Recuerdo que en 1964, a fines de octubre, me invadió la tristeza, el miedo, la impotencia y la bronca. Una bala perdida disparada por un soldado durante el golpe militar de ese año había matado a mi mejor amigo de infancia, a mi hermano, a mi compañero, a Carlos.

Carlos estaba entrando a su casa, pisaba la grada de la puerta de calle y cayó muerto. Tenía 9 años. No podía entender por qué mi mejor amigo tuvo que morir siendo tan niño.

El año 2000, en abril, en esa misma calle, casi en la misma puerta, y después de más de 25 años, moría otro joven en la Guerra del Agua. Me invadieron los mismos sentimientos, las mismas preguntas.

En abril del 2001, en una marcha hacia La Paz, fuimos intervenidos por tanques y helicópteros del Ejército. Éramos más de dos mil compañeros y compañeras. Dispersados en las montañas del altiplano aymara, perdidos, hambrientos, sedientos y cansados, y en medio de la noche, nos preguntamos: ¿Qué hemos hecho para estar así, perseguidos, condenados, buscados?

En octubre de 2003 lloramos de alegría cuando vimos partir, en veloz y cobarde fuga, el avión en el que se encontraba Gonzalo Sánchez de Lozada, el cínico vende-Patria.

En junio y julio del 2005 vimos desmoronarse el poder popular construido a partir de las jornadas del año 2000, cuando el Congreso dispuso adelantar las elecciones generales para ese fin de año, ante la práctica desaparición de los partidos políticos. Buscaban llevarnos al juego de la democracia representativa, privilegiada y demagógica, luego de haber ejercitado una democracia participativa y asambleística, en las calles, los caminos, las comunidades y las plazas.

En enero de 2006 me volvieron estos y muchos otros recuerdos de temores, tristezas, frustraciones y enojos. Es que fui presa del temor de que los compañeros que habíamos empujado para que transformen nuestras vidas desde esa estructura estatal heredada, para desmontarla y transferir el poder a las comunidades de la ciudad y el campo, a través del fortalecimiento organizacional e ideológico, no iban a cumplir con estas tareas.

Dije públicamente en ese momento que no sentía alegría alguna porque Evo Morales haya ganado las elecciones. Estaba preocupado —declaré— porque los defectos y debilidades de las personas que habían asumido la responsabilidad de empujar “desde arriba” un real proceso de cambio, terminen imponiéndose convirtiendo a esas personas en catalizadores del continuismo, en nuevos protagonistas de las viejas estructuras estatales racistas, coloniales, corruptas, sordas, ciegas y de absoluta subordinación a los intereses de los nuevos amos del mundo, de los nuevos reyes y reinas, de los grandes consorcios de transnacionales que desde los años 70 han establecido políticas de saqueo, de despojo, de genocidio y de etnocidio en contra de nuestros pueblos y nuestra Madre, la Pachamama.

I. Lo que la gente había demandado en el año 2000

La gente del campo y la ciudad va construyendo, desde abajo, colectiva y laboriosamente, eso que llamamos “tejido social”. Ese tejido social se va reconfigurando como cuando se arroja una pequeña piedra a la superficie de un espejo de agua: las ondas que producen ese encuentro entre la piedrita y el agua no son verticales, no son caóticas, no son conflictivas, son más bien horizontales, tranquilas, armoniosas y cada vez más grandes y vigorosas. Así entendí —así entiendo— los procesos de resistencia, deliberación, decisión y lucha de nuestros pueblos, de la gente sencilla y trabajadora del campo y la ciudad, de los ancianos y ancianas, de los hombres y mujeres, de los jóvenes y jóvenes (como dice el “Sup”), de los niños y niñas de nuestras tierras, donde lo que une es la indignación, el sentirse ninguneado, ignorado, despreciado, es decir, “inexistentes” para las élites económicas y políticas en todas partes del mundo.

Por eso la gente, en la Guerra del Agua y en la Guerra del Gas, empezó —como dicen los hermanos y hermanas zapatistas del EZLN— a hacer andar la palabra, para que esta solo se detenga para escuchar a la tierra, a las piedras, a los ríos y mares, a los árboles, a la selva y a las montañas, a las nubes y los pájaros, y a la gente; para que la gente siga caminando, porque lo que más temen los poderosos son las palabras, las que vienen de la multitud, de la tierra, del infierno en que se han convertido sus vidas.

