Se ha anunciado que el 15 de enero de 2012 empieza la erradicación de los cultivos excedentarios de coca en los Yungas de La Paz y en el Trópico de Cochabamba. Con este propósito, el gobierno moviliza a las tropas de la policía y del ejército (Fuerza de Tarea Conjunta), sobre todo en las zonas consideradas de cultivo ilegal. El “control social” es puro cuento, en los hechos se está erradicando como en los tiempos de Banzer y Goni Sánchez.

El gobierno boliviano se ha reunido con representantes de EE.UU. y del Brasil y han logrado un “memorándum de entendimiento” y una enmienda para la lucha conjunta contra el narcotráfico, documentos que necesitan de “ajustes operativos en el tema del control territorial”; la firma del documento viene postergándose semana tras semana. Luego, el Vicepresidente ha puntualizado que existe la necesidad de una revisión minuciosa del documento, especialmente en el aspecto “operativo para combatir el narcotráfico”.

¿Cuál es el fondo del problema? Sabemos que “la cooperación internacional” ha prometido proporcionar una sofisticada tecnología para el control territorial (radares, helicópteros artillados con armamento sofisticado, aviones no tripulados, controles satelitales, etc.), de tal modo que se puede controlar drásticamente no sólo los movimientos de la fabricación sino también los canales de comercialización de la droga y las plantaciones excedentarias de la hoja de coca.

Los sembradores de coca ven en el acuerdo un gran peligro que fatalmente redundará contra sus intereses económicos porque terminará imponiendo la erradicación forzosa de la hoja. En estas circunstancias, Evo Morales y su pandilla reciben una doble presión de intereses totalmente contrapuestos, la del imperialismo y la de “sus” bases cocaleras. Se trata de una disyuntiva muy difícil y que por donde se resuelva tendrá graves repercusiones sobre el porvenir del gobierno.

Ceder abiertamente a la presión de los cocaleros significaría perder ingentes cantidades de recursos económicos de la ayuda internacional y de aumentar la imagen en el plano internacional de un gobierno que encubre el narcotráfico; ceder a la presión internacional implica volcarse a los cocaleros contra el gobierno en un momento en que la presión de los explotados es más agresiva contra el régimen.

Pareciera que Evo Morales está en un callejón sin salida; pero se trata solamente de una apariencia porque será el imperialismo quién se imponga. Los cocaleros pueden estar preparándose para defender sus cocales frente a una tecnología de guerra bien montada y frente a grupos de élite entrenados por los yanquis y los brasileros. El cuento del “control social” ha pasado a la historia porque ha fracasado en los hechos.

El gobierno acentúa su política represiva en el norte paceño

El año pasado, el gobierno de Evo Morales ocupó militarmente zonas del norte paceño, impuso la erradicación forzosa al estilo de los gobiernos neoliberales y reprimió indiscriminadamente a poblaciones enteras, todo por haber capitulado ante la política imperialista de la lucha contra las drogas. Los cocaleros de Palos Blancos del Norte paceño materialmente fueron invadidos por centenares de efectivos de las fuerzas conjuntas encargadas de la erradicación forzosa. El argumento fue que no es reconocida como zona de plantación tradicional ni de transición y que se encuentra penalizada toda actividad de esta naturaleza.

Los pobladores se organizaron en piquetes de resistencia para enfrentar a las tropas erradicadoras del MAS tan represoras como las de Banzer y Goni, bajo el ala protectora del imperialismo norteamericano. ¿Por qué un gobierno que nace de las entrañas de los cocaleros recurre a la erradicación forzosa y al mejor estilo neoliberal? La respuesta es clara: no ha tenido éxito a nivel internacional su propósito de legalizar la masticación y comercialización de derivados industrializados como mates, pastas dentales y otros. Todos los países, incluidos los supuestamente aliados como Argentina, Brasil y Chile, se mantuvieron firmes en el bloque encabezado por el imperialismo en la lucha frontal contra las drogas y las plantaciones de coca.

El gobierno y la burocracia oficialista cocalera no se cansan en señalar que la erradicación se realizará en el marco del “control social” de los mismos cocaleros y en observancia del respeto a los derechos humanos; sin embargo, los cocaleros de La Asunta han denunciado que la FTC recurre a la fuerza, encerrando a los dueños de los cocales y a su familia en sus casas para que no interfieran el trabajo de los erradicadores.

De esta manera, el “control social” y el respeto de los “derechos humanos” es puro cuento porque, en los hechos, lo que está ocurriendo es la erradicación forzosa como en los tiempos de Banzer y Sánchez de Loazada. ¿De qué modo se entiende que el gobierno realice movimientos masivos de las Fuerzas de Tarea Conjunta?

En los Yugas de La Paz, La Asunta y Caranavi son considerados zonas de cultivo ilegal y el gobierno tiene compromisos con los yanquis y los brasileros para que en estos sectores se imponga por la fuerza el objetivo de la “coca cero”, al margen de la destrucción de las plantaciones consideradas excedentarias en las zonas de cultivo legal. El gobierno ha anunciado que, en lo que va del presente año, la meta es reducir de más de 30 mil hectáreas existentes a 20 mil; o sea que, de manera forzosa se erradicarán más de 10 mil hectáreas.

Los productores de La Asunta han respondido echando violentamente de la zona a los efectivos de la FTC y han anunciado que defenderán sus plantaciones recurriendo a todos los medios a su alcance. Existe gran molestia no sólo en los Yugas paceños sino también en el Trópico cochabambino porque, de alguna manera, más del 80 % de los cocaleros ha llegado a cultivar más del cato que les permiten las autoridades y sus propias organizaciones sindicales. Los temores de que la erradicación forzosa llegue al Chapare no son infundados porque la mayoría de los cultivadores, incluidos los dirigentes, han rebasado el “cato” permitido legalmente. También son permanentes las incursiones del sector a zonas protegidas como el Parque Isiboro Sécure con la finalidad de ampliar las plantaciones clandestinas.

El gobierno y los dirigentes oficialistas encaramados en el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (CAFECAY) han anunciado que instaurarán severas sanciones penales contra los dirigentes de La Asunta por haber agredido a los efectivos de la FTC, sin respetar que se encuentran “bajo bandera” y por mancillar el uniforme militar. De esta manera, la burocracia oficialista de los cocaleros se ha convertido en instrumento de la represión gubernamental contra sus bases y el gobierno pretende encerrarlos en un cerco de fuego usando la violencia policial – militar y los recursos judiciales para de este modo honrar sus compromisos con el imperialismo.

La rebelión de La Asunta es el inicio de la dura lucha que tienen que librar los cocaleros contra un gobierno esbirro del imperialismo. Ha llegado el momento de que el sector retorne a las banderas originales del libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de coca. El sector no tiene ni debe involucrarse con la política antidroga del imperialismo. No son los bolivianos quienes han inventado la cocaína con la alta tecnología sino los gringos.

La lucha consecuentemente antiimperialista debe tomar como eje el libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de coca; que los gringos se curen de sus taras donde corresponde, en su país, sin afectar a los intereses económicos del país y de los cocaleros.

* Dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR).