Una contramarcha cocalera prefabricada por el gobierno de Evo Morales se dirige hacia la ciudad de La Paz exigiendo la construcción de una carretera por medio del territorio indígena y parque natural Isiboro Sécure. Los peregrinos marchan solos y sin apoyo popular, ante la mirada indiferente de amplios sectores de la sociedad boliviana.

Doblegado por una imponente movilización indígena, el año pasado el Presidente Evo Morales promulgó contra su voluntad una Ley que prohíbe la construcción de carreteras a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). La descomunal victoria política de VIII Marcha Indígena desenmascaró al jefe indio, falso defensor de la “madre Tierra”, trastocado de la noche a la mañana en mayordomo de las transnacionales.

El gobierno organizó una primera mega movilización anti indígena en Cochabamba a fines de 2011, con el fin maquillar su malograda imagen y recuperar algo de fuerza para abrogar la Ley Corta que declaró “intangible” del TIPNIS. Pero la maniobra fracasó estrepitosamente y Evo buscó la revancha.

El Presidente nuevamente soliviantó a sus huestes y fabricó una contramarcha de colonizadores y cocaleros con el objetivo de liquidar definitivamente la Ley que él mismo firmó en Palacio de Gobierno el 24 de octubre de 2011. El oficialismo movilizó a todo el aparato estatal para promocionar a cocaleros, colonizadores e indígenas oficialistas que exigen la construcción de la carretera a través del TIPNIS, y el Vicepresidente Álvaro García Linera pidió a los campesinos e indígenas del país cerrar filas en defensa del Presidente Morales.

“Si fallan los hermanos volverán los k’aras, y otra vez 500 años de silencio y oscuridad; si trabajamos juntos nadie va sacar al movimiento indígena-obrero del gobierno; hoy Bolivia está siendo dirigida por un campesino, por un indígena, por un pobre, eso debemos saber cuidar como tesoro”, instó García Linera el 28 de diciembre en una masiva concentración cocalera en el municipio de Colomi.

Sin embargo,a pesar de los grandes esfuerzos del gobierno y la enorme cantidad de dinero que invirtió en la organización de la movilización oficialista, la nueva maniobra no tuvo el menor impacto en la opinión pública ni en los medios de comunicación.

La contramarcha cocalera partió el 17 de diciembre de la localidad de Isinuta, en el trópico de Cochabamba, y arribó a la ciudad de Cochabamba el 30 de diciembre de 2011. Los caminantes fueron recibidos en la plaza 14 de Septiembre solo por militantes y autoridades del MAS, entre ellos el gobernador Edmundo Novillo y el presidente de la Asamblea Departamental Freddy Illanes.

“Con el gran significado de esta marcha podemos comprender que quienes impulsan la construcción del proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxosestán peleando de manera sacrificada por el futuro de sus hijos”, discurseó Novillo e instó a los marchistas a no sentirse solos “porque son los héroes de un gran proyecto vial anhelado hace más de 100 años para unir a Cochabamba y Beni”.

“Los cocaleros estaremos siempre al lado de los pueblos del TIPNIS, quienes fueron traicionados por sus dirigentes… Mañana sus hijos les agradecerán y los dirigentes que los han perjudicado serán juzgados por sus propias bases”, arengó el dirigente cocalero Manuel Mamani.

El líder de las juntas vecinales Joel Flores prometió a los marchistas “todo el apoyo moral y material para continuar con su caminata”, y exigió al gobierno y la Asamblea Plurinacional “recapacitar y anular la Ley Corta porque la carretera por el TIPNIS es necesaria para los cochabambinos y el país en su conjunto”.

El concejal David Herrera aseguró que “los indígenas tienen el pleno respaldo de la ciudadanía porque están exigiendo desarrollo para Cochabamba y Beni y todos queremos carretera”. Pero, el propio Presidente se quejó por la apatía y la indiferencia del pueblo cochabambino y por la “escasa atención” de instituciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el Defensor del Pueblo y los medios de comunicación.

Morales dijo no entender la actitud de la APDHB “que desconoce la pobreza” de los habitantes del Parque, y fustigó a otras organizaciones sociales, a los “resentidos” de su partido y a las “oenegés” que apoyaron la VIII Marcha Indígena, “mientras que ahora no brindan ningún tipo de apoyo a la movilización de los verdaderos habitantes” del TIPNIS.

El Vicepresidente García Linera tampoco pudo disimular su desazón, ya que “cuando se dio una marcha con apoyo de Organizaciones no Gubernamentales, con una presencia velada de la embajada de Estados Unidos a favor de algunos dirigentes, Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo aparecían en primera plana cada día, y hoy no tenemos información de su presencia”.

Así, en la completa soledad y sin apoyo popular, los marchistas del MAS siguieron avanzando hasta la localidad de Pongo, a unos 350 kilómetros de su destino final, la ciudad de La Paz. Allí, el líder de la protesta masista, el cacique mayor del Consejo Indígena del Sur (Conisur) Gumercindo Pradel, entregó a una comisión de senadores del MAS su pliego de peticiones.

La contramarcha masista exigió en primer lugar la abolición inmediata de la Ley Corta 180 que declara la intangibilidad del TIPNIS; la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a través del Parque; y la implementación de un plan de desarrollo para la zona.

Los campesinos de la CSUTCB y de las Bartolinas prometieron reforzar la contramarcha en los siguientes tramos, pero todo indica que la columna continuará avanzando ante la mirada indiferente de la ciudadanía, porque carece de legitimidad y sobre todo porque se desarrolla en una coyuntura política extremadamente adversa para el oficialismo.

Los opositores afirman que los marchistas del Conisur son “oficialistas” y no representan a los pueblos indígenas de tierras bajas; tal “negación” es una “actitud racista muy intensa”, opinó el senador del MAS Adolfo Mendoza. “Calificar a los indígenas que están marchando de oficialistas y no ver que existen problemas al interior del TIPNIS no solamente es desconocer el derecho a una marcha sino al mismo tiempo reconocer que existe un verdadero problema”, alegó. (ABI)

Sin embargo, a diferencia de la célebre VIII Marcha Indígena que luchó por los derechos colectivos de los pueblos originarios, la contramarcha cocalera defiende intereses privados de la pequeña burguesía campesina-cocalera que aspira a convertirse en una nueva clase dominante. En los hechos, la contramarcha expresa fielmente los intereses de la burocracia campesina en función de gobierno que pretende acaparar tierras productivas y concretar nuevas y lucrativas alianzas con el empresariado agroindustrial y con transnacionales extranjeras.

El MAS prepara el contragolpe en el Congreso

La contramarcha evo-cocalera ha merecido el repudió e incluso el desprecio de importantes sectores sociales, pero cuenta con el apoyo incondicional de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y por tanto no se descarta que logre una victoria en el Congreso.

La Brigada parlamentaria de Cochabamba planteó formalmente la abrogación o modificación de la Ley Corta. “Es posible modificar el artículo 3 por la polémica causada por la prohibición de que se construya carreteras por el corazón del TIPNIS”, aseguró el diputado Nelson Virreyra.

El oficialismo está en condiciones de modificar la Ley de Protección del TIPNIS porque cuenta con dos tercios de votos en el Congreso. Legisladores del MAS confirmaron que se debatirá una nueva ley que anule la declaratoria de intangibilidad del Parque. Es así que el presidente de la Asamblea Legislativa Álvaro García Linera convocó a sesión de congreso para este viernes con el fin de analizar una norma sustitutiva.

* Servicio de Noticias Ambientales del Foro Boliviano sobre Medioambiente y Desarrollo (SENA-Fobomade).