En la Guerra del Agua y en la Guerra del Gas demandamos una nueva vida, sin política partidaria como sinónimo de olvido y desprecio, sin esa economía de muerte, de despojo, de saqueo, de exterminio y de corrupción. Por eso expulsamos a la transnacional estadounidense Bechtel; por eso expulsamos a Gonzalo Sánchez de Lozada; por eso pusimos en la estructura estatal a Morales y García, para cambiar, para transformar nuestras vidas y vivir en armonía con la naturaleza, con nuestra Madre la Tierra, porque somos sus hijos y sus hijas. Por eso pusimos nuestros cuerpos a las balas y a los gases en las barricadas; por eso pusimos nuestras broncas y nuestros gritos al viento, para decir que existimos y que no íbamos a permitir que el olvido se imponga a nuestra memoria histórica, a la dignidad.

Había, en ese tiempo, pese a nuestros temores y preocupaciones, esperanza, alegría, entusiasmo y energía.

II. La re-partidización de la política y el temor al poder popular

Las demandas de la gente se hicieron más fuertes en las luchas por la Asamblea Constituyente. Eran voces que amplificaban, como un eco poderoso, las voces de las jornadas victoriosas de abril y septiembre de 2000, durante los levantamientos indígenas de quechuas y aymaras. Eran también las voces de los y las indígenas de las tierras bajas, los mismos que protagonizaron la reciente VIII Marcha en defensa y preservación del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), en agosto-octubre de este año 2011.

En términos simples, esas demandas nos decían: no más partidos; horizontalización del poder; democracia comunitaria y participativa; decisión de las organizaciones sociales en una nueva estructura social y económica. Se trataba de construir, entre todos y todas, una nueva forma de convivencia social basada en los principios ancestrales de nuestros padres y abuelos, de nuestras madres y abuelas: reciprocidad, complementariedad, respeto, solidaridad, generosidad y, por supuesto —como parte de la naturaleza que somos—, convivencia armónica con la que nos dio, nos da y nos dará la vida, la Pachamama.

Recuerdo que a fines de mayo del 2005, las organizaciones sociales, todavía vigorosas, autónomas, solidarias y horizontales —porque nos veíamos como iguales—, elaboramos una propuesta de ley para que sea sancionada y promulgada por el gobierno derechista de entonces. Teníamos la fuerza que necesitábamos, pero Morales y los masistas nos dijeron: “Hermanos, vamos a elaborar, aprobar y promulgar una ley menor, porque vamos a tener una mayoría parlamentaria”. Y les creímos.

Con el MAS, Morales y García en el gobierno, sin embargo, la cosa no fue así. La derecha, travestida de “izquierda”, se envalentonó: Álvaro García Linera, el llulla (mentiroso en quechua), empezó a sacar las uñas y la lengua para destruir todo aquello que nosotros habíamos construido: un tejido social vigoroso, fuerte, unido, digno, autónomo y anti-partido. Tan evidente es la conversión del llulla García apenas convertido en Vicepresidente, que no puedo olvidar que fue con su ayuda que construimos aquella Tesis Fabril nacida en el congreso de obreras y obreros en Oruro, el año 2000, cuando planteamos aquellas palabras que hoy recorren el mundo: “Ni nacionalización, ni Estatización, ni Privatización: ¡¡Autogestión!!”.

La Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente fue también parte de ese proceso de simulaciones y mentiras. Acordada entre cuatro paredes, entre cuatro individuos (los jefes de los partidos políticos de ese entonces) y a espaldas de la gente, esta ley devolvía la representación ciudadana, la intermediación política, a los partidos; la posibilidad de constituir las denominadas “agrupaciones ciudadanas”, como sustitutas de los partidos, tenía mucho más requisitos que para constituir una tradicional organización partidaria.

