El derecho a la propiedad de la tierra es un tema antiguo en las agendas sociales que, lejos de simplificarse, se ha ido haciendo cada vez más complejo por una intricada trama de correlaciones con intereses económicos en las estructuras de propiedad, los modelos de desarrollo vigentes, las tensiones entre diferentes concepciones culturales de apropiación, manejo y valores simbólicos de la tierra y la enorme, creciente presión de hábitos de consumo y demanda por la expansión de las fronteras agrícolas.

El presente artículo, penúltimo de la oferta anual del IPDRS, refleja algunas dimensiones de esa complicada trama en Sudamérica, a partir de la reflexión compartida entre expertos de Argentina, Bolivia y Perú, que la debatieron en el marco de tres sucesivos y apasionantes eventos, llegando a la conclusión de que el debate está otra vez en agenda, más urgente y desafiante que nunca.

El almuerzo está servido, anuncia una voz aterciopelada y los comensales se acercan a la mesa donde se instalan frente a los platos de elegante cristal que contienen… píldoras de diversos colores…

Desde la década de los años 50 la literatura y el cine de ciencia ficción describían de esa manera el universo catastrófico de un futuro en el que los alimentos naturales y frescos serían los bienes más escasos.

Si bien el mundo aún no cumplió con esas profecías, ya transitando hacia la segunda década del Siglo XXI, en Sudamérica continúan y se incrementan las visiones calamitosas respecto a la escasez de los alimentos causada, entre otros factores, por la expansión de una frontera agrícola destinada principalmente a la producción de combustible, frutas de lujo para la exportación y forraje para animales destinados al consumo de proteínas.

El motor de ese modelo de producción es impulsado por los hábitos de consumo de un mundo cuya población está en constante crecimiento, mientras sus hilos más poderosos y evidentes se expresan en la concentración de tierras agrícolas en pocas manos con el consiguiente despojo y abandono de tierras agrícolas de la producción campesina, desarrollo de empresas transnacionales y el fenómeno que se ha dado en llamar extranjerización de la tierra.

Derechos urgentes y problemas de siempre

La ola de revoluciones que recorrió Sudamérica en la década de los años 50 incluyó entre sus estrategias procesos de reforma agraria que tuvieron desenlaces diversos según las formaciones y devenirse históricos de cada país. Sin embargo, el derecho a la propiedad de la tierra sigue siendo una demanda insatisfecha de sectores sociales, principalmente campesinos e indígenas. Y esto ocurre casi por igual en todos los países sudamericanos ¿Por qué una aspiración que parece tan básica se encuentra en el medio de una tormenta creciente?

Según la investigadora argentina Lilian Ferro, quien presentó un estudio realizado en colaboración con el IPDRS, una perspectiva panorámica de la construcción histórica de la estructura de propiedad de la tierra en los países de Sudamérica muestra tendencias similares, principalmente a raíz del modelo agro exportador que la mayoría asumió desde hace varias décadas. Esa estructura se entiende mejor analizando la concepción diferenciada que los distintos sectores económicos y sociales tienen sobre la tierra, desde lo simbólico hasta lo financiero. En el origen de los problemas actuales -plantea Ferro- están aspectos de orientación y tendencias del desarrollo concebido como expansión de la producción en escalas crecientes de monocultivo y exportación de oleaginosas, lácteos, frutas y cárnicos.

Desde el análisis del investigador peruano Fernando Eguren, investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), el acaparamiento de tierras en la región no es un fenómeno aislado, sino que es parte de una problemática mundial, que ya está en las agendas de preocupación en esa misma dimensión. Eguren señala que no son problemas nuevos, puesto que parte de sus raíces se encuentran en el período de la Colonia y que, al mismo tiempo, responden a la presión de los patrones y hábitos de consumo a nivel global. Los cultivos “comodines” dijo Eguren, intentan responder a esa presión, un claro ejemplo son las grandes extensiones de maíz, caña, palma y soya, que lo mismo pueden servir para alimentar a la población, producir combustibles o convertirse en forraje de ganado.

Indudablemente hay una tendencia mundial al acaparamiento de tierras (land grabbing) como se conoce a la compra de tierras por parte de Estados ricos de Asia y de Arabia en países latinoamericanos y africanos, para contar con extensiones dedicadas a la producción de alimentos y combustibles para su propia población.

