Ante diversas noticias publicadas en Tarija, especialmente en el periódico “Nuevo Sur”, que hacen relación a una campaña que tiene la intención de conminar a la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu a “autorizar” la licencia ambiental del gasoducto Expansión Gasoducto Villa Montes Tarija Fase II, nos vemos en la obligación de aclarar los siguientes extremos:

1. Dicha campaña está incitada por el Ministerio de Hidrocarburos y Medio Ambiente y por la empresa YPFB Transportes SA (ex Transredes SA) con la intención de intimidar y coercionar socialmente a nuestra organización con una interpretación que sólo podemos calificar de racista y que consiste en considerar que son los indígenas los que no permiten la instalación del gasoducto.

2. Esta campaña ignora que ha sido el propio Ministerio de Hidrocarburos (MHE) el que ha ordenado a las empresas Petrobras SA y Transredes no negociar con nuestra organización, extremos estos documentados legalmente.

3. La empresa YPFB Transportes SA es la continuación jurídica de Transredes SA y, por lo tanto, responsable jurídico de los pasivos ambientales y de lo que podríamos llamar los pasivos derivados de la violación de derechos indígenas. Este aspecto incuestionable jurídicamente es negado de hecho por los apoderados de YPFB Transportes SA que continúan actuando con las mismas prácticas contrarias a los derechos de los pueblos indígenas con que actuara Transredes SA en la Fase I y II del gasoducto.

4. El 9 de noviembre de 2011 se mantuvo una reunión a solicitud del MHE representado por el letrado Felipe Calisaya y el responsable de medio ambiente Mauricio Tejeda. En esta reunión Calisaya no aportó avance alguno en la posición de las empresas Petrobras SA y YPFB Transporte SA a las que dice representar sin que conste el apoderamiento de las mismas y expuso la oposición de YPFB Transportes SA y del propio MHE a cumplir con la Sentencia Constitucional 2003/2010-R a la que consideran “no aplicable”, según los abogados de YPFB Transportes. Estas explicaciones no fueron avaladas por documento alguno.

5. La APG IG ha mantenido reuniones claramente infructuosas con el MHE el 26 de abril de 2011, el 10 de junio de 2011 y el 21 de julio de 2011. de la mayoría de las cuales existen actas notariales que demuestran que han actuado violando el principio de buena fe, el cual es condición necesaria para el derecho de consulta que nos asiste, tanto desde el punto de vista del derecho internacional sobre derechos indígenas, como desde el punto de vista del derecho interno boliviano, incluido el propio derecho constitucional, ratificado, en nuestro caso, por la sentencia constitucional 2003/2010-R

6. En cuanto a la continuadora legal de Transredes SA, YPFB Transportes SA, intentamos desbloquear la negociación necesaria entre nuestra organización y dicha empresa y, de hecho, se firmó un acta el día 25 de febrero de 2011 que fijaba la agenda de negociación. No obstante, esta empresa no cumplió ninguno de los puntos acordados en tal Acta e incluso rechazó, sin tomarla en consideración, una propuesta de convenio preparada por nuestra organización. Una vez más, la mala fe y el desconocimiento de nuestros derechos marcan la actuación de esta empresa, actuación que es exactamente la misma llevada adelante por Transredes SA.

7. El día 11 de noviembre de 2011 hemos recibido en nuestra sede social de Entre Ríos, previa solicitud de entrevista, a Dino Beltrán, Secretario de Hidrocarburos, Marcela Maldonado, Encargada Ambiental Secretaría de Hidrocarburos de la Gobernación y al señor José Larrazábal, Ejecutivo Departamental de la Federación Departamental del Auto Transporte “15 de Abril”. Debido a las afirmaciones del señor Dino Beltrán sobre la situación del balance energético de la ciudad de Tarija, que inducían a pensar que la APG IG está bloqueando dicho desarrollo, existió la necesidad de contestar en forma firme y contundente, pero dentro de las exigencias del Estado de Derecho, para desmentir todos y cada uno de los puntos expuestos en los que la APG IG, como ya hemos dicho, no tiene responsabilidad alguna; teniendo en cuenta además que la relaciones con la Gobernación de Tarija son prácticamente inexistentes, no habiendo ésta contestado nunca a los requerimientos y/o solicitudes de información de la APG IG.

Al señor José Larrazábal, Ejecutivo de Auto Transporte “15 de Abril”, se lo dejó participar como oyente en la entrevista para que pudiera constatar de primera mano que las exigencias que presentó por escrito a nuestra organización partían de supuestos totalmente irreales. A ambos se les explicó que la negociación que incluye la aprobación de la licencia ambiental está bloqueada por el comportamiento irregular de YPFB Transportes SA y que en dicha negociación sólo existen dos partes: La APG IG y la empresa adjudicataria. Mientras no decida YPFB Transportes SA comenzar una negociación seria y responsable nuestra organización no puede hacer más de lo que ya ha hecho con total y absoluta buena fe.

8. Por lo tanto, afirmar que la APG IG es la responsable de la demora en el proyecto del gasoducto es una falsedad que no se sostiene fácticamente y que tiene la intención de intimidarnos y humillarnos una vez más. En ninguna de las Fases del gasoducto hemos tenido información sobre el proyecto técnico del gasoducto, siendo además obvio que la responsabilidad del mismo recae en la empresa adjudicataria y en las autoridades que tendrían que obligar a la empresa a cumplir con la ley.

9. El derecho de consulta está recogido en la actual constitución del Estado y, en nuestro caso, ratificado expresamente por el Tribunal Constitucional en la causa Sedeca vs. APG IG. Negar la ejecución de esta sentencia no sólo es una grave violación del derecho, sino que significa en la práctica afirmar que no tenemos ningún derecho propietario sobre la Tierra Comunitaria de Origen y que las leyes internas y las sentencias constitucionales no son de aplicación a los indígenas.

10. Tanto el derecho de consulta como el derecho propietario sobre la TCO Itika Guasu son irrenunciables por parte de la APG IG, no sólo porque es un derecho que nos asiste, sino porque si lo hiciéramos estaríamos cometiendo un delito.

11. Por todo lo expuesto, hacemos un llamado a las organizaciones sociales del Departamento de Tarija, para que se dirijan a las autoridades competentes y los responsables de la empresa YPFB Transporte SA a efectos de que cumplan con la legalidad y actúen de buena fe. Esa es la única solución a la situación actual, dejando bien aclarado que como organización indígena no tenemos responsabilidad técnica alguna en el diseño del gasoducto y en el evidente retraso del mismo.

12. Las declaraciones realizadas por el Presidente de YPFB Transportes Fernando Vincenti Vargas, con posterioridad a nuestro comunicado del día 15 de noviembre de 2011, faltan a la verdad, son difamatorias y parten, como ya hemos afirmado, de un análisis racista del conflicto. Son una prueba palmaria de que no tiene intención alguna de llegar a un acuerdo, en violación flagrante del artículo 6.2 del Convenio 169 y de que actúa con manifiesta mala fe, lo que al violar esta condición necesaria provoca la nulidad de todo intento de aplicar el derecho a consulta.

13. En cuanto a las entrevistas concedidas por nuestra organización en nuestra Sede Social de Entre Ríos los días 9 y 11 de noviembre de 2011, sólo debemos aclarar que la estrategia seguida en las mismas fue establecida previamente por el Directorio de nuestra organización al menos un mes antes de su concreción y que, como está documentado en la correspondencia previa, no tenían condición de “consulta” o “asamblea informativa”. Por tanto, el protocolo de las mismas discurrió tal cual lo previsto por nosotros, o sea, respondiendo punto por punto a las propuestas ilegales o falsas que se nos hacían como corresponde a una entrevista concedida dentro de nuestra demostrada buena fe.

14. Los comentarios que se hacen sobre lo ocurrido en estas entrevistas ocultan que en ambas estuvieron presentes los Mburuvichas Zonales y los Mburuvichas Comunales que componen la APG IG, responsables del departamento jurídico, técnicos del departamento de proyectos y de la comisión de inspección jurídica. Estuvo presidida por el responsable de Recursos Naturales. Querer buscar un “culpable” en un asesor extranjero es una característica más del análisis racista que estamos denunciando, según el cual, los indígenas somos ignorantes y estúpidos y no sabemos lo que hacemos cuando tenemos una estrategia que no cumple lo previsto por los inteligentes y lúcidos representantes del MHE, esto es, el letrado Felipe Calisaya y el responsable de medio ambiente Mauricio Tejeda, así como por Dino Beltrán, Secretario de Hidrocarburos, Marcela Maldonado, Encargada Ambiental Secretaría de Hidrocarburos de la Gobernación y el señor José Larrazábal, Ejecutivo Departamental de la Federación Departamental del Auto Transporte “15 de Abril”, con el agravante de que sus propuestas eran y son contrarias a la CPE y a la sentencia constitucional 2003/2010-R.

15. Con relación a nuestros asesores es obvio que está dentro de nuestro poder de autonomía como asociación indígena el contar con asesores legales, económicos, notariales, medioambientales y de otras especialidades, que se corresponden a nuestra estrategia jurídica a largo plazo, contando además con el asesoramiento de organizaciones de derechos humanos, universidades y especialistas en derecho penal internacional, mercantil internacional y medioambiental internacional, para lo cual no tenemos que pedir autorización a ninguna empresa y tampoco al Gobierno nacional o departamental.

Never Barrientos, Presidente APG IG

Florentino Zeballos, Vicepresidente APG IG

Benildo Vaca, Resp. RRNN APG IG

Gregorio Barrientos, Resp. Educación APG IG

Zacarías Cuellar, Resp. Infraestructura APG IG

Ángela Tagüe, Resp. Salud APG IG

Fernando Cuellar, Resp. Producción APG IG