Resultó entonces que la elección de los asambleístas fue a dedo, determinada por los “jefes” de los partidos; se infiltraron muchos “derechistas” en las listas del oficialismo y varios temas importantes, como el tema laboral, fueron ignorados. Al final, quiénes decidieron el contenido de la nueva Constitución fueron los mismos actores que aprobaron la ley de convocatoria.

Lo extraño, ilegítimo e “ilegal” (desde la perspectiva de las leyes neoliberales), es que no era la Asamblea Constituyente la que debía aprobar el texto final de la nueva Constitución. Pero además, el texto fue cambiado por los “jefes” y promulgado por el Congreso Nacional, sustituyendo a la Asamblea al convertirse en un “Congreso Constituyente” que certificó y “legalizó” lo que los jefes de los partidos y García ya habían decidido. A pesar de ello, alrededor de esta Asamblea se estableció un gran entusiasmo en varios sectores sociales para aportar de manera participativa en la elaboración de la nueva Constitución Política del Estado (CPE)

Desde mi perspectiva, si bien la nueva Constitución tiene un sinfín de limitaciones y contradicciones que se están haciendo cada vez más visibles ahora, durante su aplicación, ese texto tiene la virtud de constitucionalizar —en el papel— varios convenios y acuerdos internacionales que abren la posibilidad de construir espacios institucionales nuevos, como el control social o los emprendimientos autogestionarios. Estoy convencido, igualmente, de que esos convenios y acuerdos internacionales incorporados en la nueva CPE, aquellos referidos a los derechos de los pueblos indígenas, pueden ser útiles para recuperar la autonomía y el auto gobierno indígenas como en el caso de los y las hermanos del TIPNIS.

Hoy, sin embargo, no solo esos acuerdos y convenios internacionales, sino la propia CPE, son desconocidos y pisoteados por el actual Gobierno. Es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a la consulta previa a los pueblos indígenas.

En otro ámbito, pero también relacionado con la distorsión de los contenidos de la nueva Constitución a partir de su lectura con ideologías y prácticas neoliberales que han hecho carne en algunas comunidades y barrios populares, advertimos que términos como “usufructo”, “prioridad” o “aprovechamiento” de los recursos naturales, han generado duras y peligrosas confrontaciones entre las comunidades y la ciudad, y entre las propias comunidades, por el “disfrute” y “explotación” de los recursos o bienes comunes como el agua, los minerales, los hidrocarburos y la biodiversidad, mercantilizando así las relaciones entre las comunidades y la Madre Tierra.

Esto último tiene que ver, además, con la grave y vergonzosa contradicción entre el discurso y la acción del Gobierno y, en particular, los de Morales: defensores de los derechos de la Madre Tierra ante el mundo, entreguistas y mercantilistas de la Pachamama en la práctica cotidiana de su gestión de Gobierno, en la relación que establecen con las transnacionales afincadas en el país y en las prebendas que les ofrecen a sus correligionarios.

En síntesis, la nueva Constitución no tuvo una efectiva participación de la gente, no se tomó en cuenta lo que pudo haberse colocado como contenido; no aprobaron el texto final los Asambleístas, sino que la definieron los jefes de los partidos a través de esa especia de “collage” que hicieron para contentar a todos los sectores sociales y partidarios; la nueva CPE es una “bomba de tiempo” situada debajo de la silla de Morales, como ya se está viendo en los conflictos que tienen que ver con la construcción de mega-proyectos de energía, camineros, mineros o petroleros que entran en franca colisión con las comunidades y poblaciones de las regiones en las que se pretende llevarlos a cabo.

Como decía un poblador de la zona Sud de Cochabamba, un hermano que ya vivió 40 años como inquilino, que no tiene casa, agua ni una posta sanitaria: “La Constitución es un librito chiquito y muy bonito que nos han entregado, pero creo que no sirve para nada, porque nada se cumple”.

III. La economía como forma de dominación y subordinación

Es inevitable referirnos nuevamente a la Guerra del Agua y a la Guerra del Gas porque fue allí donde la gente demandaba una economía distinta, no de mercantilización, de saqueo y de despojo, ni de expulsión de las comunidades por el deterioro de sus territorios; allí la gente demandaba una economía donde la producción comunitaria y los emprendimientos urbanos, basados en la autonomía de gestión y fuera de la normatividad mercantilista y sancionadora a los pequeños productores, nos permita superar la condena de la sobrevivencia.

