De nada sirvió la gran cantidad de plata que gastaron y las medidas abusivas que impusieron para obligar a la gente a concurrir a la marcha. La movilización que debía concentrar a por lo menos 100 mil personas no ha logrado –según informa la prensa– reunir ni 10 mil, en su mayoría cocaleros y campesinos del Valle y de las alturas. La marcha fue miserable y una gran mayoría de los que asistieron lo hicieron contra su voluntad y con mucha bronca contenida.

El gobierno, en todos sus niveles, desde el Poder Ejecutivo, los parlamentarios oficialistas y la gobernación de Cochabamba, se ha empeñado en organizar una monumental marcha con la finalidad de deslegitimar la anterior movilización del TIPNIS que le arrancó a Evo Morales –contra su voluntad– una ley que prohíbe la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por el corazón del Parque Nacional Isiboro Sécure. Esa ley frustra las pretensiones de los brasileros de una carretera bioceánica que facilite y abarate en traslado de su productos hacia el Pacífico con la finalidad de llevarlos al gran mercado chino, de las transnacionales y de la empresa privada nacional de invadir una zona rica en recursos minerales, hidrocarburíferos y forestales; además, frustra los millonarios compromisos económicos contraídos por el gobierno bolivianos con el BANDES y la constructora OAS, poniendo al desnudo sucios negociados y sobreprecios en los contratos.

La movilización de los indígenas del TIPNIS también ha significado una dura derrota política para el gobierno del MAS, lo ha desnudado como servil agente del imperialismo y enemigo de la “madre Tierra”; en el plano internacional, su imagen de defensor del planeta ha caído estrepitosamente y se ha hecho astillas como una estatua de barro.

Ahora que comprende que la pérdida de su imagen de defensor de la Tierra es irrecuperable, se empeña firmemente en honrar sus compromisos con las transnacionales y con los brasileros; busca fabricar la apariencia de una multitudinaria presión social que también “lo obligue abrogar la ley corta”; dar la apariencia de que “gobierna escuchando al pueblo” y, “contra su voluntad” da pie atrás pisoteando las leyes que firmó en la víspera bajo presión social del conjunto de la población y de los indígenas del TIPNIS.

El argumento que han esgrimido los oficialistas es que Cochabamba y el Beni exigen su derecho al desarrollo y que no es posible que los intereses de etnias minoritarias que habitan el TIPNIS puedan obstaculizar ese derecho que tiene connotaciones nacionales.

Como de costumbre, el gobierno central y la gobernación de Cochabamba han agotado todos los recursos disponibles para fabricar la “monumental movilización”, han gastado chorreras de plata para trasladar indígenas y campesinos a la capital, han usado medidas coercitivas amenazando con multas y la privación de sus parcelas a los cocaleros e interculturales (colonizadores), han decretado horario continuo en la ciudad para arrastrar como borregos a los funcionarios de las instituciones públicas (alcaldía, gobernación y otras), han pretendido incorporar a trabajadores de las empresas privadas con la tolerancia de sus patrones, etc.

Nada ha tenido el efecto esperado, la movilización que debía concentrar a por lo menos 100 mil personas no ha logrado –según informa la prensa– reunir ni 10 mil, en su mayoría cocaleros y campesinos del Valle y de las alturas. Una marcha muy parecida a la otra que organizó el oficialismo en La Paz una semana antes de la llegada de los indígenas del TIPNIS en la que los concurrentes mostraron mucho malestar y hasta bronca por el abuso que se ejercitaba contra ellos al usar medidas coercitivas para obligarlos a marchar en favor del gobierno. Estuvo ausente el movimiento obrero y la clase media de las ciudades, los fabriles y otros sectores como el magisterio y los estudiantes universitarios anunciaron públicamente que no concurrirían a la movilización oficialista.

Vuelve a fracasar una maniobra gubernamental, los que asisten obligados caminan mustios y a desgano por las calles acumulando más bronca contra un gobierno abusivo y arbitrario.

Todos se preguntan, ¿después de la marcha pírrica, el gobierno seguirá insistiendo en eso de abrogar la ley corta en el Parlamento? No cabe duda que está jugando con fuego y al tratar de consolidar la maniobra puede volver a enfurecer al conjunto de la población que vigila celosamente los movimientos de Evo Morales y su pandilla. Pareciera que los “analistas” del oficialismo no hubieran llegado al convencimiento de que el proceso de emancipación política de las masas respecto al gobierno ha llegado a su punto culminante y los explotados están al asecho esperando cualquier motivo para volver a la acción directa.

* Dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR).