que se consigna en su cláusula tercera la pretensión de cobrar 2.500 dólares por hectárea por año como “servidumbre de ocupación” y otros montos no especificados por servidumbres de vía y de ductos, además de compensaciones por obras ejecutadas anteriormente y por las obras futuras, consignadas en las cláusulas décima y décima primera del documento. Según los cálculos derivados de estas pretensiones, sin contar con los pagos por “servidumbres de vía” y “servidumbres de ductos”, se llega a la suma aproximada de 20 millones de dólares, monto que la APG IG niega haber demandado.

La propuesta de acuerdo incluye, además, en su cláusula 13, “Condicionalidad del Presente Acuerdo”, la exigencia de que YPFB pague a la APG IG “la totalidad de la Compensación debida en virtud de las Cláusulas 10 y 11 del mismo, junto con todas las cantidades debidas en concepto de servidumbres a tenor de la Cláusula 3 del mismo, ….en la cuenta bancaria designada más abajo por el Directorio”. Según técnicos de YPFB consultados al respecto, confirmaron que esta condicionante significaba la erogación de al menos 10 millones de dólares de inicio y el pago de otros 10 millones de dólares a lo largo de la vida útil del proyecto, hecho que inviabiliza el mismo.

El exministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, declaró que la pretensión de cobrar “servidumbres” no corresponde, dado que YPFB es una empresa monopólica que actúa en nombre del Estado boliviano y si precisa pasar con sus ductos por áreas territoriales de Bolivia corresponde sólo aplicar el procedimiento expropiatorio previa compensación justa.

Pero la APG IG intenta llevar a YPFB a negociar sólo el pago de servidumbres e indemnizaciones, dado que en su comunicado plantean que por las servidumbres de vía y de ductos están dispuestas a demandar “un precio único de 100 (Cien) bolivianos por los contratos de servidumbres de ductos y de servidumbres de vías necesarios para dicho proyecto”. Estarían ratificando, de esta forma, que mantienen su pretensión de cobrar 2.500 dólares norteamericanos por hectárea por año por concepto de servidumbres de ocupación, según técnicos consultados.

Nizkor sigue firmando junto a la APG IG pese a no tener registros en Bolivia

La organización no gubernamental Nizkor, que funciona en España y Bélgica debidamente autorizada por estos países, según declara ella misma, sigue firmando comunicados junto a la APG IG pese a no tener registros en Bolivia.

La APG IG publica hoy, mediante solicitadas, un comunicado firmado también por “Equipo Nizkor”. La Constitución Política del Estado, en su artículo 300, faculta a las Gobernaciones el extender personerías jurídicas a las organizaciones, fundaciones y entidades sin fines de lucro que operen en su área territorial. Nizkor aún no cumple esa obligación, según información de autoridades de la Gobernación de Tarija.

Ministerio de Hidrocarburos debe negociar con la APG IG

El presidente de YPFB Transportes, Luis Fernando Vincenti, en respuesta a la carta pública de la APG IG, señaló que es el Ministerio de Hidrocarburos la entidad estatal que debe negociar con la APG IG los términos de un acuerdo para el pago de indemnizaciones. Adelantó que la carta pública de la APG IG que busca forzar a YPFB Transportes a negociar con ellos es “engañosa”. “Nos pretenden llevar a un terreno tramposo”, advirtió.

La autoridad confirmó que la propuesta de acuerdo que envió Gregorio Dionis, responsable de la ONG Nizkor -que no tiene registros en Bolivia, pero que asesora a la APG IG en materia penal, comercial y financiera, entre otros asuntos- a YPFB Transportes en marzo de 2011, incluye la solicitud de un pago cercano a los 20 millones de dólares, cifra que se calcula de las pretensiones de pagos por servidumbre de ocupación, de vía y de ductos, así como indemnizaciones por la ejecución de obras, por lo que ratificó la cifra estimada y que fue publicada en ediciones pasadas.

Respecto a la posibilidad de expropiar las áreas en las que se tenderán ductos e instalaciones, en vez de pagar servidumbres, tal como el exministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, expresó, Vincenti dijo que es un asunto que deberán resolverlo los abogados del Ministerio de Hidrocarburos.

Corresponde al Ministerio formalizar la negociación

Coincidiendo con la posición expresada por Luis Fernando Vincenti, presidente de YPFB Transportes, el director por Tarija en el directorio de YPFB Corporación, Luis Lafuente, expresó su satisfacción por el comunicado público de la APG IG que expresa su disposición a abrir negociaciones y dijo que ahora corresponde al Ministerio de Hidrocarburos formalizar la invitación a una reunión para viabilizar el diálogo. “Por lo menos la dirigencia de la APG ya emite una carta pública y opina. Es la primera vez que lo hace de manera abierta y hablan de Vincenti. Organizamos el foro y no hubo racismo; nadie insultó ni hubo actuación política. Yo creo que eso fue transparente y de un buen nivel técnico con las personas que nos acompañaron”, aclaró.

Respecto de la propuesta de cobrar 100 bolivianos por servidumbres de vía y ductos, Lafuente dijo que “sería maravilloso” si se tratara de ese pago por todo el proyecto. “Si dice un precio único por los contratos de servidumbres y compensaciones, pero no sé cuál es el alcance de 100 bolivianos. Esto habría que aclarar. No creo que sea cien bolivianos por todo este proyecto; es un loop que está pasando por ahí, pero si es 100 bolivianos por todo el proyecto es maravilloso”, explicó.

José Larrazábal, dirigente de los transportistas tarijeños, expresó también su complacencia por la postura de los guaraníes y pidió que éstos viabilicen la licencia ambiental para empezar los trabajos que corresponden a esa área. “Me alegra que se hayan pronunciado; nosotros no estamos en contra de los hermanos guaraníes”, expresó.