Se trataba de remontar, en el campo de la economía, el viejo modelo de dominación del capital extranjero y la subordinación de “nuestro desarrollo” a los intereses de las empresas transnacionales y de gobiernos como el del Brasil. Se trataba de construir una economía basada en el respeto a las leyes laborales, a los trabajadores y trabajadores de la producción industrial en general y a los funcionarios públicos; una economía donde se eliminen las condiciones de fraude laboral impuestas durante el neoliberalismo desde 1985. Eso queríamos, eso demandamos, eso les dijimos a los actuales detentadores del poder y del Gobierno, y no lo hicieron.

La primera muestra del rumbo que iba a tomar la economía en la actual gestión de Gobierno se vio claramente en la actitud que asumió el dúo García Linera-Arce Catacora (ministro de Economía de Morales, muy ligado a altos cargos en los gobiernos de la derecha boliviana) en el caso de la crisis del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), en marzo de 2006.

Más de 2.500 trabajadores y trabajadoras del LAB tomaron los aeropuertos reclamando un apoyo estatal para el manejo de la empresa por parte de ellos mismos, de esa empresa que fue saqueada por empresarios brasileños y bolivianos bajo la protección del neoliberalismo. En aquel entonces, y a solo semanas de haberse instalado como Gobierno, García y Arce sacaron a la Policía y al Ejército para reprimir a los trabajadores del LAB, a los obreros fabriles y los guerreros del agua que habíamos decidido apoyar esa palabra clave para cambiar la sociedad: ¡¡AUTOGESTION!!

Los citados funcionarios de Gobierno nos dijeron que no podían hacerse cargo de impulsar un proyecto para gestionar la corrupción y que habían decido involucrarse allí donde había dinero, inversión, utilidad, ganancia. Los trabajadores y trabajadoras, en el caso del LAB, solo reclamábamos justicia social, reclamábamos que la crisis de las empresas manejadas corruptamente por los ricos ya no debía descargarse, como siempre, sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras.

El nuevo Gobierno nos demostró, en esos hechos y con esas palabras, y con la creación de una nueva línea aérea paralela y el fortalecimiento de las empresas privadas existentes a través de nuevos contratos de servicio, que no tuvo ni tiene la voluntad para generar un nuevo tipo de economía social.

La mayoría de las 2.500 familias de los trabajadores y trabajadoras del LAB hoy están precarizadas, han perdido casi todas sus pertenencias para sobrevivir, jamás les fueron pagaron sus beneficios sociales porque los empresarios jamás aportaron a los fondos de la seguridad social; varios se suicidaron y hoy constituyen un grueso sector social desalentado por las promesas de la campaña del MAS del 2005, cuando prometieron salvar la empresa.

Esa fue, a nuestro juicio, la primera muestra de lo que iba a significar luego la política económica del actual Gobierno con la continuidad de la presencia de las empresas transnacionales de petróleo y minería, y jugosas indemnizaciones a las transnacionales como la Suez (más de 20 millones de dólares), que fue echada por el pueblo de El Alto el año 2005.

El 2006, la denominada “nacionalización” de los hidrocarburos —que no fue tal y más bien una propaganda que un hecho real—, si bien establece una relación más justa con el capital transnacional en cuanto a la renta petrolera, jamás se nacionalizó nada. La empresa estatal es solo un logotipo, las petroleras siguen definiendo las políticas hidrocarburíferas sin industrialización, contraviniendo la Agenda de Octubre fijada por el pueblo boliviano, en general, y por el pueblo alteño, en particular.

La gran minería, como la establecida en la mina San Cristóbal, de propiedad y operada por la japonesa Sumitomo, consume diariamente el equivalente al agua que consumen todos los habitantes de Cochabamba en un día. Esto ha ocasionado el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, la desaparición de plantas y bofedales y fuentes de agua; los animales se han ido o han muerto por la contaminación y el ruido producido por las dinamitas. Esta mina es la más grande a cielo abierto del mundo y su materia prima se agotará en pocos años más; es una planta impenetrable para los defensores de los derechos laborales y medioambientales. Morales visitó la mina, felicitó a los inversionistas por su tecnología y por su inversión de alrededor de 1.000 millones de dólares que genera la producción al año y que apenas deja 60 millones en impuestos. El Gobierno jamás escuchó las demandas de los campesinos, les dijo que eran “malos hermanos” porque se oponían al “desarrollo”.