En Bolivia, apuntó Miguel Urioste, investigador de la Fundación TIERRA, hay extranjerización de la tierra, mostrando datos numéricos para el caso boliviano, que ilustran la conclusión de que el flujo de inversiones extranjeras (principalmente brasilera) va dirigido sobre todo a la producción de soya, cuya expansión está produciendo depredación forestal, monocultivo y retraso o impedimento de los procesos de saneamiento de la propiedad.

Juan Carlos Rojas, ex director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a tiempo de mostrar los logros del saneamiento en Bolivia, alertó sobre un proceso de reversión de los derechos indígenas sobre tierra y territorio, generados por la visión tradicional de desarrollo agroexportador y provocando una corriente de enfrentamientos entre campesinos e indígenas.

En busca de respuestas

El acceso a la tierra es más que obtener el título y la legalización o, en términos más amplios, contar con lo que se denomina la condición de seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra para individuos y comunidades o del territorio cuando se trata de pueblos indígenas. La amplitud incluye valores, simbología, modos de vida, continuidad y sostenibilidad, persiste más allá de procesos históricos de distribución y va más profundamente que la noción de recursos naturales.

Esa complejidad es fundamental para entender la demanda de acceso a la propiedad de la tierra según la perspectiva de distintos sectores y, por ende, la preocupación generalizada respecto a la concentración o acaparamiento de tierras. A eso apunta la campaña Crece de OXFAM, cuyo informe señala que las principales violaciones del land grabbing en Sudamérica son la falta de información transparente, condiciones laborales inseguras en el sector del empleo agrario, inseguridad jurídica, expropiaciones ilegales, desplazamiento de poblaciones rurales y presión sobre el recurso agua, cada vez más escaso. La mayoría de los gobiernos de países sudamericanos no asumen la gravedad del problema, señaló Luis Camacho, miembro de Oxfam en Bolivia.

¿Hay soluciones para enfrentar los diversos aspectos de este panorama desalentador? Los investigadores que participaron en la serie de reflexión sobre tierra, propiedad y poder coincidieron fundamentalmente en que hay problemas de información e interpretación de los datos y de intereses económicos y políticos que involucran tanto a los gobiernos como a la sociedad civil.

En el primer punto, como lo mencionó Camacho, la respuestas de fondo pasan por desafiar los mitos vigentes, como por ejemplo que hay mucha tierra de labranza disponible, que la agro exportación genera empleo y que los impuestos de las empresas compensan el deterioro de la tierra.

En cuanto a los intereses, se trata de acciones de carácter macro orientadas hacia aspectos estructurales, como garantía de los derechos, políticas de desarrollo sostenible, mecanismos de transparencia respecto a las inversiones y al manejo de la información privada y estatal, aplicación y exigibilidad de las leyes y normas que desalienten la concentración.

Los Estados y las diversas expresiones de la sociedad civil, desde organizaciones campesinas e indígenas de base hasta los gremios empresariales, tienen papeles específicos que deben cumplir a veces juntos y a veces diferenciados.

No es falsa alarma

En la mayoría de los países sudamericanos hay procesos económicos, culturales y políticos respecto al desarrollo rural que, si bien tienen tonalidades distintas en cada uno, en realidad se deben estudiar, analizar y enfrentar como procesos regionales. Esto es, justamente, lo que está haciendo el IPDRS. La propiedad de la tierra es un claro ejemplo de esa diversidad y de la necesidad de un enfoque regional.

El contenido de la reflexión que sirvió de base a este artículo nos está alertando al mostrar que, pese a un extendido discurso regional sobre seguridad y soberanía alimentaria, las situaciones de concentración y uso de tierras responden más bien a procesos económicos que a la necesidad de asegurar la alimentación y el uso sostenible de los recursos en Sudamérica.

Por ello, el IDRS insiste en que se debe abrir un nuevo debate subcontinental, que es responsabilidad de los gobiernos y de la sociedad civil, y tomar las medidas adecuadas para evitar que el capital financiero termine apropiándose del agro.

* El contenido de este artículo se basa en una serie de eventos de información y reflexión sobre el tema, el mes de noviembre del año en curso en las ciudades de La Paz y Santa Cruz con la participación de Luis Camacho, OXFAM Bolivia; Fernando Eguren, CEPES, Perú; Lilian Ferro, Argentina; Juan Carlos Rojas, Bolivia y Miguel Urioste, Fundación TIERRA, Bolivia. El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) organizó los eventos junto con el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), el Centro de Investigación y Desarrollo de Estudios Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES – UMSA), ICCO, OXFAM y la Fundación TIERRA.