Son numerosos los pueblos que hoy sufren las consecuencias de la contaminación de la actividad minera, pueblos y comunidades pequeñas cuyas voces han sido acalladas y sus reclamos extraviados en la burocracia estatal, muchas veces comprometida con esos intereses. Vitichi en Potosí, las comunidades de los ríos Pilcomayo en Chuquisaca, Tarija y Potosí, el río Desaguadero en Oruro y el lago Titicaca en La Paz, son ejemplos concretos de los estragos de la continuidad del modelo extractivista neoliberal y depredador.

Sobre el tema de la seguridad alimentaria del que tanto habla Morales en su Ley de Revolución Productiva, solo podemos decir que de acuerdo a varios documentos publicados por organizaciones que trabajan estos temas, hoy se importa un 60 por ciento más en alimentos que hace cinco años.

Sumado a esto está el negocio del cambio en el uso del suelo promovido desde las esferas institucionales en los municipios, gobernaciones y las direcciones sindicales campesinas ligadas al Gobierno. Se busca urbanizar las tierras agrícolas, las de pastoreo y las tierras comunitarias de recarga hídrica poniendo en serio riesgo la seguridad alimentaria en Bolivia y, en particular, en Cochabamba.

IV. La Guerra del Agua fue la que parió a este Gobierno

Si la Guerra del Agua habría tenido otro desenlace, creo que no habría habido Gobierno de Morales y García. Si bien la participación de estos personajes en esa lucha fue periférica —uno gozando de su inmunidad como parlamentario y el otro como investigador que quería saber lo que pasaba luego de salir de la cárcel—, esta rebelión popular les sirvió a ambos para ampliar su discurso y acción a las ciudades a través de la Coordinadora del Agua y de la Vida, instancia autoorganizada y autónoma de la gente del campo y la ciudad que resistió y revirtió la privatización del agua en Cochabamba.

Hoy el agua no figura en la agenda estatal, se encuentra en los discursos, pero en la práctica no existe. El Ministerio del Agua, que fue creado en enero de 2006 por la presión de las organizaciones sociales, es hoy en día propiedad de un minúsculo grupo de gente absolutamente inoperante e incapaz.

Las empresas públicas de agua potable y alcantarillado han sido abandonadas a su suerte y su gestión es ineficiente y corrupta. Estas empresas han sido copadas por los “militantes” del “proceso de cambio”, los mismos que ayer estuvieron en contra de la lucha por el agua y hoy dirigen estas empresas hundiéndolas aún más que antes de la Guerra del Agua.

En el año 2000 la gente no luchó para que el agua se reconozca como “derecho humano”. Esta es una retórica linda en el papel y para consumo del Norte, pero va en contra de la concepción de que el agua es la sangre de la Madre Tierra, de que el agua es un ser vivo y es un regalo generoso de la Pachamama para todos los seres vivos, como la propia tierra, las montañas, las plantas, los animales. Nadie tiene derecho, desde una perspectiva homocentrista, a tener prioridad sobre el agua.

Los ríos, los lagos como el Titicaca, los pozos de agua en las ciudades, los nevados de nuestras montañas y nuestros hilos de agua se están contaminando, están desapareciendo por el denominado cambio climático, por el modelo de desarrollo extractivista ejecutado por este Gobierno y por la actividad impune y criminal del narcotráfico.

Los Derechos de la Madre Tierra funcionan para el discurso a nivel internacional, pero todo queda en la retórica cuando se trata de venderla para embolsillarse mucha plata. El dinero, antes que garantizar la reproducción de la vida, es la verdadera “política” de los actuales funcionarios de Gobierno. Ya sabremos muy pronto cuántos nuevos ricos se han creado en este “proceso de cambio” con la violación a la Pachamama.

El agua se usa como propaganda gubernamental y muchas veces electoral. Se ha creado un programa a nivel nacional llamado “Mi Agua” desde el que se entregan 300 mil dólares a cada municipio para supuestamente construir sistemas de agua potable y de riego. No hay fiscalización ni participación social en este programa.

En cuanto a los recursos propios que el Estado destina a la atención de las necesidades de agua y saneamiento, el porcentaje asignado apenas alcanza a poco más del uno por ciento del presupuesto total, es decir, NADA. Más del 80 por ciento del presupuesto en temas de agua viene de la “cooperación” internacional, es decir, seguimos siendo una colonia en este tema, supeditados, subordinados a las políticas de esa “cooperación”.

Y es esa “cooperación” la que ha decidido la desaparición de los comités, asociaciones y cooperativas de agua y riego en el campo y la ciudad. Estas instituciones están realizando un “inventario” de todos estos sistemas autónomos, construidos y constituidos por gente común que ha desarrollado y recuperado una gestión comunitaria, andina y participativa del agua. Estos sistemas constituyen un poder popular real, eficiente, solidario, recíproco, horizontal, organizado y movilizado, y es por eso que el actual Gobierno busca su desaparición, porque quiere todo el poder y el control. Por eso mismo se han establecido mecanismos para expropiar las fuentes, las redes y la gestión del agua, como cuando estuvo la Bechtel, bajo el pretexto de la creación de las empresas metropolitanas que no son otra cosa que negocio de alcaldes y concejales. Con esto buscan expropiar y desmontar no solo la sabiduría y la gestión popular y comunitaria, sino, ante todo, el poder que está en manos de los de abajo, al que le temen los caudillos, los partidos y los patrones.

V. El mundo del trabajo: injusto, despreciado y cooptado

Con el famoso Decreto Supremo 21060, del 29 de agosto de 1985, ese que establecía la libre contratación y el libre despido de las y los trabajadores por parte de los patrones, sean estos del Estado o del sector privado, comenzó la historia reciente del desprecio y la injusticia en el mundo del trabajo.

A mediados de los años 90, en una medida de impacto parecido, se intentó cambiar la Ley del Trabajo. Obreros y obreras de las fábricas resistimos esa pretensión del Gobierno de entonces y frenamos ese viejo deseo patronal, porque sabíamos que si bien la ley no se cumplía, la teníamos escrita para defendernos y para luchar por nuestros derechos.

Hoy, los trabajadores y trabajadoras estamos peor que en aquella época. Este Gobierno tuvo la osadía de querer cambiar la normativa laboral sin consenso a através del llamado Código del Trabajo, estableciendo, entre otras cosas, la división de los trabajadores del sector público y del sector privado, a fines del 2009, luego de la aprobación de la nueva CPE que determina, claramente, la prohibición de cualquier tipo de discriminación en el trabajo.

Este proyecto de Código del Trabajo, además, criminalizaba el derecho a la huelga, establecía en dos tercios el quórum para aprobar temas en las asambleas de los sindicatos y condenaba a pena corporal a los dirigentes o trabajadores que impidieran romper la huelga en nombre de otros trabajadores.

El Gobierno de Morales y García, como se ve, no solo ha intentado imponer normas fascistas en el mundo del trabajo que logramos parar, hasta hoy, sino que insiste en promover contenidos discriminatorios, criminalizadores y autoritarios, favorables al capital, en una nueva ley. Pero además, el actual Gobierno ha ido tomando medidas muy sutiles y por otros canales para poner en vigencia medidas neoliberales y anti-obreras como las siguientes:

 Se ha obligado a los trabajadores públicos a mudar a un régimen creado por los gobiernos neoliberales en el que pierden todos sus derechos laborales, a título de que los funcionarios públicos son “soldados de la Revolución”.

 Esto ha significado que hoy, más del 80 por ciento de los funcionarios públicos se encuentren en condiciones de fraude laboral, es decir, totalmente desprotegidos de sus derechos laborales y sociales.

 Los trabajadores y trabajadoras contratadas en las empresas productivas creadas por el Gobierno no están sujetos a contratos laborales sino a contratos bajo el Código de Comercio, es decir, la fuerza de trabajo y las necesidades de sus familias son consideradas como mercancías: cuanto menos pides y cuanto menos cuestes, te contrato, te compro.

 Se obliga en la nueva ley de pensiones el depósito de un porcentaje del salario de los trabajadores sin contratos laborales (denominados consultores), al denominado “fondo solidario”, convalidando de esta manera los contratos “por servicios” prohibidos por la Ley del Trabajo en vigencia.

 Las empresas de servicios y de producción han sido obligadas a través de la ley financial a tercerizar varias actividades, desde la seguridad física hasta la educación en las universidades, contraviniendo flagrantemente la propia Constitución.

 El concepto que este Gobierno tiene de los derechos laborales y sociales es que los mismos son una “carga” y no una obligación de protección y de cuidado del trabajador, trabajadora y su familia.

 Los sindicatos tradicionales han sido cooptados a través de prebendas que van desde la compra de edificios a la dotación de vehículos o viajes al exterior de sus dirigentes, salvo honrosas excepciones como la de algunos sectores de los maestros.

 Se ha establecido que más del 75 por ciento de la fuerza laboral en Bolivia trabaja en condiciones de fraude laboral, la mayoría jóvenes y mujeres.

VI. El denominado “gasolinazo” de Navidad el 2010

El 26 de diciembre de 2010, el Gobierno de Morales y García, y a través de este último (ya es costumbre que Morales “desaparezca” cuando las papas queman), determinó la subida de los carburantes hasta en un 82 por ciento. Esta medida fue resistida por la población, los artículos básicos de la canasta familiar subieron en más del 100 por ciento y el costo del transporte de pasajeros y carga se fueron por las nubes. Todo esto ocasionó desesperación en la población ante el ocultamiento y acaparamiento de los alimentos por la especulación y la inseguridad.

El Gobierno de Morales y García justificaba el gasolinazo ante la población con los mismos términos y con el mismo desprecio que los neoliberales: “No podemos seguir subvencionando los costos internacionales de la gasolina, el diesel y el gas; no podemos seguir desangrando la economía del país, debemos vivir la realidad”. La realidad es que más de dos millones de bolivianos y bolivianas viven con apenas un dólar al día, y una medida como esa era inconcebible para la gente de los sectores populares.

La gente salió a las calles, resistió e hizo retroceder al Gobierno, como en la Guerra del Agua el 2000, como en octubre de 2003. Con el gasolinazo, Morales y García demostraron que nunca les interesó la gente; para ellos —como para los neoliberales— el pueblo no existe, y la economía y la política es un tema de “expertos”, no de la chusma, de la multitud, esa misma chusma y multitud que les dio el mandato para desmontar la economía capitalista y neoliberal que ignora a nuestros pueblos, que los castiga, que los explota.

VII. La Marcha Indígena-Popular en defensa del TIPNIS

Quiero, finalmente, referirme a la Marcha en Defensa del TIPNIS, no con el deseo de suplantar a mis hermanos y hermanas indígenas de las tierras bajas, con quienes tuve el privilegio de marchar apenas 200 kilómetros en dos semanas de los 600 kilómetros y dos meses que duró la Marcha.

Jamás en las muchas marchas que participé con obreros, campesinos, indígenas del altiplano y los valles, mujeres y jóvenes, se habían colocado tantas trampas, tanta soberbia, tanta descalificación y al final tanta represión como lo que pasó en la zona de Yucumo, donde, centenares de hombres, mujeres, ancianos y ancianas, niños y niñas fueron brutalmente reprimidos. Reitero: como jamás se lo había hecho antes, ni en los regímenes fascistas militares, y todo por órdenes de Morales, algo que nadie lo puede negar, pero se niegan a asumir su verdad sólo por cobardía.

Lo grave de este Gobierno de impostores es que ha venido destruyendo durante seis años el tejido social de confianza, reciprocidad y solidaridad que tan laboriosamente habíamos construido desde el año 2000. Sin embargo, su conducta durante la VIII Marcha Indígena, que tuvo repercusión internacional, ha repuesto la re-constitución de ese tejido social, donde gruesos sectores de la población, citadina en particular, han tomado como referente al y la indígena, noble, generosa, pacífica, clara, perseverante y real defensora de la Madre Tierra.

Si bien la Marcha se la conoce más por la oposición tenaz a que una carretera financiada por el Brasil a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y ejecutada por la constructora brasileña OAS, pase por el territorio indígena en cuestión, el contrato también está cuestionado por la falta de transparencia y de absoluto sometimiento a los intereses del gobierno brasileño, así como el pisoteo a la Constitución del Estado Purinacional.

En el fondo, esta Marcha, con todas sus características, guarda estrecha relación con el pensar, el sentir, el vivir y el actuar de la gente sencilla y trabajadora de nuestro pueblo, como ocurrió en la Guerra del Agua el 2000, en la Guerra del Gas el 2003 y la resistencia al gasolinazo en 2010.

La VIII Marcha Indígena ha sido y es un ¡BASTA! al avance de las transnacionales para sembrar luto, destrucción, saqueo; es un ¡BASTA! al modelo de “desarrollo” impuesto por los mismos intereses de siempre desde hace más de 500 años, con los nuevos colonizadores y colonizados gobiernos, es un ¡BASTA! a ese confuso discurso de “progresismo” estéril con el que nos siguen aturdiendo, lleno de cifras fabricadas y de mentiras veladas.

La Marcha ha sido y es un ¡BASTA! a la prepotencia, a la soberbia y el desprecio a la gente humilde e indígena por parte de los gobernantes y, con mayor razón, de un Gobierno que se dice ser indígena y de los movimientos sociales. Nada más falso.

La Marcha ha sido y es una convocatoria a resistir, una demostración de que no estamos dormidos, ni cansados ni vencidos, ni derrotados; es un ¡SI! a que estamos dispuestos a retomar el rumbo señalado colectivamente y desde abajo en el año 2000, el 2003 y el 2010, por la gente sencilla del campo y a ciudad; es un ¡SI¡ a que juntos y juntas podemos y construir un mundo nuevo que soñamos con nuestros padres y abuelos y que lo queremos para nuestros hijos e hijas, nietos y nietas.

Bolivia ya no es la misma desde las rebeliones de los años señalados. Con la Marcha Indígena del 2011 se ha abierto nuevamente el debate del modelo de desarrollo que queremos y la significación del verdadero “vivir bien”, pregonado por el Gobierno y demandado y luchado por nuestros pueblos de manera laboriosa.

La Marcha ha unido a una mayoría de la población otra vez, ha reconstituido la capacidad de indignación de nuestro pueblo, ha devuelto la autonomía a la sociedad en movimiento frente a los movimientos sociales cooptados por los gobiernos denominados progresistas; la Marcha nos ha devuelto la capacidad de soñar juntos, nos ha devuelto la capacidad de ser poder desde abajo, el único poder que puede transformar nuestras vidas frente a la muerte del capital.

Hoy nos sentimos orgullosos de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que decimos; somos un pueblo en permanente deliberación, predispuestos siempre para hablar entre nosotros, para re-conocernos una y otra vez frente al olvido y al desprecio de siempre; para decirles a los poderosos que sí existimos porque nos organizamos, nos movilizamos, por un mundo que seguimos soñando, el mundo de la alegría, de la justicia social, de la armonía. Para llegar a ese mundo, a esa sociedad, debemos ser como el agua: generosos, alegres, transparentes y en movimiento.

Para que no mueran más Carlos como en el 64; ni Victor Hugos como en el 2000, ni Juanes, ni Josés; no más Marlenes (la niña de 8 años que fue asesinada por los militares en septiembre del 2003, en Warisata, como preámbulo de la Guerra del Gas); para que no haya mas represión ni llanto de madres y niños como en Yucumo, en la marcha indígena en defensa del del TIPNIS del 2011. Para que no ocurran más todas estas acciones ejecutadas por los mismos gobiernos de mierda de siempre, llámense como se llamen. Para que mis hijos, mis hijas, mis nietos y nietas, no sientan la tristeza, los miedos, las impotencias y las broncas que yo sentí y siento aun en varias jornadas.

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Diciembre del 2011, desde las secas tierras del hermoso valle de Cochabamba, la Llajta, en Bolivia.